El caso de Rosa María Carranza, una inmigrante de 67 años procedente de El Salvador, pone al descubierto las devastadoras consecuencias humanas del ataque contra los derechos sociales que se está produciendo en Estados Unidos. Su experiencia es una expresión concentrada de una política más amplia dirigida contra cientos de miles de inmigrantes, incluidos aquellos que han vivido y trabajado en el país durante décadas, han pagado impuestos y han cumplido con todos los requisitos legales que se les han impuesto.

Carranza ha pasado más de 30 años en Estados Unidos. Construyó su vida a través de un trabajo socialmente esencial, trabajando como cuidadora y educadora antes de cofundar un preescolar al aire libre de inmersión en español en Oakland. Al igual que millones de trabajadores, cotizó al Seguro Social y a Medicare a lo largo de su vida laboral. Durante 24 años, aportó decenas de miles de dólares a estos programas con la expectativa de recibir prestaciones al jubilarse.

Esa expectativa se ha hecho añicos.

En virtud de la llamada ley “ One Big Beautiful Bill ” (Una Gran y Bonita Ley), ideada por Trump y respaldada por los demócratas, Carranza y otros 100.000 inmigrantes con presencia legal, según las estimaciones, se verán privados del acceso a Medicare, incluso si han contribuido al sistema durante décadas. La ley excluye amplias categorías de inmigrantes, entre ellos los titulares de Estatus de Protección Temporal, los refugiados, los solicitantes de asilo y ciertos titulares de visas. Aquellos que ya están inscritos se enfrentan a la baja, y la cobertura está prevista que termine a principios de 2026.

Para Carranza, las consecuencias son inmediatas y graves. Está entrando en una etapa de la vida en la que el acceso a una atención médica constante es esencial. Padece hipertensión y artritis, afecciones que requieren un tratamiento continuo. Anteriormente, Medicare le permitía acceder a la atención a un costo relativamente bajo. Sin él, se enfrenta a la perspectiva de facturas médicas inasequibles o de renunciar por completo a la atención.

Los profesionales médicos han advertido repetidamente que la exclusión forzada de la cobertura de salud conduce a resultados predecibles. Cuando las personas mayores retrasan el tratamiento, las afecciones leves se agravan hasta convertirse en enfermedades graves y aumenta la dependencia de los servicios de emergencia. La política ni siquiera elimina los costos. Los redistribuye de una forma más destructiva y socialmente perjudicial: la guerra y la represión.

El impacto psicológico es igualmente devastador. Carranza ha descrito su situación como “una completa pesadilla”. La pérdida de la cobertura médica se suma a las inseguridades más amplias que rodean el estatus migratorio, la vivienda y la jubilación. Un error burocrático anterior que le suspendió temporalmente sus prestaciones del Seguro Social la dejó sin poder pagar el alquiler, lo que la obligó a trabajar a cambio de alojamiento. Lo que antes era una interrupción temporal ahora amenaza con convertirse en una condición permanente.

Su experiencia pone de manifiesto una contradicción fundamental. Los trabajadores se ven obligados a contribuir a los programas sociales a lo largo de toda su vida, pero el acceso a dichos programas no está garantizado. Para los inmigrantes, décadas de trabajo y de contribuciones fiscales no ofrecen ninguna protección frente a una exclusión repentina. De hecho, se trata de una forma de expropiación masiva, la confiscación de los fondos que los trabajadores han pagado para su propia supervivencia futura.

La magnitud del ataque es enorme. Se prevé que aproximadamente 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal pierdan la cobertura de seguro médico en virtud de las disposiciones del proyecto de ley, lo que incluye recortes a Medicare, Medicaid y los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, junto con reducciones en la asistencia para vivienda y alimentación.

Estas medidas representan la fase inicial de un ataque más amplio contra toda la clase trabajadora. Por primera vez, el Congreso ha eliminado la elegibilidad para Medicare de un grupo definido de personas con presencia legal que ya han contribuido al sistema. Esto sienta un precedente de gran alcance. Si a un sector de la clase trabajadora se le pueden quitar los beneficios que se ha ganado, el mismo mecanismo se puede aplicar a todos. Lo que comienza con los inmigrantes no terminará con ellos.

De hecho, se espera que hasta 16 millones de estadounidenses de bajos ingresos pierdan la cobertura de salud financiada por el gobierno federal en los próximos dos años, impulsado en gran medida por los nuevos requisitos laborales de Medicaid y las restricciones dirigidas a los inmigrantes.

La justificación oficial es la austeridad fiscal. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que restringir el acceso a Medicare ahorrará 5.100 millones de dólares para 2034, aproximadamente lo que Estados Unidos gasta en el ejército en un solo día. Esto expresa las prioridades de clase y enmascara una transferencia de riqueza de los trabajadores a la élite gobernante.

Los inmigrantes, incluidos los trabajadores indocumentados, contribuyen anualmente con miles de millones a los mismos programas de los que se les excluye. Solo en 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron 6.400 millones de dólares a Medicare y 25.700 millones de dólares a la Seguridad Social. Sin embargo, históricamente no han tenido derecho a estos beneficios. Las nuevas medidas extienden este marco a sectores cada vez más amplios de inmigrantes con presencia legal, lo que agrava lo que equivale a un robo legalizado.

Esto pone al descubierto la afirmación fraudulenta de que los inmigrantes son una carga para los recursos públicos. Son una fuente neta de financiamiento. El verdadero objetivo es la redistribución de los recursos hacia arriba, alejándolos de la clase trabajadora. La privación de prestaciones ya pagadas no es una medida de ahorro de costos, sino una transferencia de riqueza.

A nivel estatal, la situación no ofrece ningún respiro. En California, el gobierno, dominado por el Partido Demócrata, ha congelado la inscripción en ciertos programas de salud para inmigrantes, alegando restricciones presupuestarias. El estado calcula que reemplazar la cobertura federal perdida costaría aproximadamente 1.100 millones de dólares al año, una suma que se niega a destinar.

El presupuesto 2025–26 del gobernador Gavin Newsom incluye recortes de aproximadamente 5 mil millones de dólares en programas sociales vitales, incluido Medi-Cal. Estos recortes afectan de manera desproporcionada a los adultos indocumentados, las personas mayores, las personas con discapacidades y los jóvenes en acogida. Las políticas federales y estatales se refuerzan mutuamente, dejando a las poblaciones vulnerables sin alternativas mientras normalizan el retroceso de los derechos sociales.

La afirmación de que tales medidas son inevitables se desmorona ante un análisis minucioso. La misma legislación que priva de atención médica a las personas mayores inmigrantes destina recursos masivos al ejército y a la represión interna. El «One Big Beautiful Bill» es un paquete de varios billones de dólares que garantiza la financiación continua del Pentágono y de las agencias de control migratorio.

El papel del Partido Demócrata es decisivo. Lejos de oponerse a estas medidas, los principales líderes demócratas negociaron y apoyaron el proyecto de ley, asegurando su aprobación. Sus acciones reflejan los intereses de una clase dominante decidida a preservar su dominio global y a reprimir la oposición social en el país.

El caso de Carranza ilustra el costo humano. Tras décadas de trabajo socialmente necesario, ahora se enfrenta a la vejez sin acceso a la atención médica básica. En términos más generales, la legislación señala un giro hacia el desmantelamiento de la red de seguridad social. Socava el principio de que el trabajo da derecho a los trabajadores a los derechos sociales. En cambio, el acceso a los servicios esenciales está cada vez más condicionado a cálculos políticos que favorecen a los ricos.

Las implicaciones se extienden mucho más allá de las comunidades de inmigrantes. El ataque en curso establece los mecanismos para un recorte generalizado de los beneficios sociales. Los programas financiados con los salarios de los trabajadores pueden ser retirados a voluntad.

La experiencia de Carranza resume estas dinámicas. El significado más amplio es claro. Un sistema que niega la atención médica básica a los trabajadores de la tercera edad que han contribuido a él durante décadas se organiza en torno a la transferencia sistemática de riqueza de los trabajadores a la élite gobernante. El ataque a las personas mayores inmigrantes es una advertencia de lo que está por venir.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de abril de 2026)