El sábado se inició un frágil alto el fuego entre Tailandia y Camboya tras semanas de intensos combates fronterizos que provocaron el desplazamiento de un gran número de civiles y llevaron a ambos países al borde de una confrontación militar más amplia.

Según los términos anunciados por Bangkok, ambos países respetarán un alto el fuego de 72 horas, tras el cual, si Tailandia considera que la tregua se mantiene, devolverá a los 18 soldados camboyanos capturados durante los enfrentamientos de julio.

Sin embargo, las tropas de ambos bandos siguen desplegadas en posiciones avanzadas y no se ha resuelto ninguna de las disputas territoriales o políticas subyacentes que alimentaron el conflicto.

El alto el fuego se produce en medio de los preparativos para las elecciones generales anticipadas de Tailandia, previstas para el 8 de febrero de 2026, tras la disolución del Parlamento semanas antes. Aunque la tregua ha detenido temporalmente los enfrentamientos a gran escala, es muy probable que se reanuden las hostilidades.

Ayer, el ejército tailandés acusó a Camboya de enviar unos 250 drones al territorio tailandés cerca de la frontera, en lo que podría constituir una violación del alto el fuego.

El primer ministro Anutin Charnvirakul confirmó la aceptación del alto el fuego por parte de Tailandia, al tiempo que hizo hincapié en su carácter condicional y provisional. Insistió en que Tailandia solo había actuado en «represalia» y que reanudaría las operaciones militares si consideraba que su «soberanía» se veía amenazada. «No somos los agresores», declaró Anutin, subrayando que el ejército permanece en estado de máxima alerta y que la tregua depende totalmente de la evaluación que Tailandia haga de las acciones de Camboya.

El alto el fuego ha puesto fin a lo que se había convertido en la escalada más prolongada de combates fronterizos entre ambos países en más de una década. Los enfrentamientos incluyeron intercambios de artillería, ataques aéreos y despliegues de blindados en múltiples secciones de la frontera en disputa. Las cifras de víctimas siguen siendo controvertidas, pero al menos varias docenas de civiles y soldados han muerto en ambos bandos, y muchos más han resultado heridos. Se estima que el número de civiles obligados a huir oscila entre 700 000 y más de un millón de personas, lo que supera con creces la magnitud del conflicto de Preah Vihear de 2008-2011 y ha creado una emergencia humanitaria que sigue sin resolverse a pesar de la tregua.

Las elecciones anticipadas se desencadenaron tras la disolución del Parlamento por parte de Anutin a mediados de diciembre. Su administración ha sido desde el principio un gobierno minoritario e inestable, y el conflicto fronterizo ha agudizado las contradicciones dentro del Parlamento. Las elecciones se habían anunciado inicialmente para marzo, pero la disolución reinició el calendario constitucional, lo que permitió adelantar las elecciones a principios de febrero en las condiciones elegidas por el Estado.

A lo largo de la escalada con Camboya, el ejército tailandés desempeñó un papel central. Las decisiones clave sobre el despliegue de tropas, las operaciones aéreas y las medidas de seguridad se tomaron al margen de los canales parlamentarios. No hubo votaciones que autorizaran la acción militar, ni audiencias públicas sobre las víctimas civiles o los desplazamientos, ni una oposición sostenida que cuestionara los costes o los objetivos.

El presupuesto de defensa de Tailandia, que ya se encuentra entre los más elevados del sudeste asiático, con aproximadamente 5700 millones de dólares anuales, frente a los aproximadamente 1300 millones de dólares de Camboya, se ha complementado con al menos 5000 millones de baht (alrededor de 135 millones de dólares) en gastos discrecionales. Esto se aprobó con un escrutinio mínimo, a pesar de que el gasto social sigue estando muy restringido y las condiciones de vida de amplios sectores de la población se deterioran.

El alto el fuego se anunció sin que se confirmara el papel desempeñado por potencias externas. A pesar de las declaraciones públicas de Donald Trump, ni Tailandia ni Camboya reconocieron a Estados Unidos como mediador de la tregua. En una publicación en Truth Social, Trump declaró que estaba «orgulloso de ayudar», haciéndose eco de anteriores alardes en los que afirmaba ridículamente haber «puesto fin a ocho guerras». Sus anteriores afirmaciones de haber negociado un alto el fuego entre Tailandia y Camboya en octubre se vinieron abajo en cuestión de semanas, al reanudarse los combates, lo que puso de manifiesto la vacuidad de su autopromoción como pacificador mundial.

China tampoco desempeñó ningún papel en la negociación del actual alto el fuego, pero el lunes comenzó a acoger conversaciones diplomáticas con ambos Gobiernos en la provincia de Yunnan. La ausencia de una participación decisiva por parte de Washington o Pekín subraya el carácter inestable y ad hoc del alto el fuego, que refleja los cálculos militares inmediatos de Bangkok y Phnom Penh más que un acuerdo diplomático duradero.

Las elecciones de febrero se celebrarán en medio de una campaña de agitación nacionalista y militarista. Anutin lidera el conservador Partido Bhumjaithai, que se ha convertido en uno de los principales partidarios del ejército y la monarquía.

Bhumjaithai respaldó el golpe militar de 2014 y desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la Constitución de 2017 redactada por la junta, diseñada para aislar a las fuerzas armadas y al palacio de la oposición popular. A través de su dominio del Senado no electo —instaurado mediante un proceso de selección opaco y muy criticado—, el partido ejerce una influencia decisiva sobre la legislación y la selección del primer ministro, independientemente del voto popular.

El Partido Pheu Thai, promovido durante mucho tiempo como una alternativa democrática, es directamente responsable de la crisis actual. Tras las elecciones de 2023, en las que el Partido Move Forward obtuvo la mayor parte de los votos, Pheu Thai se alió con partidos pro-militares para formar un gobierno, bloqueando el mandato popular y legitimando el aparato militar-monárquico. Esta traición allanó el camino para el ascenso de Anutin y confirmó que Pheu Thai es un partido de la clase dominante, comprometido con preservar la estabilidad capitalista por encima de todo.

El Partido del Pueblo, sucesor de Move Forward, también se presenta a las elecciones, tratando de explotar la ira de los jóvenes y los trabajadores que rechazaron el régimen militar y la corrupción en 2023. A pesar de su retórica reformista, el partido se ha alineado con el gobierno en el conflicto fronterizo, respaldando las acciones militares como actos de «autodefensa». Al mismo tiempo, sus propios diputados siguen enfrentándose a la amenaza de inhabilitación o expulsión de por vida del parlamento por defender la reforma de las leyes de lesa majestad, lo que pone de relieve las condiciones profundamente antidemocráticas en las que se celebran las elecciones.

Las elecciones se desarrollan en medio de una crisis social y económica cada vez más profunda. La economía tailandesa, dependiente de las exportaciones —que representan aproximadamente el 65 % del PIB—, se ha visto afectada por la desaceleración mundial y la intensificación de las tensiones comerciales. Sectores manufactureros como la electrónica y la producción automovilística han perdido puestos de trabajo, la deuda de los hogares ha aumentado hasta casi el 90 % del PIB y los salarios reales llevan años estancados. El desempleo juvenil sigue siendo elevado, especialmente entre los titulados universitarios.

El alto el fuego con Camboya no ha alterado el carácter fundamental de la disputa fronteriza. Como han demostrado análisis anteriores, el conflicto no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de la gente común, sino que es un instrumento político utilizado por ambos regímenes para desviar la atención de la austeridad, la represión y el declive económico, mientras maniobran en el marco de la aguda confrontación entre Estados Unidos y China en la región del Indo-Pacífico.

Ninguno de los partidos que se presentan a las elecciones de febrero ofrece una salida para los trabajadores. Todos aceptan el marco capitalista, la autoridad de la monarquía y el dominio de los militares. Todos han respaldado, explícita o implícitamente, el recurso al militarismo. Las elecciones están diseñadas para absorber la oposición social en un proceso parlamentario controlado, mientras continúan los preparativos para intensificar la represión y, si es necesario, suspender por completo las formas democráticas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de diciembre de 2025)