Hace setenta y cinco años, el 8 de diciembre de 1941, 18 trotskistas fueron condenados a prisión por promover el derrocamiento del gobierno estadounidense. Aquí presentamos la primera parte de un artículo basado en un importante libro escrito por Donna T. Haverty-Stacke, intitulado Trotskyists on Trial: Free Speech and Political Persecution Since the Age of FDR (Trotskistas en el banquillo, libertad de expresión y persecución política desde la época de Franklin Delano Roosevelt). Este artículo también utiliza archivos de la investigación independiente del juicio por parte del World Socialist Web Site, además de documentos previamente secretos del FBI, recopilados por Haverty-Stacke.
En 1941, el gobierno de Roosevelt inició uno de los procesos políticos más importantes en la historia estadounidense. Acusó a veintinueve miembros del Partido Socialista de los Trabajadores (Socialist Workers Party; SWP) de sedición y conspiración para derrocar al gobierno. El 27 de junio, los agentes del FBI allanaron las oficinas del SWP. Poco tiempo después, los fiscales formaron un gran jurado para el juicio penal, el cual comenzó el 27 de octubre y duraría un poco más de un mes.
En ese entonces, el SWP era un aliado político de la Cuarta Internacional. El gobierno lo seleccionó para juzgarlo, justo cuando Estados Unidos estaba a punto de ingresar a la guerra mundial en Europa y contra Japón.
Los acusados utilizaron el proceso para pregonar los principios socialistas del SWP ante una audiencia amplia. Desde el banquillo, defendieron su rechazo a la guerra imperialista y refutaron los intentos del gobierno de retratar la revolución socialista como una conspiración de golpe de Estado. Se comportaron con integridad y valentía ante la amenaza de ser sentenciados a prisión. El SWP publicó el testimonio ardiente de su dirigente nacional James P. Cannon en un libro bajo el título Socialism on Trial (Socialismo en el banquillo).
El primero de diciembre, el jurado declara culpables a los 18 acusados de violar la nueva Ley Smith (Smith Act) pero recomienda blandura en la condena. El 8 de diciembre, el día después del ataque japonés a Pearl Harbor, el juez lee las 18 sentencias que van de 12 a 16 meses. El 22 de noviembre de 1943, la Corte Suprema rechaza considerar la apelación de los acusados, a pesar de que había iniciado una campaña nacional a favor de dejarlos libres, en la cual participaron miles de obreros y varios reconocidos intelectuales y abogados. Roosevelt se rehúsa a perdonarlos. Seis meses después dejaron ir a seis de ellos, mientras que los otros doce salieron en enero de 1945, habiendo cumplido un año tras las rejas.
Un nuevo libro, escrito por Donna Haverty-Stacke, profesora de Hunter College en Nueva York, analiza este crucial acontecimiento en la historia del movimiento socialista. El libro, publicado 75 años después de los eventos, bajo el título Trotskyists on Trial: Free Speech and Political Persecution Since the Age of FDR (Trotskistas en el banquillo: Libertad de expresión y persecución política desde la época de Franklin Delano Roosevelt, New York University Press, 2016), es de gran importancia y su autora merece ser reconocida por su trabajo. Haverty-Stacke analiza algo que ha sido ignorado por mucho tiempo por la academia, además de que presenta muchos detalles antes desconocidos acerca del juicio y de su alcance político y legal.
Haverty-Stacke analiza con detalle crónicas que no habían sido examinadas del Departamento de Justicia y del FBI. Los académicos han prácticamente ignorado estos documentos y le han restado importancia al papel del movimiento trotskista en la vida política estadounidense, exceptuando a Bryan Palmer, el biógrafo de James P. Cannon e historiador de la Huelga General de 1934 en Minneapolis.
Acogemos la riqueza de la información que Haverty-Stacke brinda sobre la penetración de informantes y agentes del FBI dentro del movimiento trotskista. La autora hace públicas varias discusiones dentro del gobierno de Roosevelt sobre las preparaciones para lanzar el primer juicio de sedición en tiempos de paz desde la aprobación de las Leyes de extranjería y sedición en 1789. En su libro, discute las cuestiones legales del juicio, como la apelación ante la Corte de Apelaciones para el Octavo Circuito y el uso de este caso como precedente para otros procesos anticomunistas en las décadas de 1940 y 1950. Comienza su libro presentando los antecedentes del proceso penal y las biografías de los acusados.
Escogiendo a los acusados
En ese entonces, el SWP era una fuerza importante en la izquierda norteamericana, algo que se debía tanto por su papel en la dirección de ciertas huelgas claves durante los años 30, como por sus principios trotskistas. La estatura política de León Trotsky como líder, junto con Vladimir Lenin, de la Revolución de Octubre de 1917, como oponente implacable de la degeneración estalinista de la Unión Soviética, y como uno de los más grandes escritores de su época, le dio una presencia enorme en la política mundial. Incluso en el exilio y después de su asesinato en 1940, la influencia duradera de sus ideas era temida por todos sus enemigos, incluyendo estalinistas, fascistas e imperialistas “democráticos”. En esta última categoría, se destacaba el gobierno estadounidense del presidente Franklin Roosevelt.
Los 29 acusados consistían de dos grupos: La dirección política del SWP, con sede en la ciudad de Nueva York, y los miembros del SWP en Minneapolis, Minnesota, quienes también ocupaban puestos importantes en el Local 544 del sindicato de camioneros (Teamsters Union).
El primer grupo estaba conformado de revolucionarios profesionales, cuyas convicciones fueron forjadas en las luchas obreras de principios del siglo XX. Los más destacados acusados fueron James P. Cannon, Felix Morrow y Albert Goldman.
James P. Cannon, el dirigente nacional del SWP y fundador del trotskismo estadounidense, nace en 1890 en Rosedale, estado de Kansas. Luego de leer la crítica de Trotsky sobre las políticas de Stalin durante el Sexto Congreso de la Internacional Comunista de Moscú en 1928, vuelve a Estados Unidos para declararse a favor del punto de vista de Trotsky. Lo expulsan del Partido Comunista; funda la sección estadounidense de la Oposición de Izquierda y se pone en contacto con Trotsky.
Felix Morrow nace en la ciudad de Nueva York; se convierte en miembro del Comité Político del SWP y en periodista revolucionario para el diario del partido. Era reconocido por su libro, Revolución y contrarrevolución en España. Durante el juicio en su contra, la fiscalía toma constancia del papel de Morrow en el comité de redacción de la revista teórica del partido, Fourth International .
Albert Goldman, llega a Nueva York de Belarús en 1904, a los siete años de edad. Se convierte en el reconocido abogado de Trotsky ante la Comisión Dewey, la cual se formó para investigar independientemente los procesos estalinistas de 1937.
El gobierno de Roosevelt decide acusar a estos tres líderes por su asociación política, y en el caso de Cannon y Goldman, personal con Trotsky, un elemento que fue decisivo para corroborar, según la ley, que existía una presunta conspiración para derrocar al gobierno.
Por fuera de los acusados, encontramos a Joseph Hansen, quien sirvió como secretario de Trotsky por tres años. Hansen no aparece en el banquillo a pesar de que habría sido lógico acusarlo también. Más adelante discutiremos su ausencia de la lista.
Vincent R. Dunne arrested during National Guard raid on Local 574 strike headquarters in 1934
El segundo grupo de acusados consistía de dirigentes del SWP en Minneapolis, a cargo de la conducción del sindicato Teamsters de camioneros de esa ciudad, el cual puso en el mapa al movimiento trotskista, conquistando el respeto de miles de trabajadores. Varios de ellos dirigieron personalmente la victoriosa huelga general de camioneros de 1934 en Minneapolis y en la ciudad vecina de Saint Paul, y lucharon por reclutar a doscientos mil miembros nuevos al sindicato en los estados del medio oeste.
Haverty-Stacke relata la historia del movimiento comunista en esa región. Describe cómo es que Minneapolis se convirtió en un foco de apoyo para la Oposición de Izquierda luego de que fuesen expulsados los trotskistas del Partido Comunista estalinista en 1928. “Además de [Cannon] le siguieron los otros imputados del Smith Act, incluyendo a Vincent Dunne, Carl Skoglund y Oscar Coover”.[1]
En los años que siguieron a la huelga general, la dirección nacional de los Teamsters bajo Daniel Tobin, un hombre de confianza de Roosevelt, intenta infructuosamente purgar al Local 544 (y a su antecesor, el Local 574) de su conducción trotskista, utilizando propaganda anticomunista.
Durante las semanas anteriores al juicio, el Local 544 entra nuevamente en una batalla política por el control del sindicato camionero de Minneapolis. Como resultado de ese nuevo ataque de Tobin y de la dirección nacional de los Teamsters, miles de camioneros deciden abandonar la Federación Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor; AFL) y asociar su local con el bloque sindical rival, el Congreso de Organizaciones Industriales (Congress of Industrial Organizations; CIO).
Los acusados de Minneapolis ejercieron un papel clave como parte de ese proceso. Vincent Dunne y junto a él, sus hermanos Miles y Grant habían dirigido la huelga general al lado de Skoglund. Grant no puede soportar la enorme presión de los juicios y se suicida el 4 de octubre.
Harry DeBoer, uno de los camioneros militantes en la huelga general, fue víctima de un disparo por parte de la policía. Siendo un miembro clave del SWP en Minneapolis, visitaría pocos años después a Trotsky en México.
Grace Carlson era una trabajadora social y exprofesora de la Universidad de Minnesota. En 1940, Carlson fue la candidata del SWP para el Senado estadounidense con una plataforma antibélica; obtuvo 8.500 votos.
Jake Cooper, también de Minneapolis, sirvió como guardia para Trotsky en Coyoacán por cuatro meses en 1940.
Farrell Dobbs, un excargador de carbón, había sido nombrado secretario nacional de trabajo del SWP en 1939, después de haber organizado a cientos de miles de obreros en el medio oeste estadounidense.
Los otros acusados de Minneapolis que fueron sentenciados eran Max Geldman, Clarence Hamel, Emil Hansen, Carlos Hudson, Karl Kuehn, Edward Palmquist, y Oscar Schoenfeld.
Tras ser publicada la lista de acusaciones, el comité de redacción de la revista Fourth Internacionalescribe en julio de 1941: “Sí, aquí se trata de una profunda y lógica demostración de que estas persecuciones y procesos son instigados por la Gestapo-FBI en este momento, lugar y en contra de las víctimas seleccionadas”.[2]
Esta lógica queda demostrada cuando la fiscalía presenta sus pruebas sobre los estrechos vínculos entre varios de los acusados con León Trotsky en México. Presentan las visitas de Cooper, DeBoer, Vincent Dunne, Cannon y Dobbs a México como evidencia de una conspiración contra el gobierno, y también los estrechos vínculos de Goldman con Trotsky en los años anteriores. El gobierno había escogido a cada una de “las víctimas seleccionadas” con la intención de demostrar que existía una conspiración entre Trotsky y las presuntas preparaciones para una revolución social del SWP.
La Ley Smith
En el banquillo, los acusados encaran dos cargos criminales. En primer lugar, los 29 son acusados de “conspirar fuera de la ley desde y previamente al 18 de julio de 1938 hasta el día de la petición [el 23 de junio de 1941] … para destruir a la fuerza al gobierno de los Estados Unidos” violando el Código 18, Sección 6, un estatuto de la guerra civil que había sido creado para suprimir la rebelión de los esclavistas.[3]
La segunda acusación alega que los acusados “promovían insubordinaciones dentro de la fuerzas armadas y distribuían escritos del mismo orden”; y que “conscientemente y deliberadamente abogaron, exigieron, aconsejaron y enseñaron, y lo continuarían haciendo, el deber, necesidad, deseo, y pertinencia de derribar y destruir al gobierno de los Estados Unidos mediante la fuerza y la violencia”, violando los estatutos de la Ley de registración de extranjeros (Alien Registration Act), conocida como la “Ley Smith”, por su patrocinador en el Congreso, el representante demócrata del estado de Virginia, Howard Smith.[4]
Haverty-Stacke describe meticulosamente las leyes anticomunistas anteriores a la Ley Smith. Comienza con los estatutos sobre el crimen organizado en los tiempos del Red Scare (Espectro Rojo) después de la Primera Guerra Mundial, hasta el Comité de Actividades Antiestadounidenses (House Committee of Un-American Activities) de 1938, creado por el congresista demócrata del estado de Texas, Martin Dies.
Las secciones penales sobre sedición de la Ley Smith prohibían abogar por, escribir u organizar el derrocamiento del gobierno estadounidense, e imponía penas de hasta 20 años. Su sección sobre inmigración exigía el registro inmediato de cinco millones de inmigrantes. Novecientos mil de ellos serían declarados “extranjeros enemigos”, sujetos a ser inmediatamente internados o deportados. Esta misma ley, utilizada contra socialistas y comunistas, también fue invocada durante la Segunda Guerra Mundial, para internar a 120.000 personas japonesas y de descendencia japonesa en campos de concentración en la región oeste de EE.UU. Contrario a los intentos de pintar a Roosevelt como un defensor de los derechos democráticos, él fue un protagonista en la intensificación de las medidas represivas de la policía.
El Partido Comunista en Estados Unidos, acatando las instrucciones políticas de la burocracia estalinista en Moscú y de la policía secreta soviética, la GPU, apoya con gran entusiasmo el uso de la Ley Smith contra los trotskistas. Más tarde, también apoyarían la detención de los japoneses y sus descendientes. Milton Howard, dirigente del PC apoyaría la persecución de la “quinta columna fascista” bajo el argumento que los acusados “no merecen más apoyo por parte de los trabajadores y los amigos de la seguridad nacional que los nazis”.[5] Robert Minor, un funcionario estalinista, declara que, al tratar con los trotskistas estadounidenses, el gobierno de Roosevelt debería seguir el ejemplo de Moscú durante el Gran Terror de 1936 a 1939.[6]
La aprobación de la Ley Smith abre la puerta a un drástico aumento en los poderes de vigilancia del Estado contra los grupos socialistas dentro de EE.UU. Haverty-Stacke indica que, en 1939, “tres días antes de que la Cámara de Representantes le enviara al Senado la HR 5138, ahora conocida como la Ley de registración de extranjeros, el presidente Roosevelt firma un decreto secreto ‘encargándole al FBI, la División de Inteligencia Militar y la Oficina de Inteligencia Naval ‘todas la investigaciones internas [de espionaje, contraespionaje y sabotaje]’”.[7]
Ya para 1936, el director del FBI, J. Edgar Hoover, le estaba enviando informes a Roosevelt sobre “subversivos internos”, entre los que estaba la dirección trotskista.[8] Hoover exigía del presidente más autoridad para expandir su espionaje. Roosevelt firma la ley el 29 de junio de 1940. Haverty-Stacke escribe que, aun antes de que fuese aprobada la ley, el FBI ya llevaba tiempo infiltrado en el SWP: “Ya para fines de 1939, tanto el Local 544 del Teamsters en Minneapolis como la sede del SWP en Nueva York eran blanco de las investigaciones del FBI”.[9]
La decisión para interponer acciones judiciales
Estados Unidos se estaba preparando activamente para entrar a la guerra, lo cual exigía de Roosevelt imponer la disciplina de clase necesaria para una campaña bélica. Durante los veintidós meses previos a la invasión alemana de la URSS, el Partido Comunista estalinista de EE.UU. rechazaba la entrada estadounidense a la guerra en Europa, en concordancia con el pacto de agosto de 1939 entre Hitler y Stalin. Sin embargo, tras la invasión, cambian de posición y dan su apoyo total a la campaña bélica de Roosevelt. Los estalinistas estadounidenses terminaron transformando su aparato político en una máquina policial para vigilar a la clase obrera e imponer una veda nacional de las huelgas para la guerra.
La decisión del gobierno de Roosevelt de poner a los trotskistas en el banquillo ocurre el 23 de junio de 1941, un día después de la invasión alemana de la URSS. Con el cambio de posición de los estalinistas, el SWP pasa a ser el principal partido socialista contra la guerra en EE.UU. Consecuentemente, el gobierno de Roosevelt se preocupa que la oposición inexorable y de principios del SWP a la guerra imperialista lo convertiría en un foco de atracción para los sentimientos antibélicos del proletariado en el país.
Después de meses de discusiones intensas en los más altos niveles del Departamento de Justicia y del FBI, interponen los cargos penales. En su libro, Haverty-Stacke examina los problemas legales y políticos que encara el gobierno en ese momento.
J. Edgar Hoover, director del FBI
Hoover fue uno de los primeros partidarios de iniciar el proceso penal; sin embargo, para el Departamento de Justicia y para Roosevelt, existían riesgos. A varios fiscales importantes del Departamento de Justicia, particularmente Francis Biddle, les preocupaba que el juicio podría provocar mucha oposición social, lo cual fortalecería al SWP y aislaría a las bases liberales del gobierno de Roosevelt.
Hoover busca presionar a Roosevelt en junio de 1941, aseverando que, si EE.UU. ingresa a la guerra, el Partido Socialista de los Trabajadores podría “obstaculizar el transporte de materiales provenientes de, y destinados a, fábricas en esa región que tuvieran contratos de defensa nacional”.[10] Ese mismo mes, Victor Anderson y Wendel Berge, fiscales del gobierno, se declararan a favor de la iniciación del proceso penal.[11] El 12 de junio, Tobin, el presidente nacional de los Teamsters, le envía un telegrama a Roosevelt exigiéndole que se inicie el proceso. “Tobin argumenta que los trotskistas, quienes habían organizado exitosamente a camioneros en los estados del centro del país, estaban bien posicionados para interrumpir las rutas comerciales de transporte; y, de aprovechar la crisis de la guerra, podrían derrocar al gobierno y establecer un gobierno socialista”[12], escribe Haverty-Stacke.
Durante y después del juicio, el SWP afirma que Roosevelt dio inicio al juicio como resultado del telegrama de Tobin de ese 12 de junio. Pero, eso es sólo parte de la verdad. Haverty-Stacke explica:
Como consecuencia de ese telegrama, se le atribuye a Tobin detonar la serie de acontecimientos que culminaron en la detención de los veintinueve miembros del SWP y del Local 544. En el momento de los arrestos y durante el juicio, la defensa argumenta que Tobin le estaba cobrando un favor político a Roosevelt, quien terminó interviniendo en una disputa interna sindical al iniciar el primer juicio de la Ley Smith. Ese argumento de la ‘deuda política’ continúa apareciendo en los pocos escritos académicos sobre el caso y alimenta la memoria popular sobre el juicio en el SWP. Sin embargo, el Departamento de Justicia, ya estaba considerando seriamente dar inicio al proceso penal desde abril de 1941, con base en la investigación independiente del FBI desde el otoño de 1940 .[13] (nuestro énfasis)
Para la autora, Francis Biddle finalmente “toma la iniciativa en el caso, en gran medida por la inteligencia que recibió del FBI”.[14]
La importancia de León Trotsky en la persecución del caso
Aunque Haverty-Stacke no se enfoca en este aspecto, la investigación del WSWS sobre la crónica del juicio deja en claro que la teoría de la fiscalía consistía en establecer los vínculos existentes entre los acusados del SWP y León Trotsky. Todo el caso dependía de esa decisiva cuestión legal. Para la fiscalía el rol de Trotsky fue tan crucial que lo declaran conspirador durante la audiencia del gran jurado, previo al juicio, a pesar de haber sido asesinado en agosto del año anterior, 1940.
Sabiendo que un veredicto de “no culpables” para las dos acusaciones avergonzaría al gobierno, los experimentados fiscales estadounidenses elaboran toda una estrategia con el propósito de lograr un veredicto a su favor. Su teoría giraba en torno a demostrar los vínculos entre Trotsky y los acusados del SWP.
Los fiscales buscaron toda la evidencia posible que indicara que los acusados se habían reunido con, o escrito cartas a León Trotsky. Para demostrar la validez de su teoría, presentaron pruebas de hasta la más pequeña conexión entre el SWP y Trotsky.
En los comentarios de apertura del juicio, los fiscales alegaron que el SWP,
… fue un instrumento diseñado por un hombre que dejó esta vida en agosto de 1940. Su nombre es León Trotsky, quien, al momento de su muerte, creo, estaba exiliado en la República de México y que su partido era el Partido Trotsky, o bien que ese partido estaba dedicado a llevar a cabo las ideas y proyectos de León Trotsky para establecer un gobierno aquí en la tierra, en los Estados Unidos de América, más concretamente. El programa de este partido, las ideas sobre las que se basaba, representaban las de León Trotsky, y de su contemporáneo, el primer dirigente ejecutivo de la Unión Soviética, V.I. Lenin., La filosofía de ambos era que todos sus problemas podían ser resueltos estableciendo un Estado obrero… los acusados, o muchos de ellos, visitaron a León Trotsky en México, con el conocimiento de todos los que están en el banquillo, para recibir de tiempo en tiempo sus consejos, guía, y dirección. No sólo le asignaban a Trotsky un guardia personal y protección, para su seguridad personal, además contribuían a León Trotsky y a sus actividades cuando éste vivía en las afueras de la ciudad de México, en México, hasta el momento de su asesinato. Las ideas de León Trotsky son las ideas del Partido Socialista de los Trabajadores y las ideas afirmativas y positivas de todos los acusados, como lo develará este juicio.[15]
Sólo bastaba visitar a Trotsky en Coyoacán una vez para que los fiscales alegaran que existía una conspiración. El atrevimiento de los fiscales del gobierno fue tal que Albert Goldman, uno de los acusados y abogado del SWP, indica que el caso de la fiscalía dependía de forma excesiva, en términos legales, en evidencia de las visitas del SWP a México. El gobierno, dice Goldman, estaba dando la impresión de que el solo hecho de visitar a Trotsky era prueba de una conspiración.
Así le responde el fiscal Schweinhaut:
Indudablemente el abogado sabe que la ley sobre conspiraciones determina que una conspiración no requiere cometer un acto fuera de la ley, sino cometer, por ejemplo, actos legales con objetivos ilegales. Los testimonios aquí ya han comprobado, y comprobarán, que estos hombres consideraban que Trotsky era el líder de ellos. Es importante demostrar que los acusados se asociaban personalmente con Trotsky. Con base en eso demostraremos el carácter de esa asociación.[16]
El gobierno intentaba demostrar que Trotsky había creado dos de las medidas “conspirativas” del SWP: la política proletaria militar y la Guardia de Defensa Sindical.
Trotsky había desarrollado la política proletaria militar y se la había transmitido a la conducción del SWP mediante reuniones personales y una extensa correspondencia por varios años antes de su muerte.[17] La creación de las Guardias de Defensa Sindical también fue idea de Trotsky, con el propósito de defender a los trabajadores y socialistas de los ataques de las organizaciones paramilitares fascistas que existían en Minneapolis.
Para la fiscalía, bastaba demostrar que esos programas existían y que estaban siendo implementados por el SWP en Minneapolis, que eran idea de Trotsky y que las sugerencias de Trotsky habían sido transmitidas al SWP mediante comunicaciones personales con varios de los acusados. Los fiscales del gobierno pasaron cinco semanas presentando evidencia recogida durante una investigación de muchos meses para demostrar los vínculos de cada eslabón de la presunta cadena conspirativa.
El hasta ahora desconocido alcance de infiltración estatal dentro del SWP
El libro de Haverty-Stacke revela que, hacia fines de 1940, el FBI ya sabía mucho de las actividades del SWP y estaba en contacto con informantes que ocupaban importantes puestos dentro de las oficinas del partido en Nueva York.
La infiltración dentro del movimiento trotskista comienza a mediados de la década de 1930, cuando el FBI comienza a espiar a distintos líderes. Haverty-Stacke señala: “Los trotskistas fueron el blanco de las recomendaciones de la SDU [Special Defense Unit, Unidad Especial de Defensa] y de la lista de custodia del FBI. Hoover ya había fichaba a algunos de los ‘18’ en la categoría ‘A1’, el grupo de los más peligrosos, antes del proceso penal”.[18]
A finales del año 1939, como indica Haverty-Stacke, el FBI comienza a concentrar su atención en el SWP en Minneapolis y Nueva York, aunque durante ese y el año siguiente la infiltración aún era primitiva. En abril de 1940, el FBI soborna a un conserje para buscar en la basura información sobre los delegados del congreso del SWP.
En esa época, dice Haverty-Stacke, la infiltración del gobierno tiene dos elementos esenciales. Primero, el gobierno se relacionó con informantes de una facción minoritaria del Local 544 que se oponía a la dirección trotskista por razones anticomunistas. Ese elemento reaccionario estuvo representado en el juicio de la Ley Smith por James Bartlett, el testigo estrella del gobierno. Segundo, el gobierno estructura su programa de infiltración con la adquisición de informantes dentro del SWP.
Nos dice Haverty-Stacke que el FBI intentó reclutar a líderes del SWP, poniéndose en contacto con ellos meses antes de que el gobierno de Roosevelt decidiera iniciar el proceso Smith.
Según el testimonio de Henry Harris, un informante del FBI, el agente Perrin del FBI le pidió que le transmitiera una oferta al acusado Carl Skoglund a principios de 1941.[19] Skoglund, un socialista nacido en Suecia, vivía en Estados Unidos sin los documentos requeridos. El FBI le ofrece a Skoglund impunidad y una solución permanente para sus problemas migratorios, pero Skoglund rechaza la oferta. Para ayudarle al gobierno a ganar este juicio, el FBI le ofreció “impunidad” a figuras importantes del partido a cambio de convertirse en informantes.[20]
Roy Noonan, unos de los agentes, declara que, en otoño de 1940, el FBI obtuvo acceso a una nueva e importante fuente de información. Noonan era el investigador principal del caso y supervisó la colección de evidencia contra el SWP en el estado de Minnesota.
El fiscal del gobierno, Henry Albert Schweihaut, y el abogado del SWP, Goldman, interrogan a Noonan. Éste admite que, para 1941, el FBI ya “tenía varias investigaciones del SWP en sus archivos de años pasados”.[21]
Schweinhaut le pregunta cuándo es que habían comenzado las investigaciones de los acusados, a lo que responde Noonan: “Desde hace años tenemos varias en nuestros archivos, pero en los últimos meses de 1940, dos o tres específicamente”.[22] (nuestro énfasis).
Cuando le llega el turno a Goldman, tiene el siguiente diálogo con Noonan:
Goldman- De lo que usted sabe, ¿cuánto antes de eso es que comienza la investigación?
Noonan- Sé que existía una investigación en febrero y marzo [1941]; sé que teníamos información de algunos de los acusados desde mucho antes.
Goldman- ¿Cuánto antes?
Noonan- Sé que la teníamos en noviembre de 1940.[23]
El mes de noviembre de 1940 concuerda con la evidencia que Haverty-Stacke presenta sobre la decisión de iniciar el caso penal, “con base en la investigación independiente del FBI desde el otoño de 1940”.[24]
Luego de obtener información más completa sobre los acusados en noviembre de 1940, el FBI pudo expandir enormemente su red de infiltración. Noonan declara en la corte que el espionaje se “intensificó en febrero y marzo de este año [1941]”.[25]
Recientemente han salido a la luz comunicaciones del FBI que evidencian un avance cualitativo en la red de infiltración del FBI entre noviembre de 1940 y mediados de 1941. Sus archivos incluyen docenas de informes de agentes de las ciudades de Omaha, Kansas City, San Luis, Seattle, Los Ángeles y de los estados de Misisipi, Nueva York y Nueva Jersey, con referencias a informantes confidenciales.
Los archivos de1941 incluyen transcripciones de las reuniones de las distintas ramas del partido, además de listas enteras de suscriptores a la prensa del partido. El FBI conocía cuánto dinero colectaba cada órgano local del SWP y cuándo se reunía. Obtenía las fechas de las giras nacionales de sus miembros antes de que estas se hicieran públicas, además de las minutas de las reuniones del Comité Político. Sabía quién había sido seleccionado para los varios comités nacionales, incluyendo el comité de control. El FBI también llegó a acumular mucha información sobre las filiales internacionales de la Cuarta Internacional, lo cual indicaba un grado muy alto de infiltración en la sede nacional en Nueva York.
“En la primavera de 1941”, escribe Haverty-Stacke, “la investigación había ido más allá de los Teamsters en Minneapolis para entrelazar las investigaciones de dirigentes del SWP en Nueva York”. Es esa época las “ dos células más activas del partido [Minneapolis y Nueva York] permanecían bajo fuerte vigilancia del FBI, muy penetradas por informantes en puestos claves”.[26] (énfasis nuestro). Según Haverty-Stacke, “El FBI acechaba muy de cerca la célula de Nueva York en particular”.[27]
La prioridad de Hoover: Impedir que se revele la red de informantes
Haverty-Stacke también ha descubierto documentos internos del gobierno sobre las características que Hoover buscaba en los informantes. Llama la atención a una conversación de junio de 1941 entre Hoover, el abogado del Departamento de Justicia, Francis Biddle, y los fiscales Schweinhaut and Berge. Durante esa discusión, los abogados del Departamento de Justicia sugieren que el FBI coloque a sus propios agentes en la oficina nacional del SWP en Nueva York para recoger más evidencia para el juicio.
La idea sale de Schweinhaut y Berge apoya a Schweinhaut en una carta a Hoover a mediados de junio de 1941. “Si usted considera que existe información que, desde el punto de vista investigativo, se pueda obtener con el método del que me habló por teléfono, usted tiene la autoridad para ordenarla”, escribe Berge. Además, indica que los fiscales del gobierno están de acuerdo en que “no constituiría un montaje para atraparlos, siempre y cuando los agentes del gobierno no inspiren una conducta prohibida sólo para obtener pruebas”.[28]
La respuesta de Hoover devela su estrategia de infiltración en el SWP. Le preocupan dos cuestiones.
En un comunicado a los abogados del Departamento de Justicia, indica temer que plantar agentes del FBI en las oficinas del SWP para acumular evidencia para el proceso podría “posiblemente avergonzar a la agencia … si se fuera a utilizar al agente como testigo en la corte”.[29]
En otra parte de su respuesta (a la que Haverty-Stacke no se refiere), Hoover explica que además de ser riesgosa, la sugerencia del Departamento de Justicia, sería ineficiente en términos de obtener información.
“Son dudosas las probabilidades de obtener importantes pruebas en un futuro inmediato. Un nuevo miembro del partido tendría que asentarse y convencer a la dirección del partido que es confiable antes de tener acceso a información confidencial”, explica Hoover, agregando que este proceso requeriría “un largo tiempo, meses quizás”.[30]
Por lo tanto, para Hoover un informante tenía valor siempre y cuando era factible protegerlo de ser desenmascarado en un proceso legal, si ya funcionaba en los niveles más altos de la dirección del SWP y si podía proveer información inmediata, sin los riesgos y las demoras asociadas con un nuevo entrante que tuviese que cultivar el agrado de la conducción del partido.
Esa charla ocurrió a mediados de junio de 1941. Ocho meses antes, Hoover ya había comenzado a supervisar personalmente las discusiones entre B.E. Sackett, el principal agente del FBI en la ciudad de Nueva York, y Joseph Hansen, un importante dirigente del SWP, quien había sido el secretario de Trotsky en México.
Hansen cumplía con todas las exigencias de Hoover. Ya se había ganado la confianza de la dirección del partido y estaba en condiciones de proveer “importantes pruebas” al FBI sin demoras y con una mínima posibilidad de ser desenmascarado. A medida en que progresaba el caso, inexplicablemente, el nombre de Hansen nunca aparece en la lista de los acusados.
Continuará
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Notas:
[1] Haverty-Stacke, Donna T. Trotskyists on Trial: Free Speech and Political Persecution since the Age of FDR. (New York, New York: New York UP, 2016), p. 77. FDR. (New York, New York: New York UP, 2016). p. 11. (nuestras traducciones al español)
[2] The Editors, ed. “The FBI-Gestapo Attack on the Socialist Workers Party,” Fourth International 2.6 (1941): 163-66. Marxists.org. (nuestra traducción al español)
[3] Haverty-Stacke 77.
[4] Ibid.
[5] Id. at 79.
[6] Id. at 108.
[7] Id. at 34. (se refiere al “Memorándum confidencial del Secretario de Estado, Secretario del Tesoro, Secretario de Guerra, Fiscal General, Director de Correos, Secretario de la Armada y el Secretario de Comercio, de parte del presidente Roosevelt”, 26 de junio de 1939 (10b, box10, FDRPL ).
[8] Id. at 41.
[9] Id. at 30.
[10] Id. at 62.
[11] Id. at 61.
[12] Id. at 60.
[13] Id. at 61.
[14] Id. at 73.
[15] Declaración inicial de la fiscalía, US v. Dunne et al., 26-27. (nuestra traducción al español)
[16] Declaración de James Bartlett, US v. Dunne et al., 130. (nuestra traducción al español)
[17] Si el lector requiere una detallada explicación de la naturaleza de la política proletaria militar, lea The Heritage We Defend, Ch. 6: “Trotsky’s Proletarian Military Policy”, haciendo click aquí. Obtenga su copia a través de Mehring Books.
[18] Haverty-Stacke, 153. (Cita J. Edgar Hoover al Agente principal, Nueva York, junio 16, 1942, sobre Farrell Dobbs, seguridad interna, en el archivo del FBI sobre Farrell Dobbs 100-21226, FOIA, propiedad del autor; Joseph Prendergast, jefe interino SDU, para Wendell Berge, enero 31, 1942, y Wendell Berge para J. Edgar Hoover, abril 25, 1942 en el archivo FBI de Farrell Dobbs 146-7-1355, FOIA, propiedad del autor; Jefe de SDU para J. Edgar Hoover, febrero 26, 1942, en el archivo FBI de Dunne 100-18341, y Edward Palmquist: Tarjeta de custodia, en Palmquist: archivo FBI 146-7-1213; J. Edgar Hoover para jefe del SDU, marzo 31, 1941, en archivo FBI de Dunne 100-18341).
[19] Testimonio de Henry Harris, US v. Dunne et al., 507. (nuestra traducción al español)
[20] Id. at 78.
[21] Testimonio del agente Roy T. Noonan, US v. Dunne et al ., 371. (nuestra traducción al español)
[22] Id. at 372.
[23] Id. at 371.
[24] Haverty-Stacke, 61.
[25] Id. 371-372.
[26] Haverty-Stacke, 155.
[27] Id. at 154. (Cita FBI report 100-413, NYC 10/20/42 and 12/3/42, f. 7, caja 108, SWP 146-1-10).
[28] Id. at 63. (Cita J. Edgar Hoover para Matthew McGuire, Junio 25, 1941, f. 2, caja 108, SWP 146-1-10; Wendell Burge para Henry Schweinhaut, Junio 25, 1941, f. 2, caja108, SWP 146-1-10; J. Edgar Hoover para Matthew McGuire, Junio 25, 1941, f. 2, box 108, SWP 146-1-10).
[29] Ibid.
[30] J. Edgar Hoover para Matthew McGuire, Junio 25, 1941, f. 2, caja 108, SWP 146-1-10. (nuestra traducción al español)