En las últimas semanas se ha registrado un recrudecimiento de las luchas obreras en toda la India, impulsadas por el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, los salarios de miseria, el empleo precario y, sobre todo, la explotación de los trabajadores contratados, así como por la campaña de privatización impulsada por el gobierno central liderado por el BJP y los gobiernos estatales de todas las tendencias políticas.

Han participado millones de trabajadores de numerosos sectores económicos. Cabe destacar especialmente las luchas de los trabajadores textiles en Surat, en el estado de Gujarat, al oeste de la India; de los trabajadores de salud de ASHA en Uttar Pradesh y Maharashtra (los dos estados más poblados de la India); de los trabajadores de la red eléctrica en Haryana; de los empleados del gobierno estatal en Punjab y de los trabajadores bancarios en toda la India. La mayoría de estas luchas siguen en curso, y los sindicatos solo convocan manifestaciones fuera del horario laboral o huelgas de duración limitada. Frustrados por la lentitud de los aparatos sindicales, también hay cada vez más casos de trabajadores que toman el asunto en sus propias manos, como ocurrió en Noida el pasado mes de abril.  

Un factor importante que alimenta la oposición social es el aumento de los precios provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán —una guerra criminal en la que el gobierno de la India, liderado por Narendra Modi, es cómplice, ya que es un fuerte aliado militar y de seguridad tanto de Washington como de Tel Aviv. Pero la ola de huelgas y protestas también es una respuesta a la continua campaña de austeridad del gobierno, a la implementación de nuevos códigos laborales destinados a «normalizar» aún más el empleo contractual con fácil contratación y despido, y al desmantelamiento de la «garantía estatal de empleo rural», que se llevó a cabo con el objetivo expreso de reducir los salarios rurales.

Estas luchas de los trabajadores se han desarrollado en paralelo a una ola de protestas lideradas por jóvenes contra la purga de los censos electorales llevada a cabo por el gobierno supremacista hindú del BJP. En el marco de la Revisión Intensiva Especial (SIR) de las listas de votantes realizada por la Comisión Electoral, millones de musulmanes, dalits y otras personas pobres han sido eliminados de los censos electorales en una campaña masiva de supresión de votantes.

Iniciadas por el Partido Cockroach Janata (CJP) —un movimiento de protesta estudiantil de la «Generación Z» recién fundado—, las protestas contra la SIR han sacudido al régimen de extrema derecha del primer ministro Narendra Modi.

Este ha llegado a extremos extraordinarios para tratar de sofocarlas. En un intento fallido por impedir una manifestación de protesta el 10 de octubre en Delhi convocada por el CJP y apoyada por los partidos «de izquierda» estalinistas y sus organizaciones estudiantiles, las autoridades detuvieron preventivamente a miles de personas en todo el país, suspendieron el transporte hacia y dentro de la capital de la India, y movilizaron a decenas de miles de policías y paramilitares de la Fuerza Policial de Reserva Central (CRBF). Se cancelaron docenas de trenes, se suspendió gran parte del sistema de metro de la ciudad y se instalaron puestos de control en todas las principales entradas por carretera al Territorio de la Capital Nacional. En un artículo publicado al día siguiente, el World Socialist Web Site señaló: «En lo que constituye un paso importante hacia la consolidación de un régimen dictatorial, el gobierno de Modi busca criminalizar un movimiento de oposición en auge que ha movilizado a estudiantes y recién graduados universitarios en todo el país y que atrae cada vez más a sectores más amplios de la población».

En el período previo a una protesta posterior, los principales líderes del CJP fueron detenidos y solo fueron liberados después del evento y una vez que las autoridades les habían extorsionado garantías legalmente vinculantes de que acatarían las órdenes antidemocráticas del gobierno que prohíben las protestas. Neha Bora, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Toda la India (AISA), alineada con los maoístas, quien fue detenida y «desapareció» durante casi todo un día para impedir que asistiera a la protesta del 16 de octubre en Delhi, deberá comparecer ante un magistrado especial a finales de este mes porque se ha negado a firmar un «compromiso de paz».

En los últimos días se han observado medidas represivas aún mayores por parte del gobierno de Modi. En una audiencia ante la Corte Suprema el 4 de noviembre, el fiscal general adjunto Tushar Mehta argumentó que se debería obligar a los organizadores de las protestas a pagar por cualquier «pérdida» que hayan sufrido las empresas debido a la «perturbación» causada por las protestas. De hecho, la causa, con diferencia, más importante de cualquier perturbación en la «vida cotidiana» asociada con las recientes protestas fueron las draconianas medidas de seguridad implementadas por orden del gobierno.

Para dar un pretexto a una represión más intensa y movilizar a sus cuadros de extrema derecha, altos dirigentes del BJP, como el ministro del Interior, Amit Shah, y el gobernador de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, están haciendo afirmaciones descabelladas sobre una «intervención extranjera» en las protestas y organizando contramanifestaciones bajo el lema «Salven la democracia, acaben con la anarquía». Al dirigirse el domingo a las tropas de la CRPF en Bastar, Chhattisgarh, Modi se jactó de que el Estado indio había aplastado la insurgencia guerrillera maoísta o naxalita, que se remonta a mucho tiempo. Sin embargo, continuó, «es necesario salvar a nuestro país de los “Dimagi-Naxals” (naxalitas intelectuales)… Los “Dimagi-Naxals” se han apoderado de diversas instituciones y están incitando a la gente en contra de la Constitución y la democracia del país».

El mayor temor del gobierno es que la clase trabajadora intervenga en las crecientes protestas antigubernamentales y lo haga como una fuerza política independiente, utilizando métodos de lucha de clases.

El pasado abril, cuando estallaron protestas y huelgas de trabajadores en los suburbios industriales de Delhi —Noida, en Uttar Pradesh, y Manesar, en Haryana—, estas fueron reprimidas salvajemente. La policía atacó brutalmente a los trabajadores que protestaban pacíficamente contra los salarios miserables, las largas jornadas laborales y los empleos temporales. Cientos de personas fueron detenidas bajo acusaciones falsas de disturbios, después de que intentaran defenderse del ataque policial.

De manera similar, en Surat, las autoridades están trabajando en connivencia con los patronos para reprimir las protestas de los trabajadores textiles. Cientos de trabajadores han sido detenidos y/o despedidos por participar en las manifestaciones del 16 de agosto y del 15 de octubre para exigir el pago de sus salarios atrasados y el cumplimiento de los límites legalmente establecidos para las horas extras forzadas, incluido el derecho a al menos un día libre a la semana. En ambos casos, la policía cargó contra los trabajadores con porras.

Sin embargo, las fuerzas políticas que lideran las protestas juveniles —el CJP pequeñoburgués y los diversos partidos estalinistas, así como sus respectivas organizaciones estudiantiles— se oponen implacablemente a la movilización del poder social de la clase trabajadora en una ofensiva industrial y política contra el gobierno de Modi y la oligarquía capitalista que lo respalda.

Se niegan a vincular la lucha contra la campaña del BJP para suprimir los votos de quienes son principalmente gente de clase trabajadora y jornaleros rurales con la lucha contra la explotación laboral cada vez mayor, la desigualdad social cada vez más amplia y el desvío de enormes recursos sociales de los servicios públicos de vital necesidad hacia el fortalecimiento del poderío militar de la India.

Aunque advierten que la democracia está en peligro, el CJP y los estalinistas han limitado las protestas contra la depuración de los censos electorales a exigir la destitución del comisionado electoral jefe, Gyanesh Kumar —quien no es más que un lacayo de Modi y del gobierno del BJP— y la suspensión del SIR.

Esto va de la mano con sus esfuerzos por encadenar políticamente las protestas juveniles a los partidos e instituciones de la élite capitalista de la India, cuya riqueza ha crecido exponencialmente desde el cambio de siglo, mientras que los trabajadores y los laboriosos, que constituyen la gran mayoría de la población, siguen sumidos en el hambre, la miseria y la necesidad.

Si bien el CJP se ha orientado a presionar al gobierno y a la élite política desde su surgimiento en junio pasado, y los estalinistas han sido desde hace tiempo parte integral del establishment político, sus respectivos esfuerzos por acorralar las protestas juveniles detrás del bloque opositor INDIA, liderado por el Partido del Congreso, se intensificaron enormemente a raíz de la respuesta dictatorial del gobierno de Modi a la protesta del 10 de octubre en Delhi.

Siguiendo instrucciones del Partido Comunista Maoísta de la India (Marxista-Leninista) Liberación, el presidente de la AISA, Bora, apareció apenas dos días después en una manifestación contra el SIR organizada por el Partido del Congreso, del brazo de Rahul Gandhi, el líder dinástico del Partido del Congreso y jefe de la oposición oficial en el parlamento. El Partido del Congreso había ordenado a su propia organización juvenil que se mantuviera al margen de la protesta del 10 de octubre, porque no quería que se lo viera respaldando una protesta «radical» realizada en desafío a una prohibición del gobierno.

El CJP ha declarado de manera similar su apoyo a las protestas organizadas por el Partido del Congreso y el bloque INDIA, al tiempo que ha restringido sus propias actividades ante las acciones represivas del Estado.

Compuesto por más de dos docenas de partidos, muchos de ellos antiguos aliados del BJP, el bloque INDIA ofrece a la clase dominante india un instrumento para establecer un gobierno alternativo de derecha —no menos comprometido que el BJP con las reformas a favor de los inversionistas y la «alianza estratégica global» antichina de la India con el imperialismo estadounidense— en caso de que Modi flaquee. Cualquier diferencia que el Partido del Congreso y sus aliados del bloque INDIA tengan con la agenda de guerra de clases del régimen de Modi es de carácter táctico, y muchas de ellas surgen de su enojo y resentimiento por el grado en que el BJP, en connivencia con diversos oligarcas multimillonarios como Adani y Ambani, ha monopolizado el poder político, privándolos así del acceso a las generosas dádivas del Estado.

El gobierno estatal de Karnataka, liderado por el Partido del Congreso, ha demostrado repetidamente que, al igual que el gobierno de Modi, está dispuesto a reprimir a la oposición de izquierda: primero prohibió una manifestación del CJP y luego una protesta de los productores de caña de azúcar el 31 de octubre. En este último caso, el gobierno estatal llevó a cabo un despliegue masivo de la policía estatal para impedir que los agricultores bloquearan la carretera nacional Pune-Bengaluru.

Consciente de la necesidad de pulir las maltrechas credenciales «progresistas» del Partido del Congreso en un contexto de creciente enojo popular contra el gobierno del BJP, su dirección dio protagonismo a los partidos de «izquierda» en su mitin del 1 de noviembre, «Vote Bachao, Desh Bachao» (¡Salven el voto, salven la nación!), celebrado en Delhi, y estos últimos estuvieron más que felices de complacerlo. Los líderes de los tres partidos estalinistas —M.A. Baby, del CPM; D. Raja, del CPI; y Dipankar Bhattacharya, secretario general del CPI (ML) Liberation— aparecieron todos junto a Gandhi.

Con el pretexto de frenar el avance de la derecha hindú, los estalinistas han reprimido durante décadas la lucha de clases. Han confinado la oposición masiva de la clase trabajadora contra los salarios de miseria, la privatización y el crecimiento explosivo del trabajo por contrato a luchas aisladas de negociación colectiva, al tiempo que han atado políticamente a los trabajadores al Congreso y a otros partidos capitalistas de derecha. Al impedir que la clase trabajadora impulse su propia solución socialista a la miseria social provocada por el capitalismo, el BJP no ha hecho más que fortalecerse, emergiendo como el principal partido de la burguesía india, que está desesperada por asegurar su «lugar al sol» en medio de una crisis capitalista mundial cada vez más profunda.  

Ahora que el régimen de Modi enfrenta una creciente oposición popular, los estalinistas vuelven a estar al frente de los esfuerzos por descarrilarlo políticamente. Por un lado, vinculan la oposición a la supresión del voto, el desmantelamiento de los derechos democráticos y la incitación comunalista del BJP con el bloque de derecha INDIA y fomentan ilusiones políticas fatales de que los derechos democráticos pueden defenderse a través de los tribunales y de las demás instituciones podridas y cada vez más hindutvizadas de la democracia capitalista india.

Por otro lado, buscan impedir que las luchas florecientes de la clase trabajadora en torno a cuestiones socioeconómicas vitales se unifiquen en una contraofensiva industrial y política general de la clase trabajadora. Sus diversos frentes sindicales, a empezar por la CITU y la AITUC, no han hecho nada para movilizar a la clase trabajadora en la lucha contra la SIR. Además, si se vieran obligados a convocar protestas contra la campaña de supresión del voto o la brutal represión gubernamental contra los estudiantes, lo harían con el objetivo de impedir que la clase trabajadora intervenga como una fuerza política independiente y de vincularla al bloque INDIA.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de noviembre de 2026)