Los datos más recientes de Gallup y la Kaiser Family Foundation (KFF) ofrecen un panorama estadístico devastador de las condiciones sociales en Estados Unidos. Las cifras revelan una sociedad en la que decenas de millones de personas se ven obligadas a sacrificar necesidades básicas, renunciar a tratamientos médicos y contraer deudas abrumadoras para sobrevivir.

La encuesta de Gallup revela que el 33 por ciento de los estadounidenses, aproximadamente 82 millones de personas, han recortado gastos esenciales como alimentos, servicios públicos y transporte para pagar la atención médica en 2025. Entre las personas sin seguro médico, la cifra asciende al 62 por ciento, pero incluso entre quienes tienen cobertura, casi 3 de cada 10 reportan sacrificios similares.

Entre las personas sin seguro médico, el 32 por ciento pidió dinero prestado para pagar la atención médica y el 24 por ciento retrasó o prolongó el uso de medicamentos. Casi uno de cada diez estadounidenses (alrededor del 9 por ciento) declaró haber pospuesto su jubilación debido a los gastos de atención médica, mientras que el doble retrasó un cambio de trabajo.

La presión financiera se extiende mucho más allá de los grupos de bajos ingresos. Alrededor del 25 por ciento de los hogares con ingresos de entre US$90.000 y US$120.000, e incluso el 11 por ciento de aquellos con ingresos de US$240.000 o más, declararon haber reducido sus gastos para poder costear la atención médica. La atención médica se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas, y más del 60 por ciento de los estadounidenses expresan una gran preocupación por los costos y el acceso a la misma.

Los datos de KFF refuerzan esta tendencia: el 44 por ciento de los adultos declara tener dificultades para costear la atención médica, mientras que el 36 por ciento afirma haber retrasado u omitido tratamientos necesarios debido al costo. El 82 por ciento de los adultos sin seguro médico declara tener dificultades para costear la atención médica, en comparación con el 42 por ciento de quienes sí tienen seguro.

Un tercio de los adultos reporta racionamiento de medicamentos por motivos económicos, incluyendo saltarse dosis o no surtir las recetas. Un porcentaje similar afirma haber pospuesto u omitido atención médica necesaria debido al costo durante el último año. Mientras tanto, el 41 por ciento de la población tiene deudas médicas o dentales, y casi una cuarta parte no puede pagar sus facturas.

La vulnerabilidad financiera es generalizada: aproximadamente la mitad de los adultos no puede cubrir un gasto médico inesperado de US$500 sin endeudarse. Los costos de la atención médica se han convertido en una de las principales fuentes de ansiedad, y cerca de dos tercios de los estadounidenses expresan seria preocupación por su capacidad para costear la atención médica, lo que agrava aún más los problemas de salud mental.

Estas estadísticas tienen una profunda relevancia política. El acceso a la atención médica en Estados Unidos, una de las necesidades más básicas de la sociedad, no depende de la necesidad médica, sino de los ingresos, la situación laboral y la cobertura de seguro. Y tener seguro médico no garantiza el acceso a la atención médica. La mayoría de los pacientes asegurados se enfrenta cada vez más a primas, deducibles y gastos de bolsillo crecientes que hacen que la cobertura formal sea prácticamente inútil. El resultado es un sistema de racionamiento de facto, reforzado por los límites financieros impuestos a los hogares de la clase trabajadora.

Esta situación es producto de décadas de políticas bipartidistas, llevadas a cabo tanto por demócratas como por republicanos, con el objetivo de desmantelar los logros sociales alcanzados a través de generaciones de lucha de clases. Los programas establecidos tras la Gran Depresión y ampliados en la posguerra se han erosionado sistemáticamente. El principio rector ha sido el mismo: subordinar la atención médica y otras necesidades sociales a las exigencias de lucro de la élite financiera y empresarial.

La expansión de la privatización y la desregulación ha sido fundamental en este proceso. Los programas públicos se han vaciado o transformado en instrumentos para el lucro privado, mientras que las restricciones regulatorias sobre las aseguradoras, las compañías farmacéuticas y los sistemas hospitalarios se han debilitado.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, diseñada y promulgada durante la administración Obama, no fue una reforma progresista; por el contrario, afianzó el papel de los seguros privados y, sobre todo, se basó en la propiedad privada de las compañías de seguros de salud, las farmacéuticas y las grandes cadenas de atención médica. El resultado es la crisis actual, en la que una cobertura mínima coexiste con una incapacidad generalizada para acceder a la atención médica.

Bajo el mandato de Donald Trump, estas tendencias arraigadas han adquirido una forma especialmente agresiva y reaccionaria. Las políticas de su administración para 2025-2026 representan un ataque directo contra los sectores más vulnerables de la población, al tiempo que incrementan los fondos para la guerra en el extranjero y la represión en el país.

Fundamental para esto es la llamada Ley “One Big Beautiful Bill” (Una Grande y Hermosa Ley), que impone requisitos laborales obligatorios para Medicaid de 80 horas mensuales e introduce verificaciones mensuales de elegibilidad, al tiempo que recorta US$900 mil millones del fondo. Estas medidas no buscan promover el empleo, sino crear barreras burocráticas que privan a millones de personas de cobertura mediante trámites engorrosos y una gestión administrativa excesiva.

El impacto ya es evidente. La expiración de los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (introducidos en 2021 mediante leyes de ayuda por la pandemia) ha disparado los costos de los seguros, haciendo que la cobertura sea aún más inaccesible para las familias de bajos ingresos.

Al mismo tiempo, las nuevas restricciones a la elegibilidad para Medicaid y CHIP para inmigrantes han excluido de la atención médica a amplios sectores de residentes legales. Los frecuentes requisitos de verificación de ingresos han generado un sistema de “rotación de cobertura”, en el que las personas elegibles pierden su seguro debido a pequeñas discrepancias o retrasos en la presentación de informes.

El objetivo esencial de estas políticas es reducir el gasto federal privando a las personas de atención médica. El costo humano, medido en enfermedades no tratadas, muertes evitables y creciente pobreza, se considera irrelevante. Lo que importa es la reasignación de recursos para servir a los intereses del capital financiero, incluyendo recortes de impuestos y un mayor gasto militar.

La responsabilidad de esta crisis no recae únicamente en los republicanos. El Partido Demócrata ha facilitado sistemáticamente y, en muchos casos, iniciado ataques similares.

Durante la administración Clinton, el “Giro hacia la Atención Administrada” integró la eficiencia impulsada por el mercado en las redes de seguridad social públicas. Esta era se caracterizó por la expansión de las HMO privadas dentro de Medicare y las reformas de bienestar social de 1996, que desvincularon Medicaid de la asistencia monetaria e introdujeron obstáculos administrativos que redujeron la inscripción.

La administración Obama impulsó aún más esta trayectoria con el “Mandato del Mercado Privado” de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Al rechazar una “opción pública” en favor de un mandato individual, la ACA obligó a los ciudadanos a adquirir productos privados, utilizando de hecho la autoridad federal para garantizar una base de clientes para la industria de seguros. Además, el crecimiento de los planes Medicare Advantage, que utilizan fondos federales para financiar planes Medicare privados bajo ambas administraciones, representa una forma de “privatización encubierta”.

En estados como California, bajo el mandato de Gavin Newsom, los presupuestos de austeridad han recortado aproximadamente US$5 mil millones en programas esenciales, afectando particularmente a aquellos que atienden a inmigrantes y comunidades de bajos ingresos.

El efecto combinado de estas políticas es un sistema de salud que funciona como un mecanismo de control social y extracción económica. Los trabajadores se ven obligados a permanecer en empleos que de otro modo abandonarían por temor a perder su seguro médico. Las familias se endeudan o se ven forzadas a elegir entre la atención médica y otras necesidades básicas. El sistema opera no para promover la salud, sino para mantener la rentabilidad de las compañías de seguros, las farmacéuticas y las redes hospitalarias corporativas.

Es significativo que las condiciones objetivas reflejadas en estas estadísticas estén generando una creciente oposición. En todo Estados Unidos, los trabajadores de la salud, la educación, la logística y otros sectores han participado en huelgas y protestas contra la austeridad, el deterioro del nivel de vida y la erosión de los derechos fundamentales. Tan solo en los últimos meses, millones de personas han emprendido acciones colectivas, expresando una creciente indignación que trasciende las quejas individuales y afecta al orden social en general.

Este movimiento emergente refleja una contradicción fundamental. Por un lado, la capacidad productiva de la sociedad ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que permite garantizar una atención médica de alta calidad para todos. Por otro lado, el sistema capitalista subordina esta capacidad al beneficio privado, generando escasez e inseguridad.

No existe solución dentro del marco político actual, ya que ambos partidos defienden el lucro y el dominio corporativo. Las crecientes luchas sociales evidencian la necesidad de un movimiento obrero independiente que transforme el sistema, establezca un sistema de salud pública universal y abola el control corporativo. Mientras millones de personas ya sacrifican sus necesidades básicas, las condiciones empeorarán, planteando una disyuntiva crucial entre la continua desigualdad o un movimiento socialista de masas para reorganizar la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de abril de 2026)