Al menos 99 personas murieron el jueves y el viernes durante los desesperados intentos de decenas de miles de personas por cruzar a nado desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África. Más de 60.000 alcanzaron su destino en un período de 24 horas, durante el cual fueron recibidas con una violencia brutal por parte del ejército español y una campaña concertada para forzar su regreso al empobrecido Marruecos. El establishment político y los medios de comunicación de toda Europa estallaron en furiosas denuncias contra los “invasores”, repitiendo consignas de la extrema derecha sobre la “amenaza híbrida” que representarían los migrantes al atacar Europa.

El detonante de la incursión masiva parece haber sido un fallo del Tribunal Supremo español que prohibía a las autoridades deportar de inmediato a los refugiados si eran interceptados en el mar mientras intentaban llegar a territorio español. Pero el gobierno español, encabezado por el Partido Socialista, no tiene más paciencia para estas sutilezas legales que los gobiernos de extrema derecha encabezados por figuras como Meloni en Italia o Trump en EE.UU. Haciendo eco de la propaganda interesada de Trump de que Europa estaba sufriendo una “invasión”, el primer ministro español, Pedro Sánchez, denunció que los migrantes habían lanzado un “ataque contra la integridad territorial de España” y desplegó al ejército en Ceuta.

Sánchez utilizó exactamente el mismo lenguaje en junio de 2022, cuando su gobierno supervisó una sangrienta masacre de 37 refugiados, perpetrada por la Guardia Civil española y la gendarmería marroquí en la frontera con Melilla, el segundo enclave español en el norte de África. Su gobierno, que en el momento de la masacre de 2022 incluía a la pseudoizquierda de Podemos, ha sido parte integral de la resurrección, por parte de la élite gobernante europea, de una violencia organizada por el Estado contra los migrantes, no vista en Europa desde las dictaduras fascistas de las décadas de 1930 y 1940. Sumar, que se escindió de Podemos para continuar en el poder después de que este último abandonara el gobierno de Sánchez en diciembre de 2023, se sumó a la agitación antiinmigrante culpando a Marruecos de haber permitido la entrada de los migrantes a Ceuta, y enviando una carta a la ONU exigiendo que investigara la implicación marroquí.

En coordinación con la policía, los soldados reunieron rápidamente a los migrantes en Ceuta y los enviaron de vuelta a Marruecos, de modo que para el domingo, los funcionarios del gobierno pudieron afirmar que prácticamente todos habían sido devueltos, sin siquiera una audiencia legal. Un hombre declaró al programa noticioso alemán Tagesschau que incluso se le prohibió entrar a un supermercado a comprar alimentos, porque las autoridades decidieron arbitrariamente establecer controles de pasaporte en la entrada.

La cruel brutalidad exhibida hacia personas desesperadas que buscan huir de la miseria social y económica y de la persecución política es el resultado de la política de “Fortaleza Europa” aplicada por todos los gobiernos del continente, ya sean partidos conservadores, socialdemócratas o de la pseudoizquierda. La Unión Europea ha abolido de hecho el derecho de asilo para quienes buscan entrar al continente, al construir fronteras exteriores patrulladas por guardias fuertemente armados, de las que incluso el fascista Trump se sentiría orgulloso. Como consecuencia, más de 32.000 refugiados y migrantes han sido registrados como muertos o desaparecidos al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa desde 2014, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos.

Apenas días antes del asalto a Ceuta, más de 140 migrantes de África Occidental fueron hallados muertos en un bote frente a la costa de Mauritania, en un incidente espantoso que apenas fue reportado por los medios europeos. La embarcación zarpó desde Guinea, a más de 2.000 kilómetros de España, pero se quedó sin combustible ni alimentos para los pasajeros en el trayecto. Las agotadoras rutas a través del Atlántico han ganado popularidad desde que España y la UE cerraron la opción de llegar al continente a través de las Islas Canarias.

La extrema derecha europea se ha aprovechado de los sucesos en Ceuta para intensificar la propaganda fascista antiinmigrante, mientras el establishment político de todo el continente hace un esfuerzo especial por integrar aún más estas narrativas al discurso dominante. La primera ministra italiana, la admiradora de Mussolini, Giorgia Meloni, anunció la suspensión del Acuerdo de Schengen con España durante un mes, lo cual detiene los viajes sin pasaporte entre ambos países.

Los gobiernos de 22 de los 27 Estados miembros de la UE exigieron, en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión de emergencia de ministros del Interior para el martes.

La carta adoptó el tono de una fuerza militar preparándose para la guerra. Se refería, en términos histéricos, a “amenazas híbridas para crear la percepción de que la entrada ilegal a la Unión Europea es posible”, y afirmaba que el estado actual de las cosas “alentaría nuevos intentos, socavaría la confianza en nuestra política migratoria común y tendría repercusiones para todos los Estados miembros”.

El canciller conservador alemán, Friedrich Merz, cuyo gobierno aplica hacia los refugiados políticas propugnadas por la ultraderechista Alternativa para Alemania, exigió que Marruecos “recupere de inmediato a los migrantes ilegales”. La danesa Mette Frederiksen, socialdemócrata que gobierna con el respaldo del expartido estalinista Partido Popular Socialista y de la pseudoizquierdista Alianza Roji-Verde, instó a sus colegas a “considerar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, aun cuando Ceuta y Melilla no forman parte del espacio Schengen.

Sánchez respondió culpando a los “traficantes de personas” por los sucesos en Ceuta. Pero lo cierto es que las escenas de desesperación en el norte de África solo pueden ocurrir porque la UE ha bloqueado todas las rutas legales de entrada al continente. Los verdaderos criminales están sentados en las oficinas gubernamentales de Bruselas, Berlín, París, Roma y Madrid, porque su desprecio por los derechos democráticos básicos, y su financiamiento de regímenes autoritarios en África para mantener alejados a los migrantes, crean la miseria social que obliga a la gente a tomar medidas desesperadas. Sus políticas no son mejores que las del fascista Trump, cuyos matones del ICE acechan las calles de las ciudades estadounidenses para capturar inmigrantes, tengan o no derecho legal a permanecer en EE.UU., y utilizan rutinariamente fuerza letal contra sus víctimas.

Tanto la guardia costera libia como la sanguinaria dictadura militar de Egipto reciben miles de millones en fondos de la UE para llevar a cabo lo que eufemísticamente se denomina “retornos” de migrantes que buscan llegar a Europa. Este proceso incluye la creación de instalaciones al estilo de campos de concentración, donde se han expuesto torturas y condiciones de esclavitud, así como “vertederos del desierto”, donde los matones pagados por la UE simplemente abandonan a grupos de migrantes hambrientos en el desierto del Sáhara. Según un informe de Amnistía Internacional, Egipto llegó incluso a devolver a unas 800 personas a Sudán durante un período de tres meses, entre enero y marzo de 2024, en medio de la guerra civil que asolaba ese país.

De esta manera, el imperialismo europeo trabaja para fortalecer “socios” en África, con quienes sus bancos, corporaciones y oligarcas financieros pueden intensificar el brutal saqueo neocolonial del continente. El dictador egipcio Abdelfatah al-Sisi, quien llegó al poder en un golpe de Estado en 2013, durante el cual masacró a miles de opositores políticos, disfruta regularmente del trato de alfombra roja en Berlín y otras capitales europeas. A cambio, El Cairo ha concluido contratos altamente rentables para las grandes empresas capitalistas europeas, que mantendrán el flujo de efectivo hacia los bolsillos de sus adinerados accionistas, como el contrato por 8.100 millones de dólares firmado con Siemens para construir una red ferroviaria de alta velocidad de 2.000 kilómetros, y otro acuerdo de 8.000 millones de dólares para construir tres plantas de energía a gas natural y parques eólicos.

Más al sur, la UE está decidida a tomar la delantera mediante acuerdos con la República Democrática del Congo, Zambia, Angola y otros países, para abrir la explotación del cobalto y otros minerales críticos necesarios para su transición hacia la “energía limpia”. Su objetivo es asegurar que sea el imperialismo europeo, y no sus rivales de EE.UU. o China, quien se lleve la mayor parte de los recursos para las industrias clave del “crecimiento” capitalista, como la producción de vehículos eléctricos, la energía renovable, los centros de datos de IA y la manufactura de alta tecnología de equipos digitales. Los trabajadores que laboran en las minas, las plantas de procesamiento, el transporte y otros sectores de estos países, entre los más pobres del mundo, no tienen derechos y ganan una miseria. El salario promedio en la RDC, por ejemplo, asciende a 142 dólares al mes, y muchos millones viven con mucho menos.

En sus propios países, la demonización de los refugiados y los inmigrantes por parte de las potencias europeas sirve para desviar la ira popular de los verdaderos culpables de la profundización de la crisis social y económica que enfrentan millones de trabajadores. La vida social en Europa no está bajo “ataque” de inmigrantes “invasores”, sino de una oligarquía financiera que exige un poder sin control para acumular riqueza y librar guerras de agresión con el fin de capturar recursos naturales, mano de obra barata, mercados e influencia geoestratégica, ya sea contra Rusia en Ucrania o contra Irán en Oriente Próximo.

La oligarquía europea dicta los feroces programas de austeridad que los gobiernos de todos los países europeos están implementando para financiar el rearme, la guerra imperialista y su propio enriquecimiento, mediante el desmantelamiento de los servicios públicos y la imposición de recortes de empleo. Para imponer esta agenda, la clase dominante debe cultivar fuerzas de extrema derecha y abiertamente fascistas para intimidar a la amplia oposición popular.

La oposición a la guerra, la austeridad y la persecución de inmigrantes y refugiados solo puede ser dirigida por la clase obrera. Es la única fuerza social capaz de garantizar el derecho de todos a vivir y trabajar en el país de su elección, con plenos derechos democráticos. Los trabajadores de toda Europa deben acudir en defensa de todos los inmigrantes, quienes no pocas veces se encuentran entre los sectores más explotados de la clase obrera.

Esta lucha debe dirigirse tanto contra los partidos de la derecha y la extrema derecha, como contra los de la “izquierda” oficial, todos los cuales defienden al capitalismo europeo y su feroz persecución de inmigrantes y refugiados. Para llevar adelante esta lucha, los trabajadores de toda Europa deben movilizarse sobre la base de un programa socialista e internacionalista. Cumplir esta tarea exige la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en todo el continente, para proporcionar la dirección revolucionaria necesaria.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de agosto de 2026).