En el último mes, casi 25.000 migrantes han huido de Sudáfrica en medio de una ola de violencia xenófoba y pogromos. Miles más han dormido frente a consulados, oficinas gubernamentales y puestos fronterizos con la desesperada esperanza de ser repatriados.

Gobiernos de todo el continente africano, incluyendo Malaui, Zimbabue, Mozambique, Nigeria, Kenia y Ghana, han organizado convoyes de autobuses y vuelos de emergencia para evacuar a sus ciudadanos de un país ahora afectado por la mayor movilización xenófoba desde los pogromos de 2008, en los que murieron 62 personas en todo el país.

El desencadenante inmediato fue una 'fecha límite' autoproclamada del 30 de junio, fijada por el grupo fascista antiinmigrante March and March, que ordenaba a los migrantes indocumentados abandonar el país o enfrentarse a la violencia. Ese día, 20 grupos de extrema derecha, encabezados por March and March y el grupo de justicieros Operation Dudula, organizaron 120 protestas en todo el país.

La líder de March and March, la exlocutora de radio de Durban Jacinta Ngobese-Zuma, anunció el día como el lanzamiento de 'una marcha nacional hacia la libertad, una acción masiva continua' que seguiría hasta que todos los extranjeros indocumentados fueran deportados.

Las manifestaciones no contaron con un amplio apoyo popular. Sin embargo, en Johannesburgo, varios miles de manifestantes, armados con palos y portando banderas, paralizaron el centro de la ciudad, mientras los comercios cerraban sus puertas y el transporte público era suspendido. En Ciudad del Cabo, en cambio, apenas un centenar de manifestantes acudió a la marcha y pasó junto a una contramanifestación contra la xenofobia.

En Durban, epicentro de la movilización, miles de manifestantes salieron vestidos con la indumentaria completa de guerreros zulúes—los regimientos amabutho con pieles de leopardo, portando lanzas, escudos y látigos—coreando 'Abahambe', 'Deben irse', mientras avanzaban por las calles deteniéndose frente a edificios que se creía albergaban migrantes indocumentados y ordenando a los ocupantes que se marcharan.

La campaña xenófoba ha provocado al menos cuatro muertes desde que se intensificaron las protestas, entre ellas la de un migrante que cayó desde el octavo piso de un edificio en Durban tras creer que había sido identificado como objetivo de los atacantes. Esto siguió a semanas de ataques que se remontan a marzo, incluyendo la quema de decenas de chabolas en un asentamiento informal cerca de Mossel Bay, en el Cabo Occidental, en el que el gobierno de Mozambique informó de la muerte de cinco de sus ciudadanos.

Los grupos promotores de los pogromos actúan como la punta de lanza extraparlamentaria de las políticas antiinmigración del Gobierno de Unidad Nacional de diez partidos encabezado por el Congreso Nacional Africano (ANC). Las organizaciones fascistas de justicieros traducen este programa en amenazas directas en barrios obreros.

El partido más estrechamente vinculado a la violencia es el Partido de la Libertad Inkatha (IFP), de base zulú, que, por medio de su líder, Velenkosini Hlabisa, se ha comprometido a colaborar con todos los departamentos del Gobierno para devolver a los migrantes a sus respectivos países, de modo que los empleos ocupados por ciudadanos extranjeros queden disponibles para los sudafricanos.

La Alianza Patriótica de extrema derecha, cuyo líder Gayton McKenzie forma parte del gabinete de Ramaphosa como ministro de Deportes, ha construido toda su identidad política sobre demandas de deportación masiva. McKenzie intentó distanciar a los miembros de su propio partido de la movilización del 30 de junio, instruyéndoles formalmente en un discurso retransmitido en directo a no agredir a niños ni extranjeros indocumentados, afirmando días después que negaría el oxígeno médico a un inmigrante indocumentado si un paciente sudafricano lo necesitaba.

Aunque el ANC repudia públicamente sus métodos, trata las demandas de los promotores de los pogromos como legítimas y cumple su objetivo esencial mediante la maquinaria de la policía, el control de la inmigración y la represión.

En conjunto, trabajan para desviar la ira de los sudafricanos empobrecidos por el sistema capitalista y dirigirla hacia la búsqueda de chivos expiatorios entre los migrantes.

En mayo, el presidente Cyril Ramaphosa publicó una carta abierta insistiendo en que 'no hay lugar en Sudáfrica para la xenofobia'. Atribuyó la violencia a 'oportunistas' que explotaban 'las reivindicaciones legítimas, especialmente los de los pobres, bajo el falso pretexto de 'activismo comunitario'.' Sin embargo, en un discurso dirigido a la nación el 7 de junio, afirmó que “muchos sudafricanos están planteando preguntas difíciles, pero legítimas” sobre la migración, al tiempo que presentó un “Enfoque Integral para la Gestión de la Migración”, que incluye la intensificación de las inspecciones en los centros de trabajo, el procesamiento judicial de los empresarios que contraten a trabajadores indocumentados, la ampliación y militarización de la Autoridad de Gestión Fronteriza, que solo en el último año ha interceptado a más de 450.000 migrantes indocumentados, la creación de tribunales especializados en inmigración para acelerar las deportaciones y la contratación de 10.000 nuevos inspectores de trabajo.

La convergencia entre la política del Gobierno y las exigencias de los grupos de justicieros quedó demostrada inmediatamente después de las protestas de la extrema derecha. En una rueda de prensa policial el 1 de julio, la policía informó de más de 900 detenciones en todo el país, incluyendo aproximadamente 300 migrantes indocumentados por violar la Ley de Inmigración.

Así, incluso cuando la policía se vio obligada a intervenir contra los manifestantes más violentos, cumplió una demanda central de los manifestantes: la detención en masa de migrantes indocumentados.

El Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) también ha intentado posicionarse contra la campaña xenófoba. El mes pasado, emitió un comunicado en el que describía el desempleo y la desigualdad como “problemas reales y reivindicaciones legítimas”, insistiendo en que los migrantes no eran responsables de ellos. Sin embargo, COSATU ha hecho suyo el reaccionario programa de “los sudafricanos primero”.

En mayo de 2025, la federación acogió con satisfacción la aprobación por parte del Gabinete de la Política Nacional de Migración Laboral y el Proyecto de Ley de Enmienda de Servicios de Empleo, que propuso facultar al ministro de Trabajo para imponer límites al empleo de trabajadores extranjeros documentados según el lugar de trabajo y el sector económico. El coordinador parlamentario de COSATU, Matthew Parks, describió las medidas como una respuesta largamente esperada a la 'oleada de mano de obra migrante indocumentada' y que los sudafricanos desempleados con las habilidades necesarias deberían ser 'priorizados' para los empleos disponibles.

El estalinista Partido Comunista Sudafricano (SACP) tiene una responsabilidad política particular como aliado durante mucho tiempo del ANC y, de facto, una facción del propio ANC. En un comunicado de octubre, el SACP condenó la vigilancia antimigrante, pero luego afirmó que la frustración de la clase trabajadora se veía agravada por la 'creciente inseguridad, una policía inadecuada y prácticas deficientes de gestión fronteriza', que habían 'provocado un aumento de personas indocumentadas'. Exigió al Departamento de Asuntos Internos 'implementar urgentemente un programa integral para documentar y capturar los datos biométricos de todos los sudafricanos y no sudafricanos indocumentados'.

El papel del ANC, el SACP y el COSATU debe mentenderse en su contexto histórico. La violencia actual no es una erupción espontánea de prejuicio popular como afirman los medios. Es la expresión organizada de una política xenófoba cultivada durante casi tres décadas por la clase dominante sudafricana, encabezada por el Congreso Nacional Africano (ANC), con el objetivo de desviar la inmensa ira social generada por el dominio capitalista hacia los sectores más vulnerables de la clase trabajadora.

El acuerdo negociado entre el ANC y el régimen supremacista blanco desmanteló el marco legal racista del apartheid en 1994, preservando al mismo tiempo las relaciones de propiedad y la estructura de clases subyacentes sobre las que se apoyaba. El SACP y el COSATU, vinculados al ANC a través de la Alianza Tripartita, funcionaron como sus indispensables pilares políticos y sindicales, subordinando a la clase trabajadora al nuevo orden capitalista y suprimiendo cualquier lucha independiente contra él.

Tras llegar al poder prometiendo empleo, vivienda, tierra y dignidad, el Congreso Nacional Africano (ANC) impuso el programa procapitalista de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR), junto con políticas de privatización y austeridad fiscal. Sus políticas de Black Economic Empowerment (BEE, Empoderamiento Económico de la Población Negra) enriquecieron a una reducida capa de empresarios negros con conexiones políticas, sin hacer nada por modificar el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad heredados del apartheid. El resultado es un desastre social. La tasa oficial de desempleo se sitúa en el 32,7 %, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha alcanzado el 60,9 %, y el 10 % más rico de la población concentra aproximadamente el 85 % de la riqueza de los hogares.

Es sobre esta base que la xenofobia se ha fomentado sistemáticamente.

Los Economic Freedom Fighters (EFF, Luchadores por la Libertad Económica), una escisión del ANC, no ofrecen alternativa política. Su líder, Julius Malema, se ha opuesto a los ataques contra migrantes y ha denunciado lo que él llama 'Afrofobia', subrayando que el problema de la campaña es que se dirige a los migrantes africanos negros mientras excluye a extranjeros blancos, indios, árabes y chinos. Esto sustituye la solidaridad de clase por la solidaridad racial y deja intacto el marco nacionalista que enfrenta a los trabajadores entre sí.

Malema ha defendido repetidamente la premisa nacionalista que subyace a la campaña xenófoba. En un mitin de los EFF en Seshego, Limpopo, en agosto de 2025, declaró que a los zimbabuenses se les debería asignar empleo 'en sus municipios de Harare y otras zonas', mientras que a los sudafricanos se les debería dar 'primera preferencia' para el empleo en sus propios municipios.

Tres años antes, en enero de 2022, Julius Malema y los Economic Freedom Fighters (EFF) organizaron inspecciones en los restaurantes del Mall of Africa, en Johannesburgo, para examinar lo que calificaron como 'la proporción de empleo entre ciudadanos sudafricanos y ciudadanos extranjeros”. Estos métodos inspiraron las tácticas de los grupos de justicieros que posteriormente adoptaron Operation Dudula y March and March, consistentes en realizar redadas en centros de trabajo e impedir que los migrantes accedieran a las escuelas y a los hospitales.

Mucho antes de que el ANC asumiera el poder, y antes del establecimiento formal del apartheid, la clase dirigente sudafricana se apoyaba en divisiones raciales y nacionales para preservar el dominio capitalista. La Ley de Tierras Nativas de 1913 restringió el acceso africano a la tierra y consolidó la segregación territorial y el control laboral. La Revuelta del Rand de 1922 fue seguida por la consolidación de la barrera racial en la industria minera. En 1946, la mayor huelga de mineros africanos hasta ese momento fue brutalmente reprimida por la violencia policial, allanando el camino para la formalización del apartheid por parte del Partido Nacional después de 1948.

En cada uno de estos puntos de inflexión, la clase dominante respondió al peligro de un movimiento unificado de la clase trabajadora profundizando los antagonismos raciales y nacionales. Los pogromos de los últimos dos meses son una continuación de esta estrategia de clase.

El camino a seguir reside en la movilización política independiente tanto de los trabajadores sudafricanos como de los migrantes contra el sistema capitalista, el aparato estatal de represión y todos los partidos que los defienden. Solo un movimiento socialista e internacionalista, que una a los trabajadores por encima de las divisiones nacionales, raciales y étnicas en una lucha común por empleos dignos, vivienda, atención sanitaria e igualdad social, puede poner fin de una vez por todas al ciclo de violencia xenófoba.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de julio de 226)