La semana pasada, una huelga masiva paralizó la educación primaria y secundaria en Cataluña el 11 de febrero, con un porcentaje de participación estimado del 85 por ciento, algo que no se veía en más de 15 años.
Desde primera hora de la mañana, piquetes de profesores bloquearon las principales calles de Barcelona, como Gran Via, Avinguda Meridiana y las dos carreteras de circunvalación de la ciudad, así como una docena de autopistas y carreteras en toda la red vial catalana, provocando grandes congestiones en hora punta, especialmente en la capital.
Las manifestaciones que se celebraron durante todo el día contaron con una gran asistencia. En Barcelona, alcanzaron las 70.000 personas, y si se incluyen las marchas en otras ciudades de Cataluña, el número de manifestantes superó los 100.000. El número total de profesores en la región ronda los 90.000, lo que indica que un número considerable de estudiantes y otros trabajadores catalanes apoyaron a los profesores durante la jornada de lucha.
Este éxito se logró a pesar del intento del gobierno catalán, la Generalitat de Catalunya, de socavar la huelga mediante unos servicios mínimos más altos que en conflictos anteriores. Estas medidas exigían que una de cada tres aulas de primaria permaneciera abierta y que hasta el 50 por ciento del personal de las guarderías siguiera trabajando, garantizando también que en secundaria las escuelas permanecieran abiertas y que se mantuvieran las operaciones básicas.
Los requisitos de servicios mínimos son una táctica habitual utilizada por las administraciones y los empresarios para neutralizar las huelgas. La reacción oficial de los sindicatos se limitó, como de costumbre, a presentar una denuncia legal cuyo fallo llegará meses más tarde.
El fuerte apoyo a la huelga refleja el estado pésimo de la educación en Cataluña. Las demandas de los profesores son numerosas, comenzando con la recuperación de la pérdida del 20 por ciento en el poder adquisitivo sufrida desde los recortes de austeridad impuestos durante la crisis económica de 2008.
Pero el conflicto no se limita a los salarios. El profesorado se queja de aulas masificadas, falta de personal de apoyo, un exceso de tareas burocráticas y horarios sobrecargados. Según el Departamento de Educación del gobierno regional catalán, el 34 por ciento de los estudiantes necesita apoyo educativo especial, ya sea por discapacidades físicas, por ser migrantes o, en muchos casos, simplemente por proceder de familias pobres. El sistema educativo en Cataluña no es capaz de proporcionar ese nivel de apoyo.
Dos profesoras explicaban en elDiario.es que “La sensación es de saturación a todos los niveles ... tú ves que no tienes manos suficientes para atender a las necesidades de clase”. Otra explicaba la sensación de “frustración” que sufren los profesores y que “Con 34 alumnos en clase no llegas.”
El doctor en pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB), Enric Prats, que lleva años recorriendo escuelas e institutos lo explica diciendo que 'Todo se resume en una palabra: cansancio', y que 'el tema del sueldo no es lo más importante, sino que las condiciones en las aulas no son las más adecuadas y falta acompañamiento.'
Prats señalaba que 'La protesta ha ido más allá de los sindicatos' indicando que ha sido la presión desde abajo lo que ha obligado a todos los sindicatos del sector, algo histórico, a convocar esta huelga. La voluntad de lucha de los profesores ha quedado demostrada, pero el plan sindical es no ir mucho más allá,
A raíz de la huelga, el gobierno regional catalán ha presentado lo que considera un primer paso para resolver el conflicto. El miércoles, el Departamento de Educación anunció una propuesta para aumentar el “complemento específico” del profesorado en un 15 por ciento para 2029, equivalente a una subida anual gradual del 3,75 por ciento durante cuatro años.
Los sindicatos se han visto obligados a oponerse a esta exigua concesión. Lorena Martínez, portavoz de UGT, la calificó de “irrisoria” tras “el gran éxito de la huelga del 11F”. El plan se traduciría en un aumento de aproximadamente 1.500 euros anuales para 2029 —unos 125 euros brutos al mes—, elevando el complemento específico de unos 700 euros mensuales a poco más de 800.
Los trabajadores exigen un aumento del 100 por ciento en el complemento, lo que lo elevaría a alrededor de 1.400 euros al mes. Iolanda Segura, portavoz nacional de USTEC, el mayor sindicato educativo de Cataluña, calificó la propuesta de 'inaceptable' y 'una oferta mínima'. Al mismo tiempo, dejó clara la disposición del sindicato a negociar: 'Hacemos la máxima propuesta, pero desde ahí podemos negociar.'
Ester Vila Guillamet, de CCOO, describió la medida del gobierno como 'un primer acercamiento.'
El gobierno ha intentado presentar la oferta como histórica, alegando que es la primera vez en 25 años que inicia negociaciones sobre el complemento específico. Sin embargo, la propuesta está vinculada a nuevas obligaciones contractuales relacionadas con la educación inclusiva y las funciones de orientación, vinculando cualquier aumento salarial a una intensificación y formalización de las cargas de trabajo existentes. Además, el aumento salarial estaría condicionado a la aprobación del presupuesto autonómico.
La propuesta del gobierno catalán contrasta fuertemente con un acuerdo reciente que concede a la Policía Catalana (Mossos d'Esquadra) un aumento anual de 4.000 € en su complemento específico, sin condiciones presupuestarias similares ni retrasos plurianuales.
Esta disparidad se produce en el contexto más amplio del aumento del gasto militar por parte del gobierno central español del PSOE y Sumar, que está destinando miles de millones de euros al rearme y al ejército, incluso mientras se instruye a los trabajadores del sector público a moderar sus demandas. El mensaje es que se pueden encontrar fondos para los instrumentos de represión y guerra, pero no para la educación, la sanidad o los servicios sociales.
El anuncio del gobierno ha provocado una explosión de indignación entre los profesores. En las redes sociales, han comenzado a circular las primeras llamadas a la acción autoorganizada, incluyendo una propuesta para bloquear la autopista AP-7 el 6 de marzo, una de las principales arterias de transporte de Cataluña y una ruta clave para el tráfico de cercanías y mercancías. El debate se intensifica en torno a la semana del 16 al 20 de marzo, con propuestas para huelgas territoriales continuas que culminan en una nueva huelga total en la educación no universitaria el 20 de marzo.
En las próximas semanas, se espera que estas y otras iniciativas se debatan en las asambleas escolares controladas por los sindicatos, donde la provocación del Departamento de Educación seguramente encontrará una fuerte oposición.
La intensificación de la lucha del profesorado está llamada a coincidir con otras huelgas en marzo, incluidas las del personal sanitario del Instituto Catalán de la Salud (ICS), los trabajadores del sector de los servicios sociales y los empleados del Ayuntamiento de Barcelona, lo que apunta a una creciente ola de conflictividad en el sector público catalán.
En toda España, los sindicatos médicos están organizando huelgas rotatorias contra la reforma propuesta por el gobierno del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública. Los médicos argumentan que la reforma implicaría un exceso de jornada laboral, mantendría turnos obligatorios de guardia en condiciones obsoletas y no abordaría la falta crónica de personal ni la erosión salarial.
Los acontecimientos de las últimas semanas dejan claro que los profesores se enfrentan no solo a una administración autonómica intransigente, sino a un establishment político que prioriza la policía, el gasto militar y la austeridad por encima de la educación pública y las necesidades sociales.
Al mismo tiempo, las direcciones sindicales, aunque se ven obligadas a expresar su oposición bajo la presión de las bases, están trabajando para reconducir la lucha hacia negociaciones controladas destinadas a obtener concesiones limitadas por debajo de las demandas del profesorado.
La explosión de indignación ante la oferta del gobierno y el debate sobre una convocatoria de huelga más amplia demuestran que la verdadera fuerza del movimiento reside en las bases. Pero esta fuerza solo puede hacerse efectiva si el profesorado se organiza de forma independiente de los aparatos sindicales que buscan contenerlo.
Se necesitan comités de base, elegidos democráticamente en cada escuela y vinculados entre regiones, para sacar la conducción de la lucha de las manos de las burocracias y ponerla bajo el control directo de los propios profesores. Estos comités deben acercarse a los trabajadores sanitarios, empleados del sector social, personal municipal y otros sectores de la clase trabajadora que están entrando en lucha, forjando un frente unificado entre sectores.
Una lucha exitosa no se ganará mediante negociaciones aisladas, sino mediante una movilización amplia y coordinada de la clase trabajadora, organizada de forma independiente y dirigida a satisfacer las necesidades sociales.
(Artículo publicado originalmente en ingles el de febrero de 2026)