La sentencia emitida el viernes por el Tribunal Supremo del estado de Alabama, que declara que un embrión congelado es una persona según la ley estatal, es un ataque arrollador contra la ciencia, los derechos democráticos y la separación constitucional de Iglesia y Estado. Al mismo tiempo, la respuesta pasiva e indiferente del Gobierno de Biden a esta provocación ultraderechista demuestra una vez más que ningún sector de la élite política capitalista, incluido el Partido Demócrata, defenderá los derechos democráticos. Esta tarea política vital debe ser asumida por la clase obrera.

El fallo del Tribunal Supremo estatal se produjo en respuesta a una demanda civil por daños y perjuicios presentada por una pareja cuyos embriones fueron destruidos accidentalmente en el laboratorio donde habían sido almacenados para la fecundación in vitro (FIV). Un tribunal inferior había rechazado la demanda, dictaminando que un embrión no era un “niño no nacido” según la definición de la Constitución estatal. Un referéndum aprobado por los votantes de Alabama en 2018 insertó la prohibición del aborto en la Constitución estatal, que entró en vigor tras el fallo en el caso Dobbs del Tribunal Supremo federal en 2022, derogando el caso Roe contra Wade.

El máximo tribunal del estado anuló la decisión del tribunal inferior, declarando en un lenguaje orwelliano que los embriones fertilizados, que son cúmulos de protoplasma tan pequeños como 100 células, eran “niños extrauterinos”, con derecho a la misma protección bajo la ley estatal que un niño vivo y que respira en un aula escolar. El fallo fue escandaloso tanto desde el punto de vista legal como constitucional. Pretendía utilizar una ley estatal de 1872 que permitía a padres demandar por la muerte de un “hijo menor de edad” y aplicarla a los embriones creados mediante FIV, una técnica médica que no se desarrolló hasta la década de 1970, más de un siglo después.

Esto tendrá el efecto práctico de acabar con la FIV en el estado de Alabama, ya que los médicos, las clínicas y los padres temerán ser considerados responsables de la destrucción de embriones, un frecuente subproducto del proceso de fecundación, durante el cual los embriones con anomalías genéticas o los sobrantes tras una implantación exitosa suelen desecharse, o donarse para investigación. En respuesta a la sentencia, el mayor sistema hospitalario del estado, la Universidad de Alabama en Birmingham, suspendió todos los procedimientos de FIV por temor a que “nuestros pacientes y médicos puedan ser procesados penalmente”.

La FIV es uno de los avances médicos más importantes del último medio siglo, con millones de implantaciones embrionarias exitosas que conducen al nacimiento de niños sanos. En 2021, el último año con datos completos, nacieron casi 100.000 bebés en Estados Unidos mediante el uso de la FIV. Pero incluso si algunas clínicas de fertilidad logran sobrevivir en Alabama, la decisión del tribunal aumentará drásticamente la dificultad y el gasto de la FIV, que ya cuesta entre 15.000 y 20.000 dólares, una carga enorme para los padres de clase trabajadora que quieren tener hijos.

RESOLVE, la Asociación Nacional de Infertilidad, describió el fallo como “un acontecimiento aterrador para 1 de cada 6 personas afectadas por la infertilidad que necesitan la fecundación in vitro para construir sus familias”. Y advertía: “Esta sentencia tiene profundas implicaciones mucho más allá de las fronteras de Alabama. Todos los estadounidenses que quieran o necesiten acceder a alternativas para formar una familia, como la fecundación in vitro, deberían estar profundamente preocupados por este hecho y por el precedente que sentará en todo el país”.

La sentencia de Alabama es consecuencia directa del fallo del Tribunal Supremo federal sobre el caso Dobbs, que anuló el caso Roe vs. Wade de 1973, cuando el Tribunal Supremo emitió el fallo decisivo que anuló las leyes antiabortistas en todo el país. Dobbs también puso en tela de juicio la decisión anterior de 1962 en el caso Griswold vs. Connecticut, que había anulado una prohibición a los métodos anticonceptivos en Connecticut y reconoció por primera vez el derecho constitucional a la intimidad. Existen ámbitos de la vida, incluyendo las decisiones sobre la reproducción, en los que ningún Gobierno, estatal o federal, podía inmiscuirse. Ahora está claro que los tribunales de ultraderecha no admitirán ninguna limitación a los poderes represivos del Estado capitalista.

Desde el punto de vista constitucional, el fallo supone un desafío descarado a la Primera Enmienda, que comienza con las siguientes palabras: “El Congreso no promulgará ninguna ley relativa al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma...”. Esta prohibición se extendió a todos los estados mediante la Decimocuarta Enmienda, que incorporó todas las enmiendas que constituyen la Carta de Derechos. Pero el fallo de 138 páginas se basa claramente en principios religiosos fundamentalistas cristianos, que ahora se impondrán a la población de Alabama con independencia de sus propias opiniones. (Incluso en Alabama, el estado con mayor porcentaje de evangélicos, esa cifra solo llega al 49 por ciento, según un informe reciente de Pew Research).

La opinión concurrente del presidente del Tribunal Supremo, Tom Parker, cita abiertamente la Biblia, incluido el Génesis y el profeta Jeremías, como base de su opinión “legal”. “La vida humana no puede ser destruida injustamente sin incurrir en la ira de un Dios santo, que considera la destrucción de su imagen como una afrenta a sí mismo”, escribió Parker. “Incluso antes de nacer, todos los seres humanos llevan la imagen de Dios, y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria”.

Durante una entrevista para un pódcast que propugna la teoría conspirativa fascista de QAnon, publicado el viernes pasado, el mismo día del fallo, Parker declaró que “Dios creó el Gobierno” y que es “desgarrador” que “hayamos dejado que pase a manos de otros”. A continuación, invocó la Doctrina de los Siete Montes, otro tropo fascistizante que exige la toma del control de siete áreas clave de la sociedad estadounidense: religión, educación, familia, gobierno, economía, medios de comunicación y entretenimiento/arte. También afirmó que “el espíritu santo está ahí” cuando ejerce como presidente del Tribunal Supremo.

Tales disparates religiosos son los que impulsan el llamado “movimiento del ser persona” [personhood], que busca establecer legalmente que la vida humana comienza en la fecundación. El primer paso fue la definición del feto, en cada etapa de su desarrollo, como un ser humano. Ahora los embriones almacenados en un laboratorio se describen como “personitas”, según Parker, y el laboratorio como una “guardería criogénica”, según la opinión del tribunal. Hasta ahora, once estados han aprobado leyes sobre el ser persona.

El Gobierno de Biden no ha movido un dedo contra el diluvio de legislación derechista que ha seguido al fallo de del caso Dobbs en 2022, ni tampoco lo ha hecho el Partido Demócrata. Utilizan el tema para conseguir votos en las elecciones, apelando al amplio apoyo popular al derecho al aborto. Pero en la práctica no hacen nada para defenderlo ni ningún otro derecho democrático.

La Casa Blanca no emitió ninguna declaración sobre el fallo de Alabama, y la portavoz Karine Jean-Pierre solo dedicó un párrafo al tema en una rueda de prensa celebrada mientras Biden realizaba una nueva gira por California, sacudiendo el árbol de dinero de los multimillonarios para su campaña. El martes por la noche hizo declaraciones a puerta cerrada en casa del milmillonario sionista de Hollywood, Haim Saban, y el miércoles intervino en otros actos de recaudación de fondos en el área de la bahía de San Francisco.

Esta pasividad es parecida a la respuesta de Biden a la usurpación de la autoridad federal por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha ordenado a la Guardia Nacional de Texas y a la policía estatal que hagan retroceder a los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, desafiando la Constitución, que establece claramente que el Gobierno federal tiene la facultad suprema en todas las cuestiones relacionadas con las fronteras y la inmigración.

Biden podría federalizar la Guardia Nacional, quitándole el control a Abbott, y llamar al orden a los otros Gobiernos estatales que han desafiado la Constitución y atentado contra los derechos democráticos. Pero no hace nada, y sigue buscando un acuerdo bipartidista con los republicanos del Congreso sobre un enorme aumento del gasto militar en la guerra contra Rusia en Ucrania. En efecto, está permitiendo que una vasta zona del país, que está en manos de gobernadores republicanos y legislaturas estatales controladas por republicanos, lleve a cabo las políticas propugnadas por el candidato presidencial republicano fascista, el expresidente Donald Trump.

El fallo de Alabama resonará entre los fanáticos religiosos opuestos a la separación de Iglesia y Estado y los demagogos antivacunas y anticiencia como Robert F. Kennedy Jr. sienten que pueden hacer lo que quieran con el respaldo del Tribunal Supremo de EE.UU. y la cobardía del Partido Demócrata y el Gobierno de Biden.

Pero para la clase obrera, el ataque al derecho al aborto y a otros elementos de la libertad reproductiva, como la fecundación in vitro y la anticoncepción, debe ser visto como una amenaza mortal a los derechos democráticos, y los trabajadores deben actuar en consecuencia. Esto significa establecer la independencia política de la clase obrera con respecto al sistema bipartidista capitalista, ya sean los fascistas abiertos como Trump o los representantes supuestamente liberales de la oligarquía corporativa (y partidarios del genocidio en Gaza) como Biden. La cuestión central es movilizar la fuerza de la clase obrera en una lucha política contra todo el sistema capitalista y sus defensores políticos, sobre la base de un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de febrero de 2024)