El discurso del presidente estadounidense Joe Biden el viernes en Pennsylvania ocurrió en vísperas del tercer aniversario del intento fallido de golpe de Estado por parte de Donald Trump, la primera vez en que un presidente estadounidense busca anular una elección en la que fue derrotado. Biden describió en cierto detalle la violencia del ataque en el Capitolio y el papel de Trump en convocar e incitar a la multitud que buscó bloquear la certificación de las elecciones presidenciales de 2020 en el Congreso.

Pero el discurso de Biden ignoró dos temas centrales relacionados al 6 de enero: el papel del Partido Demócrata antes, durante y después de la intentona golpista y la causa objetiva del peligro cada vez mayor que enfrenta la democracia estadounidense.

En su discurso, Biden condenó a Trump por guardar silencio por horas mientras la turba superaba las líneas policiales, invadía el capitolio y colmaba sus pasillos, obligando a los senadores y diputados, así como al vicepresidente Mike Pence, huyendo por sus vidas.

“Cuando Estados Unidos estaba viéndose atacado desde su interior, Donald Trump lo miraba en televisión en un comedor privado al costado del Despacho Oval”, dijo Biden. “Toda la nación contemplaba con pánico. En todo el mundo, las personas lo observaban incrédulas. Y Trump no hizo nada”.

Esto presenta la interrogante: ¿qué estaba haciendo el presidente electo Joe Biden? No hizo ninguna condena pública del ataque al Capitolio. No dio la alarma. No advirtió al pueblo estadounidense para que estuviera vigilante, ni hizo un llamado a la población para que entrara en acción para defender los derechos democráticos. Cuando finalmente apareció en cámaras, increíblemente pidió al golpista jefe Trump que detuviera el ataque de la muchedumbre que él mismo había reunido en Washington.

No cabe duda de que Biden, un funcionario estatal veterano, pasó esas horas tratando de ponerse en contacto con altos cargos militares y de inteligencia, a fin de definir si el golpe podría tener éxito. Solo cuando tuvo la certeza de que el golpe estaba fracasando, Biden compareció ante las cámaras de televisión e instó a Trump a que enviara a sus partidarios a casa.

Esta postura era acorde con la conducta del Partido Demócrata a lo largo de los meses previos al 6 de enero de 2021. El propio Biden había dicho, durante el verano de 2020, que su peor pesadilla era que Trump se negara a abandonar la Casa Blanca tras una derrota electoral. Pero se mostró confiado en que, en caso de que eso ocurriera, los militares destituirían rápidamente al antiguo comandante en jefe y lo escoltarían hacia la jubilación.

A lo largo de la campaña de otoño, Biden y los demócratas desestimaron las repetidas amenazas de Trump de que no aceptaría una derrota electoral, afirmando que no existía ningún peligro en ese sentido y que el pueblo estadounidense podía esperar otro traspaso pacífico del poder. Estas garantías aumentaron durante los meses transcurridos entre las elecciones y el 6 de enero, cuando Biden se burló públicamente de cualquier sugerencia de que Trump se tomara en serio la intención de aferrarse al poder.

Después del 6 de enero, comenzó el encubrimiento, con Biden actuando rápidamente para proteger al Partido Republicano. Apenas un día después de que la mayoría de los republicanos del Congreso votaran a favor de no certificar el resultado de las elecciones presidenciales, adoptando de hecho la postura de la revuelta que habían atacado el Capitolio, Biden declaró: “Necesitamos un Partido Republicano. Necesitamos una oposición con principios y fuerte”.

Esto se convirtió en un mantra no solo para la Casa Blanca de Biden, sino para los líderes demócratas en el Congreso. Querían evitar un colapso del sistema bipartidista, que representa un bastión clave de la política burguesa y otorga a la clase capitalista un monopolio político efectivo en Estados Unidos.

Las distintas audiencias celebradas sobre el 6 de enero fueron esporádicas y a trompicones. La investigación del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre los acontecimientos del 6 de enero desempeñó un papel fundamental en el encubrimiento de la participación de los organismos estatales en la intentona golpista.

Aunque se presentaron pruebas valiosas sobre los acontecimientos que condujeron al 6 de enero, el comité se negó a examinar el papel del Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias estatales, incluso cuando salieron a la luz informes sobre generales de alto rango que bloquearon el envío de la Guardia Nacional para defender el Capitolio. En sus audiencias públicas y en su informe final, la comisión argumentó que Trump había sido personalmente responsable del ataque al Capitolio, pero solo Trump: un golpe de Estado de un solo hombre. Biden se hizo eco de este relato en su discurso del viernes.

Combinó el silencio sobre los cómplices del golpe con el silencio sobre sus causas sociales más profundas. Es perfectamente cierto, como dijo Biden en el discurso del viernes, que si Trump vuelve a la Casa Blanca como resultado de las elecciones de 2024, reactivará sus planes de dictadura:

Trump planea invocar la Ley de Insurrección, que le permitiría desplegar –lo que no se le permite hacer en circunstancias ordinarias— le permitiría desplegar fuerzas militares estadounidenses en las calles de Estados Unidos. Él lo ha dicho. Llama “alimañas” a quienes se le oponen. Habla del envenenamiento de la sangre de los estadounidenses, haciéndose eco del mismo lenguaje utilizado en la Alemania nazi.

Pero Biden guardó silencio sobre la cuestión más importante que plantea esta realidad. ¿Cómo es posible que un expresidente que fue sometido a dos juicios políticos e intentó derrocar la Constitución esté en condiciones de volver al poder?

Ciertamente, los demócratas han contribuido al reavivamiento de las fortunas políticas de Trump al bloquear cualquier investigación seria sobre el 6 de enero. Trump debería estar en la cárcel junto a muchos cómplices de alto nivel, no haciendo campaña.

La pretensión de Biden de que la defensa de la democracia será el eje de su Gobierno y su campaña de reelección es una mentira transparente. El eje central de su Administración ha sido la guerra: en primer lugar, la guerra por delegación con Rusia en Ucrania, y ahora la arremetida genocida israelí contra Gaza. Ambas guerras, llevadas a cabo a instancias del imperialismo estadounidense, se están librando sin ningún mandato democrático y frente a una creciente oposición popular.

Biden, no menos que Trump, está inalterablemente comprometido con la defensa de la clase dominante estadounidense y sus intereses mundiales. Para llevar a cabo estas guerras, Biden necesita el apoyo del Partido Republicano, incluso mientras se prepara para nominar al fascista Trump en las elecciones de 2024.

Y como parte de este impulso bélico, Biden ha continuado los ataques de Trump contra la democracia, a pesar de utilizar una retórica diferente. Los migrantes siguen siendo encarcelados en campos y deportados por millones, pero sin discursos presumiéndolo desde la Casa Blanca. Las guerras en Ucrania y particularmente en Gaza van acompañadas de un asalto al derecho a disentir, que ahora se centra en los campus universitarios bajo la falsa pretensión de luchar contra el “antisemitismo”

En su declaración de Año Nuevo, publicada en cuatro partes del 3 al 6 de enero, el Comité Editorial Internacional del WSWS ha proporcionado un análisis exhaustivo de la crisis y el colapso de la democracia capitalista, que está teniendo lugar en todo el mundo, no solo en Estados Unidos.

La declaración identifica las causas sociales y económicas de este colapso: el dominio cada vez más fuerte de la sociedad por un puñado de gigantescas instituciones financieras y las extremas tensiones sociales generadas por un aumento sin precedentes de la desigualdad social, donde un pequeño puñado de multimillonarios poseen más riqueza que la mayoría de la población. La declaración explica que los derechos democráticos son incompatibles con el dominio de la sociedad en manos de camarillas de oligarcas capitalistas:

Toda la retórica sobre defender la democracia y luchar contra el fascismo mientras se ignora la cuestión fundamental del poder de clase y económico —y, por ende, la necesidad de movilizar a la clase trabajadora a escala global para derrocar al capitalismo— consiste en una demagogia cínica y políticamente impotente. La riqueza de los multimillonarios debe ser expropiada y las gigantescas corporaciones deben transformarse, sin compensación para los grandes accionistas, en servicios controlados públicamente, administrados sobre la base de la necesidad social, no el lucro privado. Las instituciones antidemocráticas y los órganos represivos del Estado capitalista (los organismos profesionales militares, policiales y de inteligencia) deben ser abolidos y reemplazados por organizaciones bajo el control y el poder obreros, para establecer una economía democrática y planificada a escala mundial.

Este programa socialista, la base sobre la que pueden defenderse los derechos democráticos, solo puede lograrse mediante la movilización política independiente de la clase obrera contra los demócratas y los republicanos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de enero de 2024)