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Perspectiva

Los brotes de enfermedades se multiplican, mientras Trump y Kennedy libran una guerra contra la ciencia

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre vacunas, mientras Jayme Franklin, a la izquierda, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., observan, el lunes 10 de agosto de 2026, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. [Foto AP/Jacquelyn Martin] [AP Photo/Jacquelyn Martin]

Estados Unidos atraviesa el colapso más amplio de la salud pública en la historia moderna. El mayor brote de ciclosporiasis jamás registrado ha enfermado a decenas de miles de personas en 47 estados; el sarampión ha regresado a niveles no vistos desde 1991; múltiples brotes de salmonela avanzan ahora a través del suministro alimentario; y la pandemia de COVID-19 se encuentra al inicio de su decimotercera oleada de infección masiva. Esto forma parte de un colapso mundial, con el ébola arrasando el este del Congo, donde el número de muertos ya supera los 2.000 y va camino a convertirse en el peor de la historia de la enfermedad.

Cada una de estas crisis ha sido producida o profundizada por la administración Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quienes han vaciado las agencias que detectan enfermedades, destruido los programas que antes las contenían en el exterior, y colocado el repudio a la ciencia en el centro de la política gubernamental. Lo que aparenta ser una serie de emergencias separadas es, en realidad, una única catástrofe en expansión, de causas y consecuencias globales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron el martes que ya se han confirmado en laboratorio 13.895 casos de ciclosporiasis contraídos en Estados Unidos desde el 1 de mayo, con 740 hospitalizaciones y dos muertes en 47 estados, Washington D.C. y Puerto Rico, y otras 10.455 casos a la espera de confirmación. Míchigan, que normalmente registra unos 50 casos al año, ha contabilizado la asombrosa cifra de 12.485. Estas cifras son solo la punta del iceberg. El parásito Cyclospora no es detectado por los paneles estándar de heces, y muchos laboratorios no realizan la prueba, por lo que los casos contabilizados son solo los de los pacientes más graves con acceso a las pruebas. El saldo real es, sin duda, decenas de miles mayor.

Dos brotes de salmonela han sido lo bastante grandes como para provocar advertencias públicas del CDC. Los jalapeños cultivados en Sinaloa, México, han enfermado a 345 personas en 27 estados, en focos rastreados hasta restaurantes de Chipotle y Qdoba, mientras que huevos de Midwest Poultry Services han infectado a 98 personas en 17 estados, forzando el retiro de 1,5 millones de docenas de huevos. El gigante agroindustrial Taylor Farms, cuya lechuga iceberg es el principal responsable conocido del brote de ciclosporiasis, retiró 20 productos de jalapeños el 9 de agosto.

En una entrevista surrealista con CNBC el martes, el comisionado interino de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Kyle Diamantas, declaró que Estados Unidos cuenta con “el suministro alimentario más seguro del mundo”, y que los estadounidenses deberían sentirse confiados al comer productos frescos. Esta mentira orwelliana se emitió en medio de tres brotes en expansión, cuatro días después de un segundo retiro de productos de Taylor Farms, y en nombre de una agencia que este año ha examinado solo cinco de los más de 168.000 envíos de la empresa desde México.

El parásito Cyclospora completa su ciclo de vida únicamente en el intestino humano, y solo llega a una bolsa de ensalada a través de heces humanas, principalmente por agua de riego y de lavado contaminada. Las condiciones que produjeron este brote, que ningún medio corporativo se ha molestado en investigar, son las impuestas a los trabajadores agrícolas en México y Centroamérica, y a la fuerza laboral mayoritariamente inmigrante en California, Arizona y Florida. Con el fin de maximizar las ganancias, a estos trabajadores se les niega rutinariamente agua limpia, baños en funcionamiento, lavado de manos y licencia paga por enfermedad; y son alojados sobre sistemas sépticos en falla, con el riego pasando junto a letrinas, creando las condiciones para que los parásitos ingresen al suministro alimentario.

El sarampión, mientras tanto, ha alcanzado 2.371 casos en Estados Unidos, la cifra más alta desde 1991, y el país va camino a perder su estatus de eliminación en noviembre. En enero, Ralph Abraham, entonces director adjunto principal de los CDC, calificó esto de “simplemente el costo de hacer negocios”. El brote estadounidense es un frente de un resurgimiento mundial del sarampión. Bangladés ha registrado más de 120.000 casos sospechosos y casi 800 muertes desde marzo, en su inmensa mayoría niños, mientras que India ha registrado 26.607 casos y México, 12.495.

Del otro lado del Atlántico, una catástrofe de otro orden se está desarrollando en la República Democrática del Congo. Las autoridades informaron el miércoles que ya hay 4.566 casos confirmados de ébola y 2.128 muertes, un aumento de 117 casos y 67 muertes en un solo día. Casi la mitad de los infectados con ébola muere, tras días de vómitos, diarrea con sangre y hemorragias. Los fallecidos siguen siendo infecciosos, por lo que se prohíbe a las familias enterrar a los suyos. Ya es la segunda peor epidemia de ébola jamás registrada y la peor en la historia congoleña. Va camino a superar al brote de África Occidental que mató a más de 11.000 personas entre 2014 y 2016.

La secuenciación genómica ha establecido que la transmisión del ébola comenzó en febrero, tres meses antes de que se declarara el brote. Esa falla en la detección fue fabricada por la administración Trump en Washington. Aproximadamente el 83 por ciento de los programas de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) fueron terminados en 2025, y la agencia fue disuelta, junto con el proyecto STOP Spillover, de 100 millones de dólares, que monitoreaba las fiebres hemorrágicas en siete países. Una evaluación estima que, solo en el último año, estos recortes han causado 762.000 muertes, más de 500.000 de ellas de niños.

Al acecho detrás de estas crisis se encuentra la panzootia de gripe aviar H5N1, la más grande jamás registrada. Históricamente, el H5N1 tiene una tasa de letalidad del 50 por ciento entre los humanos. Presente ya en todos los continentes, ha infectado a 68 especies de mamíferos, con transmisión sostenida entre mamíferos en granjas peleteras europeas, mamíferos marinos sudamericanos y hatos lecheros estadounidenses. Más de 1.166 hatos lecheros de EE.UU. en 19 estados han sido infectados desde marzo de 2024, y 200 millones de aves de corral han sido sacrificadas desde 2022. En julio de 2025, el CDC puso fin a su reporte dedicado sobre el virus, integrándolo en las actualizaciones rutinarias de la gripe, limitando aún más la detección del H5N1. Estudios de laboratorio han mostrado que apenas cinco mutaciones bastarían para hacer que el H5N1 se transmita por el aire entre mamíferos, y las cepas que ya circulan portan algunas de ellas.

La crisis climática, cada vez peor, está acelerando este resurgimiento mundial de las enfermedades infecciosas y el riesgo de futuras pandemias. Julio fue el mes más caluroso en los 132 años de registros estadounidenses, con temperaturas oceánicas las más altas jamás medidas para ese mes. El calentamiento extiende los rangos por los que viaja el H5N1 y las temporadas en que madura la Cyclospora, y se proyecta que impulsará miles de nuevos contagios virales de animales a humanos, incluso mientras los gobiernos destruyen la capacidad para detectarlos.

El origen del actual colapso de la salud pública es la respuesta de la clase dominante ante la pandemia de COVID-19, que el World Socialist Web Site caracterizó como un “evento detonante en la historia mundial”. La pandemia ya ha matado a aproximadamente 1,5 millones de personas en Estados Unidos y a 30 millones en todo el mundo, y ha dejado a un estimado de 400 millones de personas en el mundo con COVID prolongado. Tras meses de calma, la transmisión vuelve a aumentar, rastreada mediante la vigilancia de aguas residuales que el gobierno ha pasado años desfinanciando. Según el Pandemic Mitigation Collaborative, aproximadamente 315.000 estadounidenses contraen COVID-19 cada día, un aumento del 50 por ciento en el último mes.

Tras normalizar la muerte y el debilitamiento masivos, la clase dominante está decidida a destruir los propios fundamentos de la ciencia moderna y la salud pública. El 10 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva que redujo de 18 a 11 las enfermedades contra las cuales se recomienda vacunar a todos los niños, basada en la mentira desmentida desde hace mucho de que las vacunas causan autismo. A su lado estaba Kennedy, quien durante mucho tiempo se ha lucrado promoviendo la desinformación antivacunas, y Jay Bhattacharya, coautor de la Declaración de Great Barrington, donde exigía infecciones masivas deliberadas al inicio de la pandemia de COVID-19.

La semana pasada, un comité del Senado remitió a Anthony Fauci para su procesamiento penal, en una cacería de brujas contra la ciencia orquestada por el fascista republicano Rand Paul. Esto sigue a la inhabilitación de Peter Daszak y a la acusación de David Morens, epidemiólogo de 78 años que enfrenta la posibilidad de morir en prisión por canalizar correos electrónicos a través de una cuenta personal.

La guerra contra la ciencia y la salud pública es el resurgimiento moderno de la política nazi de Gleichschaltung, o “sincronización”, que subvirtió la libertad académica, expulsó a los científicos judíos de las universidades y subordinó la vida intelectual alemana al Estado, destruyendo las concepciones centrales de la Ilustración y el materialismo filosófico. Trump exige el mismo alineamiento forzado, con Kennedy sirviendo como su principal ejecutor.

Si bien Trump y Kennedy libran esta guerra con la mayor ferocidad, esta los precede y cuenta con apoyo bipartidista. La ley de seguridad alimentaria de 2011 que firmó Obama contenía un requisito de trazabilidad que nunca entró en vigor, y su presupuesto de 2013 eliminó el Programa de Datos Microbiológicos, el único esfuerzo federal que analizaba productos agrícolas en busca de patógenos. Biden declaró terminada la pandemia en septiembre de 2022, en un momento en que todavía morían 400 estadounidenses al día por COVID-19, y la mayoría de las muertes por COVID-19 ocurrieron bajo su gobierno. Los demócratas no resistieron la destrucción de la salud pública. La continuaron, y prepararon el terreno sobre el cual hoy construyen Trump y Kennedy.

No hay ninguna facción de la clase dominante a la que pueda confiársele la defensa de la salud pública. Estos patógenos viajan a través de cadenas de suministro y rutas migratorias que abarcan el planeta entero. Lo que se requiere es la planificación consciente de la economía mundial: la expropiación de los monopolios agroindustriales, de procesamiento de alimentos y farmacéuticos, y su integración en un sistema de producción y distribución coordinado globalmente, bajo el control democrático de la clase obrera.

El conocimiento y los recursos para detener estos brotes ya existen. Se despilfarran porque la producción está organizada para la ganancia privada, en lugar de ser planificada para las necesidades humanas. La defensa de la ciencia y de la vida humana es inseparable de la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13/08/2026).

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