Publicamos aquí el informe presentado por Eric London al Noveno Congreso del Partido Socialista por la Igualdad (EE.UU.). El Congreso se celebró del 2 al 7 de agosto de 2026. Este informe introdujo la tercera resolución, “Por la defensa de los inmigrantes y la abolición de la Gestapo de inmigración”, que fue adoptada por unanimidad.

Durante los primeros 18 meses de su segundo mandato, la administración Trump ha continuado sus esfuerzos por establecer un régimen autoritario utilizando la inmigración como instrumento para desmantelar los derechos democráticos de toda la población. El objetivo de un poderoso sector de la clase dominante estadounidense al llevar adelante esta estrategia es abolir la Constitución y los derechos democráticos conquistados mediante la Revolución estadounidense y la Guerra Civil.

A través de esta iniciativa política, el gobierno federal ha declarado la guerra a la población. Consideremos la magnitud de la dislocación de la vida social de la clase obrera. Decenas de miles de agentes de ICE y CBP operan actualmente como una fuerza paramilitar extralegal dentro del Estado. En ciudades y pueblos de todo el país están arrestando actualmente a 3.000 personas por día. Esto significa que cada día casi 3.000 familias, 3.000 lugares de trabajo y 3.000 aulas se ven directamente afectados por la represión. En una noche cualquiera, aproximadamente 66.000 personas se encuentran detenidas en cientos de campos de internamiento, y en total medio millón de personas han estado detenidas por ICE desde que Trump asumió el poder.

Según ProPublica, 200.000 niños han tenido a su madre o padre detenido por ICE durante los últimos 18 meses, y 145.000 de estos niños son ciudadanos estadounidenses. Según la Brookings Institution, el 64 por ciento de los directores de escuelas secundarias afirman que algunas familias inmigrantes están retirando a sus hijos de las escuelas como consecuencia de las redadas migratorias. Y según el Marshall Project, más de 6.200 niños han sido ellos mismos detenidos por ICE desde que Trump llegó al poder en el tristemente célebre campo de internamiento de Dilley, Texas.

Desde el punto de vista legal, mediante esta campaña históricamente sin precedentes contra los derechos de la población, la administración Trump está trabajando para establecer un estado de excepción. Ha llevado al Poder Ejecutivo mucho más allá de los límites exteriores de su autoridad legal. Ha invocado varias leyes de emergencia que se encuentran en el centro de las herramientas históricas de autopreservación de la burguesía estadounidense, leyes como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y la Ley Smith. Ha amenazado con establecer la ley marcial invocando la Ley de Insurrección. Ha desplegado tropas en importantes ciudades como Los Ángeles, Washington D.C. y Minneapolis. Ha vuelto el lenguaje y las herramientas legales de la guerra contra el terrorismo contra la población interna, el llamado “enemigo interno”, asesinando a ciudadanos estadounidenses y condenando a jóvenes manifestantes a cadena perpetua por expresar su oposición a las condiciones de detención en el campo de concentración de Prairieland, Texas. Ha atacado descaradamente el principio de separación de poderes violando órdenes de tribunales federales que declaraban inconstitucionales sus políticas. Sus más altos funcionarios discutieron la suspensión del habeas corpus, concluyendo que todavía no era el momento adecuado.

Lo que quedaba de la “democracia” estadounidense se está desmoronando en tiempo real. Ninguna institución del establishment político está deteniendo a Trump. Trump ha sido ayudado e instigado por un Congreso dominado por insurrectos. Cualquier oposición existente entre los tribunales de distrito queda esencialmente anulada por una Corte Suprema comprometida, que estuvo a un voto de sancionar el intento de Trump de anular la Decimocuarta Enmienda mediante un decreto presidencial.

¿Cómo podría esperarse que alguna institución del Estado capitalista —algún partido político burgués— se opusiera a Trump, cuando todos y cada uno de ellos son responsables no solo de su ascenso político sino también, de manera muy directa, de haber perfeccionado los instrumentos legales y operativos que Trump y sus asesores fascistas utilizan ahora con toda premeditación y rapidez contra la población interna?

Durante 30 años, desde la administración Clinton y siguiendo una línea que atraviesa todas las administraciones posteriores, ambos partidos han colaborado para crear una enorme fuerza policial interna en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), construir una red de campos de internamiento, armar este aparato con equipo militar, revestirlo de inmunidad frente a toda rendición de cuentas, ampararlo con la autoridad extralegal ampliada de manera bipartidista mediante la llamada guerra contra el terrorismo y privar a los tribunales federales de jurisdicción para conocer casi todas las reclamaciones constitucionales contra estos agentes del presidente. Esta es la guantanamización de la vida política interna, donde las opiniones que el Poder Ejecutivo considera “antiestadounidenses” convierten a una persona en un “terrorista doméstico” que puede ser encarcelado o incluso asesinado en un estado de emergencia fabricado y dirigido contra la propia población, ciudadanos y no ciudadanos por igual. Después de décadas de guerra interminable contra el mundo, el imperialismo estadounidense, a través de la persona de un estafador fofo de 80 años y admirador de Hitler, ha declarado la guerra al pueblo estadounidense.

Esta iniciativa, dirigida por los insurrectos desde la escena del crimen que cometieron el 6 de enero de 2021, no solo ha sembrado miedo; también está generando un profundo nivel de hostilidad contra el gobierno federal. Pero esta oposición, que recuerda la oposición provocada por la ocupación británica de Boston (1775-1776), no conducirá orgánicamente al socialismo. La agudeza de la crisis plantea al partido inmensas obligaciones políticas. La administración está preparando un choque social de inmensas proporciones históricas, para el cual el partido y la clase obrera deben estar políticamente preparados.

Este informe intentará detallar los principales elementos de la estrategia política de la administración Trump.

Invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros

En marzo de 2025, la administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Según esta ley, aprobada por los federalistas como parte de las reaccionarias Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, el gobierno puede deportar a ciudadanos de otros países sin ningún tipo de debido proceso cuando el país está en guerra y sometido a una “invasión”. Fue invocada por primera vez en el momento de su aprobación, durante el pánico provocado por la guerra no declarada de la administración Adams contra Francia, y estuvo dirigida contra los emigrados franceses e irlandeses que llenaban las filas de la oposición jeffersoniana, inmigrantes cuyo delito era simpatizar con la Revolución Francesa y votar contra los federalistas. Cuando la misma ley fue invocada durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionó la autoridad pseudolegal para el internamiento de 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría de ellas ciudadanos estadounidenses.

Invocar ahora esta ley significó afirmar que una pandilla callejera venezolana había llevado a cabo una “invasión” de Estados Unidos. Esto equivale a una declaración legal de que el gobierno estadounidense está en guerra con la población y que la inmigración constituye una “invasión” militar que justifica la suspensión de los derechos constitucionales de quienes se encuentran en territorio estadounidense y están indiscutiblemente protegidos por la Constitución. En muchos casos, personas fueron deportadas al CECOT sin audiencias ni supervisión judicial simplemente por tener tatuajes, y la administración violó órdenes judiciales que exigían el cumplimiento de la Constitución, como en el caso del residente de Maryland Kilmar Abrego Garcia.

Ataque contra el discurso “antiestadounidense” y de izquierda

Aproximadamente al mismo tiempo que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, la administración lanzó en serio su ofensiva contra la libertad de expresión. En enero de 2025, la administración había emitido decretos que ordenaban al gobierno retirar las visas y la residencia a los no ciudadanos que participaran en lo que denominaba actividades antiestadounidenses o apoyo al terrorismo, un lenguaje suficientemente amplio como para abarcar cualquier crítica a la política exterior estadounidense, y lo aplicó sobre todo contra quienes protestaron contra el genocidio en Gaza. Estableció un “Equipo Tigre” secreto para espiar y vigilar las expresiones de los estudiantes manifestantes. Luego, en marzo, salió de cacería. Agentes federales irrumpieron en los campus donde las protestas habían sido más grandes y apresaron a estudiantes y académicos, afirmando que su presencia amenazaba la política exterior. También ha mantenido detenido durante diez meses, y contando, a un beneficiario de DACA invocando por primera vez una disposición legal diferente, proveniente de la bipartidista Ley REAL ID de 2005, que prohíbe a los no ciudadanos “respaldar o propugnar” el terrorismo, basándose únicamente en sus publicaciones en las redes sociales.

Este es el método de las Redadas Palmer de 1919 y 1920, cuando socialistas, comunistas y anarquistas nacidos en el extranjero fueron detenidos sin cargos y deportados por sus ideas como reacción a la Revolución Rusa y a la participación del imperialismo estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Y ahora, como entonces, la censura está dirigida contra todos, independientemente de su ciudadanía, porque el derecho de los ciudadanos estadounidenses a escuchar las opiniones expresadas por sus compañeros de trabajo y de estudios no ciudadanos también está comprometido por esta censura.

Como resultado de esta campaña, personas perseguidas como Rumeysa Ozturk y Momodou Taal abandonaron Estados Unidos. Tribunales federales de apelaciones han fallado recientemente contra Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, determinando que una ley de 1996 aprobada por demócratas y republicanos y promulgada por Bill Clinton —la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante— privó a los tribunales federales de jurisdicción incluso para escuchar sus argumentos sobre represalias en violación de la Primera Enmienda. Estas cuestiones serán decididas finalmente por la Corte Suprema, probablemente el próximo año. Pero la Primera Enmienda no es un regulador; es un interruptor de encendido y apagado. O la expresión es libre o está censurada, y quienes hablan y quienes escuchan son intimidados mediante el efecto inhibidor sancionado por el Estado. Sin embargo, esta política ha fracasado como método para suprimir el descontento social y, por el contrario, solo ha generado mayor oposición.

Invocación de disposiciones inactivas de la Ley de Registro de Extranjeros

La administración Trump también ha invocado la Ley de Registro de Extranjeros, que exige que todo no ciudadano de 14 años o más que se encuentre en Estados Unidos se registre ante el gobierno y proporcione sus huellas dactilares, revele su pertenencia a organizaciones y comunique cualquier cambio de domicilio; durante la Segunda Guerra Mundial unos cinco millones de personas fueron registradas bajo su autoridad y cada una recibió una tarjeta numerada que debía portar en todo momento. La ley forma parte de la Ley Smith, que, como sabemos, .fue aprobada por un Congreso demócrata, promulgada por Franklin Delano Roosevelt y convirtió en delito federal defender, o pertenecer a cualquier organización que defendiera, el derrocamiento violento del gobierno. Esta fue la primera ley federal de sedición en tiempos de paz desde 1798 y fue utilizada por primera vez contra el Socialist Workers Party (SWP, Partido Socialista de los Trabajadores, sección estadounidense de la Cuarta Internacional en 1941). En una sola ley, el Congreso fusionó el ataque contra la libertad de expresión con un registro nacional que permitía localizar e identificar a todo no ciudadano y con una prohibición penal.

El registro constituyó la base operativa para el internamiento de los japoneses. Y a partir del 11 de abril de 2025, la administración Trump invocó sus disposiciones, largamente inactivas, convirtiendo la falta de registro o la falta de portar prueba del registro en delitos federales castigados con prisión.

Expansión de los campos de internamiento

La administración Trump también ha emprendido una expansión históricamente sin precedentes de los campos de internamiento de inmigrantes. Cuando Trump regresó al poder en enero de 2025, ICE mantenía bajo custodia aproximadamente a 39.000 personas en un día cualquiera. Para mediados de enero de 2026 esa cifra había superado las 65.000, un aumento de casi 70 por ciento en un solo año, y el Congreso había asignado $45.000 millones en el verano de 2025 exclusivamente para detenciones, suficiente para financiar una capacidad eventual de hasta 135.000 camas. Para febrero de 2026, ICE mantenía personas detenidas en 456 instalaciones diferentes, aunque solo reconocía públicamente 220 de ellas.

La expansión no es solamente numérica; también implica una transformación de las propias instalaciones, que avanzan hacia un nivel de depravación que alcanza las dimensiones del asesinato estatal. Por ejemplo, el Centro de Detención de los Everglades en Florida, construido sobre una antigua pista de aterrizaje y promocionado por el estado como “Alligator Alcatraz”, abrió en julio de 2025 para albergar aproximadamente a 3.000 personas. Amnesty International, después de una misión de investigación realizada allí durante el otoño de 2025, documentó condiciones que concluyó que en algunos casos equivalían a tortura: inodoros que desbordaban aguas residuales hacia las áreas donde dormían las personas, cámaras colocadas directamente encima de los inodoros, luces encendidas las 24 horas del día, negación crónica de atención médica y calor extremo sin protección adecuada contra insectos, mientras las enfermedades se propagaban por toda la instalación. El centro finalmente cerró en junio de 2026, menos de un año después de su apertura, tras una enorme protesta pública.

Camp East Montana, construido en una sección de Fort Bliss en El Paso, Texas —terreno que había sido utilizado para internar a personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial— abrió en agosto de 2025 con una capacidad de hasta 5.000 personas, convirtiéndose en el mayor centro de detención migratoria del país. En menos de un año registró tres muertes. Una investigación conjunta de Human Rights Watch y la ACLU, basada en entrevistas con más de 80 personas, documentó que los guardias golpeaban a los detenidos como represalia por huelgas de hambre y solicitudes de atención médica, imponían castigos colectivos a celdas enteras y mantenían durante meses a personas en una instalación contratada para estadías de no más de dos semanas. En todo el sistema de detención, 2025 fue el año más mortífero registrado, con más muertes que durante los cuatro años anteriores combinados.

Los dos centros de detención familiar en Texas que la administración Trump reabrió en 2025, Dilley y Karnes, fueron construidos y dotados inicialmente de personal bajo la administración Obama-Biden en 2014, como parte de una expansión deliberada de la detención familiar destinada a disuadir a los solicitantes de asilo centroamericanos. Fort Bliss y otras instalaciones militares fueron utilizadas para detener niños inmigrantes bajo Obama ese mismo año y nuevamente durante el primer mandato de Trump. El propio Departamento de Seguridad Nacional de Biden discutió la reanudación de la detención familiar tan recientemente como en 2023, antes de que Trump la reviviera abiertamente en 2025. Los campos del período actual son una expansión de un aparato que ambos partidos financiaron, ubicaron y dotaron de personal durante tres décadas. Lo nuevo, y lo que marca una ruptura no solo de grado sino en el carácter mismo del fenómeno, es la escala de la actual expansión, las ganancias de los contratistas privados incorporadas en cada cama y el historial documentado de tortura y muerte que ha resultado directamente de ello.

Despliegue de soldados en ciudades estadounidenses

A lo largo de 2025 y 2026, la administración federalizó la Guardia Nacional de California contra la objeción del gobernador y desplegó marines en Los Ángeles; desplegó tropas en Chicago, Portland, Memphis y Nueva Orleans; y en enero de 2026, bajo una operación que el gobierno denominó Metro Surge, unos 3.000 agentes federales descendieron sobre Minneapolis. Durante esta operación, agentes abrieron fuego contra manifestantes civiles y mataron a dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good y Alex Pretti. Estos fueron asesinatos estatales extrajudiciales. La respuesta de la administración fue defender a quienes dispararon y aplicar la etiqueta de “terrorismo doméstico” contra quienes protestaron. Posteriormente, el Departamento de Justicia acusó a 15 activistas anti-ICE de la ciudad e intenta procesarlos como parte de una conspiración de “Antifa”.

Estos despliegues están indiscutiblemente vinculados con las próximas elecciones de medio término y con los planes de Trump de robar las elecciones de 2028. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha acusado directamente que las tropas están siendo desplegadas “para garantizar que los republicanos mantengan el control del Congreso”. Figuras cercanas al presidente han especulado públicamente sobre colocar agentes migratorios en los centros de votación; el propio presidente ha dicho que desearía haber desplegado la Guardia en 2020. Una administración que ha normalizado la presencia de soldados en las calles bajo la bandera del control migratorio, que trata a sus opositores políticos como terroristas y a sus ciudades como territorios ocupados, está reuniendo los medios para disputar por la fuerza unas elecciones si no puede ganarlas de otra manera, tal como Trump intentó hacerlo el 6 de enero de 2021.

Destrucción del debido proceso

La administración ha destruido el debido proceso para quienes quedan atrapados en la maquinaria de deportación y detención, con implicaciones que van mucho más allá de los no ciudadanos. Mediante un memorándum ejecutivo, el gobierno ha reinterpretado la ley migratoria para tratar a cualquiera que haya ingresado alguna vez al país sin inspección —incluidas personas que han vivido aquí durante décadas, se han casado con ciudadanos y han criado hijos estadounidenses— como un “solicitante de admisión” que puede ser detenido durante toda la duración del procedimiento de expulsión sin tener jamás una audiencia de fianza ante ningún juez. Esto se aplica a decenas de miles de personas.

El proceso de deportación masiva establecido por ambos partidos está tan completamente amañado contra la persona detenida que la palabra “proceso” apenas resulta aplicable. No existe derecho a un abogado. A diferencia de un acusado penal, los no ciudadanos no tienen derecho a un abogado bajo la Sexta Enmienda. Un no ciudadano puede ser objeto de deportación sin audiencia alguna si ha permanecido en el país durante menos de dos años.

Cada vez más personas están siendo deportadas a terceros países que no son los suyos, en un caso a Sudán del Sur con menos de 16 horas de aviso. Personas como Kilmar Abrego Garcia esencialmente desaparecieron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y fueron enviadas a la cámara de tortura del CECOT en El Salvador. Quienes sí obtienen audiencias se enfrentan a un proceso completamente amañado. Los “tribunales” migratorios son una oficina dentro del Departamento de Justicia y Trump ha purgado a los jueces de inmigración y a la Junta de Apelaciones de Inmigración de cualquier juez que no rechace todas las solicitudes de asilo y otras peticiones de protección contra la deportación.

La Constitución no limita sus protecciones a los ciudadanos, y sus redactores eligieron cuidadosamente sus palabras. La Quinta Enmienda prohíbe al gobierno privar a cualquier “persona” de su libertad sin el debido proceso; por lo tanto, el ataque contra el debido proceso de un no ciudadano constituye un ataque contra los derechos al debido proceso de todos.

Desmoronamiento de la separación de poderes

Mientras aplica estas medidas, la administración Trump también ha pasado al incumplimiento sistemático y abierto de órdenes de tribunales federales que declaran inconstitucionales sus políticas. Cuando un juez federal ordenó que aviones que transportaban hombres expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros regresaran en pleno vuelo, la administración permitió que aterrizaran de todas maneras y posteriormente calificó el episodio como un error que no corregiría. En Minnesota, un juez federal determinó que 96 órdenes judiciales diferentes habían sido violadas en su distrito tan solo durante enero de 2026 y, en un caso relacionado, ordenó al director interino de ICE comparecer personalmente y explicar por qué no debía ser declarado en desacato.

Jueces que han examinado estos patrones han afirmado claramente, en algunos casos, que el gobierno ha “tomado la presunción de regularidad... y la ha destruido”, y que en cuestión de meses puede haber perdido una confianza “ganada durante generaciones”. Un juez de apelaciones nombrado por Reagan declaró en un caso: si hoy el Ejecutivo puede deportar sin debido proceso y desobedeciendo órdenes judiciales, “¿qué garantía habrá mañana de que no deportará a ciudadanos estadounidenses?”

La administración ha lanzado una campaña sin precedentes contra los tribunales del Artículo III. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo a la Federalist Society en noviembre de 2025 que el Departamento de Justicia está efectivamente en “guerra” con los tribunales federales de distrito, acusando a los jueces que fallaron contra la administración de ser “jueces activistas rebeldes” que abusan de su cargo. Stephen Miller ha descrito a cualquier juez que falle contra la administración como parte de una “insurrección judicial”. El propio Trump ha llamado a los jueces “monstruos”, “lunáticos” y “jueces comunistas de izquierda radical”, y en al menos un caso exigió en las redes sociales la destitución de un juez por haber fallado contra él; los republicanos del Congreso han seguido su ejemplo presentando resoluciones de destitución contra al menos ocho jueces de distrito en funciones, cada una basada no en conducta indebida alguna sino en el desacuerdo con una sentencia.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, responsable de proteger a aproximadamente 2.600 jueces federales en funciones, registró 564 amenazas contra jueces durante el año fiscal 2025 y ya había registrado 324 amenazas contra 253 jueces diferentes para principios de junio del año fiscal 2026. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien rara vez comenta sobre controversias actuales, se ha sentido obligado en dos ocasiones a advertir públicamente que los ataques personales contra los jueces son “peligrosos”, incluso mientras falla a favor del presidente responsable de esta situación y niega que las amenazas sean principalmente responsabilidad de alguna persona o partido.

Invocación del Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas

Apenas la semana pasada, la administración invocó por primera vez un tribunal migratorio secreto denominado Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas, creado por la bipartidista Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, promulgada por Clinton. Este tribunal especial no se parece a nada que haya existido en la historia estadounidense y otorga al fiscal general el poder de expulsar a no ciudadanos basándose en pruebas que jamás se les permite ver. El gobierno presenta en secreto sus pruebas clasificadas ante el juez; la persona acusada y su abogado no pueden confrontar a los testigos, no tienen derecho a escuchar argumentos clasificados, no pueden solicitar asilo ni la mayoría de las demás formas de protección contra la expulsión y no tienen derecho a cuestionar la constitucionalidad de la manera en que fueron obtenidas las pruebas en su contra, es decir, mediante registros ilegales o incluso testimonios obtenidos mediante tortura.

Esto representa la maquinaria de Guantánamo trasladada a territorio estadounidense y dirigida contra personas que viven en Estados Unidos, quizá desde hace décadas, y a quienes indiscutiblemente se aplica la Constitución. Las comisiones de la guerra contra el terrorismo juzgaron a no ciudadanos designados como enemigos ante tribunales especiales, basándose en pruebas secretas y clasificadas, fuera de los tribunales ordinarios y privados de los derechos de confrontación y revelación de pruebas que definen un juicio justo.

Pero esto está ocurriendo en territorio estadounidense para privar a personas indiscutiblemente protegidas por la Constitución de su más importante interés de libertad: su libertad frente a la custodia federal. Este es el órgano clásico de una dictadura. Que un Congreso bipartidista construyera esta maquinaria y la dejara preparada en un cajón constituye otra confirmación del papel criminal de ambos partidos en preparar el camino para la actual operación dictadura de Trump.

Ataque contra la ciudadanía por derecho de nacimiento

Sin embargo, el elemento más importante del ataque de Trump contra los derechos democráticos es el intento de abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento. El primer día de su segundo mandato, Trump decretó que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados, o de padres con visas temporales, no son ciudadanos. El principio de jus soli, el derecho del suelo, es el principio democrático del Nuevo Mundo, contrapuesto a la antigua regla europea de ciudadanía por sangre, según la cual la pertenencia legal se transmite por linaje y una persona queda fijada al nacer en la casta de sus antepasados. El principio de ciudadanía por nacimiento fue incorporado a la Constitución después de la Guerra Civil para destruir para siempre la doctrina que sustentaba la decisión Dred Scott de la Corte Suprema, que había determinado que los esclavos nacidos en este país no poseían derechos que el gobierno estuviera obligado a respetar.

Trump convirtió esto en la columna vertebral de su estrategia legal y política. Asistió personalmente a los alegatos orales ante la Corte Suprema, la primera vez que un presidente lo ha hecho en la historia de Estados Unidos. Y la Corte Suprema estuvo a un voto de decidir que el presidente puede anular mediante un decreto presidencial la piedra angular de la Decimocuarta Enmienda.

Cuatro jueces —Kavanaugh, Gorsuch, Alito y Thomas— sostuvieron que la Constitución no otorga ciudadanía por nacimiento a los hijos de no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense. Su razonamiento es fascista. Argumentan que los no ciudadanos carecen de una lealtad completa y exclusiva a Estados Unidos, de modo que el hijo de un extranjero, quien debe lealtad a otro lugar, puede ser excluido de la nación de su nacimiento. Esta teoría revive la propia lógica de Dred Scott al afirmar que la ascendencia, y no el nacimiento, determina el acceso de una persona a los derechos de ciudadanía, y que una clase de personas puede nacer dentro del país y quedar condenada por su ascendencia a una exclusión permanente: una casta hereditaria de apátridas, una condición transmitida de padres a hijos.

Que la Corte Suprema haya estado a un voto de abandonar una de las conquistas democráticas centrales de la Guerra Civil constituye un extraordinario testimonio de la podredumbre que impregna todas las instituciones del capitalismo estadounidense. Recordemos que una de las acusaciones enumeradas contra el rey en la Declaración de Independencia fue que “ha procurado impedir la población de estos Estados; obstruyendo para ese propósito las Leyes para la Naturalización de Extranjeros”.

Pero junto con su ataque contra la ciudadanía por nacimiento, la administración Trump ha avanzado para despojar de la ciudadanía después del hecho, mediante una campaña acelerada de desnaturalización dirigida contra personas que se convirtieron en estadounidenses mediante el proceso de naturalización. Un memorándum del Departamento de Justicia de junio de 2025 convirtió la desnaturalización en una prioridad máxima de aplicación de la ley; para finales de ese año, las directivas internas supuestamente ordenaban a las oficinas regionales proporcionar entre 100 y 200 casos de desnaturalización.

El crescendo reaccionario de cuatro décadas de reacción política

Todos los instrumentos legales que ahora se utilizan para impulsar el complot de Trump para establecer una dictadura fueron diseñados, construidos y defendidos durante los últimos 30 años por administraciones de ambos partidos, y el Partido Demócrata desempeñó un papel activo en cada etapa de su construcción.

En 1994, Bill Clinton lanzó la Operación Gatekeeper, militarizando la frontera en San Diego bajo la doctrina de “prevención mediante disuasión”: agregando agentes, puestos de control, muros y camas de detención y desviando deliberadamente a los migrantes hacia los mortíferos desiertos, donde morirían miles. Dos años después, Clinton promulgó las dos leyes de 1996 que transformaron la inmigración estadounidense en un motor de represión masiva: crearon precisamente el tribunal secreto convocado ahora por primera vez, hicieron obligatoria la detención para amplias categorías de inmigrantes, inventaron la expulsión acelerada que deporta personas sin un juez, destruyeron la revisión judicial y trazaron la zona de aplicación de cien millas que ahora abarca a la mayor parte de la población.

Después del 11 de septiembre de 2001, un Congreso bipartidista amplió el llamado aparato “antiterrorista”, agregando las disposiciones de “respaldar o propugnar” que castigan la expresión y asociación de los no ciudadanos, y la administración Bush construyó la maquinaria de detención indefinida y pruebas secretas como característica permanente de la ley. Luego, la administración Obama deportó a más personas que cualquier administración anterior, ganándose su presidente el título de deporter-in-chief, abrió los centros de detención familiar de Dilley y Karnes e industrializó el sistema de detención hasta una escala que ninguno de sus predecesores había imaginado.

Después de que el complot de Trump del 6 de enero quedara a centímetros del éxito, la administración Biden pasó cuatro años desmantelando el derecho de asilo y normalizando el lenguaje fascista de la administración Trump. Desplegó agentes de CBP para azotar a inmigrantes haitianos que cruzaban el Río Grande. Mantuvo durante más de dos años las expulsiones de la era Trump justificadas por la pandemia. En junio de 2024 emitió una proclamación que prácticamente cerró la frontera a los solicitantes de asilo, suspendiendo ese derecho cada vez que los cruces superaban determinado umbral. Amplió la expulsión acelerada, continuó construyendo el muro fronterizo que había prometido detener y llevó a cabo más expulsiones en un solo año que cualquier administración en una década. Cuando Biden abandonó el poder, el Partido Demócrata ya había implementado gran parte de las políticas antiinmigrantes de Trump.

En 2024, Kamala Harris hizo campaña desplazándose hacia la derecha en materia migratoria, promoviendo su apoyo a un proyecto de seguridad fronteriza que habría elevado los requisitos para obtener asilo y contratado miles de agentes adicionales, y prometiendo “soluciones duras e inteligentes para asegurar la frontera”. En esta campaña, Harris fue promovida por los Democratic Socialists of America y por figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, mientras que el nacionalista Bernie Sanders ha elogiado desde entonces las políticas fronterizas de Trump, denunciando a la inmigración por reducir los salarios estadounidenses y descartando las fronteras abiertas como “una propuesta de los hermanos Koch” que “haría más pobre a todo el mundo en Estados Unidos”. Y durante las protestas masivas que se desarrollaron después del asesinato estatal de Renée Nicole Good y Alex Pretti, los demócratas y el aparato sindical trabajaron para impedir que se desarrollara un movimiento hacia una huelga general.

Conclusiones políticas

En resumen, la administración Trump está utilizando la inmigración como base de su estrategia para establecer una dictadura. Lo está haciendo mediante herramientas legales perfeccionadas a lo largo de los años —y en particular durante los últimos 30 años— por el Partido Demócrata. Aunque los no ciudadanos pueden ser los blancos inmediatos y sufrir más directamente el impacto de estas políticas, cada elemento de la campaña de Trump está dirigido no solo contra los no ciudadanos sino contra la población en su conjunto y específicamente contra el socialismo, sobre el cual Trump despotrica con creciente regularidad e histeria.

Las políticas de la administración Trump han generado una profunda oposición social, pero la inmigración es también el tema sobre el cual Trump intenta construir una base de masas para su programa reaccionario, aprovechando la confusión provocada por décadas de chovinismo nacional promovido por ambos partidos y por los aparatos sindicales. Marx, en una carta de 1870 a Sigfrid Meyer y August Vogt, analizó el antagonismo fomentado entre las clases obreras inglesa e irlandesa. Escribió:

Este antagonismo es mantenido artificialmente vivo e intensificado por la prensa, el púlpito, los periódicos humorísticos, en suma, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización. Es el secreto mediante el cual la clase capitalista mantiene su poder. Y esta última es plenamente consciente de ello.

Y para la clase dominante estadounidense, el ataque contra los inmigrantes siempre ha sido el mecanismo fundamental para la supresión del comunismo, el socialismo y la revolución. Esto ha sido una constante desde las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798 y la deportación de inmigrantes franceses partidarios de la Revolución Francesa; las primeras restricciones migratorias relacionadas con la libertad de expresión impuestas después del asesinato del presidente McKinley; las Redadas Palmer; las cuotas de origen nacional de la década de 1920; la Ley Smith; las leyes de las eras Clinton y Bush; y la actual represión contra la expresión socialista y de izquierda.

Quizás ninguna clase dominante comprenda mejor que la clase dominante estadounidense que el proceso objetivo de migración internacional e integración internacional contiene un núcleo revolucionario, que el flujo de personas y el flujo de ideas están inseparablemente vinculados, y que la reacción y las restricciones nacionalistas constituyen el antídoto, porque la experiencia ha enseñado a la clase dominante que impedir la unidad de la clase obrera mediante la creación de divisiones raciales y nacionales constituye un componente necesario de su estrategia de autopreservación.

La cuestión decisiva ahora es la cuestión subjetiva. Que la estrategia de Trump tenga éxito o no dependerá de la intervención del partido. Trump no es un cerebro maestro; es un improvisador que busca, con dificultades, construir una base de masas. Su estrategia es producto no de la fortaleza sino de la debilidad, y alcanza dimensiones cada vez más febriles a medida que los trabajadores entran en conflicto con el carácter oligárquico de su régimen.

Esto pone plenamente de relieve la importancia de la resolución y, en particular, la necesidad de desarrollar la oposición a esta iniciativa entre los trabajadores de base. Es necesario que intervengamos enérgicamente para forjar la unidad de la clase obrera de todos los orígenes nacionales, movilizar a la clase obrera en defensa de los derechos democráticos fundamentales y arraigar la lucha democrática en la lucha por las necesidades económicas urgentes de las masas trabajadoras de todos los orígenes.

Nuestra Resolución exige plenos derechos para todos los trabajadores, independientemente de su lugar de origen, para viajar por el mundo como consideren conveniente. En un mundo compuesto hoy, más que nunca, por inmigrantes, incluidos los inmigrantes del campo hacia las ciudades del Sur Global, esta demanda es necesaria. La resolución concluye haciendo referencia al llamado a abolir ICE y CBP y declara:

Estas demandas no se harán realidad a través de los tribunales ni a través del Partido Demócrata. Se harán realidad mediante la movilización masiva independiente de la clase obrera: la defensa de los trabajadores inmigrantes por parte de sus compañeros de trabajo y vecinos, organizados mediante comités de base en cada lugar de trabajo y barrio, y la movilización de todo el poder industrial y social de la clase obrera contra la construcción del Estado policial. La defensa de los inmigrantes es la defensa de la clase obrera en su conjunto y un componente de la lucha por la unidad de los trabajadores de las Américas en la revolución socialista mundial.

No estamos haciendo un llamado a la clase dominante para que cambie esta o aquella política, ni intentando mejorar ligeramente las condiciones de aquellos que deben ser detenidos y deportados. Esta resolución reconoce que, en el siglo XXI, el derecho de un trabajador a viajar libremente por el mundo sin temor a ser criminalizado, morir o ser detenido constituye un derecho fundamental. No es un fenómeno estadounidense, como demuestra la respuesta de los gobiernos de Europa a los acontecimientos en Marruecos y España. La defensa de los inmigrantes debe servir como punta de lanza de la defensa de los derechos democráticos de toda la clase obrera en la contraofensiva mundial contra la contrarrevolución social. No es posible una defensa genuina de los inmigrantes sin oponerse a la guerra imperialista y al clima nacionalista reaccionario que la guerra inevitablemente fomenta.

Concluiré subrayando un punto imperativo: la defensa de los inmigrantes no es simplemente una cuestión democrática importante entre muchas otras. Es una cuestión estratégica para el movimiento revolucionario: un requisito indispensable para revivir el internacionalismo socialista dentro de la clase obrera y forjar la unidad política de la clase obrera internacional del siglo XXI.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de agosto de 2026)