En las últimas 24 horas, la administración Trump se ha visto obligada a realizar una retirada táctica tras la ejecución estatal del enfermero de la UCI Alex Jeffrey Pretti por parte de agentes federales de inmigración en Minneapolis. Sin embargo, esta retirada no supone un abandono de su rumbo autoritario, sino un reajuste. La amenaza de la dictadura sigue tan presente y grave como siempre.

Ante la ola de indignación y protestas públicas, la Casa Blanca ha tratado de retractarse de las mentiras y los ataques más incendiarios lanzados por los altos funcionarios de Trump inmediatamente después del asesinato de Pretti. El lunes, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, no defendió deliberadamente las declaraciones de Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes calificaron a Pretti de «terrorista nacional» que intentó «asesinar» a las fuerzas del orden. En cambio, Leavitt insistió en que «dejaremos que los hechos hablen por sí mismos» y afirmó, en una mentira evidente, que «nadie en la Casa Blanca, incluido el presidente Trump, quiere que haya personas heridas o muertas».

Al mismo tiempo, la administración destituyó al alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, de Minneapolis, cuyas falsas afirmaciones sobre Pretti fueron de las primeras en circular. Según se informa, varios agentes están siendo retirados, y el tono de Trump ha cambiado: de culpar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por «incitar a la violencia», a elogiar una llamada telefónica con él como muestra de que estaban «en la misma onda».

Este cambio no es el resultado de una reconsideración moral o de la presión de los políticos demócratas. Es el resultado de las protestas masivas, la creciente ira popular y un movimiento cada vez mayor en todo el país sobre la necesidad de una huelga general. La Casa Blanca entiende que el asesinato de Alex Pretti, ocurrido solo dos semanas después de la ejecución de Renée Nicole Good en la misma ciudad, ha provocado la crisis política más grave de la segunda presidencia de Trump.

Esta retirada limitada solo subraya cómo el Partido Demócrata ha facilitado la violencia de Trump. Durante el último año, los demócratas y los medios de comunicación presentaron a Trump como una fuerza imparable, afirmando que no se podía hacer nada más que esperar a las próximas elecciones. De hecho, la capacidad de Trump para llevar a cabo una campaña de violencia contra la Constitución ha dependido totalmente de la complicidad, el silencio y la cobardía de los funcionarios demócratas a todos los niveles.

Interpretar esta retirada parcial como una prueba de que la amenaza ha pasado sería un error fatal. La administración no está abandonando sus planes de instaurar una dictadura presidencial. La invocación de la Ley de Insurrección sigue sobre la mesa. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que será un «dictador desde el primer día», y está cumpliendo esa amenaza. No es la primera vez que un déspota arroja a varios subordinados a los lobos, aunque solo sea temporalmente, para reorganizarse, y cualquier cosa que Trump haga un día puede revertirse inmediatamente al día siguiente.

Es sorprendente que, en medio de todos los vítores iniciales de los medios de comunicación alineados con el Partido Demócrata por el supuesto triunfo de la «democracia», no se haya dicho ni una palabra sobre el hecho de que Donald Trump, el artífice de este reinado de terror, siga en el cargo. Nadie ha rendido cuentas. Los asesinos de Alex Pretti siguen sin ser identificados y siguen en libertad. Los instigadores del crimen —sobre todo, el propio Trump, junto con el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el director en funciones del ICE Todd Lyons y el director del FBI Kash Patel— siguen en el poder.

Los principales líderes demócratas se están moviendo rápidamente para difundir la complacencia, calmar la ira popular y presentar la situación como si estuviera bajo control. El lunes, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó de «productiva» su conversación telefónica con Trump. Se trata del mismo Donald Trump al que Walz había descrito con precisión solo 12 días antes como responsable de llevar a cabo «una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota». ¿Qué ha cambiado?

Según Trump, Walz «le llamó» y le dijo que debían «trabajar juntos». En respuesta, Trump se comprometió a enviar al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota y a garantizar la cooperación en la transferencia de «todos y cada uno de los delincuentes» bajo custodia estatal al ICE. Trump declaró que la llamada había sido «muy buena» y afirmó que él y Walz estaban «en la misma onda». El portavoz de Trump dejó claro que el objetivo de la administración sigue siendo la entrega forzosa de todos los inmigrantes indocumentados, con la plena cooperación de la policía estatal y local.

Por su parte, la oficina de Walz se hizo eco del tono cordial. Afirmó que Trump había acordado «trabajar de forma más coordinada en la aplicación de la ley de inmigración con respecto a los delincuentes violentos» y considerar «la reducción del número de agentes federales en Minnesota». La oficina del gobernador incluso afirmó que Trump ayudaría a garantizar «investigaciones independientes» sobre los asesinatos de Alex Pretti y Renée Nicole Good.

Esta declaración es un insulto a la inteligencia del público. Da a entender que el principal instigador de la represión garantizará ahora una investigación adecuada de los delitos que su administración ordenó y defendió.

El consenso dentro de la clase dominante estadounidense sobre la necesidad de intentar acabar con las protestas en Minnesota se expresó en la decisión del Wall Street Journal de publicar una columna de opinión del gobernador de Minnesota, Walz. El periódico ultraderechista, propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, ha criticado la gestión de Trump en materia de inmigración por considerarla innecesariamente provocadora, y ha editorializado que el asesinato de Alex Pretti «exige replantearse la forma de actuar del ICE, especialmente en Minneapolis, donde la tensión va en aumento».

En su columna, aunque repitió algunas críticas a los métodos de Trump, Walz dijo que Minnesota sí está colaborando con ICE al entregar a los inmigrantes presos para que los deporten, y dijo: «Todos quieren que se cumplan nuestras leyes de inmigración».

Lo que más le preocupa al Partido Demócrata no es la dictadura, sino que la clase trabajadora se ponga de lado. Su meta política principal es frenar, desorientar y reprimir cualquier movimiento popular que surja desde abajo. También quieren crear mejores condiciones políticas para aprobar todos los proyectos de ley de financiación y evitar el cierre del Gobierno, con el fin de seguir financiando sin interrupciones a la administración Trump y, en particular, al enorme aparato de agresión imperialista.

 Las protestas del 23 de enero, que reunieron a más de 100.000 personas en las calles de Minnesota, no fueron organizadas por la clase política. Surgieron de la clase trabajadora y de la juventud. La demanda de una huelga general está cobrando impulso. En las escuelas, los hospitales, las fábricas y los almacenes, los trabajadores están discutiendo cómo contraatacar.

Este es el acontecimiento más significativo en la vida política estadounidense. Lo que asusta a la clase dominante no es solo la revelación de un delito. Es el surgimiento de un movimiento masivo de la clase trabajadora que amenaza la dictadura no solo en la forma, sino también en el fondo, es decir, la dictadura del capital.

El movimiento que se ha puesto en marcha no debe detenerse. Las manifestaciones, las huelgas y las movilizaciones deben continuar y profundizarse. Deben avanzar los preparativos para la acción masiva, incluida una huelga general a nivel nacional. Todas las condiciones que llevaron a decenas de miles de personas a las calles siguen vigentes: los asesinatos y redadas del ICE, las detenciones y deportaciones masivas, la escalada de la guerra mundial, el crecimiento del fascismo y, sobre todo, el dominio de la sociedad por parte de una oligarquía financiera incompatible con la democracia.

Este régimen no está retrocediendo. Se está reagrupando. Su agenda sigue siendo la misma: un estado policial en el país, conquistas en el extranjero y la defensa de la riqueza y el poder obscenos mediante la represión y la violencia. La clase trabajadora debe responder con aún mayor determinación y claridad de propósito, mediante la organización, la unidad y la construcción de una dirección socialista revolucionaria.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de enero de 2025)