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Perspectiva

El precio que el capitalismo estadounidense asigna a las vidas de los obreros: BP recibe multa de $156.250 por muertes de dos operadores de una refinería por explosión en Ohio

Como una palmada en la mano para una de las mayores empresas petroleras del mundo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) multó la semana pasada a BP Products North America la suma de $156.250 por la muerte de dos trabajadores en una refinería en septiembre. Para el capitalismo estadounidense, la vida de un trabajador es sumamente barata.

Ben y Max Morrissey, dos hermanos de 32 y 34 años, murieron incinerados durante una explosión y un incendio en la refinería de petróleo BP Husky en Oregón, Ohio, en las afueras de Toledo.

Ben y Max Morrissey con sus hijos Weslee, Recker y Wilde [Photo: Morrissey Children's Trust Gofundme.com]

Tras una investigación de seis meses, la agencia federal que supervisa la seguridad en los lugares de trabajo citó a la empresa por 10 violaciones “serias” y una “no seria”. Incluyeron la falta de los niveles de químicos en su unidad procesadora del crudo No. 1, que “resultó en la producción de nafta líquido, exponiendo a los empleados a un inflamable, un incendio, ácido sulfhídrico y peligros de una explosión”.

Según un comunicado de prensa de OSHA, “Cuando los trabajadores intentaron corregir los niveles de líquido cada vez más altos en la mezcla de combustible gaseoso, se formó una nube de vapor inflamable, prendió fuego y provocó una explosión en septiembre de 2022, causando quemaduras letales”.

BP también fue citada por “no desarrollar ni implementar procedimientos operativos escritos con instrucciones claras para una parada de emergencia, incluyendo las condiciones que requieren una parada de emergencia y la asignación de responsabilidades para una parada entre operadores cualificados para garantizar que una parada de emergencia se ejecute de forma segura y oportuna”.

De hecho, antes de la explosión mortal, los trabajadores de la refinería advirtieron repetidamente sobre las condiciones cada vez más inestables de la unidad de procesamiento de petróleo y exigieron que la gerencia parara labores. Sus demandas fueron ignoradas.

Como comentó al WSWS un instalador de tuberías que ha estado trabajando en la reparación de la unidad, “Los muchachos se estaban quejando de las condiciones volátiles de la unidad. Un instalador de tuberías con 30 años de experiencia dijo que nunca había visto llamas tan altas en la combustión de gas, que quema el material excedente. Sabían que algo andaba mal y que debió haber sido detenida a toda costa. $150.000 por las vidas de dos trabajadoras es abominable. Son monedas en el posavasos para una corporación tan grande”.

La multa, que BP tiene 15 días para reclamar, supone aproximadamente el 0,0005 por ciento de las ganancias récord de $28 mil millones que la multinacional obtuvo en 2022, gracias al aumento de los precios energéticos por la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo que las viudas de los hermanos Morrissey enfrentan las dificultades de criar a sus hijos pequeños sin sus padres, BP está gastando $2,75 mil millones en recompra de acciones en los próximos meses, además de los $11,7 mil millones que gastó el año pasado para aumentar el valor de las acciones y favorecer a sus inversionistas ricos.

El informe de la OSHA encubre por completo a la empresa, que ha recortado más de 20.000 puestos de trabajo de su plantilla mundial en las últimas décadas, subcontratando los trabajos de mantenimiento y reparación a contratistas de bajo coste y obligando al resto de su plantilla a trabajar turnos de 12-16 horas, en algunos casos hasta 21 días seguidos.

También encubre el papel del sindicato United Steelworkers (USW), que gestiona comités de salud y seguridad conjuntos de trabajadores y gerentes en la planta de BP Husky y no hizo nada para hacer cumplir las exigencias de los trabajadores de cerrar la peligrosa unidad.

En una declaración sobre la decisión de OSHA de la semana pasada, Mike Smith, presidente del programa nacional de negociación petrolera del USW, declaró: “Aunque ninguna sanción o multa podrá compensar las vidas humanas perdidas, acogemos con satisfacción sus conclusiones y sus esfuerzos por hacer rendir cuentas a BP. De cara al futuro, nuestro sindicato mantiene su compromiso de trabajar con OSHA y Cenovus, el nuevo propietario de las instalaciones, para garantizar que este tipo de tragedia no vuelva a repetirse”.

De hecho, la burocracia del USW lleva décadas colaborando con BP, Exxon, Marathon y otras empresas para aumentar las ganancias corporativas a expensas de los trabajadores a los que dice representar. Siete meses antes del desastre de Ohio, el presidente del USW, Tom Conway, mantuvo conversaciones secretas con el presidente Biden para evitar una huelga de 30.000 trabajadores de refinerías y petroquímicas, que la Casa Blanca temía que pudiera interferir en sus preparativos de guerra contra Rusia. El USW aceptó un contrato dictado por el Gobierno con profundos recortes de los salarios reales que no hizo nada para detener las mortales condiciones de la industria.

Para BP y otras empresas, las multas que pagan por matar y mutilar a trabajadores son poco más que el coste de hacer negocios.

BP es especialmente conocida por sacrificar a los trabajadores en aras de sus ganancias. En 2005, 15 trabajadores murieron y otros 180 resultaron heridos en una explosión en su refinería de Texas City. Los investigadores descubrieron que los directivos presionaban a los trabajadores para aumentar la producción y reducir costes. En 2010, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon de BP causó la muerte de 11 trabajadores y provocó un enorme desastre medioambiental. Una vez más, los investigadores descubrieron que la reducción de costes había contribuido al desastre.

Ese mismo año, OSHA impuso a BP North America y a la refinería BP-Husky una multa de $3 millones por 62 infracciones de seguridad “deliberadas” y “graves”, entre ellas ignorar o retrasar gravemente la corrección de peligros conocidos en sus refinerías. BP impugnó la multa y un juez administrativo la redujo a $80.000.

La sanción promedio de OSHA por la muerte de un trabajador en Estados Unidos fue de $9.753 en 2021, la última cifra disponible. Lejos de ser un “elemento disuasorio”, se trata de un cheque en blanco para que las empresas mantengan condiciones inseguras y aumenten implacablemente la explotación.

En el matadero industrial de Estados Unidos, un trabajador muere cada 101 minutos por una lesión relacionada con el trabajo, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de 2021.

La cifra oficial de más de 5.000 muertes no incluye las aproximadamente 120.000 muertes anuales causadas por exposiciones químicas y otras enfermedades profesionales. Tampoco incluye las decenas de miles de trabajadores que probablemente se infectaron en el trabajo y murieron de COVID. Esas cifras ya ni siquiera se comunican.

En su afán por aumentar las ganancias de las empresas, tanto los demócratas como los republicanos han recortado las normas de seguridad ya de por sí laxas, lo que ha provocado desastres como el descarrilamiento del tren Norfolk Southern y el envenenamiento de los residentes de East Palestine, Ohio.

El saldo diario en vidas de trabajadores se cuenta en todo el mundo. La semana pasada, 21 mineros del carbón murieron en una explosión de metano en una mina del centro de Colombia. A finales de febrero, decenas de trabajadores murieron por un deslizamiento en una enorme mina de carbón a cielo abierto en la región china de Mongolia Interior.

Esta carnicería solo se detendrá cuando los trabajadores empiecen a actuar colectivamente para proteger sus propias vidas. El aparato sindical acepta esta carnicería sin fin, al igual que ha aceptado la muerte de miles de trabajadores a lo largo de la pandemia de COVID-19. No son más que agencias de las corporaciones y del Estado.

La lucha contra las horrendas condiciones de explotación en los lugares de trabajo requiere la formación de comités de base en las fábricas y en los lugares de trabajo para transferir el poder de las burocracias sindicales a los trabajadores de base. Estos comités, que se están construyendo bajo la dirección de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), deben oponerse a la dictadura corporativa y luchar por el control de los trabajadores sobre la producción y las condiciones de salud y seguridad.

De este modo se podrá detener el sacrificio diario de las vidas de los trabajadores al servicio de las ganancias, aboliendo la propiedad privada de las industrias masivas de la sociedad y su transformación en utilidades públicas, como parte de la transformación socialista de la sociedad.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2023)

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