El martes por la noche, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el último obstáculo para la ejecución de Christa Gail Pike, rechazando su solicitud de suspensión en una orden rutinaria de solo dos frases y sin registrar desacuerdos. Está previsto que Tennessee ejecute a Pike, de 50 años, la única mujer en el corredor de la muerte del estado, a las 10:00 a. m., hora local, hoy en la Institución Correccional de Máxima Seguridad Riverbend en Nashville.

En el recurso presentado ante la Corte, los abogados de Pike plantearon si constituye un castigo cruel e inusual ejecutar a una mujer que fue violada repetidamente cuando era niña y que, según advierten los expertos, revivirá esas agresiones mientras está siendo asesinada. Los jueces ni siquiera se dignaron a responder.

La decisión es obra de la banda de fascistas que controla la Corte, la cual declaró en 2019 que la Octava Enmienda “no garantiza a un preso una muerte sin dolor”. No se anunció ninguna votación y no se registró ningún desacuerdo de los jueces nominalmente liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

La Corte suspendió una ejecución en 2024, ninguna en 2025 y ninguna hasta ahora en 2026. El gobernador Bill Lee, republicano, negó el indulto el lunes: “Estoy haciendo cumplir la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir”.

Pike tenía 18 años en el momento de su delito, estaba gravemente traumatizada y padecía una enfermedad mental. De más de 200 personas condenadas a muerte en Tennessee desde 1976, solo ocho tenían 18 años en el momento del delito. A los otros siete, todos hombres, se les han anulado las condenas a muerte. Pike es también la primera mujer ejecutada en el estado desde antes de la Guerra Civil, cuando Tennessee era un estado esclavista. Eve Martin, una mujer libre, fue ahorcada en 1820 por el delito de complicidad en asesinato. Una mujer esclavizada, Sarah, fue ahorcada en 1848.

El martes fue trasladada de la prisión para mujeres de Nashville a Riverbend, donde será inyectada en la cámara de ejecución con una megadosis única de pentobarbital, un barbitúrico, un método que ha demostrado causar edema pulmonar y una sensación de ahogamiento. Byron Black, un preso con discapacidad intelectual, fue la última persona ejecutada en Tennessee antes de Pike, el 5 de agosto de 2025, utilizando el mismo método. Los testigos lo vieron consciente y gimiendo cinco minutos después de que comenzara la inyección letal.

Pike será ejecutada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años. Su novio, Tadaryl Shipp, que participó en el crimen, cumple una condena de cadena perpetua porque tenía solo 17 años en ese momento y, por lo tanto, no era elegible para la pena de muerte.

Recientemente, dijo sobre su delito: “Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó muchos años siquiera comprender la gravedad de lo que había hecho. … Le quité la vida a la hija, hermana, amiga de alguien. Ahora me enferma pensar que fui capaz de cometer semejante delito”. Solo después de haber sido condenada a muerte fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático (TEPT). Sus abogados citan pruebas de que el consumo excesivo de alcohol de su madre durante el embarazo causó daños en el lóbulo frontal del cerebro, dejándola incapaz de “poner el freno” cuando una pelea planificada se convirtió en un asesinato brutal.

Fue agredida sexualmente repetidamente por el novio de su abuela entre los 2 y los 5 años. Fue violada a los 11 años por un vecino de 37 años, que recibió una condena suspendida y se mudó a unas casas de distancia de ella. A los 17 años, casi exactamente un año antes del asesinato de Slemmer, fue violada por un desconocido que la arrastró al bosque.

Un escrito amicus de un experto advirtió: “Existe un riesgo sustancial de que sienta y crea que está siendo violada hasta la muerte” y que “revivirá los sonidos, los olores y el dolor”. El fiscal general adjunto de Tennessee, William Ayers, respondió citando las decisiones de la Corte Suprema: “El estándar no es una ejecución sin dolor. … El daño psicológico por sí solo no constituye una violación”.

El abogado principal de oficio de Pike, William Talman, nunca había llevado un caso de pena de muerte, y tampoco lo había hecho el juez del juicio. Talman contrató a un psicólogo clínico que recopiló carpetas con documentación sobre el abuso y el trauma de Pike, pero decidió en el último momento no llamarla a declarar. La defensa no presentó ningún testimonio sobre la enfermedad mental, el daño cerebral o el historial de violaciones de Pike y nunca sostuvo que debía ser perdonada debido a su juventud.

Después de su condena, Pike permaneció alrededor de 28 años en un confinamiento Colleen Slemmer prácticamente solitario, en una celda de 7 por 12 pies “con solo una cama, estantes, un lavabo y un inodoro, durante veintidós a veinticuatro horas al día, todos los días”, según una denuncia presentada en 2022.

Relatores de la ONU han advertido que la ejecución de Pike violaría “la prohibición absoluta de la tortura y otras formas de malos tratos”. Sin embargo, los tribunales le negaron toda reparación en cada etapa, desde el tribunal de primera instancia hasta la Corte Suprema.

La ejecución de Christa Pike confirma el lugar de Estados Unidos entre los principales ejecutores del mundo. En el uso de la pena capital, se codea con China, Irán, Arabia Saudita, Irak, Egipto, Singapur y Kuwait. Estados Unidos ha votado reiteradamente en contra de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que piden una moratoria sobre las ejecuciones, adoptadas regularmente desde 2007.

La cámara de ejecución se encuentra en la cúspide de un vasto aparato de castigo. Casi 2 millones de personas se encuentran encarceladas en Estados Unidos, y más de 2.000 languidecen en los corredores de la muerte de todo el país. La tasa de encarcelamiento estadounidense, de 608 por cada 100.000 habitantes, es la más alta de cualquier país comparable.

La población penitenciaria es abrumadoramente pobre y de clase trabajadora, con una representación desproporcionada de negros e hispanos. Las personas con enfermedades mentales y discapacidades intelectuales, a quienes se les niega una atención adecuada fuera de los muros de las prisiones, terminan cada vez más en celdas y, como Christa Pike y Byron Black, en la cámara de ejecución.

El mismo Estado que ata a una mujer traumatizada a una camilla en Nashville mata con impunidad en todo el mundo. Grupos de derechos humanos cuentan unos 1.721 civiles, incluidos hasta 168 alumnas, entre las 3.684 personas asesinadas desde que Estados Unidos lanzó su guerra contra Irán en febrero. Expertos de las Naciones Unidas citan un saldo anual de 223 “asesinatos ilegales en el altamar”, en su mayoría de pescadores en el Caribe, ordenados por la administración Trump bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas.

En el país, esta violencia se dirige con creciente ferocidad contra los inmigrantes y la clase trabajadora. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía detenidas a más de 65.000 personas al 11 de julio de 2026, la abrumadora mayoría de las cuales no tenía antecedentes penales. Agentes federales han matado a tiros al menos a cuatro personas a sangre fría en 2026: Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis, Lorenzo Salgado Araujo en Houston y Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine. Al menos 1.201 personas fueron asesinadas por la policía en 2025, después de un récord de 1.271 en 2024, según Mapping Police Violence.

La barbarie y la violencia del aparato estatal expresan la realidad del dominio de clase en Estados Unidos, donde todo el sistema está subordinado y controlado por una oligarquía capitalista criminal.

Trump, la personificación de esta oligarquía, ha convertido la pena capital en un objetivo político central. El día de su toma de posesión en 2025, firmó la orden ejecutiva “Restaurando la pena de muerte y defiendo la seguridad públcia”, que ordena al fiscal general de Estados Unidos solicitar condenas de muerte en casos federales “para todos los delitos de una gravedad que exija su uso”, especialmente los asesinatos de policías y los delitos capitales cometidos por inmigrantes indocumentados, y busca anular precedentes de la Corte Suprema que limitan la pena capital.

Los resultados ya son evidentes. En 2025, 47 personas fueron ejecutadas en 11 estados, la cifra más alta desde 2009, incluidos un récord de 19 solo en Florida. La de Pike será la vigésimo novena ejecución este año y la número 1.683 desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976. Junto con la inyección letal, los estados han reintroducido o ideado otros métodos espeluznantes: electrocución, pelotón de fusilamiento, gas letal y asfixia con nitrógeno. Los ejecutores estatales siguen buscando, pero nunca encontrarán, una forma “humanitaria” de llevar a cabo el asesinato de un ser humano sancionado por el Estado.

Los demócratas han facilitado y promovido la continuidad de la brutal práctica de la pena capital. La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 de Bill Clinton impuso un plazo de un año para las peticiones federales de habeas corpus y exigió deferencia hacia las decisiones de los tribunales estatales, a menos que violaran “la ley federal claramente establecida”, acelerando las condenas de muerte. Barack Obama escribió en 2006: “Creo que hay algunos delitos —asesinato masivo, violación y asesinato de un niño— tan atroces, tan fuera de los límites, que la comunidad está justificada al expresar toda la medida de su indignación aplicando el castigo definitivo”. Joe Biden se comprometió a trabajar para poner fin a la pena de muerte federal, pero la plataforma electoral de los demócratas de 2024 eliminó cualquier mención de ella. Los demócratas han permanecido en silencio ante el impulso de Trump para ampliar las ejecuciones estatales.

En el New York Daily Tribune en febrero de 1853, Karl Marx insistió en que la pena capital debía entenderse en sus dimensiones de clase. Escribió que le resultaba “muy difícil, si no del todo imposible, establecer algún principio sobre el cual pudiera fundarse la justicia o conveniencia de la pena de muerte, en una sociedad que se vanagloria de su civilización”. Citando estadísticas que mostraban que la delincuencia se repetía con la regularidad de los fenómenos físicos, preguntó: “¿no existe la necesidad de reflexionar profundamente sobre una alteración del sistema que engendra estos delitos, en lugar de glorificar al verdugo que ejecuta a una serie de delincuentes para hacer sitio únicamente al suministro de otros nuevos?”

La lucha por abolir la pena de muerte forma parte de la creciente lucha de la clase trabajadora internacional contra un sistema capitalista que produce pobreza, abuso y violencia y responde a ellos con el verdugo. La ejecución de Christa Pike demuestra que esta lucha no puede dejarse en manos de los tribunales ni del Partido Demócrata, que una y otra vez han demostrado su lealtad al dominio capitalista.

La abolición de la pena de muerte está ligada a la defensa de todos los derechos democráticos y sociales y a la lucha contra la desigualdad, la guerra y la violencia del Estado policial. Esta lucha requiere construir el Partido Socialista por la Igualdad, la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30/09/2026)