Durante los últimos seis años, los gobiernos de Estados Unidos y México han encarcelado a casi 1 millón de refugiados que huyen hacia los Estados Unidos desde los países del Triángulo del Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras— deportando a más de 800.000, incluyendo más de 40.000 niños. Casi el 10 por ciento de la población total de los países del Triángulo del Norte ha salido de esa región.

El incesante flujo de refugiados ha obligado a la élite política a tomar una serie de medidas en un intento de contener la crisis. Más recientemente, la estrategia de la administración Obama ha sido dejar el trabajo sucio de aprensiones y de deportaciones a su vecino del sur, México.

Bajo la fuerte presión de Washington, México implementó el Programa Frontera Sur en julio de 2014. El plan, probablemente elaborado por funcionarios de la propia administración de Obama, significa que aquellos refugiados que previamente habrían alcanzado la frontera de Estados Unidos están siendo ahora interceptados por las autoridades Mexicanas.

Bajo el Programa Frontera Sur, México ha trasladado a más de 300 agentes de inmigración a su frontera sur con Guatemala para cumplir con los implacables dictados de Washington. El Programa incluye la instalación de puntos de control móviles y la realización de incursiones regulares en trenes y albergues migrantes. El gobierno de Obama apoya directamente esta campaña con capacitación, tecnología e inteligencia. Para los migrantes, las consecuencias han sido devastadoras.

Un año después de su implementación en julio de 2014, las aprehensiones del gobierno Mexicano aumentaron en un 71 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Así mismo, detenciones de centroamericanos por la patrulla fronteriza Estadounidense disminuyeron. Este cambio creó en los Estados Unidos la ilusión de alguna medida de efectividad de la reforma migratoria. En realidad, aún más migrantes son deportados que antes; el único cambio ha sido el lugar de la detención. Además, debido a la ausencia o desatención deliberada de las leyes del debido proceso y normas humanitarias, a menudo los migrantes ya no son considerados para visas temporales. En cambio, se ven obligados a regresar, en gran número, para encara a algunas de las condiciones sociales más violentas y desesperadas del planeta.

El programa es particularmente agresivo con las operaciones destinadas a impedir que los migrantes viajen hacia el norte en trenes de carga, conocidos colectivamente como La Bestia. Las autoridades migratorias han bloqueado a los inmigrantes que deseen subirse a los trenes; han expulsado por la fuerza a los migrantes de los trenes a mitad de camino; y han asaltado negocios que se sabe los migrantes frecuentan, deteniendo a miles de personas en el proceso. Ha habido muchos informes sobre el uso excesivo de fuerza y otros abusos por parte de las autoridades, incluyendo un reciente tiroteo de un niño de 15 años que viajaba desde Guatemala. El gobierno ha negado todas las acusaciones.

No siendo capaces de abordar el tren en Chiapas, debido a la interrupción de la ruta habitual, los migrantes se ven obligados a depender de diferentes y peligrosos modos de transporte, a menudo viajando increíbles distancias a pie. Sin acceso a las redes de recursos y refugios establecidos desde hace mucho tiempo en la ruta ferroviaria anterior, los inmigrantes sufren inmensamente por las vulnerabilidades en su nuevo camino.

El gobierno Mexicano ahora utiliza esos métodos de represión, forjados inicialmente para ser utilizados contra los migrantes, contra su propia población. A principios de este año, The Guardian encontró que un creciente número de indígenas mexicanos habían sido detenidos en el Estado de Chiapas para ser deportados por no tener una identificación válida —pese a que la Constitución Mexicana establece que los individuos pueden moverse libremente por todo el país “sin necesidad de una carta de Seguridad, pasaporte, salvoconducto o cualquier otro requisito similar”. Es muy común que los bebés nacidos en comunidades indígenas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca nazcan sin haber un registro de nacimiento. Algunos informes estiman que hasta 7 millones de Mexicanos no tienen un nombre registrado, identidad o nacionalidad. A principios de este año, la WSWS se enteró de una mujer que dio a luz a un niño en Chiapas y luego, en camino a los Estados Unidos, se enredó en una red de inmigración en la cual el bebé quedó varado sin ciudadanía de ningún país.

A medida que la permanencia del 44º presidente de los Estados Unidos llega a su fin, debe hacerse un balance de los “logros” de su gobierno en cuanto a la inmigración. A pesar de las grandes promesas de hacer una reforma en sus primeros 100 días de gobierno, Obama procedió a promulgar una legislación migratoria draconiana y a acelerar las deportaciones. Las acciones de Obama se hacen aún más significativas cuando se considera que estas políticas se llevaron a cabo mientras que el Partido Demócrata —que continúa con su postura como un defensor de los trabajadores y los pobres— tenía la mayoría en ambas cámaras del Congreso después de las elecciones de 2008.

En las comunidades de inmigrantes, Obama es ahora infamemente conocido como “Deportador en jefe”. Desde 2008 ha habido más de 2,5 millones de deportaciones, un promedio de más de 1.000 por día. Esto es aproximadamente el doble de lo que ocurría bajo la presidencia del Republicano George Bush, y más que bajo cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. En 2013, hubo 435.498 expulsiones, un récord histórico para un solo año. Además, la administración ha priorizado el uso de un proceso de remoción más formal, lo que conlleva mayores consecuencias si el inmigrante intenta volver a entrar. Teniendo en cuenta que las estadísticas más recientes sólo incluyen las deportaciones que han tenido lugar hasta octubre de 2014, es muy posible que más de 3 millones de inmigrantes hayan sido deportados hasta la fecha.

Después de asumir el cargo, Obama amplió enormemente un programa que se inició bajo Bush llamado Comunidades Seguras. El programa unificó a las fuerzas del orden federales, estatales y locales, con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por deportar inmigrantes que ya vivían en las comunidades, en contraposición a aquellos que estaban intentando cruzar la frontera. Un científico político de la Universidad de Iowa, René Rocha, dijo recientemente al Christian Science Monitor que, “Antes del gobierno de Obama, había muy poca presión interna, casi toda estaba cerca de la frontera. A finales de 2011, los números de detenciones cerca de la frontera eran iguales a los del interior”.

El programa se enfrentó a numerosas críticas por destrozar comunidades y por la falta de regulación en la implementación del programa. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, encontró que sólo el 52 por ciento de las personas detenidas a través del programa estaban programadas para tener una audiencia ante un juez de inmigración y que el 39 por ciento de las personas detenidas tenían un cónyuge o hijos que eran ciudadanos estadounidenses, impactando a 88.000 familias que incluían ciudadanos estadounidenses.

En muchos casos, los inmigrantes que tienen un estatus legal temporal a través de programas tales como Acción Diferida por Llegadas de la Niñez (DACA) son mantenidos en centros de detención mal regulados en todo el país con pocos derechos legales. Aun cuando estos individuos hayan recibido inmunidad temporal legal de deportación, en muchos estados no son elegibles para los programas de ayuda médica estatal, Medicaid, ni son elegibles para los subsidios de impuestos de la Ley de Cuidado de Salud (Affordable Care Act). En ciertos estados que han proporcionado una exención financiada por el estado para ayudar a las secciones más pobres de inmigrantes, como California con Medicaid, este sector vulnerable de la población, es a menudo el chivo expiatorio de la derecha por su “abuso de los programas sociales”, en un esfuerzo para fomentar la división de la clase obrera.

Las medidas de “reforma” de la administración no sólo se enfocan en los inmigrantes que ya residen en el país, sino también se han enfocado en el fortalecimiento de Fortress America en la frontera. En 2010, Obama firmó en la legislación un proyecto de ley que otorgó $600 millones para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México mediante la acumulación de miles de agentes fronterizos y el uso de aviones teledirigidos Predador para patrullar desde el cielo.

La manifestación más reciente de la “reforma” de Obama se produjo en septiembre, cuando su gobierno anunció que comenzaría el retiro forzado de refugiados haitianos, acto que sólo se pospuso brevemente a raíz del huracán Mateo y la concentración de miles de inmigrantes Haitianos en la frontera con Estados Unidos en ciudades como Tijuana, México. Muchos de estos inmigrantes, que huyeron de Haití a Brasil después del terremoto de 2010, están siendo ahora forzados a salir por necesidad económica para hacer el peligroso viaje hacia el norte de Brasil a Estados Unidos. Al igual que los inmigrantes que huyen de la región del Triángulo Norte, los inmigrantes Haitianos se han convertido en doblemente víctimas del imperialismo norteamericano: primero, debido a la situación devastadora que enfrentaron en sus países de origen, provocada por el imperialismo norteamericano, y más adelante durante su peligroso viaje en búsqueda de condiciones habitables.

Las políticas criminales de inmigración de la administración Obama llevadas a cabo durante los últimos ocho años son otra acusación contra la naturaleza cada vez más despiadada de la élite política Estadounidense. El gran candidato “antiguerra” se convirtió en el primer presidente de la historia en mantener a Estados Unidos en guerra durante dos mandatos completos. El programa de salud universal ha resultado ser nada menos que una reestructuración del sistema para beneficiar a las grandes empresas. El supuesto candidato de los trabajadores ha supervisado la mayor transferencia de riqueza al tope del 1 por ciento de la historia. Ahora que su presidencia llega a su fin, debemos añadir al balance, la “reforma” de inmigración que ha resultado ser la deportación cruenta de más inmigrantes que en cualquier otra administración de Estados Unidos.

Antes de las elecciones del 8 de noviembre aunque Clinton hostigaba demagógicamente a Donald Trump por sus planes de construir un muro en la frontera, ella ha sido una firme partidaria de las deportaciones, y votó a favor de aumentar la seguridad de la frontera mediante la construcción de una barrera de 700 millas entre los Estados Unidos y México en la Ley de Cerca Segura de 2006 (un proyecto de ley también aprobado por Obama como senador). Clinton está en una grabación hecha en enero de este año tratando de distanciarse de Trump con deshonestas sutilezas semánticas y afirmando que ella apoyó la construcción de una “cerca” y no un “muro”. Basados en la experiencia de Obama, es claro que cualquiera que sea la fraseología, las deportaciones y otras medidas represión de inmigrantes son parte de una política bipartidista.