Casi dos semanas después de que miles de jóvenes trabajadores y estudiantes marcharan para protestar la nueva "Ley Laboral Juvenil" de Perú, el presidente Ollanta Humala convocó una sesión extraordinaria del congreso nacional para debatir la viabilidad de la legislación.

La ley fue rechazada en un aplastante voto el 26 de enero -a tiempo para prevenir otra manifestación convocada para el jueves-; muchos de los congresistas que originalmente votaron a favor cambiaron sus posiciones debido, obviamente, a la inesperada oposición de masas.

La legislación, que fue aprobada a finales del año pasado, fue promovida cínicamente como un medio para fomentar la contratación de jóvenes trabajadores por las pequeñas empresas por medio del recorte de sus beneficios para reducir costos laborales para el empleador. En realidad, era parte de una serie de paquetes económicos aprobados el año pasado que tienen como objetivo hacer que la clase trabajadora pague por la desaceleración de la economía peruana.

Una investigación reciente del diario peruano La República arrojó algo de luz sobre la intervención de asociaciones de empleadores en la elaboración de la ley. En octubre del 2014, la Asociación de Exportadores (ADEX) presentó a la Comisión de Trabajo del gobierno una presentación titulada: "Las reformas que el Perú necesita".

"En la presentación", el reporte declara, "ADEX propone la reforma del régimen general de trabajo (...), la reducción de vacaciones, gratificaciones, compensaciones y la flexibilización de despidos".

Las sucesivas marchas contra la ley fueron confrontadas con un crescendo de violencia estatal, junto con una campaña de intimidación por parte del gobierno y la supuesta infiltración de agentes provocadores. En una de las primeras marchas, el ministro del interior Daniel Urresti propuso pedir documentos de identidad para quienquiera que participara.

Semanas después, unos 20 activistas recibieron una "demanda preventiva" de un fiscal en el que se les advertía de antemano de participar en la promoción de las protestas. Y durante las preparaciones de la cuarta marcha, policías portando pistolas detuvieron a jóvenes activistas del distrito de San Juan de Lurigancho por entregar volantes promoviendo la marcha.

Las marchas han sido organizadas y dirigidas por colectivos radicales de jóvenes sin ninguna asociación importante a los partidos establecidos de "izquierda". También ha habido un incremento cualitativo en la auto-organización de jóvenes activistas quienes, por medio de las redes sociales, dividieron a la ciudad en 12 "zonas" para así organizar el programa y las rutas de las protestas. Las "zonas" también se han vuelto foros de discusión y activismo en los vecindarios de los distritos, sin la activa participación tanto de los sindicatos como de la pseudo-izquierda. Esta práctica también se ha propagado afuera de la capital.

Los sindicatos y la pseudo-izquierda, sintiendo la preocupación de la élite gobernante de que este movimiento no pueda ser contenido, decidieron liderar la última marcha el 15 de enero. Sin embargo, los jóvenes manifestantes acusaron a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de traicionar el objetivo principal de la marcha: manifestar pacíficamente en frente del Congreso.

"La CGTP acordó asegurar la defensa de 10,000 trabajadores mientras conducían la protesta por la Avenida Abancay (que conduce al Congreso)", escribió el activista César Cornejo. Pero cuando llegó el momento de alcanzar la avenida, él acusó que "los pocos sindicatos entonces recogieron sus banderas y se fueron. Una pequeña provocación policial fue realizada por el CTP y Renovar (sindicato y colectivo del derechista partido aprista, respectivamente) y la represión fue desatada en los estudiantes que ocupaban la mayoría de las calles".

Los manifestantes se esparcieron por el centro de Lima, perseguidos por policías que disparaban gas lacrimógeno y golpeaban a jóvenes que respondían.

"No pudimos ir al congreso porque los sindicatos que se suponían que iban a asegurar nuestra seguridad nos abandonaron", declaró Cornejo.

Con las encuestas mostrando que el 70 por ciento de la población rechazaba la ley de trabajo juvenil, portavoces mediáticos de la derecha peruana hicieron un llamado para la anulación de la ley. Ellos temen que la inesperada radicalización de los jóvenes ponga en peligro las posibilidades de la elección de un candidato de derecha y pro empresarial en las elecciones presidenciales del próximo año. Se espera que postulen Alan García del APRA, la fujimorista Keiko Fujimori y el multimillonario banquero peruano-estadounidense Pedro Pablo Kuczynski. Todos estos políticos apoyados por la gran empresa han fingido, en diferentes grados, oposición a la ley.

La anulación de la ley es una derrota para Humala, quién ya está afectado por una tasa de aprobación de tan sólo 25 por ciento. No sólo siete de los congresistas de su partido Gana Perú no siguieron la órdenes partidarias y votaron contra la legislación, la renuncia de uno de ellos de sus filas ha dejado a Gana Perú con tan sólo 34 de los 130 asientos en el Congreso, uno menos que la oposición fujimorista de derecha del partido Fuerza Popular.

Mientras su gobierno entra en su último año en el poder, la prensa burguesa peruana especula si la falta de confianza de la población en Humala -quién fuera elegido en una distorsionada expresión de rechazo popular a las políticas "neoliberales" de sus predecesores- evolucionará en una radicalización mayor de la clase trabajadora y la juventud o podrá ser canalizada detrás de un candidato pro empresarial, como ellos claramente esperan.