Los trabajadores italianos llegan a septiembre y octubre de 2026 en un conflicto cada vez más intenso con el gobierno neofascista de Giorgia Meloni, el más de extrema derecha desde la caída de Mussolini. Tras un verano en el que las huelgas se vieron restringidas por la franchigia estiva —la prohibición de huelgas en los sectores del transporte durante el período vacacional—, la reanudación de las acciones sindicales marca una escalada. Los motivos que impulsan la movilización son el resultado acumulado de un gobierno que está reorganizando el Estado italiano en torno a la austeridad, la represión y la guerra.

El punto álgido político del momento es el nuevo proyecto de ley de seguridad, o DDL Sicurezza, aprobado por el Consejo de Ministros en julio. La legislación representa un ataque generalizado contra los derechos democráticos fundamentales: amplía los poderes del Estado para reprimir las protestas y criminalizar formas de acción colectiva. Su objetivo es intimidar a quienes cuestionan la política del gobierno. Además, restringe el derecho de reunión, extiende la detención preventiva a los menores y aumenta las sanciones penales por conductas consideradas una amenaza para el orden público.

En conjunto con la campaña más amplia del gobierno contra las huelgas y las manifestaciones, estas medidas otorgan a la policía y a las autoridades judiciales mayores poderes para intervenir contra la oposición política masiva. Lo que se está preparando no es simplemente un régimen de orden público más severo, sino un marco legal para reprimir las formas de acción colectiva a través de las cuales los trabajadores defienden sus derechos sociales y políticos. Esta es la expresión política de un partido, Fratelli d'Italia, cuyo linaje se remonta directamente a la tradición fascista y cuyo programa consiste en desmantelar los derechos democráticos que la clase trabajadora ha conquistado tras décadas de lucha.

La legislación forma parte de un ataque más amplio del gobierno contra el derecho a protestar. La Ley n.º 80/2025 restableció las sanciones penales por los bloqueos de carreteras y creó un nuevo delito de “motín” que abarca la resistencia no violenta en las cárceles y los centros de detención de migrantes. El efecto acumulativo es ampliar la capacidad del Estado para criminalizar formas de acción colectiva que desde hace mucho han sido armas de la clase trabajadora.

Detrás de esta ofensiva jurídica se esconde una ofensiva económica. La política fiscal del gobierno, establecida a través del Documento Económico y Financiero y del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, subordina los salarios y los servicios públicos a la reducción de la deuda y a las normas de déficit de la UE.

El sector ferroviario ofrece un ejemplo particularmente claro. El gobierno está tomando medidas para dividir el Servicio Universal Interurbano nacional en tres lotes regionales para licitación (el “spezzatino”, o desmembramiento). El Parlamento ha rechazado las protecciones para el salario y la antigüedad de los trabajadores cuando los servicios cambian de operador. El mantenimiento y las operaciones en las estaciones se subcontratan cada vez más a empresas privadas, lo que pone en riesgo tanto las condiciones laborales de los trabajadores como la seguridad de los pasajeros.

La respuesta es una huelga nacional ferroviaria del 7 al 8 de septiembre, convocada por CUB Trasporti, SGB y otras organizaciones ferroviarias. La acción se opone a la fragmentación del servicio nacional, al debilitamiento de las protecciones contractuales y al deterioro de las condiciones laborales.

En el sector público, el gobierno ha dejado a cientos de miles de trabajadores de la salud sin la renovación de sus contratos, al tiempo que restringe la contratación. Sigue rechazando un salario mínimo legal, favoreciendo mecanismos que dejan a los trabajadores con salarios bajos dependientes de acuerdos contractuales inadecuados y la proliferación de los llamados “contratos piratas”

Al mismo tiempo, se está militarizando abiertamente el Estado. El gobierno está aumentando drásticamente el gasto militar, mientras que los puertos italianos, entre ellos Génova, Salerno y Livorno, se han convertido en puntos de tránsito para envíos de armas con destino a Israel. Los trabajadores portuarios, amparándose en la Ley 185/1990, se han negado a manejar carga militar. Las reivindicaciones de este otoño son, por lo tanto, a la vez económicas, políticas y contra la guerra.

Las movilizaciones previstas para octubre son amplias y están cada vez más interconectadas.

El sector del transporte es la vanguardia. A la huelga nacional ferroviaria del 7 y 8 de septiembre le seguirán huelgas de transporte de carga en DB Cargo Lombardia y Captrain Italia los días 10 y 11 de septiembre, dirigidas a los corredores de carga transfronterizos hacia Europa Central. El sector de la aviación se enfrenta a acciones de las tripulaciones de vuelo de Poste Air Cargo el 11 de septiembre, de los trabajadores de seguridad aeroportuaria y de servicios de tierra el 13 de septiembre, y a una huelga nacional de cuatro horas de los controladores aéreos de ENAV y Techno Sky el 30 de septiembre. También están programadas huelgas de transporte urbano en ciudades y regiones como Génova, Venecia, Nápoles, Florencia, Pisa, Rávena, Bérgamo y Umbría.

El sector público está preparando sus propias acciones: una huelga multisectorial del 25 al 26 de septiembre convocada por CSLE y FI-SI que involucrará a la administración, la salud, la educación y los servicios de bomberos; una huelga escolar nacional el 16 de octubre convocada por SISA contra el empleo precario y los recortes presupuestarios; y una huelga general el 30 de octubre convocada por USI-CIT por temas salariales, de vivienda y contra la privatización.

Lo más significativo políticamente es la convergencia de las acciones laborales con el movimiento contra la guerra. Los trabajadores portuarios de CALP y USB están planeando acciones en Génova, Salerno y Livorno contra los buques que transportan suministros militares a Israel. SI Cobas ha convocado una huelga general nacional intercategorial para el 3 de octubre, vinculando la austeridad con el gasto militar, seguida de una manifestación masiva en Roma el 4 de octubre. El movimiento climático y contra la guerra también se está movilizando. Lo que está surgiendo es una confrontación más amplia sobre la dirección de la sociedad italiana.

El potencial es enorme. La negativa de los trabajadores portuarios a cargar armas para Israel demuestra de manera concreta el poder estratégico de la clase trabajadora. Los trabajadores que ocupan los puntos clave del transporte y la logística tienen la capacidad de interrumpir no solo la producción, sino la propia maquinaria de guerra.

Las implicaciones son internacionales y la clase trabajadora puede y debe movilizarse como la fuerza central contra el genocidio y la dictadura. Una vez que los trabajadores comienzan a vincular los salarios y las condiciones laborales con el militarismo, la austeridad y la guerra, inevitablemente surge la cuestión del poder político.

Precisamente aquí radica el peligro central. Las organizaciones que lideran las movilizaciones siguen divididas entre las principales confederaciones —CGIL, CISL y UIL— y los sindicatos de base, entre ellos USB, SI Cobas, CUB y SGB. A pesar de las diferencias en cuanto a militancia y retórica, ambas orientaciones siguen fundamentalmente confinadas al marco del Estado italiano.

El papel de la CGIL es particularmente claro. Ha buscado repetidamente contener y fragmentar la acción sindical, separando sus propias iniciativas de las de los sindicatos de base. Su perspectiva política sigue siendo la de ejercer presión sobre el gobierno para que implemente reformas, lo cual se resume en los llamamientos del secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, a favor de un “sistema fiscal progresivo”. La estrategia de la burocracia sindical consiste en negociar los términos de la política capitalista e impedir que la clase trabajadora se movilice para desafiar el sistema que genera austeridad y guerra.

Pero los sindicatos de base no constituyen una alternativa política. Su militancia es bastante real, pero es la militancia de formaciones pequeñoburguesas que, en última instancia, se dirigen precisamente al mismo Estado al que dicen oponerse. La respuesta de la USB al bloqueo de Génova, por ejemplo, instó al gobierno a imponer un embargo —como si al gobierno fascista responsable de la austeridad y el rearme se le pudiera simplemente presionar para que pusiera fin a su participación en la guerra que está librando. Tales llamamientos no son una deficiencia del programa de los sindicatos de base, sino la expresión de su carácter de clase: buscan canalizar la oposición de la clase trabajadora de vuelta al marco del Estado capitalista.

La misma contradicción recorre el programa de los sindicatos de base: salarios mínimos más altos, impuestos sobre las ganancias extraordinarias, el restablecimiento de la scala mobile y otras reformas dentro del orden económico existente. Incluso la retórica más radical sigue ligada a los llamamientos para que el Estado capitalista regule el capitalismo.

El ala anarcosindicalista, representada por la USI, va más allá al rechazar la construcción de un partido político, sustituyendo la lucha por establecer el poder político de la clase trabajadora por la acción militante. No se trata de una diferencia táctica, sino de una estrategia que ha sido puesta a prueba y ha resultado insuficiente. En 1936-1937, cuando la CNT, liderada por anarquistas, tenía el poder para tomar el control del Estado en Barcelona, sus dirigentes capitularon ante el Frente Popular en lugar de llevar a los trabajadores al poder, porque el anarquismo no cuenta con una estrategia para la conquista del poder político.

Esta es la contradicción decisiva. Los trabajadores portuarios se movilizan contra los envíos de armas y exigen que el gobierno detenga la guerra. El 30 de octubre, la USB participará en un Día Internacional de Acción, que unirá a los trabajadores portuarios de más de 40 puertos mediterráneos y europeos contra el transporte de armas a zonas de guerra y exigirá mejores salarios, condiciones más seguras y protecciones contra la automatización.

Pero la lucha sigue basándose en ejercer presión sobre los gobiernos existentes. No hay una estrategia para unir a la clase trabajadora en la lucha por el poder político, para romperla con los sindicatos corporativistas y los partidos de «izquierda» procapitalistas.

La respuesta no es presionar a las burocracias sindicales, sino construir un movimiento independiente de la clase trabajadora en contra de ellas y del sistema del que, en última instancia, forman parte. Se deben establecer comités de base en cada lugar de trabajo, controlados democráticamente por los propios trabajadores y vinculados internacionalmente a través de la Alianza Internacional de Trabajadores de Comités de Base.

El “otoño caliente” de Italia encierra el potencial para una confrontación mucho más amplia que las huelgas individuales que se están anunciando actualmente. Pero ese potencial solo se hará realidad si los trabajadores arrebatan el liderazgo político de su lucha de las manos de las burocracias que buscan contenerla y construyen un movimiento internacional encaminado a la conquista del poder político y a la reorganización de la sociedad sobre bases socialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de septiembre de 2026)