Una oleada de huelgas está estallando por toda España en vísperas de las elecciones anticipadas convocadas por el gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos tras su debacle electoral en las elecciones locales y autonómicas del mes pasado. Atrayendo a cientos de miles de trabajadores, las huelgas son parte de un movimiento más amplio en toda Europa y el mundo, con trabajadores que plantean demandas similares en todos los países, y que se encuentran con represión policial y amenazas legales.

Aterrorizado de que la creciente oposición social interfiera en sus planes de intensificar la guerra en Ucrania e imponer 24.000 millones de euros en recortes y aumentos de impuestos en el año 2024, el gobierno PSOE-Podemos convocó elecciones para el 23 de julio. Esperan entregar el poder al derechista Partido Popular (PP) y al partido fascista Vox, con el fin de aplastar la creciente oposición social en el país y escalar la guerra en el extranjero. Esto ocurre cuando las burocracias sindicales están siendo desenmascaradas como herramientas pro corporativas financiadas por el estado para imponer recortes salariales reales en medio de una inflación galopante.

La semana pasada, 33.000 trabajadores de la industria metalúrgica, naval, automotriz y aeronáutica de Pontevedra, Galicia, paralizaron la actividad industrial de toda la zona. Los trabajadores también bloquearon las carreteras principales y la autopista AP-9, la principal carretera que une el norte de España con Portugal, y organizaron protestas de miles de personas.

La huelga, por un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, se inició el jueves 15 de junio y continuó durante dos días la semana pasada. Abarca alrededor de 3.700 empresas afectadas por el convenio colectivo provincial del metal.

Las burocracias sindicales de CIG, CCOO y UGT se vieron obligadas a convocar la huelga por el creciente enfado entre las bases. Los trabajadores han visto disminuir sus salarios mes a mes, ya que en 2022 la inflación aumentó un 8,4 por ciento, mientras que la inflación de los alimentos supera con creces el 10 por ciento. Los sindicatos ahora exigen aumentos del 4 por ciento para 2023, 2024 y 2025, ya que los patrones del sector metalúrgico proponen un ridículo 0,5 por ciento para 2023 y un 2 por ciento para 2024 y 2025. Esto equivale a profundos recortes salariales.

Las burocracias sindicales están trabajando para debilitar la lucha tanto como sea posible de cara a imponer concesiones en el convenio. Están llamando a la huelga en diferentes días y no apelan a otras luchas metalúrgicas en toda España, o incluso a otros trabajadores en huelga en la misma región: 500 bomberos gallegos están en huelga por mejores salarios y condiciones.

A espaldas de los trabajadores, los sindicatos están buscando un 'compromiso' con los patrones del metal, lo que inevitablemente significará aumentos salariales muy por debajo de la inflación.

El gobierno en funciones del PSOE y Podemos ha respondido sin piedad, desplegando cientos de policías disparando balas de goma y golpeando con porras a los huelguistas, dejando más de una docena de heridos. La policía impidió que los trabajadores se manifestaran frente al centro de conferencias Ifevi, que celebraba la Feria Internacional del Comercio de la Industria Metalúrgica y sus tecnologías asociadas, Mindtech, la feria industrial bienal líder para el sector metalúrgico y siderúrgico.

El sindicato CIG informó de 'contusiones, golpes de porra, balas de goma' y un joven 'tenía un hombro dislocado debido a un placaje policial', describiendo la acción de la policía antidisturbios como 'muy desproporcionada'. Los sindicatos han convocado nuevas huelgas el 6 y 7 de julio.

Aterrorizadas de que otros trabajadores metalúrgicos pudieran unirse a la lucha por conseguir salarios más altos y de esta forma anular el marco reaccionario sindicatos-empresas de los 'convenios colectivos' negociados a nivel provincial, las burocracias sindicales intervinieron rápidamente para poner fin a otras luchas de los trabajadores del metal.

En Valencia, los sindicatos, que previamente habían convocado tres días de huelga esta semana, acordaron un nuevo convenio colectivo provincial del metal que cubre a 85.300 trabajadores. Incluye aumentos salariales por debajo de la inflación del 3 por ciento en 2023, 2024 y 2025 y del 2,5 por ciento en 2026. En Baleares, los sindicatos, tras días de protestas y huelgas, acordaron incrementos del 4 por ciento para 2023, 2024 y 2025 que afectarán a 42.000 trabajadores.

En el sector minorista, 4.000 dependientes de más de 100 tiendas se declararon en huelga el miércoles pasado para exigir aumentos salariales en la tienda de ropa sueca H&M. Ayer reanudaron su huelga nuevamente. Esto ocurre cuando la altamente rentable temporada de rebajas de verano está comenzando. Una vez más, los sindicatos están tratando de disipar la lucha, convocando sólo dos días más de huelga a principios de julio.

Los dependientes están en huelga después de meses de negociaciones salariales que terminaron en un fracaso y de que las huelgas en el principal competidor de H&M, Inditex, liderado por el multimillonario Amancio Ortega, llevaran a aumentos salariales del 20 por ciento a principios de este año. Las principales reivindicaciones de los huelguistas son que H&M cubra las vacantes provocadas por las bajas por enfermedad o excedencia, que está provocando sobrecarga de trabajo, y que la jornada laboral se amplíe más allá de la jornada a tiempo parcial. La mayoría de los trabajadores tienen contratos a tiempo parcial.

Las burocracias sindicales están profundamente implicadas en el deterioro de las condiciones laborales. En 2021, aceptaron los despidos de 400 trabajadores y la reducción del tiempo de trabajo para otros 170 sin ninguna pretensión de lucha.

En la industria automotriz, los negociadores sindicales vendieron a más de 6.000 trabajadores de la empresa de neumáticos Michelin. La semana pasada, hicieron cumplir su convenio colectivo a 900 trabajadores en huelga en Lasarte-Oria, la última fábrica de Michelin en España que se había negado a aceptar el acuerdo de aumentos del 5 por ciento en 2023, del 3 por ciento en 2024 y del 2 por ciento para los siguientes dos años. El acuerdo está vinculado a los beneficios de la compañía, por lo que no garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los sindicatos ya habían aplicado el mismo acuerdo en otras plantas de Michelin en Vitoria, Aranda de Duero, Valladolid y Almería.

En la industria aérea, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) comenzó una tercera ronda de huelgas en Air Europa el lunes pasado, la tercera aerolínea más grande de España, después de que un acuerdo verbal alcanzado a principios de junio sobre salarios y condiciones de trabajo fracasara. Cientos de vuelos han sido cancelados.

El gobierno PSOE-Podemos ha intentado romper la huelga imponiendo duros requisitos de servicios mínimos a los huelguistas. El Ministerio de Transportes exigió que durante la huelga funcionen el 90 por ciento de los vuelos a las islas (Canarias y Baleares) y el 65 por ciento para los vuelos dentro de España y Europa.

En lugar de apelar contra estos duros requisitos a las decenas de miles de trabajadores de tripulaciones aéreas europeas que han estado involucrados en grandes huelgas durante más de un año, el SEPLA finalizó una huelga de pilotos en la aerolínea Air Nostrum de Iberia. Los pilotos de Air Nostrum habían estado en huelga intermitente desde febrero, parando todos los lunes y viernes de cada semana. Esto llevó a una huelga indefinida desde principios de junio.

El viernes pasado, el SEPLA suspendió la huelga, sin ninguna concesión de la empresa, alegando 'avances' en las negociaciones.

En el sector de la justicia, la huelga intermitente y las protestas que comenzaron en abril continuaron la semana pasada. Alrededor de 45.000 funcionarios están en huelga contra el gobierno PSOE-Podemos, exigiendo aumentos salariales de 350 a 450 euros. La huelga, seguida por el 80 por ciento del personal, provocó la suspensión de millones de acciones judiciales, desde declaraciones hasta notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, incautaciones, desalojos y procedimientos.

Esta oleada de huelgas desenmascara al gobierno PSOE-Podemos como un gobierno reaccionario de guerra imperialista y ataques a la clase obrera. Revela en particular la razón por la que el PSOE y Podemos convocaron elecciones anticipadas, incluso en condiciones en las que se espera ampliamente que esto pueda devolver al poder un gobierno de coalición del derechista Partido Popular y el partido fascista Vox. El PSOE y Podemos están aterrorizados de que la oposición masiva de la clase trabajadora a la guerra, la austeridad y la represión del estado policial estallen incontrolablemente en su flanco izquierdo.

También subraya la necesidad de que la clase obrera construya comités de base, independientes de las burocracias sindicales. Sólo estos organismos pueden unir a los trabajadores en España e internacionalmente en la lucha contra la guerra y la inflación y las fraudulentas elecciones del 23 de julio. Construir y sostener tales organizaciones requiere una ruptura política con las burocracias sindicales y los partidos de clase media a favor de la guerra como Sumar y Podemos.