El gobierno de Trump está desarrollando planes para crear una fuerza nacional de guardias paramilitares y funcionarios para deportar a millones de indocumentados de los Estados Unidos. Según el Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) planea encarcelar a decenas de miles de inmigrantes en el próximo período, contratar a miles de agentes y construir un muro entre los Estados Unidos y México.

Según un memorándum interno del DHS adquirido por el Post, el gobierno está expandiendo su número de camas de detención por 33.000, incluyendo algunas para “menores no acompañados”, es decir, niños encarcelados.

Estas instalaciones afectarán a cinco prisiones privadas con fines de lucro y dos instalaciones gubernamentales. El número total de inmigrantes encarcelados por día se elevará a alrededor de 70.000, acercándose al número de japoneses estadounidenses internados por el gobierno de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial.

El memorándum también dice que ha habido “progreso” y que la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está “tomando todas las medidas apropiadas para planear, diseñar y construir un muro físico” a lo largo de la frontera. Un contratista propuso construir un muro con un foso lleno de desechos nucleares al cual caerían los inmigrantes que intenten cruzar.

Además, el DHS busca a los elementos más retrógrados y fascistas para contratar a 5.000 nuevos guardias y agentes para servir como cazadores de esclavos modernos. El memorando anuncia que la agencia ha eliminado los requisitos físicos y mentales más básicos para los aspirantes y ha eliminado el requisito de que los candidatos pasen un detector de mentiras.

Para combatir la hostilidad generalizada a las redadas de inmigración, el DHS emprenderá una campaña de propaganda para “mejorar aún más el conocimiento de nuestra marca y transmitir la importancia y el alcance de nuestra misión dentro de la esfera pública”. Para ello, el DHS se dirige a los jóvenes: “Continuaremos enfocándonos en aumentar nuestra presencia en los medios digitales y sociales para comunicarnos con la generación milenaria; [Y] ampliar nuestro alcance en las escuelas secundarias y en las universidades".

El nuevo memorándum fue publicado después de que el DHS anunció que contrató a dos nacionalistas blancos fascistas, John Feere, del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), y Julie Kirchner, de la Federación para la Reforma de Inmigración de Estados Unidos (FAIR, por sus siglas en inglés), como asesores de política para el ICE y el CBP, respectivamente. El hecho de que CIS y FAIR ahora ayuden a dirigir la política de inmigración del gobierno es una advertencia de que un tratamiento aún más brutal está por venir.

El New York Times informó ayer que el gobierno de Trump también busca eliminar incluso los requisitos más mínimos para los servicios ofrecidos en los centros de detención de inmigrantes. Su gobierno está considerando abandonar los servicios de traducción para los inmigrantes, eliminar reglas para que las solicitudes de atención médica de los detenidos sean otorgadas en 24 horas y cerrar la oficina responsable de supervisar que las mujeres inmigrantes sean protegidas contra el abuso sexual.

Los centros de detención de inmigrantes ya son lugares infernales, a menudo ubicados en áreas aisladas, donde a los inmigrantes se les alimenta comida podrida, se les prohíbe ver a sus abogados y son colocados con criminales violentos que no son inmigrantes. Muchos inmigrantes son alojados en las cárceles del condado. Un sheriff de la policía de Ohio le dijo al Times, “La cárcel es la cárcel ... no ponemos chocolates en las almohadas”.

Las cárceles privadas albergan aproximadamente a un 65 por ciento de los inmigrantes detenidos, y es probable que esta cifra aumente cuando se realice la nueva expansión. Los demócratas y los republicanos establecieron una “cuota de detención”, por la cual el gobierno está obligado a llenar las cárceles de inmigrantes, produciendo ganancias excepcionales para las instalaciones privadas cuyos ejecutivos corporativos donan enormemente a ambos partidos.

Esta expansión masiva del sistema de internamiento para la detención de inmigrantes se lleva a cabo con la aprobación tácita del Partido Demócrata, el cual ha mantenido un silencio casi absoluto sobre el ataque de Trump a los inmigrantes en las últimas semanas. En cambio, el Partido Demócrata ha atacado a Trump desde la derecha, exigiendo que siga en pie la campaña de guerra de la clase dominante contra Rusia en Siria, mientras que también amenaza con atacar a Corea del Norte.

Hablando en un evento en Brooklyn, Nueva York el 12 de abril, el líder demócrata de la minoría del Senado, Charles Schumer, dijo que el programa de inmigración de Trump es “terrible para Estados Unidos porque estas son personas que trabajan, y se están llevando a los mantienen a su familia, se están llevando a la gente que los negocios necesitan. Por eso están aquí. Y haremos todo lo que podamos para detener esto”.

Aparte de la cínica declaración de Schumer de que “defiende” a los inmigrantes porque las corporaciones necesitan explotar su mano de obra barata, la afirmación de que los demócratas se opondrán a los programas migratorios de Trump es una mentira.

Schumer y la gran mayoría de los senadores demócratas cubrieron al DHS, ICE y CBP con dinero durante la ley de asignaciones del año pasado, la cual “provee créditos para ... una cerca para la seguridad fronteriza, infraestructura y tecnología", así como para “construcción y gestión de instalaciones”.

Los demócratas Schumer, Booker, Durbin, Feinstein, Franken, Gillibrand, Kaine, Klobuchar, Leahy, Reid y muchos más acordaron pagar los “salarios y gastos” de cada oficial de inmigración y agente de patrulla fronteriza. Cada vez que un inmigrante es deportado, el Partido Demócrata ha efectivamente firmado su próximo cheque.

Se han producido manifestaciones generalizadas contra las políticas migratorias de Trump, y las encuestas muestran que grandes mayorías se oponen a la construcción de un muro fronterizo. Noventa por ciento de los estadounidenses apoyan otorgarle la ciudadanía a los inmigrantes que han vivido en los EE.UU. durante varios años. La semana pasada, aproximadamente 30.000 personas participaron en una manifestación en Dallas, Texas, para defender los derechos de los inmigrantes.

Varios políticos demócratas hablaron en la manifestación, incluyendo el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Julian Castro, quien como secretario del HUD vendió el 98 por ciento de las hipotecas muy atrasadas a los especuladores de Wall Street a través del Programa de Estabilización de Activos Afligidos.

El legislador estatal demócrata Roberto Alonzo le dijo a la multitud que votara por los demócratas: “La marcha en el 2006 y el movimiento alrededor de esto es lo que convirtió al condado de Dallas azul en el 2008. Primero marchamos, luego gobernamos”.

Alonzo no mencionó que cuando los demócratas gobernaron bajo Obama, deportaron a 2.7 millones de indocumentados y sentaron las bases para el programa de deportación expandido de Trump.