El gobierno alemán está avanzando rápidamente en la construcción de un estado policial y de vigilancia. En el centro de todo esto se encuentran el llamado “Paquete de Seguridad 2.0” y la enmienda a la Ley Federal de Policía. Ambos amplían considerablemente los poderes de las autoridades de seguridad y están dirigidos contra la gran mayoría de la población.

El “Paquete de Seguridad 2.0” fue aprobado por el gabinete federal a finales de abril de 2026. Este paquete agrupa tres proyectos de ley interrelacionados para fortalecer las «facultades de investigación digital» y autoriza a la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA, similar al FBI de Estados Unidos) y a la Policía Federal (encargada principalmente del control fronterizo, la seguridad aeroportuaria y la vigilancia ferroviaria) a realizar análisis automatizados de datos, comparaciones biométricas en Internet y la «prueba y capacitación» de sistemas de inteligencia artificial. Con este fin, se están modificando la Ley de la BKA y la Ley de la Policía Federal.

El nuevo artículo 98e del Código de Procedimiento Penal (StPO) permite a las autoridades investigativas interconectar las bases de datos policiales existentes y buscarlas automáticamente para detectar conexiones. El Colegio Federal de Abogados criticó que esto permitiría crear perfiles de movimiento y de personalidad de gran alcance.

El nuevo artículo también permite que los datos biométricos, como las fotografías de procesos penales, se comparen automáticamente con imágenes de dominio público disponibles en Internet, lo que permite determinar el paradero de una persona en poco tiempo. El software de análisis en cuestión podría incluir el controvertido sistema Gotham de la empresa estadounidense Palantir, que ya utilizan las fuerzas policiales estatales de Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Württemberg.

Palantir fue cofundada por Peter Thiel, un extremista de derecha estadounidense y partidario de JD Vance. La empresa nunca ha ocultado su hostilidad hacia la democracia y, por ello, es objeto de críticas masivas por parte del público. Los críticos suponen que, según el proyecto de ley, los datos utilizados para la comparación biométrica también podrían transmitirse a proveedores privados y al extranjero. Esto sentaría las bases para una vigilancia masiva de toda la población.

En varias ciudades ya se está implementando la videovigilancia asistida por inteligencia artificial. En Fráncfort del Meno se ha puesto en marcha un proyecto piloto de reconocimiento facial biométrico en tiempo real; en Mannheim y Heidelberg, la policía utiliza análisis de video inteligente; en Hamburgo, se está implementando; y en Berlín, la Ley General de Seguridad y Orden se endureció en consecuencia a finales de 2025.

El paquete aún no se ha aprobado definitivamente. Tras la decisión del gabinete, el Bundesrat (cámara alta del parlamento) no presentó ninguna objeción el 12 de junio, por lo que se da por segura la decisión final en el Bundestag (cámara baja del parlamento) después del receso de verano. Las organizaciones de derechos civiles advierten, con razón, sobre los «instrumentos de vigilancia masiva» y consideran que el paquete es inconstitucional, dejando así en claro la magnitud de las medidas.

La “modernización de la Ley de la Policía Federal”, aprobada por el Bundestag el 10 de julio, también debe verse en este contexto. Con los votos de los partidos gobernantes, los Demócratas Cristianos (CDU/CSU) y los Socialdemócratas (SPD), se ampliaron drásticamente las facultades policiales.

En el futuro, la Policía Federal podrá detener y registrar a cualquier persona sin causa específica en zonas donde están prohibidas las armas y los cuchillos —especialmente en las estaciones de tren—. Se podrán utilizar drones para vigilancia y reconocimiento, y en las zonas fronterizas se implementarán de manera generalizada escáneres de matrículas de vehículos. El enfoque de las autoridades de seguridad en este caso se centra sobre todo en los refugiados. Ahora se puede solicitar la detención previa a la deportación directamente ante el tribunal competente, sin pasar por las autoridades locales de inmigración. El objetivo es la deportación más rápida y despiadada de los refugiados.

Para localizar a personas, la Policía Federal utilizará en el futuro con mayor frecuencia los “SMS silenciosos” y los llamados “IMSI-catchers”. Mientras que un SMS silencioso obliga a un celular a revelar su ubicación sin que el usuario se dé cuenta, un IMSI-catcher simula una antena de celular y capta los datos de todos los smartphones que se encuentran al alcance de una torre celular determinada. De esta manera, miles de usuarios quedan automáticamente bajo vigilancia. Al analizar material de video, en el futuro se podrán utilizar sistemas de reconocimiento biométrico en tiempo real para identificar a «personas buscadas» en estaciones de tren y aeropuertos.

Es particularmente controvertida la llamada “vigilancia preventiva de las telecomunicaciones”, que incluye la denominada vigilancia de las telecomunicaciones en origen (Quellen-TKÜ) y la videovigilancia biométrica. Con el pretexto de combatir a los “traficantes de personas” y a los supuestos “extremistas”, se permite a la policía introducir software espía en los teléfonos celulares para interceptar mensajes encriptados en el dispositivo, como los de WhatsApp. Para ello, las autoridades de seguridad aprovechan vulnerabilidades de seguridad conocidas para instalar los llamados “troyanos estatales”. Oficialmente, las búsquedas en línea seguirán estando excluidas, lo cual es una completa farsa. Una vez que el troyano está en el sistema, tiene acceso a todas las contraseñas y datos.

La enmienda a la Ley de Policía Federal amplía aún más los poderes policiales. De todos modos, las leyes policiales de los estados federados ya son fundamentalmente incompatibles con la legislación vigente y la Constitución. La Corte Suprema está analizando actualmente si la Ley de Policía de Baviera es constitucional. En virtud de esa ley, la policía ya puede imponer restricciones de gran alcance a los derechos fundamentales en caso de un “peligro inminente”. En la práctica, esto coloca a todos bajo sospecha general. La policía puede, prácticamente sin restricciones, intervenir en los derechos fundamentales en cualquier momento, incluso sin una sospecha específica, y mucho menos sin que se haya cometido un delito real. Mediante controles de identidad, observación, videovigilancia y el monitoreo de las comunicaciones electrónicas y telefónicas, se puede investigar a una persona para determinar si podría representar una amenaza concreta. Además, la policía bávara puede, por orden judicial, someter a personas a “detención preventiva” por hasta dos meses con el fin de prevenir delitos o incluso infracciones administrativas. La demanda constitucional también se dirige contra la posibilidad de que la policía utilice explosivos como granadas de mano, incluso si ello pone en peligro a transeúntes.

Este año ya se han aprobado varias leyes que restringen los derechos democráticos y permiten a las autoridades de seguridad operar prácticamente sin restricciones. La ley sobre el fortalecimiento de la ciberseguridad, aprobada en mayo, otorga a la BKA y a la Policía Federal nuevas facultades para la “ciberseguridad”. A la BKA incluso se le permite lanzar contraataques activos (“hack backs”) e infiltrarse en los sistemas digitales del presunto atacante. Esto conlleva el peligro de que se mantengan deliberadamente abiertas las vulnerabilidades de seguridad. Y, por último, una ley sobre la «reducción de la burocracia» en la cartera del Ministerio del Interior, aprobada por el Bundestag en mayo y por el Bundesrat en junio, reduce las barreras para el uso de la vigilancia de las telecomunicaciones. Hasta ahora, solo el jefe de departamento de la BKA podía solicitar tales medidas; en el futuro, prácticamente cualquier empleado podrá hacerlo.

Estos ataques masivos contra los derechos democráticos fundamentales coinciden con el vasto programa de rearme de Alemania y la escalada de la guerra contra Rusia. Para financiar ambos, se están aplicando recortes draconianos en salud, asistencia social, pensiones y educación. Al mismo tiempo, se están destruyendo empleos a gran escala en las fábricas, lo que obliga a cientos de miles de personas al desempleo. La oposición popular a esto está creciendo. La única respuesta del gobierno y de los partidos del establishment ante esto es la restricción de los derechos democráticos fundamentales y la criminalización de cualquier oposición.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2026)