Cada día en Estados Unidos, patrullas de migración militarizadas, fuertemente armadas y enmascaradas, usualmente sin órdenes de un juez ni la pretensión de seguir el debido proceso, están capturando a trabajadores, estudiantes, padres y residentes desde hace mucho tiempo del país como parte de la campaña en marcha de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Con el pretexto de combatir el “terrorismo” y las “bandas criminales”, las redadas en curso se dirigen abrumadoramente contra los trabajadores y sus familias, muchos de los cuales han solicitado asilo y completado todos los requisitos legales para buscar residencia en los Estados Unidos.
En los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) informó que arrestó a 66.463 personas y deportó a 65.682. A mediados de mayo, casi 49.000 personas estaban detenidas en centros de detención de inmigrantes, la mayoría de ellos administrados por firmas privadas con fines de lucro, repartidos por todo Estados Unidos.
Para cumplir con una cuota impuesta por la Casa Blanca de 3.000 arrestos por día, establecida por el asesor principal de mentalidad fascista de Trump, Stephen Miller, agentes de inmigración enmascarados aparecen en tribunales, lugares de trabajo y otros espacios públicos para capturar inmigrantes “ilegales”.
Si su “objetivo” no está presente, se alienta a la Gestapo de inmigración a llevar a cabo “arrestos colaterales”, deteniendo a cualquier persona con la que se encuentren y que sospechen que es “ilegal”, independientemente de si esa persona era el objetivo previsto.
En línea con estas directivas, el derechista New York Post, propiedad de News Corp de Rupert Murdoch, informó que “2.200 inmigrantes ilegales” fueron arrestados en un solo día el martes. Esto se produjo después de una conferencia de prensa del director interino de ICE, Todd Lyons, quien se regodeó de que los agentes de inmigración habían detenido a 1.461 personas en Massachusetts solo en mayo como parte de la “Operación Patriota”.
Trump y sus aliados de la clase dominante han afirmado repetidamente que aquellos que son objeto de deportación son la punta de lanza de una fuerza invasora que busca destruir Estados Unidos. Es algo que se desmiente todos los días.
El miércoles, CNN informó que el Gobierno de Trump está reviviendo su notoria política de separación de niños y ya ha tomado a aproximadamente 500 niños bajo la custodia del Gobierno, eliminándolos de los patrocinadores familiares previamente examinados. Durante el primer mandato de Trump, más de 5.500 niños fueron separados de sus padres como una medida cruel e inhumano para disuadir a los inmigrantes y solicitantes de asilo. Para 2024, según Human Rights Watch, más de 1.000 de esos niños aún no se habían reunido con sus familias.
Cada día trae nuevos atropellos. El martes, KTLA en Los Ángeles informó que Martir Gracia Lara, un estudiante de cuarto grado en la Escuela Primaria Torrance, y su padre fueron detenidos y separados por ICE cuando asistían a una audiencia de inmigración en Houston, Texas.
Está creciendo la oposición popular al asalto despiadado del Gobierno de Trump contra los inmigrantes y sus familias. Las manifestaciones contra las políticas del Gobierno son cada vez más frecuentes y militantes, lo que refleja un estado de ánimo de resistencia cada vez más profundo.
En Chicago, el miércoles, más de 100 personas intentaron impedir que los agentes de ICE secuestraran a 12 personas que fueron detenidas mientras se presentaban para una audiencia en la corte de inmigración. La presencia de la multitud provocó el despliegue de docenas de agentes de policía de Chicago en el área. En un momento dado, los manifestantes intentaron bloquear la furgoneta que buscaba hacer desaparecer a los inmigrantes.
El día anterior, en Minneapolis, Minnesota, se desarrolló una escena similar cuando matones del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Agencia de Control de Drogas (DEA) llevaron a cabo una operación federal en Las Cuatro Milpas, un restaurante en East Lake Street que usa el lema “Hagan tacos, no muros”.
La presencia de docenas de agentes fuertemente armados, incluidos equipos tácticos del FBI que portaban rifles M4 con silenciadores, provocó una ira generalizada en la comunidad. La policía de Minneapolis fue enviada para proteger a los agentes federales y arrestó a dos personas por presuntamente agredir a la policía.
Y en San Diego el 30 de mayo, más de 100 residentes salieron a oponerse a una operación de ICE dirigida contra un restaurante italiano local. Los agentes de ICE y HSI recurrieron a granadas explosivas en un intento de dispersar a la multitud, pero en su lugar fueron expulsados por residentes y trabajadores de restaurantes.
Estas protestas demuestran la creciente oposición al Gobierno fascista de Trump y su asalto a los derechos democráticos, cuyo blanco central son las familias inmigrantes.
Esta oposición a Trump debe estar armada con una clara orientación política. La Administración de Trump está tratando de establecer una dictadura política. El mismo régimen que está llevando a cabo deportaciones masivas está criminalizando la oposición al genocidio en Gaza, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para encarcelar y expulsar a disidentes políticos, desafiando las sentencias judiciales y militarizando rápidamente a la sociedad estadounidense.
Lejos de oponerse al asalto de Trump a los inmigrantes, el Partido Demócrata ha allanado el camino y continúa colaborando en su implementación. Fue el demócrata Bill Clinton quien, en la década de 1990, encabezó la militarización de la frontera y la criminalización de los inmigrantes indocumentados. Barack Obama deportó a más personas que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris dijo famosamente a los migrantes en 2021: “No vengan”.
La respuesta de los demócratas al regreso de Trump ha sido una combinación de colaboración y supresión de la oposición. En enero, los demócratas se unieron a los republicanos para aprobar la reaccionaria “Ley Laken Riley”, que ordena la detención de cualquier inmigrante indocumentado acusado incluso de delitos menores como el robo en tiendas. En cuanto al senador “independiente” Bernie Sanders, dijo a ABC News que Trump había “hecho lo correcto” al atacar a los inmigrantes y “asegurarse de que nuestra frontera sea más fuerte”.
En contraste con los demócratas, que están colaborando con el presidente fascista y su asalto a los derechos democráticos, los trabajadores y jóvenes que se resisten a las operaciones de deportación de hoy representan la continuidad histórica de aquellos que, ante un gran riesgo personal y legal, se resistieron a la implementación de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850. Los horrores de la Ley de Esclavos Fugitivos llevaron a millones a concluir que no podían hacerse más concesiones al poder esclavista y que el único recurso era la acción revolucionaria masiva para garantizar la seguridad y los derechos democráticos de todos.
La defensa de los inmigrantes hoy es, en esencia, una cuestión de clase. Los métodos brutales que ahora se utilizan contra los trabajadores indocumentados (redadas, vigilancia, detención indefinida, deportación sin juicio) se utilizarán contra todos aquellos que se oponen a las políticas de la oligarquía corporativa y financiera.
Trump y toda la élite política promueven la venenosa mentira de que los inmigrantes son responsables de la crisis social en los Estados Unidos, una mentira repetida por las élites gobernantes de todos los países, incluso cuando están implementando un asalto histórico a los programas sociales, destinado a financiar obsequios masivos a los ricos y una enorme escalada de la guerra imperialista.
La clase obrera debe rechazar todos los intentos de dividirla en líneas nacionales o étnicas. La lucha para defender a los trabajadores inmigrantes solo puede tener éxito a través de la movilización unida de la clase trabajadora en su conjunto: negros, blancos, nativos, inmigrantes, documentados e indocumentados por igual. Esto significa construir comités de base en cada lugar de trabajo y vecindario para oponerse a las operaciones de deportación y preparar acciones colectivas utilizando el inmenso poder social de la clase trabajadora.
La defensa de los inmigrantes y los derechos democráticos de todos es inseparable de la lucha por la abolición del sistema capitalista. Requiere la construcción de un movimiento socialista de masas comprometido a borrar todas las fronteras, poner fin a la guerra imperialista y garantizar el derecho de todas las personas a vivir y trabajar donde quieran, libres de represión, explotación o miedo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de junio de 2025)