El martes pasado, el exfiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, huyó del país apenas unas horas antes de que el gobierno de derecha del presidente Volodymyr Zelensky lo destituyera oficialmente. Kravchenko es una figura clave en otro gran escándalo de corrupción que sacude al régimen de Zelensky, conocido como la “Operación Cartago”.
La caída de Kravchenko comenzó cuando la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), respaldada por Occidente, y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron que habían descubierto una trama de lavado de dinero a partir de las ganancias de centros de llamadas fraudulentos dirigidos principalmente a ciudadanos rusos.
Según los medios de comunicación rusos, estos centros de llamadas fraudulentos ucranianos se han multiplicado desde el inicio de la guerra de proxy a gran escala contra Rusia, respaldada por la OTAN, y han generado miles de millones de dólares al estafar a víctimas extranjeras. Al parecer, los centros de llamadas pagaban aproximadamente 7.000 dólares al mes en concepto de protección a la Fiscalía General. Hay cientos de estos centros de llamadas en funcionamiento, que emplean a decenas de miles de personas en toda Ucrania. Los centros de llamadas ucranianos también han sido implicados en el reclutamiento de ciudadanos rusos para operaciones terroristas y de sabotaje.
Si bien el director de la NABU, Semen Kryvonos, afirmó que los centros de llamadas formaban parte de un “acto de subversión ruso”, la magnitud de la operación de los centros de llamadas y el hecho de que la gran mayoría de las víctimas sean ciudadanos rusos dejan pocas dudas de que los centros de llamadas operan con pleno conocimiento del gobierno dictatorial de Zelensky.
Inicialmente, Kravchenko, nombrado por Zelensky, negó cualquier participación en el esquema de lavado de dinero y permaneció en su cargo mientras culpaba a otro miembro del personal. Sin embargo, el 7 de septiembre, tras reunirse con Zelensky, Kravchenko presentó su renuncia como parte de una “decisión política consciente” para proteger al régimen de Zelensky. No obstante, mantuvo su estatus legal como fiscal general hasta que el parlamento de Ucrania aprobó su destitución oficial.
Luego, el lunes pasado, Kravchenko pasó a la ofensiva contra la NABU y la SAPO, al anunciar que había firmado una notificación de sospecha contra Kryvonos por supuesta falsificación de documentos en 2009. Kravchenko también afirmó haber iniciado un segundo proceso contra el director de la SAPO, Oleksandr Klymenko, y alegó que el verdadero propósito de la investigación de la «Operación Cartago» era dar acceso a los investigadores anticorrupción a casos que involucraban a sus propios funcionarios y destituirlo de su cargo.
Apenas unas horas después de presentar las acusaciones que pusieron al descubierto la guerra política —ahora muy pública— en curso entre la administración de Zelensky y las agencias anticorrupción respaldadas por Occidente, Kravchenko huyó del país en un vehículo del gobierno mientras afirmaba que se encontraba en un viaje oficial. En un intento apenas velado por distanciarse de Kravchenko, Zelensky posteriormente lo suspendió de su cargo y presentó una solicitud oficial ante el parlamento para su destitución. “Este fiscal general solo tiene un camino: dejar su cargo. Eso es exactamente lo que le dije”, afirmó Zelensky.
Sin embargo, tanto los reportajes de los medios ucranianos como los activistas anticorrupción han señalado que la huida exitosa de Kravchenko del país no habría sido posible sin el apoyo del gobierno de Zelensky. Se cree ampliamente que Zelensky permitió que Kravchenko huyera a cambio de que lanzara acusaciones contra funcionarios de la NABU y la SAPO.
El jueves, tras la destitución oficial de Kravchenko por parte del Parlamento, Zelensky anunció a Anton Kovalsky como fiscal general interino, poniendo fin a su vínculo formal con el desacreditado Kravchenko. Sea cual sea la verdad detrás de escena del escándalo de la Operación Cartago, está claro que el régimen de Zelensky está implicado en una vasta red de esquemas de corrupción, que se utilizan para enriquecer a la facción alineada con Zelensky de la notoriamente corrupta oligarquía ucraniana, gracias a los fondos proporcionados por el imperialismo occidental.
En noviembre pasado, investigadores de la NABU registraron el departamento del exjefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, como parte de una investigación sobre un caso de estafa por 100 millones de dólares conocido como “Operación Midas” (Operation Midas). Según las acusaciones, varios miembros destacados del gobierno ucraniano y un socio comercial cercano tanto de Zelensky como de Yermak estuvieron involucrados en un esquema de malversación centrado en Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear. La ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, y el ministro de Justicia, Herman Halushchenko, se vieron obligados a renunciar. Habían recibido sobornos equivalentes al 10 a 15 por ciento del valor de los contratos de los contratistas que construían fortificaciones en la infraestructura energética de Ucrania.
Las investigaciones por corrupción forman parte de un conflicto cada vez más intenso dentro de la clase dominante y el aparato estatal de Ucrania. La NABU se creó a raíz del golpe de Estado de 2014, respaldado por Occidente, que desencadenó una guerra civil de ocho años en el este de Ucrania y condujo a la invasión de Rusia en febrero de 2022. La agencia fue fundada en 2015 por el gobierno nacionalista de derecha de Petro Poroshenko. Desde el principio, su personal fue capacitado directamente por el FBI y la Unión Europea. Para las potencias imperialistas, la NABU es un medio importante para controlar el aparato político interno de Ucrania.
A lo largo de su existencia, la NABU ha desempeñado un papel clave en los conflictos en curso dentro de la oligarquía y el aparato estatal ucranianos, y en el pasado ha contado con un fuerte respaldo tanto de la UE como de Estados Unidos como medio para intervenir directamente en la turbulenta y clánica política oligárquica de Ucrania.
En 2020, el exfiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, denunció que la NABU fue creada por orden del entonces vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, con el fin de socavar la propia Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania y “colocar allí emisarios que respondieran a Estados Unidos”.
A medida que se intensificaban los conflictos dentro del aparato estatal, en julio de 2024, Zelensky tomó medidas para limitar el poder de la NABU y la SAP.
Esto desencadenó las mayores protestas desde el inicio de la guerra de proxy respaldada por la OTAN en febrero de 2022. Zelensky afirmó que despojar a la agencia de su independencia era necesario para combatir la «influencia rusa». Al mismo tiempo, los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU), estrechamente vinculados a la extrema derecha del país y alineados con Zelensky, llevaron a cabo redadas en la NABU para arrestar a supuestos espías rusos. Como resultado de una enorme reacción negativa tanto a nivel nacional como internacional, Zelensky se vio obligado a dar marcha atrás y retirar su intento de tomar el control de la NABU.
Desde entonces, un escándalo de corrupción tras otro ha sacudido a su gobierno, mientras el apoyo interno a la guerra sigue erosionándose. Una encuesta de Gallup del 30 de junio reveló que el 66 por ciento de los ucranianos quiere un fin negociado de la guerra lo antes posible, frente al 24 por ciento que está a favor de seguir luchando hasta la victoria. Una encuesta realizada el verano pasado mostró que el 70 por ciento de los ucranianos cree que los líderes políticos utilizan la guerra para enriquecerse. Estos sentimientos están plenamente justificados: mientras que a los trabajadores ucranianos los secuestran a la fuerza de sus hogares y calles para enviarlos a morir al frente, o tienen que ganarse la vida a duras penas con un salario promedio de 660 dólares, los oligarcas ucranianos y los políticos capitalistas se enriquecen robándole al Estado cientos de millones.
Aun cuando se utilizan como parte de conflictos internos dentro de la oligarquía, los escándalos de corrupción, en última instancia, ponen al descubierto el carácter de clase de la guerra en Ucrania. No se libra por la “democracia”, y mucho menos por la “libertad”, sino como parte de una redistribución imperialista del mundo, dirigida contra Rusia y China.
Completamente dependiente del imperialismo, la oligarquía ucraniana está tan decidida a continuar su relación de sumisión con la UE y EE. UU. como a enriquecerse a costa de la clase trabajadora. Mientras tanto, cualquier opositor político y crítico de la guerra, como recientemente el trotskista ucraniano Bogdan Syrotiuk, está siendo violentamente perseguido, encarcelado y silenciado.
Al menos por ahora, las potencias imperialistas, por su parte, siguen apoyando a Zelensky frente a sus rivales dentro de la clase dominante y el Estado ucranianos. Tras la destitución de Kravchenko, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves que la UE desembolsaría 3.3 mil millones de euros (3.7 mil millones de dólares) a Ucrania para adquirir misiles y drones para su guerra en curso contra Rusia.
“Acabo de tener una llamada telefónica con el presidente Zelenskiy. Mañana (viernes) desembolsaremos 3.3 mil millones de euros para misiles y drones en Ucrania”, publicó von der Leyen en X. El viernes, el medio de comunicación ucraniano European Pravda informó que un diplomático anónimo de la UE había revelado que, como parte del plan presupuestario del bloque para 2028-2034, Ucrania recibirá aproximadamente 115 mil millones de dólares.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de septiembre de 2025)