Obama anunció “reforma” derechista de política migratoria en discurso nacional

29 noviembre 2014

El presidente estadounidense Barack Obama pronunció un discurso el 20 de noviembre en lo cual dio una vista previa de una orden ejecutiva que iba a ser firmada y publicada al día siguiente.

Como con la mayoría de sus discursos, los comentarios de Obama exudan hipocresía y cinismo. Sus comentarios combinan homilías vacías, describiendo los EEUU como una “nación de inmigrantes”, con proclamaciones que los aproximados 11-12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados deben “jugar de acuerdo con las reglas” y “ser considerados responsables”. En realidad, la propuesta es completamente derechista.

El programa proyectado por Obama cubriría menos de la mitad de los 11-12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados y niños actualmente en los EEUU, con los demás sujetos a la detención inmediata y deportación como “ilegales”. A lo largo de los seis años de su cargo, el gobierno de Obama ya ha deportado más inmigrantes que todos los gobiernos en la historia de los estadounidense.

A pesar de los aullidos de “amnistía” por secciones del Partido Republicano, y las alabanzas a la Casa Blanca por sus partidarios en los medios comunicativos y grupos latinos afiliados con el Partido Demócrata, la orden ejecutiva de Obama es todo menos un semáforo verde para los trabajadores inmigrantes que busquen la legalidad, la seguridad económica y el reconocimiento de sus derechos humanos.

Según lo explicó Obama en su discurso, la mayoría de los más o menos 5 millones de inmigrantes que califican para la no deportación y permisos laborales deberán haber vivido en los Estados Unidos más de cinco años y tener niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Deben registrarse con la Agencia de Inmigración y Aduana (ICE), parte del Departamento de la Seguridad de la Patria (DHS), pasar una investigación de antecedentes criminales y pagar impuestos atrasados. A cambio de eso “podrán quedarse temporalmente” en el país, dijo Obama.

El discurso de Obama está enteramente dentro del marco derechista de la política oficial estadounidense, que considera que tienen que ser sancionados y demonizados como criminales los obreros que vienen a los Estados Unidos huyendo de la pobreza y la dictadura (culpa del mismo imperialismo yanqui) y toman los trabajos más duros y de peor pago. Mientras tanto, la verdadera clase criminal, la oligarquía financiera que controla los partidos Demócrata y Republicano, amasa una riqueza indecible e inmerecida.

Refiriéndose a los trabajadores inmigrantes, Obama dijo, “Todos nos sentimos ofendidos por alguien que cosecha las recompensas de vivir en Estados Unidos sin aceptar responsabilidad de vivir en Estados Unidos”. ¿De quién está hablando? ¿Quién está cosechando las recompensas sin aceptar responsabilidad?

Tales términos se aplicarían con mucha más justicia a la élite parasita dirigente a quienes representan Obama y los congresistas de los partidos Republicano y Demócrata. Esos caballeros fueron rescatados con millones de millones de dólares de la quiebra financiera de 2008. Pero ningún banquero o especulador jamás ha tenido que aceptar responsabilidad por manipulaciones financieras que aniquilaron empleos y niveles de vida de decenas de millones de gente obrera.

“Los trabajadores no documentados rompieron nuestras leyes, y yo creo que deben atenerse a su responsabilidad”, declaró Obama. El gobierno de Obama se niega a aplicar este mismo estándar a los banqueros y especuladores quienes rompieron las leyes contra las estafas, o a los agentes torturadores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), o a los altos oficiales del gobierno de Bush que organizaron guerras ilegales y le mintieron al pueblo estadounidense. Y, como bien se sabe, el gobierno mismo de Obama opera fuera de la ley, pisoteando la Constitución, pretendiendo tener poderes sin límites de espiar, arrestar, detener y aun asesinar a ciudadanos americanos.

Bajo el plan de Obama, la mayoría de trabajadores quienes han entrado el país sin documentos legales seguirán siendo tratados como criminales, y serán expulsados en cuanto sean descubiertos. Los cuatro o cinco millones que el decreto protege se convertirán a una reserva barata de trabajo federalmente regimentada. Los que registran con el DHS sólo tendrán seguridad temporal; estarán sujetos a la decisión del próximo presidente (o del mismo Obama si las circunstancias cambian en los próximos dos años). En tal caso la base de datos de DHS se convertirá a un recurso importante para la reanudación de redadas, detenciones y deportaciones.

Obama presentó como modelo el proyecto de ley migratoria reaccionario aprobado el año pasado por una mayoría bipartidista del Senado. A la vez se quejó que la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano había negado a traerlo al voto. Este proyecto de ley hace hincapié en la seguridad de la frontera, mientras establece un mecanismo cruel de 17 años para que algunos trabajadores indocumentados logren la ciudadanía.

El gobierno ya ha implementado muchas de las medidas del proyecto de ley del Senado. Obama alardeó del número récord de agentes federales, sensores y aviones drones movilizados en la frontera entre Estados Unidos y México, y anunció aun más militarización: “Nosotros dotaremos a nuestros agentes fronterizos con más recursos para continuar nuestro progreso de aplicación de la ley. Se trata de que ellos impidan los cruces ilegales, y aceleren la deportación de los que hayan cruzado”.

Oficiales de la Casa Blanca dijeron que algunas provisiones del proyecto de ley del Senado, como el derecho a la ciudadanía y las medidas especiales para trabajadores agrícolas, estaban más allá de la autoridad legal del presidente de promulgar por medio de decreto ejecutivo. La medida fue elaborada bajo la rúbrica de “discreción fiscal”, donde el presidente, como jefe ejecutivo, puede decidir priorizar la ejecución de leyes migratorias contra categorías particulares de inmigrantes, dado que el gobierno federal carece los recursos para recoger y expulsar a 12 millones de personas.

Obama ocupó una porción considerable de su discurso en definir la estrechez de la orden ejecutiva, incluyendo la negación del programa de salud Medicaid, cupones de alimento y otros beneficios a los inmigrantes que recibirían permisos de trabajo.

“Este arreglo no abarca a nadie quien haya venido a este país recientemente”, dijo. “No abarca a nadie quien entre ilegalmente en el futuro. No concede la ciudadanía, o el derecho de quedarse aquí permanentemente, tampoco ofrece los mismos beneficios que reciben los ciudadanos; sólo el Congreso puede hacer eso. Lo único que decimos es que no te vamos a deportar”.

Como en muchos casos de sus declaraciones de política, Obama intentó presentar su orden migratoria como un término medio entre dos extremos. “La amnistía masiva sería injusta”, afirmó. “La deportación masiva sería tanto imposible como contraria a nuestro carácter. Lo que yo describo es la responsabilidad, un enfoque a mitad de camino, de sentido común: los que cumplen con los requisitos, pueden salir de la sombra y ponerse bien con la ley”.

De hecho, “la amnistía masiva” es la única política compatible con los principios democráticos. Todo obrero debe tener el derecho de vivir en cualquier país que escoja, con plenos derechos de ciudadanía. Pero bajo el sistema capitalista, el capital es móvil globalmente mientras la clase obrera está encarcelada detrás de las fronteras del sistema de estados nacionales.

La afirmación de Obama que la deportación masiva es “contraria a nuestro carácter” oculta una contradicción. Sin duda, serían aborrecibles para la inmensa mayoría de gente obrera, las medidas de estado policía que serían necesarias para recoger y deportar 12 millones de personas, destruyendo millones de familias. (Según un cálculo, 13 por ciento de niños de escuela en California y en Texas tienen al menos un padre o madre indocumentado/a.)

Pero para la élite dirigente de Estados Unidos, y del gobierno de Obama en particular, “apresar a millones” es perfectamente concebible. Durante sus seis años, el gobierno de Obama ya ha expulsado a casi tres millones de inmigrantes. Grandes secciones del Partido Republicano abogan por la detención y expulsión de millones más.

La disputa entre los partidos, en la medida en que exista, refleja divisiones dentro del élite dirigente sobre que tan explosiva políticamente tal operación sería, y que tanto afectaría el funcionamiento de grandes secciones de la economía estadounidense, que depende de la labor superexplotada de los inmigrantes.

Secciones del Partido Republicano, particularmente aquellas conectadas a los grupos ultraderechistas del “Tea Party”, durante mucho tiempo han empleado ataques demagógicos contra los inmigrantes como arma política. El Senador Republicano Tom Coburn de Oklahoma insinuó que cualquiera acción percibida como de favorecer a los inmigrantes podría encender acciones de violencia por grupos armados.

“El país va a ponerse loco, porque van a ver esto como una maniobra fuera de la autoridad del presidente, y va a ser una situación muy seria”, dijo Coburn a USA Today. “no lo espero, pero se podría ver anarquía. Se podría ver violencia”.

Obama apeló a sentimientos derechistas durante su discurso televisado, suplicando a los del Partido Republicano que no dejen que el desacuerdo sobre medidas de inmigración impida la colaboración en otras áreas cuando ellos tomen control del Congreso este enero.

Hay preocupación particular entre las grandes empresas de Estados Unidos que la cuestión de la inmigración interrumpa la aprobación de un presupuesto federal para lo que queda de este año fiscal, que empezó el 1 de octubre. Un acuerdo temporario vence el 11 de diciembre, y los líderes del Partido Republicano de la Cámara de Representantes y el Senado se han tomado muchas molestias para asegurar a Wall Street que no habrá repetición de del cierre temporal del gobierno, y no ocurrirá ningún incumplimiento de pagos de deudas federales.

El diario Los Angeles Times, en uno de los pocos comentarios que no se deja embaucar por supuestos enormes desacuerdos entre los dos partidos, notó el jueves, “la reacción fuerte por los líderes Republicanos tiene menos que ver con la oposición a los detalles de la política sobre inmigración del presidente y más que ver con el temor e ira que el tema descarrilará el agenda de nueva la mayoría del Partido Republicano antes de que se convoque el próximo Congreso”. Eso incluye hacer tratos con Obama sobre medidas (a favor de las grandes empresas) sobre impuestos, comercio exterior y política energética.

Patrick Martin

 

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[29 agosto 2014]