Argentina fue declarada en default técnico el miércoles pasado. La medida fue el resultado de las acciones de una corte estadounidense que se ha puesto del lado de los fondos de inversión de alto riesgo de Wall Street que exigen el pago completo más intereses a los bonos que la mayoría de los acreedores de la deuda acordaron reducir en un 70% de su valor como parte de la reestructuración de la deuda que siguió al colapso financiero argentino del 2001-2002.

El gobierno argentino de la Presidenta Cristina Kirchner acaloradamente denunció a los Estados Unidos de ser responsable de estos desarrollos, al mismo tiempo negando que el país esté en un default que aproxime al país a la catastrófica situación de hace 13 años.

“Las calificadoras de riesgo, los agentes financieros y expertos que pretenden decir que Argentina está en un supuesto 'default' técnico cometen una patraña absurda que pretende fulminar el proceso de reestructuración de deuda argentina”, dijo el jefe de gabinete de Fernández, Jorge Capitanich.

Capitanich ridiculizó las afirmaciones de EE.UU. de que su poder judicial actuaba independientemente del gobierno estadounidense. "Es independiente de la racionalidad", declaró, "pero no independiente de los fondos buitres".

En el centro de la controversia se encuentra el fondo de inversión "buitre" - un término acuñado no por Argentina sino por los admiradores de los fondos de Wall Street- Elliot Management, propiedad de Paul Singer, multimillonario estadounidense y prominente contribuyente al Partido Republicano.

El fondo de inversion de Singer -que se especializa en comprar "deuda en apuros" de gobiernos empobrecidos a precios de liquidación y luego implementar drásticos cambios para exigir la cobranza del valor nominal total ()el 100 por ciento) más intereses - es parte del 7 por ciento de tenedores de bonos que rechazaron aceptar las condiciones negociadas con el otro 93 por ciento en el 2005 y 2010.

Las tácticas de Singer tuvieron éxito al demandar $90 millones en bonos de la República del Congo, el país más pobre del planeta, que Elliot Management compró por menos de $20 millones. Ganancias similares fueron tomadas de Panamá y Perú. Más recientemente tuvo éxito en llevar a cabo una operación similar en el rescate financiero de Grecia.

En el caso de Argentina, el fondo buitre compró bonos durante lo más agudo de la deuda de la crisis por $48 millones, o 22 centavos por dólar. Ahora exige que Argentina pague $832 millones -un porcentaje de ganancias de 1,608%- del total de $1.3 billones que demandó junto con los otros acreedores en la demanda. 

Ellos han rechazado aceptar los términos ofrecidos en la reestructuración, que garantizan a aquellos que la aceptaron un margen de ganancias de 300 por ciento.

En su fallo que apoya al fondo de inversión, el juez estadounidense Thomas Griesa le prohibió a Argentina realizar pagos a los tenedores de bonos que han aceptado los acuerdos de estructuración, a menos que los dueños del fondo buitre que se oponen al trato reciban su pago por completo también.

El mes pasado, Argentina depositó $539 millones que debía en intereses al Banco de Nueva York Mellon, el fiduciario de los tenedores de bono, pero el juez Griesa prohibió al banco de pagarle los fondos a los tenedores de bonos, lo que llevó a la agencia crediticia Standard & Poor's de calificarlo como un "default selectivo".

Una corte de apelaciones sostuvo el fallo de Griesa y el mes pasado la Corte Suprema de EE.UU. rechazó considerar la apelación de Argentina.

A diferencia del default del 2001, Argentina tiene las reservas para pagar a sus acreedores y satisfacer las demandas de los fondos buitres. Intentos de alcanzar un acuerdo con estos predadores, sin embargo, han sido bloqueados por una denominada cláusula RUFO (siglas en ingles de Right Upon Future Offers) en los acuerdos negociados con los acreedores que acordaron tomar el "recorte del precio". Esto les permite exigir los mismos términos ofrecidos a cualquier otro acreedor.

De esta manera, en vez de enfrentarse solamente a los $1.3 billones de la demanda "buitre", Argentina podría no sólo enfrentarse a $15 billones adicionales en demandas de acreedores "que se oponen", sino ser hundida por demandas que exigen el valor nominal total más intereses sobre los bonos de aquellos quienes acordaron la reestructuración. Estos reclamos ascenderían en total a más de $120 billones, cifra que supera con creces los actuales $29 billones que el país mantiene en reservas de divisas.

La cláusula RUFO expira a finales de este año y muchos analistas esperan que un acuerdo será alcanzada para entonces, lo cual fue reflejado en el impacto relativamente modesto del default técnico. El índice de acciones argentino cayó 8.4 por ciento, lo cual no pudo eliminar las ganancias del miércoles, cuándo el mercado de acciones subió ante las expectativas de que un inminente acuerdo de que unos bancos privados comprarían los bonos de los dueños que se oponen at trato.

No obstante, se espera que la calificación del default tendrá un impacto sobre la economía argentina, hará subir los costos de nuevos préstamos para las compañías privadas así como, en particular, a los gobiernos de provincias que dependen en gran medida de la venta de bonos.

La economía del país ya está cayendo en una recesión por primera vez desde la recuperación de la crisis del 2001-2002, y se estima que la tasa de inflación alcance el 40 por ciento a finales de año. Una exacerbación de estas condiciones significará el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, junto con la agudización de la lucha de clases y una inevitable confrontación entre el gobierno peronista de Fernández y la clase trabajadora argentina.

El impasse puede que tenga implicaciones mayores para la economía mundial: la decisión de la corte puede incrementar considerablemente el poder de los acreedores y alentarlos a resistir los acuerdos de reestructuración en la próxima gran crisis de deuda soberana.

Joseph Stiglitz, el ex principal economista del Banco Mundial y consejero de la administración Clinton, advirtió que la manera como se lleva la disputa de la deuda argentina podría contribuir a la desintegración de la economía capitalista global.

"Hemos tenido un montón de bombas tiradas por todo el mundo, y esta es una bomba que es lanzada por EE.UU. hacia el sistema económico global", declaró al New York Times, Stiglitz, quien actualmente es profesor en la Universidad de Columbia. "No sabemos qué tan grande será la explosión; y no solamente se trata de Argentina".

La mayoría de la deuda argentina se acumuló bajo el gobierno de 1976-1983 de la dictadura militar apoyada por EE.UU., en ese entonces el capital internacional vio que la salvaje represión de la clase trabajadora mediante el asesinato y "desaparición" de 30,000 argentinos creaba condiciones ideales para el lucro. 

La deuda argentina se incrementó del 13.2 por ciento del producto bruto interno (PBI) en 1975 -un año antes de que el ejército tomara poder- a 60 por ciento del PBI en 1982, un año antes de que ceda el poder a un gobierno civil.

Las condiciones fueron exacerbadas por políticas ejercidas por sucesivos gobiernos en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, particularmente bajo el gobierno peronista derechista de Carlos Menem, quien introdujo un "plan de convertibilidad" al peso-dólar a una tasa fija de uno-a-uno.

Entre 1989 y 1999, la deuda del país subió a 123 por ciento, mientras que los pagos de intereses a esta deuda se dispararon en un 253 por ciento. Capturada en los shocks financieros internacionales de finales de los noventa, Buenos Aires llevó a cabo una serie de paquetes de ajustes dictados por el FMI, acarreando duros recortes al gasto público, los sueldos y empleos que sólo sirvieron para incrementar la deuda, mientras que al mismo tiempo se agudizaba la pobreza y la desigualdad.

A mediados del 2001, en medio de una profunda recesión, Argentina no podía pedir prestado en los mercados crediticios internacionales, incluso cuando la fuga de capitales de divisas fuera del país se incrementó, conduciendo a un default inevitable en Diciembre del 2001. El precio pagado por la clase trabajadora fue catastrófico, la tasa oficial de desempleo llegó al 21 por ciento (la verdadera era considerablemente más alta), los salarios reales cayeron un 23 por ciento y 53 por ciento de la población cayó en la pobreza.

A pesar del intento de la Presidenta Fernández y otros funcionarios para encubrir a sus políticas en demagogia nacionalista, el actual gobierno ha mantenido la subordinación de la economía argentina a Wall Street y a la política de sus predecesores al aceptar la jurisdicción de las cortes estadounidenses.

El presupuesto nacional del gobierno para el 2014 asigna el 9 por ciento del gasto total para pagar la deuda del país, más de lo que gasta en educación, el cuidado a la salud y otras necesidades esenciales de la clase trabajadora argentina.