El viernes 31 de marzo, cuatro días después de que 39 migrantes murieran en un incendio en un centro de detención “provisional” en Ciudad Juárez gestionado por las autoridades federales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), desestimó a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, negándose a reunirse con ellos.

Sabiendo que AMLO tenía previsto reunirse en un gimnasio universitario con los llamados “Servidores de la Nación” (trabajadores sociales del Gobierno), más de un centenar de migrantes, junto con activistas locales de inmigración, esperaron fuera durante una hora para exigirle que dialogara con ellos.

Un migrante venezolano gritó con un micrófono: “Somos trabajadores internacionales, queremos justicia. Nos han tratado como delincuentes y no somos delincuentes, hemos venido pacíficamente y queremos hablar con el presidente”.

Cuando AMLO salió e intentó irse en una camioneta, los migrantes la bloquearon. A través de altavoces pidieron a López Obrador que “se bajara” y hablara y los escuchara.

Uno de los oradores dijo: “No queremos que esto sea una protesta, queremos presentarle una propuesta al presidente, que se acaben las políticas que violan los derechos humanos, que no nos metan en esas cárceles (estaciones migratorias) y que se le haga entender a Estados Unidos que la migración no es un problema, sino un fenómeno en el que buscamos mejores condiciones”.

Como homenaje pronunciaron los nombres de cada una de las personas que perdieron la vida en el incendio, coreando “¡Justicia!” después de cada una.

Los Servidores de la Nación y otros simpatizantes de AMLO respondieron a gritos “fuera invasores” y “fuera p*** intrusos”, reflejando el verdadero carácter de sus políticas migratorias.

El propio AMLO había culpado inicialmente a los migrantes detenidos del siniestro por quemar un colchón en protesta por su confinamiento, ignorando que los guardias no habían abierto sus celdas mientras el incendio crecía, dejándolos asfixiarse y quemarse por el humo y el calor de las llamas.

La comitiva de AMLO logró salir a los pocos minutos del encuentro.

Posteriormente, AMLO no fue a visitar a las más de dos docenas de migrantes que sobrevivieron y se encuentran hospitalizados en condición grave.

Muchos de los migrantes habían sido detenidos injustamente por el mero hecho de pedir limosna o lavar los parabrisas de los coches.

Richard Franco, inmigrante venezolano de 37 años, explicó en una entrevista televisiva: “A las autoridades les molesta que estemos ante los semáforos pidiendo ayuda, y nosotros tampoco queremos eso. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer si tenemos que comer para vivir? Si este Gobierno nos diera un permiso provisional para trabajar, no mendigaríamos en la calle”. También dijo, al igual que otros migrantes, que una de las razones de la tragedia fue una redada del Instituto Nacional de Migración (INM) para alejar a los migrantes de los cruceros de la ciudad.

Franco continuó: “Queremos que se respete nuestro derecho a la vida y el derecho a la libertad y al trabajo. Venezuela vive la peor crisis económica de su historia”.

Las calles de Ciudad Juárez están llenas de familias con niños hambrientos y cansados, sin un peso ni un lugar donde dormir, expuestos al sol o al frío, esperando una oportunidad para migrar que se les cierra cada vez más.

México ha enviado a millones de sus propios trabajadores migrantes a Estados Unidos y, sin embargo, trata de forma inhumana a los extranjeros que cruzan su territorio.

La mayoría de los inmigrantes provienen de Venezuela o Centroamérica, donde la pobreza es endémica. Es ampliamente reconocido que las autoridades mexicanas son las más abusivas de toda su travesía.

Como dijo un joven venezolano en una entrevista en un canal de televisión estadounidense en español: “El único país que nos ha puesto obstáculos ha sido México. Lo peor lo sufrimos en la selva del Darién [de Panamá], Costa Rica y Honduras, pero ningún funcionario nos hizo sufrir tanto. [En México] te agarran como si fueras un delincuente y te dicen '¿cuánto tienes?' para sobornarte”.

El Gobierno mexicano se ha enfrentado a críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar más de 20.000 agentes de sus Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas de migración.

Felipe González Morales, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, criticó la práctica de las detenciones masivas de migrantes. Tuiteó que “el uso extensivo de la detención de inmigrantes lleva a tragedias como ésta”.

Lo que ocurrió en el centro de detención administrado por el INM en Juárez no fue nada menos que un crimen de Estado. El Gobierno de López Obrador ha implementado una política de represión, encarcelamiento y criminalización de los migrantes. Eso es lo que provocó el incendio mortal, en un centro de detención, no un albergue, para migrantes obligados a sobrevivir en la calle.

Si castigan a alguien, serán sólo los funcionarios de menor rango. Los responsables de mayor rango quedarán libres. Hasta ahora, dos detenidos que presuntamente iniciaron el incendio y tres guardias han sido acusados.

El Gobierno de López Obrador cedió a la presión de dos presidentes estadounidenses —primero Donald Trump y luego Joe Biden— para, como dijo un comentarista mexicano, “convertir a México en una patrulla fronteriza y sala de espera de Estados Unidos. México es el muro que quería Trump”.

AMLO ha desplegado al ejército mexicano para que sirva, de hecho, como auxiliar del imperialismo estadounidense y su policía fronteriza.

Muchos de los migrantes son deportados de México como resultado de la política de la Administración de Biden que prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. El proceso legal para entrar en Estados Unidos es también muy confuso, y ahora exige que la solicitud se rellene en un teléfono móvil, mediante una aplicación que no funciona muy bien y a menudo se congela.

El centro de detención de Juárez donde se produjo el incendio mortal también se utilizaba para alojar temporalmente a inmigrantes que ya intentaron cruzar ilegalmente la frontera y que, por tanto, podían ser deportados.

Los inmigrantes que fallecieron tenían prohibida la entrada en Estados Unidos en virtud del “Título 42”, una dudosa disposición de salud pública de la legislación estadounidense empleada por Trump y luego por Biden para prohibir la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México bajo el falso pretexto de que los inmigrantes propagan el COVID-19.

La presencia de migrantes en la zona fronteriza se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de los migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra en virtud del Título 42.

Dado que el Título 42 expira en mayo, Biden anunció el mes pasado una nueva política para llenar el vacío. Con la nueva prohibición, no se permitiría a los inmigrantes en la frontera sur entrar en Estados Unidos para solicitar asilo, a pesar de que ese derecho está garantizado por el derecho internacional, alegando que en su lugar deberían solicitar asilo en México.

Cuanto más difícil resulta inmigrar, más desesperados son los intentos de cruzar la frontera. Los que han llegado hasta aquí no quieren rendirse a la vista de la frontera.

Muchos con niños pequeños se ven obligados cada vez más a tomar rutas más peligrosas, como cruzar el Río Grande, y arriesgarse al chantaje de coyotes y narcotraficantes.

El resultado es un sistema cruel que maltrata a los migrantes, dificulta su travesía y, en muchos casos, los mata.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, ya que casi 900 personas murieron intentando cruzar sin documentos a Estados Unidos.

(Publicado originalmente en inglés el 4 de abril de 2023)