El expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca (2004-2009) fue arrestado por corrupción el domingo pasado junto con otros seis funcionarios de su gobierno. La Fiscalía General declaró al día siguiente que tiene pruebas del lavado de $6 millones por parte de Saca y su exsecretario privado, Élmer Charlaix, y de la apropiación de $116 millones de las arcas del Estado. Entre los acusados se encuentran contadores y altos funcionarios de finanzas.

“En el preámbulo de la investigación hay un monto general de $246 millones que fueron desviados a cuentas particulares a favor de uno de los imputados”, dijo el fiscal general. Douglas Meléndez.

Estos arrestos son parte de un conjunto de investigaciones de alto nivel y detenciones de algunos de los principales políticos y empresarios del Triángulo Norte centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras). Esta campaña contra la corrupción cuenta con el respaldo pleno de Estados Unidos y está vinculada al Plan Alianza para la Prosperidad, cuyos $750 millones de fondos están principalmente presupuestados para desalentar la migración a EE.UU. y contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en la región.

El caso de Saca, bajo el nombre de operación “Destape a la Corrupción”, es el primero encabezado por el Grupo contra la Impunidad (GCI), formado por el fiscal general Meléndez con el amplio apoyo político, logístico y económico de Washington.

Esta nueva organización se suma a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como instrumentos utilizados por el imperialismo estadounidense y el europeo para disciplinar a sus regímenes clientelares y para cubrir sus políticas de austeridad y represión.

El contexto inmediato de los arrestos es la severa crisis de impago que azota al gobierno del FMLN y que ha alcanzado un nivel de “emergencia”. A través de comunicados y reuniones con el ministro de economía, Carlos Cáceres, el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros le han puesto presión al partido oficialista y a la oposición de extrema derecha que controla el Congreso, ARENA, para que lleguen a un acuerdo que resuelva la crisis de liquidez del tesoro público.

En un informe publicado en octubre, el organismo financiero estadounidense Standard & Poor’s advirtió que, de no ser resultas las cuestiones fiscales, tendrían que rebajar la clasificación crediticia de El Salvador, denunciando “una mayor polarización política” en el país.

El presidente Sánchez Cerén y su gabinete efemelenista han sostenido varias negociaciones fracasadas con ARENA para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según Cerén, por “el interés del pueblo salvadoreño”, su gobierno busca aplicar una nueva ley de austeridad y una ley de responsabilidad fiscal que incluyen severos recortes sociales, una “reforma de pensiones” para utilizar estos fondos para el pago del déficit y la emisión de nuevos bonos de deuda. ARENA, por su parte, continúa mandando señales mixtas, lo que presume un intento de empeorar la crisis y profundizar la impopularidad del FMLN.

La embajadora de Estados Unidos ante El Salvador, Jean Manes, señaló hace una semana: “Deben tener una conversación honesta. Un acuerdo fiscal es clave no sólo para eso (para obtener fondos), es bien importante para la comunidad internacional que lleguen a un acuerdo fiscal, puede mandar una señal importante”. Estos fondos financieros han sido utilizados históricamente por el imperialismo estadounidense y el europeo, es decir, “la comunidad internacional”, para privilegiar ciertas políticas; pero, estas campañas “contra la impunidad” también les permiten proteger las inversiones y el dominio del capital financiero en estos países.

El frente ex guerrillero FMLN, el cual se convirtió en un partido político nominalmente de izquierda en 1992, es ahora el principal defensor de los intereses del imperialismo estadounidense en El Salvador. Su tiempo en el poder ha sido utilizado para imponer severas medidas de austeridad y expandir el aparato represivo. Más recientemente, el 17 de octubre, el gobierno del FMLN envió “grupos de choque” policiales para hostigar e intimidar a los trabajadores hospitalarios en huelga a lo largo del país. Mientras tanto, las tasas oficiales de pobreza total, extrema y relativa, además del desempleo, han aumentado paulatinamente desde el 2013, según el censo de hogares.

Saca, quien llegó al poder con el partido de extrema derecha, ARENA, fundado por el ya fallecido organizador de escuadrones de la muerte, Roberto D'Aubuisson, ya se encontraba bajo investigación de la fiscalía. Su detención ocurrió a menos de dos meses de que su sucesor, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) del FMLN, buscara asilo en Nicaragua para escapar cargos de corrupción en su contra vinculados a $728.000 de ingresos injustificados. Por otra parte, las investigaciones contra Funes y Saca se iniciaron a tan sólo dos semanas después de la muerte del expresidente arenista, Francisco Flores (1999-2004), quien se encontraba en la segunda fase de un proceso penal por el robo de $10 millones que habían sido donados para las víctimas del terremoto del 2001.

Al inicio de su turno, el gobierno de Mauricio Funes presentó 152 casos de corrupción en contra de oficiales y empresarios asociados a los gobiernos de ARENA. Sin embargo, solamente dos de los casos llegaron a juicio, incluyendo el del expresidente Flores.

En una videoconferencia el 14 de septiembre para anunciar la creación del GCI ante el Woodrow Wilson Center en Washington D.C., Meléndez cínicamente evitó responder a una pregunta sobre los 152 casos contra ARENA, diciendo: “Es bien difícil evitar que la clase política se pronuncie sobre nuestras investigaciones, lo que no pueden hacer es pretender teledirigir las investigaciones”.

En varias ocasiones, Meléndez también ha indicado que, a diferencia de los otros entes regionales, su GCI no incluye intervención internacional; no obstante, se ha comunicado con y viajado a Washington con frecuencia para coordinar sus investigaciones.

En Guatemala, el expresidente de derecha, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunciaron y fueron sentenciados en el 2015 después de que la CICIG presentara evidencia contundente de que participaban en una red de corrupción que malversaba alrededor de $1 millón al mes. La comisión ha recibido un amplio apoyo popular por este y decenas de otros casos en los que ha participado, algo que el imperialismo estadounidense pretende replicar en Honduras y El Salvador.

Por el contrario, los políticos burgueses siendo señalados han expresado su fuerte oposición. Pérez Molina y su Partido Patriota han acusado a la CICIG y a la fiscal general, Thelma Aldana, de ser marionetas de la embajada de Estados Unidos. Asimismo, los desacreditados partidos relacionados con el “giro a la izquierda” en América Latina han rechazado estas comisiones, considerándolas una “injerencia de los Estados Unidos”, como lo menciona la resolución oficial del XXII Foro de São Paulo realizado a fines de junio.

En un caso particularmente violento de resistencia personal, el ex ministro de finanzas de Pérez Molina, Pavel Centeno, se suicidó el viernes de la semana pasada después de dispararle a dos agentes que iban a arrestarlo por un caso de lavado de dinero siendo investigado por la CICIG.

La dependencia de estas élites nacionales en el imperialismo estadounidense para obtener inversiones privadas y públicas, incluyendo al aparato represivo como parte de la Alianza para la Prosperidad, les obligan a tener que aceptar estas formas imperialistas de control político.

En cierta medida, la oposición ha sido mayor en contra de las investigaciones de los crímenes cometidos durante las guerras civiles centroamericanas. El 13 de julio, la Corte Suprema salvadoreña revocó una amnistía que había sido implementada por ARENA para aquellos involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil. En El Salvador, hubo 75.000 muertes y 8.000 desapariciones entre 1980 y 1992, con 85 por ciento de los crímenes atribuidos a las fuerzas armadas apoyadas por EE.UU. Varios dirigentes del FMLN describieron la decisión como un “golpe de Estado” y una “desestabilización” para el país, haciendo eco de la reacción de los mandos militares y de la extrema derecha.

Por ahora, solamente se ha abierto un caso de la guerra civil en El Salvador: la masacre de 520 civiles perpetrada por el ejército salvadoreño en 1981, en la aldea de El Mozote. El fiscal general Meléndez, a su vez reflejando la hostilidad del FMLN hacia la lucha contra la impunidad que aún poseen los asesinos en masa de las fuerzas armadas salvadoreñas, menospreció la investigación de El Mozote, indicando que se trata de un caso “prescrito” y un “proceso de mérito [que] se encuentra fenecido…”.

Antonio Saca demostró ser un servidor dedicado al gobierno estadounidense, el cual expresó reiteradamente su aprecio por los servicios de Saca, incluyendo su envío de tropas a Irak. Fue elogiado además por su apoyo clave en la aprobación e implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR), “especialmente ante el desafío de China”, según documentos del Departamento de Estado norteamericano.

En el 2006, a través de un cable diplomático a la Secretaria de Estado, el entonces embajador de Estados Unidos, Hugh Douglas Barclay, describió a Saca como alguien, “con un rechazo visceral hacia el comunismo (FMLN, Castro, Chávez), al que culpa por haber destruido la infraestructura y economía durante los años de la guerra. Saca se enorgullece en decir que fuma sólo cigarros de marca Padrón, fabricados por los cubanos de Miami, y que nunca se fumaría un Cohiba.”

Sin embargo, Saca fue expulsado de ARENA en diciembre del 2009 presuntamente por haber gastado $219 millones del gobierno para mejorar su imagen personal, en lugar de gastarlos en programas de salud y seguridad. También fue acusado de intimidar a miembros del partido y provocar divisiones.