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Perspectiva

La amenaza de Donald Trump de abolir la ciudadanía por nacimiento

La primera sección de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece:

Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria.

Donald Trump propone eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto ejecutivo el “primer día” de su segundo término. Significaría el rechazo formal de los principios democráticos en los que se basan las Enmiendas XIII, XIV, y XV: la ciudadanía y los derechos democráticos derivados de ella son otorgables a todas las personas nacidas en Estados Unidos y que ningún poder del Gobierno puede removerlos.

Un padre y su hijo en San Juan, Texas [AP Photo/Eric Gay]

Junto con la Decimotercera Enmienda que prohíbe la esclavitud y la Decimoquinta Enmienda que garantiza el derecho al voto, las tres enmiendas se conocen juntas como las “Enmiendas de la Guerra Civil”, porque consagraron en la ley los derechos revolucionarios ganados a través de cuatro años de lucha armada. Como explica el historiador de la Universidad de Stanford, Richard White, los autores de la Decimocuarta Enmienda “buscaron, al igual que Lincoln, hacer de los sentimientos de la Declaración de Independencia la luz guía de la república”. El resultado fue una enmienda que “consagró en la Constitución amplios principios de igualdad, los derechos de los ciudadanos y los principios de los derechos naturales”.

La disposición sobre ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda fue una piedra angular legal de las enmiendas revolucionarias. Garantizaba que ninguna institución política ni rama del Gobierno podría despojar de los derechos a ningún individuo o grupo, y que no habría tal cosa, bajo la ley, como un “ciudadano de segunda clase”. Al hacerlo, repudió efectivamente el fallo de la Corte Suprema de 1857 en el caso Dred Scott vs. Sandford, que sostenía explícitamente que las personas de ascendencia africana nunca podrían convertirse en ciudadanos y, sobre esa base, las privaba de todos los derechos.

Contrariamente a las mentiras de Trump y sus cómplices, la garantía universal de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda tenía la intención específica en el momento de su ratificación de aplicarse a todos los hijos de exesclavos, así como de inmigrantes. A la luz de estos hechos históricos, el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento es un asalto contrarrevolucionario a los derechos de toda la población y, sin exageraciones, un intento de deshacer el resultado de la Guerra Civil.

En una entrevista con Kristen Welker de NBC transmitida el domingo, Trump denunció la ciudadanía por nacimiento como “ridícula” y reiteró las promesas de campaña de negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres indocumentados en los Estados Unidos. Según un informe en el Wall Street Journal del domingo, los asesores de Trump están redactando una orden ejecutiva “que ordena a las agencias federales que requieran que un niño tenga al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente para convertirse automáticamente en ciudadano estadounidense. También impediría que las agencias emitan pasaportes, números de Seguro Social y otros beneficios de asistencia social a los niños que no cumplan con el nuevo requisito de ciudadanía”.

El objetivo inmediato de los planes de Trump son los inmigrantes indocumentados y sus hijos, pero poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento pondría en riesgo los derechos de todos los estadounidenses al alterar fundamentalmente las facultades del poder ejecutivo. El plan de Trump de anular una enmienda a la Constitución a través de una orden ejecutiva no solo viola explícitamente la separación de poderes, sino que el objetivo político final de la Administración de Trump es arrogarse el poder de decidir, a través de un decreto ejecutivo, quién es ciudadano y quién no lo es.

Los asesores de extrema derecha de Trump están tratando de envenenar el terreno político en el período previo a su ofensiva contrarrevolucionaria. “El hecho de que usted esté en este país cuando nace su hijo, no es una razón para que ese niño sea ciudadano estadounidense. Es una tontería, y su respaldo legal está totalmente fuera de lugar”, dijo Ken Cuccinelli, exsubsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Trump. En su entrevista con NBC, Trump también amenazó con deportar a ciudadanos estadounidenses, impidiéndoles ejercer cualquiera de sus derechos. “La única forma de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”, dijo.

Es probable que una violación tan descarada de la Constitución enfrente retrasos en el sistema judicial federal. Pero cualquier fallo de un tribunal inferior contra la Administración sería impugnado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya colocó al presidente por encima de la ley al otorgarle inmunidad personal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo. La actitud de la extrema derecha hacia el ataque a la ciudadanía por nacimiento fue expresada por el político antiinmigrante extremista Mark Krikorian, quien le dijo al Wall Street Journal: “Presenta la cuestión forzosamente y a ver qué pasa”.

El impacto inmediato de negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres indocumentados sería desastroso y equivaldría a un inmenso crimen social. Al no poder solicitar servicios sociales, las familias inmigrantes y los niños nacidos en los Estados Unidos enfrentarían niveles de pobreza sin precedentes. Los niños serían deportados a los países de origen de sus padres, dando lugar a una diáspora global de personas apátridas. Los que se queden serían excluidos del sistema político por completo y se les privaría del derecho de voto.

Lo que Trump haga primero contra los inmigrantes lo hará contra los opositores y críticos del Gobierno estadounidense. Los planes de Trump de invocar la Ley de Insurrección o la Ley de Enemigos Extranjeros y desplegar tropas federales en suelo estadounidense transformarían de iure a Estados Unidos en una dictadura. A lo largo de la historia del país, los ataques contra los inmigrantes siempre han ido de la mano con los ataques contra la clase trabajadora y su dirección socialista.

Trump y sus asesores están haciendo esta conexión explícitamente. En 2023, Trump dijo que planeaba “deportar” a las personas con puntos de vista políticos de izquierda, evidentemente sin importar su ciudadanía: “Ordenaré a mi Gobierno negar la entrada a todos los comunistas y a todos los marxistas. Pero mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los que ya están aquí, que crecieron aquí? Creo que tenemos que aprobar una nueva ley para ellos”.

La Administración entrante representa una amenaza existencial para los derechos democráticos fundamentales de las masas populares. El Partido Demócrata, que está preocupado únicamente por intensificar la guerra contra aquellos en la mira del imperialismo estadounidense en el extranjero, hará todo lo que esté a su alcance para contener la ira social masiva que se desatará por los ataques de Trump contra los inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses jóvenes. El influyente legislador del Partido Demócrata, James Clyburn, sugirió recientemente que Biden perdonara a Donald Trump por su papel en el intento de golpe del 6 de enero de 2021 para “limpiar la pizarra” para el aspirante a dictador. 

La clase trabajadora es la fuerza social capaz de unirse más allá de las líneas étnicas y nacionales y liderar una lucha contra la dictadura. Los trabajadores deben comenzar con el principio de que “un ataque contra uno es un ataque contra todos”, y que la responsabilidad de los males sociales no recae en los trabajadores inmigrantes sino en la clase dominante. Esta batalla requiere luchar contra el origen de las dictaduras y la reacción política: el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de diciembre de 2024)

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