El jueves, el Comando Norte de EE.UU. anunció el uso de un Láser Multipropósito de Alta Energía del Ejército para derribar tres drones en el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, en la noche del martes y la madrugada del miércoles. De confirmarse, sería la primera vez que se dispara un láser de alta energía contra aeronaves que el ejército estadounidense atribuye a cárteles mexicanos.
El ejército no quiso precisar dónde fueron derribados los drones, a qué cárteles supuestamente pertenecían, ni si los disparos se realizaron sobre espacio aéreo estadounidense o mexicano.
Nada de esto puede tomarse al pie de la letra. Hace seis meses, en febrero, el mismo tipo de sistema láser derribó por error un dron de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., forzando el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso.
Las afirmaciones que acompañan a estos ataques tienen el mismo carácter que las declaraciones de la administración Trump sobre las embarcaciones pesqueras que ha estado bombardeando en el Caribe y el Pacífico oriental, donde nunca se ha presentado ninguna evidencia de narcotráfico. Lo que se está estableciendo no es una capacidad antinarcóticos, sino un precedente: que las fuerzas estadounidenses pueden disparar armas hacia el otro lado de la frontera.
El ataque contra México se produjo en la misma semana en que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por el partido Morena, fue expulsado de su cargo como resultado de una campaña lanzada por Washington.
El 29 de abril, la Fiscalía Federal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, por conspirar con “Los Chapitos” para introducir narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo electoral, sobornos y control sobre las instituciones de seguridad del estado. Dos días después, Rocha solicitó una licencia, se declaró víctima de injerencia extranjera, y se puso a disposición de la justicia mexicana.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, el partido gobernante Morena cerró filas. Los gobernadores y la dirigencia nacional publicaron declaraciones de apoyo. En la Cámara de Diputados había sido recibido en octubre de 2024 con gritos de “¡No estás solo!”. Se lo presentó como un símbolo de la soberanía nacional bajo ataque.
El 21 de agosto, Rocha anunció su regreso por Twitter, sin informar a la presidencia. Su restitución duró 33 horas. La Secretaría de Gobernación declaró que la decisión había sido “exclusivamente personal”. La dirigencia nacional de Morena, las bancadas del Senado y la Cámara de Diputados, el Partido Verde y el PT dentro de la coalición gobernante lo repudiaron públicamente.
Sheinbaum, quien en mayo había insistido sin evidencia en que no había razón para actuar “aunque Estados Unidos lo pida”, calificó ahora el regreso de “imprudente, por decir lo menos”, en una señal para que Rocha renunciara. Los 23 gobernadores del bloque gobernante emitieron una declaración conjunta declarando su respaldo “absoluto y categórico” a la presidenta.
El 22 de agosto, aislado, Rocha solicitó una licencia indefinida, y Graciela Domínguez Nava fue instalada como gobernadora interina.
Lo que cambió entre mayo y agosto no fue la evidencia. Lo que cambió fue el cálculo de lo que el caso le costaría a Morena.
La evidencia contra Rocha ha estado disponible durante dos años. La versión oficial de los hechos del 25 de julio de 2024 ha resultado ser una completa fabricación. Esa noche, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue hallado muerto, y la versión oficial de un tiroteo en una gasolinera, con video incluido divulgado por la fiscalía estatal de Sinaloa, ha resultado ser falsa.
El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, había afirmado en una carta de agosto de 2024 que ese mismo día había ido al rancho Huertos del Pedregal para mediar en un conflicto de larga data entre el gobernador Rocha y Cuén, por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otros asuntos, y que Cuén fue asesinado cuando un Chapito traicionó a Zambada, lo capturó y lo trasladó por avión a Estados Unidos. Rocha negó haber asistido, o siquiera haber tenido conocimiento de la reunión, y dijo que ese día se encontraba en EE.UU.
La fiscal estatal que divulgó la historia de la gasolinera, Sara Bruna Quiñónez, renunció el 15 de agosto de 2024, un día después de que la FGR hiciera públicas las inconsistencias. Nunca ha sido acusada. Tampoco lo ha sido José Rosario Heras López, “Comandante Chayo”, comandante de la policía judicial estatal que se dice que entró al rancho. La acusación estadounidense alega que el exsubprocurador estatal Dámaso Castro Saavedra cobraba unos 11.000 dólares mensuales para proteger al Cártel de Sinaloa de arrestos. Y Fausto Corrales Rodríguez, testigo tanto del asesinato como del secuestro, fue arrestado por las autoridades mexicanas el 19 de agosto de 2026, nueve días después de que el hermano de Cuén testificara que Corrales “ya le había dado una declaración a Estados Unidos”.
Sheinbaum ha exigido aclaraciones sobre si el FBI participó en el secuestro de Zambada, lo cual violaría la ley mexicana y los tratados internacionales. Pero las propias autoridades mexicanas detuvieron al piloto que condujo esa aeronave y lo expulsaron hacia Estados Unidos, como parte de los lotes de prisioneros que México ha enviado hacia el norte para satisfacer a Trump. En abril, el gabinete de Sheinbaum descubrió y protestó por operaciones antinarcóticos de la CIA dentro de Chihuahua. El Estado mexicano sabe perfectamente que las agencias estadounidenses operan a su antojo en su territorio.
Para qué sirve realmente la campaña de Washington
Las acusaciones no son una campaña contra el narcotráfico. Esta semana, el jefe de la DEA, Terry Cole, hablando en Buenos Aires junto al secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, dijo que la acusación de Sinaloa documentaba “la corrupción gubernamental en México, con altos funcionarios trabajando directamente con los cárteles”. Estas acusaciones van de la mano con las declaraciones de Trump de que los cárteles “gobiernan México” y de que, tras atacar embarcaciones, EE.UU. “ahora comenzaría a atacar tierra firme”.
Las fuerzas estadounidenses ya capturaron a Nicolás Maduro en Caracas, en una operación militar a gran escala, y lo trasladaron por avión a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, mientras Trump anunciaba que Washington “administraría” Venezuela y tomaría el control de su petróleo. Las acusaciones por narcotráfico contra funcionarios extranjeros son el andamiaje pseudolegal para este tipo de intervenciones neocoloniales.
La corrupción es el pretexto, no el motivo. Trump ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en el mismo tribunal de Nueva York por importación de cocaína. Sus aliados más cercanos en la región —Noboa, en Ecuador, cuyas operaciones familiares de transporte de bananos han sido usadas repetidamente para transportar cocaína, y funcionarios del gobierno de Milei en Argentina— han estado implicados en el narcotráfico sin consecuencias. Durante décadas, el socio más cercano de Washington en México fue Genaro García Luna, condenado en Brooklyn en 2023 por recibir millones del Cártel de Sinaloa mientras dirigía el aparato de seguridad de México con el respaldo estadounidense.
Sheinbaum invoca la condena de García Luna para acusar de hipocresía a la oposición. Pero existe una continuidad con su propio gobierno. AMLO consiguió la liberación del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, de la custodia estadounidense por cargos relacionados con el narcotráfico. García Harfuch, actual secretario de Seguridad, era el protegido de la mano derecha de García Luna, Luis Cárdenas Palomino; su padre dirigió la policía secreta de la DFS, que engendró a la primera generación de líderes de los cárteles; su abuelo ayudó a orquestar la masacre de Tlatelolco de 1968 junto con la CIA.
La lógica de las concesiones de Sheinbaum
La clase dominante mexicana, a la que representa Morena, tiene una estrategia central: profundizar su papel como socio menor en la plataforma norteamericana del imperialismo estadounidense.
Durante el fin de semana, Trump impuso aranceles del 50 por ciento sobre 20.000 millones de dólares en bienes canadienses; el jueves firmó una orden ejecutiva que renombra el lago Ontario como “lago América”, tras el renombramiento del golfo de México el año pasado.
En el contexto de esta gran guerra comercial, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, planteó el objetivo: mantener “la mejor posición relativa frente a todos los demás países”. Cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas todavía ingresan a EE.UU. libres de aranceles. Mientras tanto, Sheinbaum se encargó de destacar esta semana que ha sostenido 21 llamadas con Trump —aproximadamente una al mes desde que asumió el cargo. La estrategia consiste en negociar todo lo demás a cambio del acceso al mercado.
Cada concesión invita a la siguiente. El viernes, la administración Trump objetó el acuerdo comercial modernizado de México con la Unión Europea, porque protege nombres de alimentos europeos —parmesano, feta, manchego— que los productores lácteos estadounidenses consideran genéricos.
A México se le está diciendo que no puede concluir acuerdos independientes con terceros. Como advirtió El Financiero esta semana, pertenecer al bloque comercial de EE.UU.-México-Canadá ya no garantiza un acceso preferencial.
Austria, 1934-1938
La burguesía austriaca también creía que podía manejar a Hitler mediante la acomodación. El 11 de julio de 1936, el canciller Kurt Schuschnigg firmó un acuerdo en el cual la Alemania nazi reconocía formalmente “la plena soberanía del Estado Federal de Austria”, y ambos gobiernos se comprometían a la no injerencia en sus respectivos asuntos internos. El precio fue que Austria se declaró a sí misma “un Estado alemán”, amnistió a los nazis encarcelados por el intento de golpe de Estado de julio de 1934, y admitió en el gabinete a los intermediarios nazis Edmund Glaise-Horstenau y Guido Schmidt. La soberanía debía recomprarse en cuotas.
La propia explicación de Schuschnigg sobre lo que vino después es la más instructiva. Convocado por Hitler a Berchtesgaden en febrero de 1938, se apresuró a completar de antemano otro paquete de concesiones internas, para poder mostrarle a Hitler, en sus propias palabras, que Austria ya había hecho las máximas concesiones “por voluntad propia” y no podía pagar un precio más alto.
El método de Hitler —en Berchtesgaden como en Múnich siete meses después— consistía en tomar lo ya concedido como el nuevo punto de partida y exigir mucho más. El 12 de febrero, Schuschnigg entregó el Ministerio del Interior, y con él el control de la policía, al nazi austriaco Arthur Seyss-Inquart, y levantó la prohibición sobre el partido nazi.
La élite política austriaca se declaró satisfecho. El ministro de Viena en Roma le aseguró al embajador de EE.UU. que el acuerdo en Berchtesgaden había sido “beneficioso”, un compromiso razonable, y que Seyss-Inquart era leal a Austria y no un nazi de verdad.
Berlín, mientras tanto, le había informado a Seyss-Inquart que los agentes de la Gestapo tendrían libertad de acción dentro de Austria. El acuerdo garantizado por escrito 18 meses antes ya había dejado de existir.
El 11 de marzo, se le ordenó a Schuschnigg que renunciara. El cable del encargado de negocios de EE.UU. a Washington señala cómo, en su última transmisión radial, Schuschnigg comenzó a decir que se les había ordenado a las tropas ofrecer “ninguna resistencia seria” a Alemania, y se corrigió a mitad de frase para decir “ninguna resistencia”. La Wehrmacht de Hitler invadió a la mañana siguiente sin encontrar oposición.
La lección no es que el México de 2026 sea la Austria de 1938, ni que Sheinbaum sea una política de extrema derecha como Schuschnigg. Es que una burguesía nacional, cuyo interés es maximizar sus ganancias derivadas de la explotación de la clase obrera, mientras intenta comprar su posición mediante concesiones a un vecino imperialista mucho más fuerte, descubrirá que cada concesión se da por sentada y se exige la siguiente, y que, al final, no habrá tregua.
La clase obrera mexicana no tiene ningún interés en defender a funcionarios corruptos, y ninguno en absoluto en la consigna de la “soberanía” como el derecho de la burguesía mexicana a explotarla dentro de sus fronteras nacionales. Las consecuencias de este sistema recaen sobre los trabajadores: Sinaloa perdió 32.000 empleos formales entre enero y julio, miles de negocios cerraron y la economía del estado se contrajo un 4,5 por ciento en el primer trimestre. Los propios cárteles son un producto del capitalismo: de la pobreza masiva, del aparato estatal que los incubó, y de un mercado en Estados Unidos creado por la desesperación social.
La respuesta no es el nacionalismo de Morena, ni tomar partido en una guerra comercial, sino el internacionalismo socialista: la unificación de los trabajadores en toda América del Norte en una lucha común para reorganizar la vida económica con el fin de satisfacer las necesidades sociales, y no las ganancias privadas.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 28/08/2026).