Dos meses después de las elecciones generales anticipadas de julio, Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos, fue nombrado para intentar formar un nuevo gobierno de coalición con el movimiento de pseudoizquierda Sumar. Sumar es una plataforma electoral de pseudoizquierda que contiene al partido de pseudoizquierda Podemos y a Izquierda Unida (IU), liderada por los estalinistas.

Tiene lugar días después de que el líder del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, y el partido neofascista Vox fracasaran en su intento de formar una coalición mayoritaria. Feijoo obtuvo 172 votos, cuatro menos de los 176 necesarios para la mayoría en el Parlamento de 350 escaños. Sánchez debe ganar una votación antes del 27 de noviembre. Si no lo consigue, se convocarán automáticamente nuevas elecciones.

En los últimos ocho años, España ha celebrado cinco elecciones nacionales. El desplome del apoyo electoral desde la crisis económica de 2008 a los partidos tradicionales de gobierno de la burguesía española, el PSOE y el PP, ha desestabilizado el régimen capitalista. Más recientemente, en medio de la pandemia del COVID-19 y la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, las huelgas masivas impulsadas por el creciente enfado con la desigualdad social han enfrentado a la clase obrera con los partidos gobernantes PSOE y Podemos.

Sánchez, cuyo partido obtuvo 121 escaños, puede contar con 31 escaños de su aliado, Sumar, pero le faltarían 24 para alcanzar la mayoría. Sánchez cuenta con los 7 votos de la Izquierda Republicana Catalana (ERC) y los 11 de los partidos nacionalistas vascos EH Bildu y PNV. También necesita 7 votos del partido separatista Juntos por Cataluña (Junts).

A cambio de su apoyo, Junts exige un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña y la amnistía de entre 3.000 y 4.000 activistas y votantes juzgados por el anterior referéndum de 2017. Su líder, el ex primer ministro regional catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont, sigue en prisión preventiva. En julio, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea retiró a Puigdemont la inmunidad parlamentaria. Vive exiliado en Bélgica desde 2017.

Sánchez ha abierto la puerta a una amnistía, pero ha rechazado cualquier referéndum, pidiendo a los catalanes que 'pasen página de la situación.'

En 2017, Sánchez respaldó el despliegue por parte del PP de 10.000 policías paramilitares para reprimir el referéndum catalán y echar al gobierno regional catalán de Puigdemont. La represión dejó más de 1.000 votantes pacíficos heridos.

Una posible amnistía cuenta con el apoyo de poderosas facciones de la clase dirigente. La semana pasada, El País, propiedad del mayor grupo mediático español, el Grupo Prisa, abogó repentinamente por ella, tras haberla descartado semanas antes. En su artículo titulado 'El Tribunal Constitucional respalda en 22 sentencias el encaje de una amnistía”, del periodista Xavier Vidal-Folch, uno de los impulsores de la campaña anticatalana en años recientes, señaló las decisiones del tribunal de garantías del derecho de gracia y que 'España ha rubricado en los últimos años más de treinta tratados internacionales que incluyen una eventual amnistía'.

El partido pseudoizquierdista Sumar protagoniza las conversaciones del PSOE-Junts. El exportavoz de Podemos Jaume Asens lleva desde agosto redactando una ley de amnistía. El proyecto de ley, enviado a Junts la semana pasada, indultaría 'todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de conseguir la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hayan tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de entrada en vigor de esta ley'.

Significativamente, también amnistiaría a los policías implicados en la represión.

No está claro si el PSOE y Sumar podrán asegurarse el apoyo de Junts y ERC, ya que ERC y Junts son acérrimos rivales políticos en Cataluña. Sin embargo, ambos tienen interés en garantizar la elección de un Gobierno del PSOE-Sumar, ya que se espera que siga inyectando miles de millones de los fondos de rescate de la UE a la burguesía catalana y recortando el gasto social.

Los aliados de pseudoizquierda de Sumar están interviniendo para proporcionar una hoja de parra progresista a los partidos reaccionarios que organizan el debate sobre la amnistía. Izquierda Revolucionaria, la antigua filial española del Comité por una Internacional Obrera, afirma:

'(L)os cambios en la política del PSOE y su giro a favor de la amnistía han sido impuestos por la enorme presión de las calles. Las inmensas protestas de los años 2011 a 2015 en todo el país y 2016-2019 en Cataluña siguen provocando efectos políticos que obligan a Sánchez a ofrecer ciertas concesiones a la izquierda si quiere mantenerse en el poder'.

Del mismo modo, la Corriente Obrera Revolucionaria morenista (CRT) pretende subordinar a los trabajadores a Sumar, PSOE y los nacionalistas catalanes, llamando a los trabajadores a exigir una amnistía 'total', no una 'amnistía limitada'. Afirma que esto provocaría un amplio debate sobre la democracia española. Su líder, Santiago Lupe, propuso convocar 'grandes movilizaciones que respondan a esta ola de chovinismo español exigiendo una amnistía total para los secesionistas y el resto de luchadores de Cataluña y del resto del Estado... para abrir un proceso constituyente'.

El WSWS se ha opuesto sistemáticamente al encarcelamiento de los nacionalistas catalanes y a los activistas que pedían su liberación. PSOE y Sumar, sin embargo, no son defensores de la democracia que responderán a la presión desde abajo moviéndose a la izquierda.

De hecho, han gobernado España durante cuatro años, imponiendo ataques brutales a la clase trabajadora: recortes de pensiones que consolidan la edad de jubilación a los 67 años, aumentos salariales por debajo de la inflación a amplias capas de trabajadores y una reforma de la legislación laboral que recorta las protecciones legales de los trabajadores en el lugar de trabajo. Para romper las huelgas, ha impuesto leyes draconianas de servicios mínimos y ha desplegado decenas de miles de policías. Si hubieran querido una amnistía, ya podrían haberla aprobado.

La pregunta que plantean las actuales peticiones de amnistía es: ¿qué ha cambiado?

Al igual que el indulto en 2021 de nueve nacionalistas catalanes condenados a una década de cárcel por su papel en el referéndum independentista catalán, se trata de una decisión pragmática. Está dictada, sobre todo, por la necesidad de instalar un Gobierno que continúe librando la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, inyectando miles de millones de euros a las empresas y bancos españoles procedentes de los fondos de rescate de la UE, y tratando de suprimir la creciente oposición de la clase trabajadora a la caída de los salarios y la inflación.

La semana pasada, Sánchez fue el anfitrión de la cumbre de funcionarios europeos celebrada en Granada para debatir la estrategia de guerra contra Rusia. Tuvo lugar en medio de crecientes divisiones y crisis sobre la conducción de la guerra de Ucrania en Washington, ya que la administración estadounidense lucha por asegurar la financiación de la misma, mientras que los funcionarios de la UE señalan su firme apoyo a una mayor escalada. Sánchez dejó claro que apoyaba la escalada, prometiendo enviar nuevos sistemas de defensa antiaérea y entrenar a miles de tropas ucranianas más para que sirvan como carne de cañón de la OTAN.

Si Sánchez forma un nuevo gobierno, estará comprometido con la escalada de la guerra imperialista de la OTAN en el extranjero y la guerra contra la clase obrera en casa. El PSOE y Sumar ya han prometido recortes de €24.000 millones durante el próximo año, después de haber votado los mayores presupuestos militares de la historia de España. Esto augura un enfrentamiento explosivo entre el Gobierno PSOE-Sumar y la clase obrera.

Si sale elegido, el Gobierno PSOE-Sumar será el más débil desde el final de la dictadura fascista franquista en 1978, gobernando sobre uno de los Parlamentos más fragmentados de España. Tendrá que negociar con cuatro partidos ajenos al Gobierno para aprobar leyes. Sumar también tendrá que negociar con los 13 partidos de su plataforma, incluido Podemos.

El nuevo Gobierno contará con la vehemente oposición del PP y Vox, que denuncian que cualquier conversación con los secesionistas equivale a una traición. Hace dos semanas, organizaron una protesta de 40.000 personas en Madrid contra cualquier concesión a los nacionalistas catalanes. Ayer, 50.000 manifestantes se reunieron en Barcelona convocados por el grupo antisecesionista Societat Civil Catalana, y respaldados por el PP y Vox. Al parecer, militares en activo y retirados de alto rango han firmado un manifiesto contra la amnistía.

La tarea urgente para la clase obrera y la juventud es construir una dirección política y organizaciones de lucha que puedan oponerse a las políticas reaccionarias del PSOE, Sumar y su periferia pseudoizquierdista, así como a los complots de los círculos gobernantes abiertamente fascistas. Esto significa fundar un Partido Socialista por la Igualdad en España como sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de octubre de 2023)