La palabra 'corrupción' ya no describe adecuadamente lo que está ocurriendo en Washington. La administración Trump está imponiendo un principio —una versión moderna del ' l'état, c'est moi '— mediante el cual el presidente reclama el derecho a dispensar dinero público, inmunidad y favores como un jefe mafioso repartiendo sobres. El 'Fondo Contra la Instrumentalización' revela la esencia del régimen Trump: la fusión de una oligarquía mafiosa con el aparato del Estado.

El fondo —aprobado por la Casa Blanca de Trump y el Departamento de Justicia de Trump en negociaciones llevadas a cabo entre Trump y su exabogado personal Todd Blanche, el fiscal general en funciones— constituye una usurpación presidencial de la autoridad del Congreso sin precedentes en la historia estadounidense.

Trump acordó retirar su fraudulenta demanda de 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por supuesta negligencia en la filtración de sus declaraciones de impuestos al New York Times. A cambio, Blanche —quien recibe órdenes de Trump y espera eliminar el 'en funciones' de su título— acordó reservar 1.776 millones de dólares de fondos del gobierno de los Estados Unidos para pagar compensaciones a personas que afirmen haber sido investigadas o procesadas injustamente por la administración del demócrata Joe Biden.

El establecimiento del 'Fondo Contra la Instrumentalización' mediante acciones del poder ejecutivo por sí solo constituye una violación directa y descarada de la Constitución de los Estados Unidos. El Artículo I, que establece al Congreso como la rama principal del gobierno, declara: 'Ningún dinero será extraído del Tesoro, salvo en consecuencia de Apropiaciones establecidas por Ley', otorgando así el poder de gasto al Congreso, no al presidente.

Un segundo elemento del acuerdo Trump-Blanche es un anexo de una sola página, publicado por el Departamento de Justicia el miércoles, que, en el estilo de letras mayúsculas que Trump favorece en sus incesantes publicaciones en redes sociales, 'EXONERA, RENUNCIA, ABSUELVE Y LIBERA PARA SIEMPRE' a Trump, a sus hijos y a sus entidades comerciales de reclamaciones que 'hayan sido o pudieran haber sido formuladas' por fiscales federales u 'otras agencias o departamentos'. Esto incluiría la supresión de todas las investigaciones en curso de sus declaraciones de impuestos, que se han convertido en un símbolo del engaño y fraude.

Este anexo llega casi dos años después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en su infame fallo en el caso Trump vs. Estados Unidos, determinara que Trump —y por extensión cualquier presidente— era inmune a ser procesado por cualquier acción que tomara, por más criminal que fuera, en el ejercicio de sus poderes como jefe del poder ejecutivo.

En efecto, Trump ha recibido inmunidad tanto por sus acciones públicas como por sus acciones privadas.

La magistrada Sonia Sotomayor escribió en su disidencia de 2024: '¿Ordena a los SEAL de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe de Estado militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune'.

Para hacer eco a la jueza disidente: ¿Falsifica sus declaraciones de impuestos? Inmune. ¿Enriquece a sus hijos con jugosos contratos gubernamentales? Inmune. ¿Recompensa a matones fascistas por su violento ataque al Capitolio de los Estados Unidos? Inmune. Inmune, inmune, inmune.

Trump ha sido declarado por encima de la ley: primero por los magistrados elegidos a dedo en la Corte Suprema; ahora por su fiscal general en funciones elegido a dedo y por un Departamento de Justicia que es un nido de conspiradores fascistas.

Muchos de los atacantes del 6 de enero se declararon culpables a cambio de penas reducidas. Todos ellos han sido posteriormente indultados por Trump o han tenido sus condenas conmutadas. Ninguno se encuentra actualmente en prisión, salvo aquellos que desde entonces han sido arrestados por otros delitos, que van desde agresión hasta abuso de menores. Ahora se espera que inunden el Departamento de Justicia con solicitudes de compensaciones de seis e incluso siete cifras.

La estructura de gestión del fondo hace transparente su propósito corrupto. Está administrado por un comité de cinco miembros designados por el fiscal general de Trump, cuyos miembros pueden ser removidos por Trump. Un quórum de solo tres —lo que significa que las decisiones pueden ser tomadas por dos leales designados por Trump— puede autorizar desembolsos. No hay elaboración pública de normas, no hay una clase definida de reclamantes elegibles, no hay revisión judicial ni derecho de apelación. El fondo solo es auditable 'a discreción del fiscal general' —es decir, si Trump lo ordena.

La cobertura mediática del 'Fondo Contra la Instrumentalización' se ha centrado casi en su totalidad en la lista cada vez más larga de operadores políticos republicanos, abogados y funcionarios electos que buscaron interrumpir y luego revertir las elecciones de 2020, y que ahora pueden reclamar pagos por los servicios prestados.

La fijación mediática en los presuntos 'pagos' a operadores y abogados republicanos evade deliberadamente la realidad social subyacente: el gansterismo descarado del régimen Trump expresa la fisonomía social de la propia oligarquía capitalista. Se trata de una capa gobernante que ha acumulado una riqueza descomunal, no mediante el trabajo productivo, sino a través de la especulación y el parasitismo, aplicados mediante el poder del Estado en el país y la violencia imperialista en el exterior.

Esto también está inextricablemente vinculado a la conspiración dictatorial. Trump está utilizando dinero público para recompensar y financiar a sus seguidores fascistas más devotos, quienes ya han demostrado su disposición a usar la violencia a su servicio. Les está proporcionando los recursos para reclutar y construir una milicia fascista —el equivalente estadounidense de las Camisas Pardas de Hitler—, para usarla contra sus opositores políticos.

Tales fuerzas serán desplegadas contra la clase trabajadora y la juventud, contra los cientos de miles de trabajadores que ya se encuentran en huelga para defender sus empleos y condiciones de vida, contra los millones que han marchado en las protestas “Sin Reyes”, contra los opositores a la guerra en Irán, al genocidio israelí en Gaza y a la embestida de los matones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra las familias inmigrantes que viven en EE.UU.

Hay señales crecientes de que tales ataques llegarán antes de lo esperado. Trump purga implacablemente toda oposición dentro del Partido Republicano para poder utilizar su actual estrecha mayoría en el Congreso para imponer políticas ampliamente rechazadas por el pueblo estadounidense: agresión militar en el exterior, recortes a los beneficios sociales, ataques a los inmigrantes y la manipulación o supresión directa de las elecciones de mitad de término.

El problema más profundo es que Trump actúa con la confianza de quien sabe que todas las instituciones han sido comprometidas. La presidencia reclama poderes ilimitados; el Congreso ha quedado reducido a un espectáculo de impotencia; la Corte Suprema ha emitido doctrinas de inmunidad que colocan al ejecutivo por encima de la ley. Trump siente que puede hacer cualquier cosa porque el propio Estado ha sido vaciado por décadas de dominación oligárquica y ahora está siendo transformado abiertamente en un instrumento de dictadura personal.

El Partido Demócrata no tomará ninguna medida seria contra este asalto a los vestigios de la democracia estadounidense. Los principales demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, que aparecieron en una conferencia de prensa el jueves, criticaron el fondo reservado puramente como una cuestión de corrupción, evitando cualquier sugerencia de que la población estadounidense debería movilizarse contra el aspirante a presidente-dictador. En cambio, repitieron el trillado argumento de que una victoria demócrata en las elecciones de mitad de período les daría el poder para hacer a Trump rendir cuentas.

Esto es un fraude político. En comparación con lo que está ocurriendo ahora, los asuntos por los que Nixon fue obligado a abandonar el cargo parecen casi triviales. Y sin embargo, los demócratas no actuarán contra Trump, no porque les falten evidencias, sino porque temen las consecuencias de movilizar a la oposición popular más de lo que temen la dictadura en sí.

Los demócratas pretenden criticar a Trump por el impacto económico de sus políticas en la 'asequibilidad' —una palabra de moda para referirse al devastador deterioro de los niveles de vida de la clase trabajadora—. Pero no proponen ninguna alternativa, porque representan a la clase de oligarcas multimillonarios, directores ejecutivos y banqueros. Su oposición real a Trump se centra en la política exterior, acusándolo de descuidar los intereses globales del imperialismo estadounidense al abandonar la guerra contra Rusia en Ucrania, o de malgastar activos militares de los Estados Unidos en Oriente Próximo que deberían utilizarse en cambio contra China.

La remoción de Trump no es una cuestión de restablecer 'normas' ni de apelar a instituciones que ya han sido corrompidas y subordinadas al dominio oligárquico. Es una necesidad política planteada por la incompatibilidad objetiva de la dictadura con los intereses de la clase trabajadora y la supervivencia de los derechos democráticos. La única fuerza capaz de detener la caída del capitalismo estadounidense hacia la guerra, el empobrecimiento masivo y la dictadura es la clase trabajadora, movilizada de manera independiente contra el sistema político en su totalidad y la oligarquía capitalista a la que sirve.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de mayo de 2026)