Minutos antes de la votación el viernes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, retiraron su proyecto de ley con el que planeaban derogar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA; Affordable Care Act), mejor conocida como Obamacare.

Esta decisión fue tomada después de que Ryan le informará a Trump que su plan de salud sería derrotado por varios republicanos que votarían en contra en la Cámara de Representantes, controlada por dicho partido. Tras retirarlo, Ryan y Trump dejaron claro que no tenían intenciones de revivirlo en un futuro previsible, dejando al ACA en su lugar.

La Casa Blanca y la cúpula republicana en la cámara baja ya habían pospuesto abruptamente la votación el jueves, asegurando que no desistirían y que el proyecto de ley sería aprobado el día siguiente.

Este episodio constituye una vergüenza política para el Partido Republicano, cuyo grito de guerra desde que el ACA fue firmado hace siete años fue la revocación de este. Durante toda la carrera presidencial del año pasado, Trump prometió en innumerables ocasiones derogar y reemplazar Obamacare, convirtiéndola en la prioridad legislativa del nuevo gobierno.

Lo que esencialmente condenó la ley fue la firme oposición de una treintena de ultrareaccionarios del “Freedom Caucus”. Este grupo de congresistas republicanos exigió que fuesen eliminados todos los mandatos y regulaciones que el ACA rige sobre los monopolios del sector de salud y que habían sido incorporados en la legislación republicana, llamada Ley de Cuidado de Salud Estadounidense (AHCA; American Health Care Act). El proyecto de ley representaba un ataque despiadado contra el acceso a la salud de la clase trabajadora, yendo más allá del antisocial y reaccionario marco que estableció Obamacare.

Trump y Ryan ya habían incorporado la demanda del “Freedom Caucus” de eliminar el requisito para los seguros de incluir beneficios esenciales como cuidado maternal, pediátrico y mental, servicios de emergencias como ambulancias, entre otros rudimentos. También acordaron permitir que los estados implementen requisitos laborales para los beneficiarios de Medicaid — el plan de seguros federal y estatal que cubre a 74 millones de personas pobres — y que los estados reciban los fondos federales en forma de subvenciones, acabando así con Medicaid como un programa abierto de garantías sociales.

No obstante, los conservadores fanáticos del “Freedom Caucus” también exigieron que se descartaran otras disposiciones fundamentales: la prohibición de negar cobertura por afecciones preexistentes, el acceso a los seguros de los padres hasta los veintiséis años de edad, la prohibición de límites anuales o por vida en los beneficios del seguro, y el requisito que las aseguradoras gasten al menos ochenta por ciento de las primas en la atención médica de sus clientes.

Para Trump, estos cambios iban demasiado lejos, tomando en cuenta el abrumador rechazo en las encuestas a la versión original de la ley y su pérdida de popularidad entre los votantes de bajos ingresos, cuyo apoyo fue fundamental para colocarlo en el poder.

Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, de ser aprobado el proyecto de ley republicano habría despojado a 14 millones de personas de su cobertura en salud en un año y a un total de 24 millones para el 2026. El gasto neto en salud habría sido recortado en $1,15 billones, mientras que habría reducido en $999 mil millones los impuestos para los ricos y las corporaciones médicas.

Mientras que el fracaso del proyecto de ley es un retroceso importante para Trump, es una mentira de los líderes demócratas decir que fue “una victoria para el pueblo estadounidense”. Aún queda en su lugar el régimen implementado por los demócratas, cuyas disposiciones fueron diseñadas en gran medida por los mismos conglomerados en salud. Millones de trabajadores han visto sus beneficios médicos erosionarse drásticamente, mientras que sus gastos directos y deducibles se han vuelto tan altos que muchos no pueden costear ir al médico ni obtener medicamentos recetados.

En sí, Obamacare es un programa que busca reducir los gastos en salud de las corporaciones y el gobierno. Socava la provisión de seguros médicos pagados por los empleadores, imponiéndole a la clase obrera en general el costo de proveer una cobertura deficiente para 20 millones de personas previamente sin seguro.

La división en las filas republicanas en relación con el proyecto de ley de Trump y Ryan refleja las disputas que se están librando dentro de la élite capitalista. Los principales grupos de cabildeo corporativos, incluyendo aquellos que representan a los doctores y a las cadenas de hospitales se opusieron a la legislación, mientras que la Cámara de Comercio y las asociaciones de fabricantes le dieron su respaldo.

En general, la clase gobernante de EE.UU. considera a Obamacare un marco útil para reestructurar el sistema de salud en detrimento de los trabajadores y así generar mayores ganancias.

Por otra parte, los mercados bursátiles han dejado en claro que quieren que Trump pase inmediatamente a lo que consideran más apremiante entre sus promesas: la enorme reducción de los impuestos corporativos, la masiva expansión de las fuerzas armadas y la implementación de un programa de infraestructura de $1 trillón favorable a las empresas.

En sus recapacitaciones ante la prensa, Ryan y Trump demostraron que habían recibido el mensaje. “Ahora pasaremos al resto de nuestra agenda”, declaró Ryan, añadiendo que hay “un mayor consenso” en cuanto a la reforma tributaria, el ejército y el muro fronterizo.

Trump dijo que “probablemente ahora voy a ir por la reforma fiscal, los grandes recortes impositivos”, algo que reiteró varias veces en el transcurso de sus breves y enredados comentarios.

No habrá ningún respiro en los ataques contra el acceso a la salud. Ryan y Trump dieron a entender que el gobierno va a utilizar al ejecutivo para ir eliminando las regulaciones de Obamacare sobre la industria médica y limitando la elegibilidad de los pacientes, particularmente aquellos que dependen de Medicaid.

Ryan dijo ominosamente que, “Hay ciertas cosas que el secretario de Salud puede hacer”, refiriéndose a Tom Price, un vehemente opositor de Medicaid y Medicare. Este último es el programa de salud del gobierno para pacientes de la tercera edad.

Trump, por su parte, ha mencionado varias veces con fruición que Obamacare implosionará. “Tendrá un año muy malo”, dijo, sugiriendo que Price y él harán todo lo posible para deteriorar el programa.

Ya la semana pasada, Price y Seema Verna, la actual administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, le enviaron cartas a los distintos gobiernos estatales ofreciendo exenciones para que implementen requisitos laborales para los pacientes de Medicaid y la posibilidad de exigirles el pago de primas y copagos. Price hará lo que pueda para debilitar o descalificar todos los mandatos dentro del ACA que limiten de alguna manera la capacidad de las aseguradoras para aumentar sus ganancias a través de menos beneficios y más gastos para los asegurados.

Trump y los demócratas declararon estar listos para colaborar en un nuevo plan con el cual atacar el acceso a la salud. “Cuando Obamacare explote — manifestó Trump — los demócratas vendrán a nosotros dispuestos a elaborar un nuevo proyecto de salud. Eso lo apoyo completamente”.

En una rueda de prensa convocada por los líderes demócratas de la cámara baja, el congresista Whip Steny Hoyer describió el fracaso de la legislación republicana “un buen día para Estados Unidos”. “Espero que podamos trabajar con el gobierno y el otro lado para conservar Obamacare”, añadió.

En general, los demócratas han expresado estar ansiosos por trabajar con el gobierno de Trump en la implementación de recortes impositivos para las corporaciones, un programa de infraestructura que incluya exenciones fiscales para empresas privadas y un aumento en el gasto militar.

Cabe subrayar el hecho que el “Freedom Caucus”, considerado un grupo marginal incluso dentro del Partido Republicano, ha sido elevado y presentado por la prensa como una voz legítima y autoritaria del “conservadurismo”. Estos desfachatados adulones de las grandes empresas, rabiosos enemigos de la clase obrera y paladines de la destrucción inmediata de todos los programas sociales se han convertido efectivamente en los jueces finales de las políticas sociales estadounidenses ya que están armados con el poder del veto y la capacidad de empujar el supuesto “debate” cada vez más a la derecha.

A menos que la clase obrera intervenga de forma independiente para defender sus intereses en una lucha contra la élite política y el sistema capitalista que defiende, el resultado de la actual crisis interna del gobierno será un traslado aun más hacia la derecha y una violenta aceleración en la ofensiva contra los intereses sociales y derechos democráticos de los trabajadores.