La terrible tragedia del miércoles en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, con el colapso de un edificio de apartamentos que dejó al menos ocho muertos, incluidos dos niños, constituye una demostración irrefutable de la bancarrota del sistema capitalista, de la criminalidad de la élite gobernante de Estados Unidos y de la necesidad de una alternativa socialista para la clase trabajadora.

Para entonces, los detalles del desastre habían sido ampliamente difundidos, aunque los medios corporativos han guardado en gran medida silencio sobre las condiciones sociales subyacentes y las relaciones políticas que este suceso ha puesto al descubierto. Parece seguro que la causa inmediata del colapso fue la construcción en un terreno vacío adyacente, donde trabajadores de la construcción estaban colocando los cimientos de una nueva estructura de tres pisos.

El permiso de construcción exigía que la empresa constructora reforzara los edificios adyacentes a la nueva estructura, pero los inspectores de edificios descubrieron que no se había llevado a cabo ningún esfuerzo de ese tipo. La empresa fue multada por una cantidad mínima, pero nunca llevó a cabo el refuerzo, poniendo en peligro tanto a los residentes vecinos como a los trabajadores del sitio, al menos dos de los cuales murieron en el colapso de la tarde del miércoles.

Según el relato publicado en el sitio web Gothamist, la construcción en el 2625 de la avenida Bedford, en la zona de Flatbush de Brooklyn, “era uno de los muchos proyectos similares previstos para levantarse en el barrio que se gentrifica rápidamente”. Los residentes obreros del barrio, muchos de ellos inmigrantes, están siendo desplazados a medida que los desarrolladores construyen propiedades de alquiler más rentables. Al menos cinco empresas e inversores distintos estuvieron involucrados en el proyecto.

El edificio colapsado en el 1321 de la avenida Flatbush era propiedad de un casero, Olufemi Falade, cuyo abuso de los inquilinos en otras propiedades era tan flagrante que fue encarcelado brevemente en 2006 por violaciones que incluían cableado expuesto, falta de detectores de humo, cortes de agua e infestaciones de chinches y roedores. Los reportes de prensa indicaron que el edificio, construido en la década de 1930, había sido objeto de ventas por gravámenes fiscales al menos cinco veces en los últimos diez años, para cubrir deudas impagas con la ciudad.

Lo ocurrido en Flatbush es el producto de un sistema social en el que el sector inmobiliario es una de las principales fuentes de riqueza para la élite gobernante, las normas de seguridad se tratan como obstáculos para la ganancia y los responsables casi nunca son llevados a rendir cuentas. El negocio de la construcción y los bienes raíces en la ciudad de Nueva York es, notoriamente, donde Donald Trump comenzó su carrera, primero como hijo favorito de un constructor multimillonario y luego como especulador inmobiliario y estafador por derecho propio.

Trump es un producto de este medio, en el que recortar medidas de seguridad para los trabajadores, violar los códigos de construcción, sobornar a funcionarios locales y estafar a subcontratistas, trabajadores e inquilinos son práctica común. Simplemente operó a una escala mayor que los pequeños estafadores de Flatbush, gracias a la cuantiosa herencia de su padre, un partidario del Ku Klux Klan y de Adolf Hitler que le legó a Trump tanto su fortuna como su perspectiva política.

El Gobierno municipal que supuestamente regula la construcción y garantiza la seguridad de los edificios es administrado ahora por el alcalde Zohran Mamdani, miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos. Mamdani se dirigió rápidamente al lugar del desastre de Flatbush, profesando su dolor por el número de muertos y prometiendo que no dejaría piedra sin remover para hacer responsables a los culpables.

Son palabras huecas. El Gobierno municipal sabía en marzo que el muro norte del edificio del 1321 de la avenida Flatbush estaba débil, según informó el inspector de edificios. Sabía que el desarrollador desafiaba una orden de detener los trabajos hasta que se llevara a cabo el refuerzo del muro en peligro. El Departamento de Edificios, que no hizo cumplir estos requisitos, investiga ahora una tragedia a la que su propia conducta contribuyó.

Más fundamentalmente, toda la política de Mamdani desde que asumió el cargo en enero —e incluso antes, desde que ganó la nominación demócrata para alcalde en junio de 2025— ha sido tranquilizar a Wall Street, al gran empresariado en general y, en particular, a los magnates inmobiliarios de la ciudad, de que su marca de “socialismo” no representa una amenaza para sus intereses. De hecho, no es socialismo en absoluto, sino política capitalista situada muy a la derecha de los demócratas liberales del siglo pasado, desde Franklin Roosevelt hasta Lyndon Johnson.

Mamdani se ha reunido con Donald Trump en tres ocasiones, afirmando cada vez que él y el presidente fascista tienen un interés común en el éxito de la ciudad de Nueva York, con lo que ambos se refieren a mantener a Nueva York como el centro del sistema financiero mundial y el hogar de más multimillonarios que cualquier otra ciudad. Se ha reunido repetidamente con figuras destacadas de la bolsa de valores, la banca de inversión, los fondos de cobertura y el sector inmobiliario: todas áreas privilegiadas para que la aristocracia financiera explote y saquee a la clase trabajadora.

El 27 de agosto, Mamdani conformó un Consejo Asesor Empresarial de 15 miembros, integrado por personas de ese tipo, que se reunirán trimestralmente con el alcalde y su vicealcaldesa para justicia económica, Julie Su, la exfuncionaria de la administración Biden encargada de romper huelgas, para asesorar sobre desarrollo económico, crecimiento industrial, infraestructura y regulación. Declaró: “Este consejo reúne a las personas que están construyendo la próxima generación de la economía de Nueva York —en finanzas, tecnología, ciencias de la vida y más allá— para ayudarnos a redoblar lo que hace de esta ciudad el mejor lugar del mundo para iniciar una empresa, hacer crecer un negocio y construir una carrera”.

El WSWS comentó en su momento: “Es difícil imaginar una admisión más descarada de servilismo ante la oligarquía corporativo-financiera”.

Los trabajadores e inquilinos de Brooklyn están pagando ahora el precio de esta política. La construcción sigue siendo la ocupación más peligrosa de la ciudad de Nueva York. Los trabajadores de la construcción de la ciudad tienen más de seis veces más probabilidades de morir en el trabajo que el trabajador promedio, y los trabajadores inmigrantes y latinos mueren en números desproporcionados. Según reportes en redes sociales, varios trabajadores de la construcción heridos en el colapso del miércoles huyeron del lugar por temor a ser detenidos por agentes del ICE.

El colapso del edificio recuerda el incendio, en enero de 2022, en el edificio de apartamentos Twin Parks North West del Bronx, que mató a 17 personas, incluidos ocho niños, en un edificio que era hogar de una gran comunidad de inmigrantes de Gambia y África Occidental. El edificio era propiedad de una asociación de firmas de inversión privadas que lo había comprado dos años antes. Las puertas de cierre automático que deberían haber contenido el humo no funcionaron.

Dos incendios en apartamentos mataron a 10 personas en la ciudad de Nueva York la semana pasada. Seis murieron el 5 de noviembre cuando un incendio destruyó una casa adosada multifamiliar en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, donde el fuego fue tan intenso que estallaba por las ventanas de cada piso, limitando los esfuerzos de los bomberos, que necesitaron tres horas para controlar el incendio. Anteriormente, un incendio en el barrio de Mott Haven, en el Bronx, provocado por la batería de una bicicleta eléctrica, mató a cuatro personas. Mamdani hizo una aparición en Sunset Park para hablar sobre el duelo y el “inmenso dolor”, tal como hizo seis días después en Flatbush.

Si bien estas condiciones son particularmente agudas en la ciudad de Nueva York, existen en todas las ciudades de Estados Unidos y empeorarán cuando se instale el clima invernal, manteniendo a las personas en interiores y obligándolas a recurrir a métodos inseguros para mantenerse calientes, como calentadores eléctricos, si no pueden permitirse otra cosa. Ya este mes, incendios en viviendas han destruido hogares y cobrado víctimas en centros urbanos de los estados del norte, incluidos Detroit, Minneapolis-Saint Paul, Denver y Seattle. Unas 1.555 personas han muerto en incendios domésticos hasta ahora este año, según la Administración de Bomberos de Estados Unidos.

Las agencias municipales, estatales y federales encargadas de hacer cumplir las regulaciones de seguridad han sido vaciadas. Durante un auge de la construcción en Nueva York, el Departamento de Edificios de la ciudad perdió 119 puestos y, a marzo de 2026, tenía una tasa de vacantes del 13,6 por ciento. A nivel federal, la administración Trump ha reducido la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional a la plantilla de aplicación más baja en la historia de 55 años de la agencia y planea realizar un 27 por ciento menos de inspecciones el próximo año que en 2025.

En la misma semana del colapso, la administración Trump se movió para retirar la asistencia alimentaria a 6,3 millones de personas, el Pentágono solicitó decenas de miles de millones de dólares adicionales para la guerra contra Irán y los demócratas salvaron al secretario de Guerra de un juicio político. Hay dinero ilimitado para la guerra y para el enriquecimiento de la oligarquía financiera. No hay nada para viviendas seguras, lugares de trabajo seguros ni para los inspectores encargados de hacer cumplir las normas.

Los trabajadores e inquilinos no pueden confiar la investigación de este desastre a las agencias y funcionarios cuyas políticas lo produjeron. Lo que se requiere es una investigación independiente por parte de trabajadores y residentes, con pleno acceso a los expedientes de permisos, los informes de inspección y las comunicaciones del desarrollador y de la ciudad. Deben formarse comités de base en los sitios de trabajo y en los edificios de apartamentos, con el poder de detener trabajos peligrosos y exigir reparaciones.

La vivienda digna y segura para todos es un derecho social, no una mercancía. Garantizarla requiere un masivo programa público para construir y reparar viviendas bajo el control democrático de la clase trabajadora, financiado mediante la expropiación de las fortunas de la oligarquía inmobiliaria y financiera y la reorientación de los recursos que hoy consume la guerra. Ese es el programa socialista por el que lucha el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12/11/2026).