En medio de los diálogos con México, Trump llama las deportaciones una “operación militar”

por Bill Van Auken
27 febrero 2017

Dos días después del despliegue de una política de inmigración draconiana que amenaza la deportación de millones de trabajadores indocumentados y sus familias, el presidente Donald Trump describió la represión desplegada como una “operación militar”.

Hablando el jueves en una reunión en la Casa Blanca con los principales jefes corporativos, incluyendo los Directores Ejecutivos de Dow Chemical, General Electric, Lockheed Martin y Caterpillar Inc., Trump elogió la escalada de la represión en la frontera entre Estados Unidos y México y la serie de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) [1] que condujo a la detención de varios centenares de inmigrantes de costa a costa.

“Estamos echando fuera de este país a tipos realmente muy malos, en una escala que nunca nadie había visto antes”, dijo Trump, agregando “Y es una operación militar, porque lo que se ha permitido entrar en nuestro país—cuando se ve la violencia de pandillas, de la que se ha leído como nunca antes y todas esas cosas—una gran parte de eso es la gente que está aquí ilegalmente”. Y son violentos, y son criminales pero no como los nuestros. Así que los estamos sacando”.

Obligado a aclarar el comentario de Trump, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer argumentó que el presidente estaba usando la palabra “militar” como un “adjetivo”, pretendiendo expresar que las redadas de ICE estaban “ocurriendo con precisión”.

La intimidación de Trump y sus belicosas declaraciones coincidieron con una aparición pública de su Secretario de Estado, Rex Tillerson, y del Secretario de Seguridad Nacional Gen. John Kelly en la Ciudad de México, junto con sus homólogos mexicanos, en lo que fue considerado como un intento de reforzar las relaciones entre los dos países después de una serie de flagrantes provocaciones sobre el muro fronterizo propuesto por Trump, ataques a los inmigrantes, amenazas de imponer aranceles y sugerencias que las tropas estadounidenses podrían ser enviadas a México para librar la llamada guerra contra las drogas.

El presidente de México Enrique Peña Nieto se vio obligado a cancelar una visita de estado programada en Washington el mes pasado, debido a la abusiva insistencia de Trump de hacer pagar a México por el muro que él ha propuesto.

Al hablar ante los medios de comunicación de México, el general Kelly —ex comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisaba todas las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe— se comprometió, “No habrá ningún uso de fuerzas militares en la inmigración”, dijo Kelly. “Habrá no —reiteración, no— deportaciones en masa”.

Esta garantía sigue a la publicación la semana pasada de un memorando confidencial del Departamento de Seguridad Nacional pidiendo la movilización de 100.000 soldados de la Guardia Nacional para perseguir y detener a los trabajadores inmigrantes. Si bien desautorizada por la Casa Blanca, está claro que la represión de estado de sitio fue objeto de debate dentro de la administración de Estados Unidos.

La declaración de Kelly el jueves —que parecía estar en contradicción directa con la jactancia de Trump sobre la represión de los inmigrantes ante Directores Ejecutivos de corporaciones estadounidenses— manifestó su intento de echar atrás parte del lenguaje contenido en dos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, que trazan la reaccionaria y represiva política de control de la inmigración de la administración Trump.

Una disposición, que provocó fuertes protestas de los funcionarios mexicanos, demanda a los agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE, tratar con los inmigrantes detenidos que no se consideren como una amenaza de “entrada ilegal posterior” por “devolverlos al territorio contiguo extranjero desde el cual llegaron”, para esperar la decisión de los tribunales de Inmigración de sus expedientes de expulsión. La disposición exige que estos inmigrantes aparezcan ante la corte a través de “videoconferencia”.

El memorando argumentó que este procedimiento ahorraría centros de detención de Estados Unidos para otros trabajadores indocumentados capturados en las redadas planificadas por inmigración.

Como la mayoría de los inmigrantes detenidos en la frontera no son mexicanos —220,000 de 400.000 en el año fiscal que terminó el día 30 Septiembre— siendo el número más elevado el de refugiados que huyen de la violencia y la opresión en América Central, la disposición exige esencialmente arrojar estos ciudadanos de terceros países en México, para resolver un supuesto problema de los Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, rechazó la nueva política estadounidense. “El Gobierno y el pueblo de México no aceptarán las nuevas políticas de inmigración de Estados Unidos”, dijo, prometiendo que México iría a la ONU para acusar a Washington de violaciones de los Derechos Humanos de los inmigrantes.

Videgaray es una de las figuras más de derecha en el gobierno de Peña Nieto, ex banquero de inversión y vinculado con asesores de Trump. Se vio obligado a renunciar a un puesto anterior, debido a la indignación pública que produjo la organización de una visita a México del entonces candidato presidencial Trump, la cual tenía todas las características de una visita de Estado. Ahora, sin embargo, se ha visto obligado a denunciar a la administración Trump por tratar de imponer una política “unilateral” en México.

Amenazó que si los Estados Unidos sigue adelante con su intento de enviar los inmigrantes no mexicanos al otro lado de la frontera con México, México no los aceptaría y demandaría que Washington proporcione prueba de ciudadanía mexicana para cualquier persona que trata de expulsar al país. Tal política podría conducir a un bloqueo frente a las deportaciones en masa y obligar al gobierno de Estados Unidos a confinar indefinidamente a un enorme número de inmigrantes detenidos.

Otros han sugerido que México podría tomar represalias contra las políticas agresivas de Washington, poniendo fin a su propia ofensiva represiva contra los inmigrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera sur de México hacia los Estados Unidos. El año pasado, México envió casi el doble de los migrantes centroamericanos a sus países de origen, al igual que lo hizo los Estados Unidos, haciendo el trabajo sucio de Washington.

Las tensiones sobre la nueva política de inmigración eran tales que funcionarios del gobierno mexicano advirtieron que una reunión prevista entre los dos Secretarios y el Presidente Peña Nieto no se llevaría a cabo a menos que se alcanzaran acuerdos significativos de antemano.

Al final, sin embargo, Tillerson y Kelly se reunieron durante una hora con Peña Nieto en el palacio presidencial de Los Pinos, en la Ciudad de México, llegando y saliendo en un convoy blindado fuertemente custodiado.

Notimex, la agencia oficial de noticias de México, informó que el presidente mexicano dijo a los funcionarios de Estados Unidos que México “siempre va a negociar de manera integral con una posición firme y en favor de los intereses del país”. También habría declarado que la protección de los intereses de los mexicanos que residen en el Estados Unidos era una prioridad para su gobierno.

Al mismo tiempo, pidió el “fortalecimiento del diálogo” y dijo que la presencia de los dos miembros del gabinete de Estados Unidos era una indicación del interés de la administración Trump “en la construcción de una relación positiva que resulte en mejores condiciones de seguridad, desarrollo y prosperidad de ambos países”.

Ninguna de las partes indicó que se hubieran alcanzado acuerdos sobre alguna de las cuestiones que llevaron a las relaciones México-Estados Unidos a uno de sus puntos más bajos desde la guerra entre México y Estados Unidos hace 170 años.

Peña Nieto se encuentra atrapado entre la abrumadora hostilidad popular hacia Trump y su propio gobierno (sus índices de aprobación han disminuido por debajo del 12 por ciento) y el deseo de la élite gobernante capitalista mexicana que representa, de continuar asegurando sus intereses de lucro como socio junior del imperialismo estadounidense.

Al mismo tiempo, el partido gobernante PRI (Partido Revolucionario Institucional) se enfrenta a la perspectiva de la derrota en las elecciones de 2018 a manos del Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) de Andrés Manuel López Obrador, un veterano político burgués que lidera las encuestas con base de un llamamiento nacionalista vagamente izquierdista, acusando a Peña Nieto de corrupción y de fracasar en el enfrentamiento a Trump.

Peña Nieto y la burguesía mexicana en su conjunto no están más preocupados por los trabajadores inmigrantes mexicanos—que enfrentan un reino de temor y terror en los Estados Unidos—que por la difícil situación de las masas de trabajadores empobrecidos en México. Su objetivo principal es evitar el regreso de millones de deportados desempleados, al lado del corte de las remesas y de una intensa escalada de trastornos sociales ya explosivos en México mismo.

La inquietud dentro de los círculos gobernantes estadounidenses sobre las nuevas políticas de Trump, se expresó el jueves en un editorial publicado en el Wall Street Journal, que advirtió que la nueva ofensiva contra la inmigración es “tan amplia que podría permitir la captura de inmigrantes respetuosos de la ley, cuyo único delito es el uso de documentos falsos para trabajar. Esta táctica puede responder a la política del momento, pero perseguir a las criadas y a los empacadores de carne, no será recordado como el mejor momento de Estados Unidos”.

El editorial continuó cuestionando el gasto de decenas de miles de millones de dólares en el muro fronterizo propuesto por Trump, al lado de la contratación de 15.000 agentes más de ICE y la Patrulla Fronteriza, junto con la expansión masiva de centros de detención. Al mismo tiempo, el diario expresó el temor que una “escasez de mano de obra” y la carencia de un mecanismo para importar inmigrantes de bajos salarios, podrían afectar adversamente los intereses de lucro.

La demagogia anti-inmigrante de Trump y las políticas salvajemente represivas que ha introducido, están dirigidas contra los inmigrantes chivos expiatorios por las condiciones creadas por el capitalismo para debilitar y dividir a la clase obrera. Estos ataques sólo pueden ser combatidos sobre la base de unificar a los inmigrantes y a los trabajadores nacidos en Estados Unidos en una lucha para bloquear las deportaciones y unir a los trabajadores de ambos lados de la frontera en una lucha común contra el sistema capitalista.

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[1] U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE.