Una política socialista para la salud universal

13 marzo 2017

Con el anuncio la semana pasada de la Ley de Cuidado de Salud Estadounidense (AHCA; American Health Care Act) impulsada por los congresistas republicanos, los ataques contra el acceso a la salud han alcanzado un nuevo nivel. Esta ofensiva fue iniciada por el gobierno demócrata de Obama en el 2010 con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA; Affordable Care Act), popularmente conocida como “Obamacare”.

Se espera que el proyecto de ley que está siendo discutido en los distintos comités legislativos llegue a ser votado en la Cámara de Representantes (House of Representatives) esta primavera. El proyecto de ley incluye recortes masivos y prácticamente desmantela las garantías sociales de Medicaid. Iniciado en 1965, Medicaid es un programa de salud administrado en conjunto por el gobierno federal y los estados que provee seguros médicos para personas pobres, con discapacidades, de mayor edad y embarazadas.

La ley AHCA reemplazaría el financiamiento federal de Medicaid de uno basado en las necesidades de la persona a uno con un límite per cápita, obligando a los estados a recortar beneficios y denegarles cierta cobertura de servicios a beneficiarios que realmente califican para ello.

El proyecto de ley también planea recortarle la ayuda estatal a los que estén pagando sus propios seguros, el cual es un componente clave de Obamacare, eliminando los subsidios del gobierno y sustituyéndolos con una deducción impositiva con base en la edad de la persona. Otro cambio en la ley es que las empresas grandes ya no tendrían que cubrir a sus trabajadores. Además, la AHCA le ofrece recortes impositivos enormes a las empresas de dispositivos médicos y otros sectores y deroga la escala de impuestos para asalariados con ingresos altos.

El proyecto de ley prohibiría todo el financiamiento para las clínicas de Planned Parenthood durante un año, lo que limitaría gravemente el acceso al aborto y a otros servicios médicos de millones de mujeres. Se estima que hasta quince millones de estadounidenses perderían su cobertura en los primeros años después de aprobarse la ley.

Durante su campaña electoral, el presidente Donald Trump prometió varias veces “derogar y substituir” Obamacare con “algo mejor”. Demagógicamente, los republicanos han criticado Obamacare como un programa de “izquierda” e incluso “socialista”, mientras que los demócratas lo han aclamado como una gran reforma social, cuando en realidad el programa no contiene nada remotamente progresivo.

Obamacare fue diseñado por y para las gigantescas aseguradoras, cadenas de hospitales y empresas farmacéuticas, enfocándose en reducir los costos en salud para las grandes empresas y el gobierno, creando un racionamiento en los servicios e incrementando las ganancias corporativas. Busca minar el sistema de seguros pagados por el empleador que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial, obligando a los trabajadores a cotizar individualmente una cobertura médica en el mercado privado.

De esta manera, le transfiere miles de millones de dólares a las compañías de seguros, amenazando a los individuos sin una cobertura pagada por su empleador con multas impositivas de no cotizar un seguro médico privado a través de un programa del gobierno. Los planes más asequibles proveen una cobertura deficiente, con redes de proveedores muy limitadas, mientras que las primas, los deducibles y los copagos son altísimos.

A pesar del mandato obligatorio y las demás disposiciones, Obamacare aún dejó a 20 millones de estadounidenses totalmente sin seguro. El principio de un “cargo por servicio” se ha venido reemplazando por una provisión de “costo-beneficio”, un eufemismo que se refiere a la práctica de negarle ciertos procedimientos, medicamentos y tratamientos más costosos a la clase trabajadora. Al fin y al cabo, su objetivo fue ensanchar los gastos en salud mediante una reducción en la esperanza de vida de los trabajadores y sus familias.

El World Socialist Web Site ha insistido desde un inicio que Obamacare es una contrarrevolución en el acceso a la salud y que, de ninguna manera, representa una provisión “casi universal” ni “asequible” como la que prometió Obama. Hoy día vemos que su función principal fue crear el marco para una ofensiva aun más feroz bajo los auspicios de un gobierno republicano.

Ahora, con Donald Trump en la Casa Blanca, el primer punto en la agenda doméstica de los demócratas ha sido su defensa de Obamacare, pero muy por detrás de su campaña antirrusa y defensa de la CIA en oposición a Trump.

Las diferencias entre los demócratas y los republicanos en salud son esencialmente tácticas. Disputan cuál es la mejor manera de implementar medidas que socaven el acceso a la salud de los trabajadores y jubilados a fin de continuar redirigiendo el caudal de dinero hacia los bolsillos de los ricos.

Ambos partidos defienden el principio de que el sistema de salud sea propiedad privada y esté bajo el control y subordinación de la avaricia de las corporaciones y de Wall Street.

El economista Paul Krugman, uno de los principales apologistas de los demócratas y Obamacare, subrayó este hecho en su columna abierta en el New York Times el viernes pasado, reconociendo que el plan que impulsan los republicanos, “acepta la lógica y la visión general de la Ley de Cuidado de Salud Asequible”.

El debate en el Congreso y en los medios de comunicación deja en claro la necesidad urgente de una política socialista para la salud universal que satisfaga las necesidades de toda la población, no sólo de la minoría pudiente que domina la sociedad estadounidense.

Obamacare ha demostrado que no es posible implementar una reforma progresista en Estados Unidos dentro el marco del sistema capitalista. Pero esta ofensiva contra la salud va más allá de EE.UU. El acceso a la salud está siendo drásticamente reducido en todas las economías avanzadas, incluyendo Gran Bretaña y Canadá, donde los programas estatales están siendo desfinanciados y gradualmente privatizados.

Este acceso universal y de calidad es posible sólo a partir de un rechazo de la propiedad privada y control de los bancos y las principales corporaciones y de la subordinación de las necesidades sociales al sistema de lucro. El principio capitalista de una atención médica con fines de lucro debe ser abolido.

La clase obrera debe adoptar la intransigente postura de que el acceso a la salud no es un privilegio para los ricos, sino un derecho social que debe ser provisto gratuitamente, junto con educación, vivienda, empleo, jubilación y el acceso a la cultura.

La única forma de que sea verdaderamente una garantía social es a través de la nacionalización de la industria de la salud y su transformación en una institución pública bajo el control democrático de la clase obrera. Con base en esto, los profesionales, científicos y administradores conscientes tendrán los recursos necesarios que la clase obrera ponga a su disposición para satisfacer las necesidades de toda la población.

La lucha por una atención médica universal y de calidad es una lucha política contra la clase gobernante y sus representantes políticos, empezando por los demócratas y los republicanos. Ésta requiere que los trabajadores rompan decisivamente con ambos partidos y toda la élite política y que se pongan al frente de un movimiento político independiente de las masas obreras basándose en un programa socialista.

Niles Niemuth