El viernes, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció que el Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo—creado por el presidente Donald Trump tras una orden ejecutiva firmada el 29 de enero—investigará a 10 universidades donde el año pasado se realizaron manifestaciones propalestinas contra el genocidio en Gaza.

En un comunicado de prensa, el DOJ afirmó que el grupo de trabajo seleccionó estas 10 universidades debido a que “han experimentado incidentes antisemitas desde octubre de 2023” y “podrían haber fallado en proteger a estudiantes y profesores judíos de la discriminación ilegal, en posible violación de la ley federal”.

El comunicado también informó que el asesor principal del asistente del fiscal general para derechos civiles, Leo Terrell—un excomentarista legal de Fox News cuya designación fue anunciada por Trump el 9 de enero—había notificado a estas universidades que estaban siendo investigadas.

Las universidades identificadas son: la Universidad de Columbia, la Universidad George Washington, la Universidad de Harvard, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Nueva York, la Universidad Northwestern, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Minnesota y la Universidad del Sur de California.

El comunicado de prensa del DOJ indicó que el grupo de trabajo se reuniría con “las autoridades universitarias, estudiantes y personal afectados, fuerzas del orden locales y miembros de la comunidad para recopilar información sobre estos incidentes y considerar si se justifican medidas correctivas”.

El propósito de estas investigaciones es reforzar la calumnia de que los manifestantes y las protestas en los campus universitarios son “antisemitas” e intimidar a quienes deseen pronunciarse contra el genocidio en Gaza respaldado por EE.UU.

Inmediatamente después de que Israel lanzara el genocidio en Gaza en octubre de 2023, los demócratas y republicanos, junto con los medios corporativos, se unieron al fascista primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros líderes sionistas para equiparar falsamente la oposición a la limpieza étnica y a la matanza de palestinos con el “antisemitismo”.

La campaña de calumnias alcanzó su punto álgido en diciembre de 2023, cuando los presidentes de la Universidad de Harvard, la Universidad de Pensilvania (UPenn) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) testificaron ante el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre las acusaciones de “antisemitismo” en sus campus durante las protestas del semestre de otoño de 2023.

La inquisición bipartidista de la Cámara de Representantes tergiversó la realidad y obligó a los presidentes universitarios a responder preguntas sobre si los llamados al “genocidio de los judíos” violaban las políticas de las universidades. Los políticos y los medios corporativos afirmaron que sus respuestas fueron “evasivas e insuficientes”, lo que desató una campaña para exigir sus renuncias.

Liz Magill, presidenta de la Universidad de Pensilvania, renunció el 9 de diciembre de 2023 bajo la presión de donantes y otras figuras influyentes de la universidad, apenas cuatro días después de la audiencia. Claudine Gay, presidenta de la Universidad de Harvard, también renunció el 2 de enero de 2024.

Cuando las manifestaciones en los campus se reanudaron en el semestre de primavera de 2024, la campaña contra los manifestantes se intensificó, con más de 3.000 estudiantes detenidos en todo el país. La mayoría de los arrestos fueron por delitos menores como allanamiento de propiedad o resistencia a la dispersión, con algunos casos desestimados y otros aún en proceso. En Illinois, estudiantes de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign enfrentaron cargos por delitos graves de acción en masa por participar en protestas con campamentos en el campus.

En septiembre de 2024, en la Universidad de Míchigan, la fiscal general demócrata del estado, Dana Nessel, presentó cargos contra nueve manifestantes involucrados en una protesta en el campus. Dos personas fueron acusadas de allanamiento, un delito menor con una pena máxima de 30 días de cárcel, por negarse a abandonar el área tras repetidas órdenes.

Otros siete enfrentaron cargos tanto de allanamiento como de resistencia u obstrucción a un oficial de policía, un delito grave con una pena de hasta dos años de prisión, debido a su supuesta interferencia con los agentes. En octubre de 2024, el estudiante Jonathan Zou fue vetado de ingresar al campus tras usar un megáfono en una manifestación contra el genocidio en Ann Arbor, lo que efectivamente restringió su acceso a clases, dormitorios y empleo universitario.

En enero de 2025, la Universidad de Míchigan suspendió por dos años al grupo propalestino Students Allied for Freedom and Equality (SAFE), el capítulo local de Students for Justice in Palestine, debido a “manifestaciones no autorizadas”, incluyendo protestas fuera de la casa de un regente y en el campus. Como resultado, al grupo le retiraron los fondos y se le prohibió reservar espacios universitarios.

Otras universidades han tomado medidas contra los manifestantes estudiantiles en violación de sus derechos de libre expresión. La Universidad Vanderbilt suspendió a varios estudiantes y expulsó a tres tras una sentada en la oficina del presidente en marzo de 2024. Algunos estudiantes palestinos informaron que enfrentaron represalias severas de sus universidades, incluyendo medidas disciplinarias que obstaculizaron su progreso académico.

En septiembre de 2024, Momodou Taal, un estudiante británico-gambiano de doctorado en la Universidad de Cornell, participó en una protesta pacífica en el Hotel Statler durante una feria laboral en la que participaron contratistas de defensa como Boeing y L3Harris. La manifestación buscaba denunciar los lazos de la universidad con empresas que se benefician de guerras, especialmente aquellas con contratos con el gobierno israelí.

Tras la protesta, el 23 de septiembre, Cornell suspendió a Taal, alegando “conducta cada vez más grave y flagrante y desobediencia a las políticas universitarias”. Se le informó que la suspensión cancelaría su visa F-1 y resultaría en su deportación.

Taal apeló la suspensión, lo que llevó a una campaña estudiantil nacional exigiendo su reincorporación. El 11 de octubre, el rector interino John Siliciano se vio obligado a revocar la suspensión de Taal, permitiéndole permanecer matriculado y conservar su visa. Sin embargo, Taal siguió enfrentando restricciones, incluido un veto de acceso al campus y la suspensión de su enseñanza.

En enero de 2025, Trump firmó órdenes ejecutivas dirigidas a estudiantes internacionales involucrados en activismo pro-palestino, provocando iniciativas de deportación. No se han hecho públicos los nombres de los estudiantes afectados. Estas órdenes buscan infundir miedo e incertidumbre entre los estudiantes internacionales que han participado en manifestaciones en apoyo a Palestina.

Con el anuncio del DOJ el viernes, la administración de Trump está llevando la campaña de calumnias a otro nivel, iniciando una cacería de brujas legal contra estudiantes, profesores, administradores y otros que participaron, apoyaron o permitieron las protestas en los campus de todo el país. Esta nueva campaña atenta directamente contra la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho a la libre expresión y a la asamblea pacífica.

Exponiendo esta cacería de brujas basada en mentiras burdas, el asesor principal Terrell declaró en el comunicado del DOJ:

El presidente, la fiscal general Pamela Bondi y toda la administración están comprometidos con garantizar que nadie se sienta inseguro o no bienvenido en los campus debido a su religión. El mandato del Grupo de Trabajo es aplicar todo el peso del gobierno federal en nuestro esfuerzo por erradicar el antisemitismo, particularmente en las escuelas. Estas visitas son solo uno de los muchos pasos que está tomando esta administración para cumplir con ese compromiso.

La afirmación de que las protestas amenazaban el bienestar de los estudiantes judíos se desmiente por el hecho de que muchos de los manifestantes eran judíos y se oponían al sionismo y a las políticas racistas y de apartheid de los gobiernos de Israel y EE.UU. contra los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Leo Terrell es un abogado afroamericano que presentaba un programa de radio en Los Ángeles (California). Comenzó su carrera jurídica en 1990 y ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de presidente de la Alianza Negro-Coreana, miembro del consejo asesor de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE.UU. y miembro de la Comisión Estatal contra los Delitos de Odio.

Terrell ha sido un destacado comentarista jurídico y político, apareciendo en programas de Fox News, como 'Hannity & Colmes' y 'The O'Reilly Factor'. Inicialmente conocido por sus puntos de vista liberales y su apoyo a los demócratas, sufrió una transformación política y en 2020 apoyó públicamente al presidente Donald Trump, autodenominándose 'Leo 2.0'.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de febrer de 20-25)