Miles de jóvenes estudiantes y trabajadores se manifestaron el jueves 18 de diciembre contra la nueva "Ley de Trabajo Juvenil" (LTJ) del gobierno del nacionalista Ollanta Humala. Miles más protestaron el lunes 22 de diciembre. So pretexto de fomentar el empleo juvenil la ley representa un ataque contra toda la clase obrera y una redistribución más de lucro para las grandes empresas.

La LTJ, aprobada en noviembre, por una coalición de legisladores del Partido Nacionalista del Presidente Ollanta Humala y el Partido Fujimorista (derechista) forma parte de otro llamado "paquetazo económico" que supuestamente revivirá la economía peruana luego de que, después de años de crecimiento sostenido, entra en una visible desaceleración. El diario El Comercio anunció que las proyecciones del PBI disminuyeron este año del 6 por ciento en enero a sólo 2.6 por ciento en noviembre.

La respuesta neo liberal del gobierno de Humala ha sido de fomentar los negocios reduciendo costos y “flexibilizando” leyes que protegen al medio ambiente. La LTJ sigue a otra ley que limita las funciones del Ministerio del Ambiente y facilita el acceso a explotar ecosistemas previamente protegidos. Todo se sacrifica por el lucro de las empresas (mineras, de manufactura, y financieras).

La nueva ley incentivaría (dice el gobierno) a que las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, contraten más fácilmente a jóvenes que ahora trabajan para el denominado sector informal (que opera fuera del control del gobierno).

Dejando a un lado actividades criminales, este sector incluye a los que trabajan en las minas informales, empleados domésticos, estibadores de mercados de abasto, trabajadores de la basura, y artesanos y vendedores cuentapropistas (muchos de ellos, niños).

Otros miles de obreros, en la economía “formal” están sujetos a contratos de contingencia, a sueldos de hambre; algo típico en la industria textil y en otras maquiladoras ligadas a las exportaciones.

Si bien el crecimiento del trabajo precario es un fenómeno global, en Perú domina. Se estima 74 por ciento de la población económicamente activa (PEA) [y 9 de cada 10 jóvenes] trabaja en la informalidad. En verdad, ese y otros tipos de regimenes especiales de “flexibilización laboral,” han sido alentados por todos los gobiernos peruanos desde el primer gobierno de Alan García Pérez del supuestamente populista APRA (1985-1990) [cuando la informalidad creció tremendamente].

La parte de la nueva ley que ha causado gran controversia es la que recorta beneficios laborales para rebajar el costo de la mano de obra. Los jóvenes entre la edad de dieciocho y veinticuatro años no tendrán derechos de compensación por tiempo de servicios (en caso de perder el empleo), seguro de vida, bonos familiares, o el mismo derecho de vacaciones.

Los defensores de la nueva ley en el gobierno cínicamente afirman que los jóvenes trabajadores a los cuales se les recorta los susodichos beneficios de todas formas no iban a obtenerlos. Martha Chávez, congresista fujimorista (de extrema derecha) y presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, dijo que si "[los jóvenes] no tienen nada, ¿qué les estoy recortando?".

Por su parte, el propio Humala, defiende la LTJ por ser "realista". Humala, quien fue elegido en gran parte por su falsa oposición al modelo neoliberal, ha virado tanto hacia la derecha que partidos de la oposición derechista logran algo de credibilidad política atacando sus políticas abiertamente proempresariales.

Muchos analistas políticos e incluso la Organización Internacional del Trabajo insisten que la nueva ley no solucionará el desempleo en negro y de que más bien es otro "subsidio" del gobierno a las grandes empresas. Se predice que éstas despedirán a trabajadores más viejos para contratar a jóvenes bajo la LTJ y así reducir sus costos.

Aunque se alega que la ley beneficiaría a pequeñas y medianas empresas, el lucro sería enorme para las grandes empresas con muchos trabajadores.

El diario liberal burgués La República explica como se favorecían esas empresas: “Un joven contratado con sueldo mínimo bajo la nueva ley ahorra al empleador S/. 2,250 al año [US$ 190], monto que, multiplicado por los 3 años que fija la norma como plazo máximo de contratación, suma 6.750 soles [US$ 2,370”] por joven. Como las empresas pueden tener bajo esta modalidad –según la nueva ley, a un 25 por ciento de su planilla, el beneficio que supone para empresarios del sector comercio, servicios y manufactura es evidente.”

No sólo en Lima se registraron protestas, sino también en otras principales ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco. La protesta del jueves 18 en Lima tenía como objetivo dirigirse al Congreso de la República y al Palacio del Gobierno, sede del poder ejecutivo. Pero las calles fueron bloqueadas y los miles de jóvenes, y partidarios de colectivos y de partidos de izquierda, concentrados en la Plaza San Martín se vieron obligados desviarse por la larga Avenida Arequipa; pasando frente a la sede del gobernante Partido Nacionalista.

Parece que hubo allí una pelea y la policía disparó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, que se esparcieron en todas las direcciones por los distritos de clase alta de San Isidro y Miraflores. Hubo una docena de detenidos y denuncias de que un joven había sido atropellado por un auto policial que, acto seguido, se dio a la fuga.

El WSWS habló con varios manifestantes: José, un estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, considera injusto el recorte de beneficios y señaló la injusticia de que los congresistas posean el privilegio del beneficio de gratificación por tener hijos cuando muchos de sus hijos ya son mayores de edad. Franco, estudiante de arte que trabaja como ilustrador, afirma que trabaja por su cuenta porque las empresas actualmente no otorgan beneficios “desde que comienzas, sino que luego de muchos meses e incluso sólo para pagarte un sueldo mínimo en horarios de más de 9 horas”. También se quejaba de que las empresas son las que se beneficiarán con la nueva ley ya que obtendrán “una mano de obra baratísima”. Félix, un estudiante de derecho, declaró que protestaba para que prevalezca el “derecho a la igualdad en el trabajo”. También denunció que los recortes sólo beneficiarían a las empresas.

El día lunes otra protesta fue convocada. Esta vez el ministro del interior Daniel Urresti declaró unas "advertencias" y "recomendaciones" para todos los que fueran a protestar que ascendían a una clara amenaza de represión: los manifestantes debían presentar su carné de identificación (DNI), no usar pañoletes (una leve protección para el gas lacrimógeno), capuchas, mochilas, ni traer botellas de vidrio. Urresti afirmó que estas medidas eran necesarias para detectar delincuentes, o "infiltrados" de Sendero Luminoso (un movimiento guerrillero maoísta que ya no existe) o del MOVADEF, el partido político descendiente de Sendero Luminoso que no cuenta con ningún apoyo entre los jóvenes.

Que el ministro del interior pida identificación para asistir a una manifestación pública va contra la libertad de reunión y expresión. Si bien la primera ministra Ana Jara inmediatamente declaró que pedir el DNI era inconstitucional, lo que le preocupa al gobierno es que hay en juego mucho dinero de inversores y necesita mostrar que tiene bajo control los numerosos los conflictos sociales que se dan en todo el país.

Las protestas juveniles representan el inicio de una oposición al gobierno abiertamente derechista de Humala a quien se le acabaron los años dorados basados en exportación de minerales, principalmente a China, y ahora obliga a que el pueblo pague la desaceleración de la economía y los sueldos multimillonarios de los banqueros y empresarios, y transfiera a accionistas y especuladores peruanos y de todo el mundo una mayor tajada la riquezas que genera la clase trabajadora.

El lunes 22 se juntó a la manifestación la Red Solidaria de Trabajadores del Perú, integrada por sindicatos independientes de sectores como el comercio, agro y textil, sindicatos que durante décadas han aceptado la informalidad en sus industrias.

La Confederación General de Trabajadores Peruanos (estalinista) también dio su apoyo a las protestas, pero sólo para encauzarlas a colaborar con el gobierno. "Estamos elaborando una demanda de inconstitucionalidad porque consideramos que es un régimen discriminatorio", señaló César Soberón, secretario de la juventud trabajadora de la CGTP.

Significativamente, el mismo veintidós de diciembre en que miles marchaban en las calles de Lima, Mario Huamán, secretario general de la CGTP, enviaba sus felicitaciones al presidente cubano Raúl Castro (por su acuerdo con el gobierno estadounidense) cuyo gobierno sigue imponiendo sobre el proletariado y la juventud de Cuba medidas de flexibilización, informalidad, cuentapropismo y trabajo por contingencia (al igual que la clase de poder peruana) en beneficio del capitalismo mundial.

Digan lo que digan, todas estas fuerzas, APRA, sindicatos independientes, y la CGTP, todos conspiran con Humala para frenar las protestas populares contra la LTJ y mantener a la juventud encadenada al capitalismo. Los estudiantes y la juventud obrera, codo a codo con el proletariado peruano y mundial, deben tomar el camino de la independencia política y la lucha por el socialismo.