El miércoles, un grupo de denunciantes publicó un memorándum interno emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que autoriza a sus agentes a irrumpir en domicilios utilizando únicamente órdenes «administrativas» internas, lo que viola la Cuarta Enmienda.

La revelación de esta directiva secreta pone de manifiesto hasta qué punto la administración Trump está erigiendo un estado policial e intentando abolir derechos democráticos fundamentales. Estas medidas, que hoy en día se dirigen en gran medida contra los trabajadores inmigrantes y sus familias, están dirigidas en última instancia contra toda la clase trabajadora.

La denuncia de los denunciantes contiene una copia del memorándum interno fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director en funciones del ICE, Todd Lyons. En él se instruye a los agentes del ICE que pueden entrar en residencias privadas, incluso por la fuerza, basándose únicamente en una orden «administrativa» civil, sin el consentimiento de los ocupantes y sin una orden judicial emitida por un juez.

El memorándum circuló discretamente dentro del ICE y solo salió a la luz esta semana cuando dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo presentaron a la organización de denunciantes Whistleblower Aid y al Congreso.

Lyons escribe que, aunque el DHS «históricamente no se ha basado únicamente en órdenes administrativas para detener a extranjeros sujetos a órdenes definitivas de expulsión en su lugar de residencia», la Oficina del Asesor Jurídico del DHS «ha determinado recientemente que la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las normas de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este fin».

En otras palabras, los abogados de la agencia han reescrito los límites y prohibiciones constitucionales sobre los registros y confiscaciones sin orden judicial que figuran en la Cuarta Enmienda para adaptarlos a los requisitos de la campaña fascista de Trump contra los inmigrantes y su deportación.

La directiva especifica además que los agentes, armados únicamente con el formulario I-205, la «orden de expulsión» oficial del ICE, pueden entrar en los hogares «sin consentimiento, incluso por la fuerza necesaria y razonable», siempre que primero llamen a la puerta y se identifiquen.

El memorándum también establece un intervalo de tiempo nominal de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. para ejecutar tales órdenes administrativas, lo que subraya que lo que se está construyendo no es un poder extraordinario o de emergencia, sino una práctica rutinaria de invasiones domiciliarias forzadas.

La Cuarta Enmienda prohíbe «registros e incautaciones irrazonables», y desde hace tiempo se entiende que se requiere una orden de un «magistrado neutral e imparcial» antes de que la policía pueda entrar en una vivienda.

Los materiales de formación del ICE, tan recientes como 2025, reconocían que «una detención domiciliaria sin orden judicial o una excepción al requisito de la orden judicial suele violar la Cuarta Enmienda, independientemente de la causa probable que tenga el agente para detener al sospechoso».

Las órdenes administrativas, como el formulario I-205, están firmadas por funcionarios del DHS y nunca se han reconocido como equivalentes a una orden judicial de registro. Al afirmar que la documentación interna del DHS es un sustituto válido de una orden de un juez federal, la administración Trump ha puesto la autoridad de registro y confiscación bajo el control sin restricciones del poder ejecutivo.

Esto es muy significativo, dado que una característica definitoria de todos los estados policiales es el poder arbitrario del ejecutivo o del dictador que, mediante el control de la policía y las fuerzas de seguridad, opera al margen de las restricciones de la constitución o del sistema judicial.

El lenguaje del memorándum de Lyons es explícito al afirmar el amplio poder de ICE para invadir hogares con solo órdenes administrativas.

Las justificaciones legales de la administración Trump para violar los derechos fundamentales de las personas dentro de los Estados Unidos recuerdan a las de la administración Bush durante la «guerra contra el terrorismo» a principios de la década de 2000. Los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) de Bush justificaron el trato inconstitucional y la tortura de los llamados «combatientes enemigos» mediante intrincadas construcciones jurídicas —elaboradas en los famosos «memorandos sobre tortura»— que redefinían términos clave, negaban protecciones jurídicas fundamentales y afirmaban el poder presidencial sin control para hacerlo en tiempo de guerra.

La administración Obama hizo lo mismo en sus memorandos legales, alegando que el presidente tenía la autoridad intrínseca para ordenar asesinatos con misiles lanzados desde drones en cualquier parte del mundo, incluidos ciudadanos estadounidenses como el clérigo islámico Anwar al-Awlaki, asesinado en 2011 en Yemen.

En su denuncia ante el Congreso, los dos funcionarios anónimos del DHS representados por Whistleblower Aid describen el memorándum y la formación basada en él como «una violación flagrante de la Cuarta Enmienda» y del propio manual de políticas del DHS.

Los denunciantes informan de que «según la información y las creencias, y de acuerdo con el memorándum del 12 de mayo, se ordena a los instructores de los nuevos reclutas del ICE que enseñen que el formulario I-205 permite a los agentes del ICE arrestar a extranjeros en sus domicilios, sin consentimiento para entrar en la residencia y sin orden judicial».

Al mismo tiempo, los denunciantes señalan que el memorándum de Lyons «no se difundió ampliamente dentro del ICE». Solo se permitió a determinados funcionarios revisarlo «en presencia de un supervisor y se les exigió que lo devolvieran después».

Un denunciante informó de que los agentes que aplicaban la política en Texas la justificaban señalando la composición y la oposición de los tribunales federales de esa región a los métodos utilizados en las redadas antiinmigrantes de Trump. La circulación secreta del memorándum pone de manifiesto que Lyons y otros altos funcionarios de Trump son plenamente conscientes de que lo que están ordenando es inconstitucional.

Whistleblower Aid también señala que la divulgación es «especialmente oportuna y relevante, dadas las recientes noticias sobre agentes del ICE que irrumpen en domicilios, incluidos los de ciudadanos estadounidenses, sin orden judicial y expulsan por la fuerza a los residentes».

Los medios de comunicación han descrito incidentes en los que agentes del ICE han utilizado órdenes administrativas como pretexto para forzar la entrada. En Minneapolis, por ejemplo, la directiva ha coincidido con un «aumento espectacular de las detenciones de inmigrantes», ya que Trump ha movilizado a miles de agentes en una campaña de deportación a nivel nacional.

Los defensores de los derechos humanos denuncian casos de agentes que derriban puertas y arrastran a personas fuera de sus hogares ante la mirada aterrada de sus hijos, basándose únicamente en el formulario I-205. Las organizaciones de libertades civiles han documentado casos en Texas y otros estados en los que agentes del ICE se presentaron en domicilios sin órdenes judiciales, se negaron a mostrar documentación significativa más allá de un formulario administrativo y procedieron a entrar de todos modos, deteniendo en algunos casos a ciudadanos estadounidenses junto con no ciudadanos.

Estas operaciones son claramente casos de prueba para un régimen en el que se están normalizando las afirmaciones de los agentes de la Gestapo del ICE de Trump de que pueden entrar en cualquier hogar, basándose en memorandos secretos y «órdenes judiciales» internas redactadas por sus propios funcionarios.

La respuesta del DHS a la divulgación del memorándum ha sido redoblar la doctrina ilegal. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró a varios medios de comunicación que «todos los extranjeros ilegales a los que el DHS ha entregado órdenes administrativas/I-205 han recibido un proceso debido completo y una orden definitiva de expulsión por parte de un juez de inmigración».

McLaughlin también afirmó que «los agentes que emiten estas órdenes administrativas también han encontrado causa probable» y continuó diciendo que «durante décadas, el Tribunal Supremo y el Congreso han reconocido la idoneidad de las órdenes administrativas en los casos de aplicación de la ley de inmigración».

Se trata de argumentos engañosos que dan la vuelta a la Cuarta Enmienda. La cuestión no es si el Gobierno cree que alguien ha infringido la ley, sino si puede entrar violentamente en viviendas privadas sin una orden emitida por un juez independiente.

Los abogados de derechos civiles y los expertos constitucionales han emitido severas advertencias sobre las implicaciones del memorándum revelado. La abogada de inmigración Rosanna Berardi dijo que la política «representa un desafío fundamental a la Cuarta Enmienda y otro capítulo de la Administración Trump ignorando precedentes legales establecidos desde hace mucho tiempo y actuando como el poder legislativo».

Los comentaristas jurídicos han destacado que normalizar las entradas en domicilios sin orden judicial, con solo trámites administrativos internos, erosiona una de las últimas barreras que quedan contra el poder estatal arbitrario. Como señala un análisis, la afirmación de ICE de que las órdenes administrativas permiten a los agentes irrumpir en los domicilios «choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda y da al traste con años de asesoramiento a las comunidades de inmigrantes», lo que ilustra cómo se está utilizando la aplicación de la ley de inmigración para «poner a prueba los límites de los derechos constitucionales de forma más amplia».

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de enero de 2025)