Durante las últimas semanas, unos 200.000 trabajadores del sector público en Irlanda han participado en una serie de votaciones prácticamente unánimes a favor de emprender acciones sindicales para conseguir mejoras salariales y laborales. Se esperan más votaciones en las próximas semanas, lo que refleja el fuerte aumento de las tensiones de clase a escala mundial.

Las votaciones se desencadenaron por la incapacidad del Gobierno y los sindicatos para alcanzar un marco de negociación para un nuevo acuerdo salarial plurianual que sustituya al Acuerdo sobre el Servicio Público, de 30 meses de duración, que expiró en junio y que supuso aumentos salariales del 9,6 por ciento durante su vigencia, apenas por encima de la inflación.

A finales del mes pasado, los afiliados del SIPTU (Sindicato de Servicios, Industria, Profesiones y Técnicos) en el sector público, incluidos los trabajadores de la sanidad, de las administraciones locales y de organismos estatales, votaron en un 97 por ciento a favor de la huelga. El SIPTU cuenta con 75.000 afiliados en el sector público. Unite the Union informó que sus afiliados del conjunto del sector público votaron “abrumadoramente” a favor de emprender también una huelga.

El 1 de septiembre, el sindicato Fórsa, con más de 100.000 miembros en el sector público, anunció que el 96 por ciento de los casi 65.000 que votaron apoyaban la huelga. El secretario general Kevin Callinan dijo que el resultado fue la mayor votación sindical para una huelga en la historia de Irlanda y predijo una “disputa muy larga”.

Pocos días después, el 99 por ciento de las afiliadas de la Irish Nurses and Midwives Organisation (INMO, Organización Irlandesa de Enfermeras y Matronas) que participaron en la votación se pronunciaron a favor de emprender acciones sindicales. La secretaria general de INMO, Phil Ní Sheaghdha, declaró: “Las afiliadas que trabajan sobre el terreno, en condiciones extremadamente difíciles debido a la masificación y la falta de personal, han dejado claro que están descontentas con la falta de urgencia con la que se están abordando las presiones derivadas del coste de vida a las que se enfrentan”.

Los miembros del sindicato Association of Secondary Teachers Ireland (ASTI, Asociación de Profesores de Secundaria de Irlanda) también están en la votación. El sindicato representa a 21.000 profesores en escuelas y colegios.

Los votos a favor de la huelga reflejan el coste de la vida intolerable y las profundas frustraciones por la desigualdad social.

Un informe de Eurostat de 2025 señaló que, aunque los salarios medios en Irlanda son relativamente altos, el país también tenía el segundo coste de vida global más alto de Europa, solo superado por Dinamarca. Los costes están un 38 por ciento por encima de la media europea. El tabaco y el alcohol están un 205 por ciento por encima de la media, y la comida un 21 por ciento más.

Los costes de la vivienda están entre los más altos, si no los más altos de Europa. Un informe reciente del Instituto de Investigación Económica y Social de Irlanda señaló que los precios de la vivienda están un 17 por ciento por encima de lo que esperarían, teniendo en cuenta los ingresos, los tipos de interés y la demografía de la población. Los precios de la vivienda han subido más rápido que los ingresos, los tipos hipotecarios han subido y hay una escasez general de viviendas. Esto se traduce en un precio medio de la vivienda de 475.000 euros en Dublín frente a un salario anual medio de unos 46.000 euros y precios anuales del alquiler privado de 24.000 euros.

Las medianas ocultan enormes diferencias. Hay 11 multimillonarios que figuran como residentes en Irlanda, con una riqueza conjunta de 46.300 millones de euros, mientras que otro informe reciente del ESRI contabilizó 200.000 niños que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, definido como el 60 por ciento de la renta mediana de los hogares.

A principios de este año, ante la escalada de los precios del combustible provocada por el ataque de la Administración Trump contra Irán y la supresión de la lucha de clases por parte de los sindicatos, figuras de la extrema derecha pudieron ponerse al frente de varias protestas contra el aumento de los precios del combustible, que amenazaban con paralizar el suministro de petróleo a gran parte del país.

Mientras tanto, el Gobierno irlandés rebosa de ingresos fiscales procedentes de las numerosas empresas transnacionales, en su mayoría estadounidenses y europeas, entre ellas la mayoría de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo.

En 2025, los ingresos fiscales totales del Gobierno ascendieron a 105.000 millones de euros, de los cuales el impuesto de sociedades aportó casi un tercio, 32.900 millones de euros. De esto, hasta el 87 por ciento de la recaudación fiscal del gobierno procedía de empresas extranjeras, y el 11 de las mayores contribuyó con el 56 por ciento. En 2025 se registró un superávit presupuestario de 12.400 millones de euros, con otros 9.200 millones de euros previstos para este año.

Sin embargo, esta situación es muy inestable. En junio, el Consejo Asesor Fiscal de Irlanda (IFAC) advirtió de que la situación actual guardaba similitudes con la de 2006, justo antes de la crisis económica mundial. El director ejecutivo del IFAC, Seamus Coffey, declaró ante una comisión del Oireachtas (Parlamento) que en 2006 la economía dependía “enormemente” del sector de la construcción, que a su vez se sustentaba en el crédito. “Cuando el grifo del crédito se cerró muy, muy rápidamente... se perdieron 200.000 empleos en la construcción y.… otros 100.000 en el conjunto de la economía”. Coffey continuó: 'Podemos ver, en retrospectiva... la dependencia de un solo sector. En 2026, hay ecos claros en la dependencia de los ingresos [del impuesto de sociedades].'

Por lo tanto, el gobierno no tiene intención de conceder el tipo de acuerdo en el sector público necesario para satisfacer las urgentes necesidades de la clase trabajadora.

Al comienzo de las negociaciones con los representantes del PSC (Comité de Servicios Públicos) del Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU), el ministro del Gobierno de Fianna Fáil, Jack Chambers, advirtió: “Sigue existiendo una profunda incertidumbre en el contexto mundial, particularmente debido al conflicto en Oriente Medio. Por ello, y pese a los llamamientos diarios de la oposición para destinar más dinero a cada problema, es más importante que nunca que la política presupuestaria se mantenga equilibrada y sostenible a medio plazo.”

Las votaciones coordinadas forman parte de los esfuerzos del aparato sindical irlandés por mantener el control de la situación y evitar huelgas de gran alcance a cambio de unos aumentos salariales mínimos que la inflación se encargará rápidamente de absorber. Mediante una exhibición temporal de combatividad, con amenazas de huelgas parciales e ineficaces y cierta retórica militante, el objetivo es reforzar la posición negociadora de la burocracia sindical frente al Gobierno, para imponer con mayor facilidad un acuerdo insuficiente a la clase obrera.

A pesar de las enormes mayorías, solo se ha declarado un día de huelga. El PSC que agrupa a 19 sindicatos con miembros en el sector público, anunció una huelga el 14 de octubre, con piquetes en los lugares de trabajo. Todos los sindicatos que hayan celebrado votaciones hasta entonces estarán implicados. Kevin Callinan, que también es presidente del PSC, dijo que “también se planea una nueva huelga, si es necesario”.

Este es el contexto en el que se desarrolla la poco cohesionada campaña “Una Irlanda asequible”, impulsada por el partido pseudoizquierdista People Before Profit (PBP) en alianza con el Sinn Féin, el Partido Laborista, los Socialdemócratas Irlandeses, grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, organizaciones estudiantiles, los sindicatos y el ICTU. Creada a principios de este año, la campaña tiene como objetivo declarado presionar al Gobierno para que destine más dinero de los impuestos a reducir el coste de vida. Se ha convocado una manifestación para el 19 de septiembre, varias semanas antes de la presentación de los presupuestos.

Ninguno de los partidos implicados tiene la menor intención de luchar por una merma significativa de la riqueza de las empresas transnacionales, de las corporaciones radicadas en Irlanda o de la oligarquía que las dirige. Más bien, el propósito de la campaña es promover la imagen de un Gobierno “de izquierdas” alternativo en torno a Sinn Féin, defender a Irlanda como plataforma de inversión en condiciones de crisis mundial cuando la coalición de Fianna Fáil y Fine Gael llegue a un callejón sin salida, y canalizar las tensiones de clase hacia protestas que el Gobierno pueda ignorar.

Los trabajadores de Irlanda que busquen una forma de sacar de las manos de la burocracia sindical, favorable a las grandes empresas, la lucha por defender su nivel de vida pueden ponerse en contacto con la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base para planificar y coordinar una ofensiva de este tipo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de septiembre de 2026)