La incriminación de los trabajadores de Maruti Suzuki —Cuarta Parte: La policía y la empresa conspiran contra los obreros

por Eric London y Keith Jones
12 mayo 2017

El 10 de marzo de 2017, 13 trabajadores de la ensambladora de automóviles de Maruti Suzuki India Limited en Haryana, en el norte de la India, incluyendo a todos los líderes del sindicato Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) fueron declarados culpables del asesinato en el 2012 de un gerente de la empresa, durante una riña e incendio provocados por la gerencia de la fábrica, y condenados a cadena perpetua. Se trata de un fraudulento montaje, producto de una conspiración entre la empresa y el estado.

Son víctimas de una revancha legal, un fraude creado por la empresa japonesa fabricante de automóviles y por la policía, tribunales y grupos de poder políticos de India, con el objeto de aplastar el repudio de los trabajadores a las condiciones de extrema explotación que encaran. En el transcurso de los dieciocho meses anteriores al incendio y la riña del 18 de julio del 2012, provocado por la gerencia para servir de pretexto para el montaje, la fábrica de Manesar se había convertido en el centro de resistencia obrera en la zona industrial de Manesar-Gurgaon, un suburbio de la capital india de Nueva Delhi.

Esta es la cuarta parte de una serie sobre el montaje legal, de la confabulación entre la empresa y la policía, la fabricación de evidencia, las declaraciones tramadas y las decisiones judiciales. Haga clic para aquí para leer la primera , segunda y tercera parte.

Durante el proceso, Vrinda Grover, abogada de los obreros de Maruti Suzuki denunció la investigación policial por ser “mal preparada, deshonesta, deliberada y de mala fe”.

Desde el principio, la policía —que una y otra vez había sido utilizada para reprimir las movilizaciones obreras y las manifestaciones por los obreros de la Maruti Suzuki en los catorce meses anteriores al acontecimiento del 18 de julio— ilícitamente se hace parte de los planes de la empresa. Como admitiría el mismo Juez Goyal, la policía fabricó la evidencia contra los trabajadores; no cumplió con los requeridos procedimientos de investigación; y sistemáticamente se rehusó a presentar evidencias para la reexaminación forense —incluyendo las armas que supuestamente utilizaron los obreros.

En la mañana del 19 de julio, a sólo horas de la riña e incendio en la fábrica de Manesar, la gerencia de Maruti Suzuki consiguió que la policía detuviera a dos grupos de obreros, sin siquiera haber lanzado investigación alguna.

Los obreros presos en ruta al banquillo

Nitin Saraswat, gerente asistente para relaciones humanas en una segunda fábrica de Maruti Suzuki, cerca de Gurugram (Gurgaon), reconoció ante el tribunal que él había preparado las listas de acusados con docenas de obreros por haber participado en el supuesto ataque; a los que él ni siquiera conocía y sin siquiera haber estado en el lugar de los hechos. Fueron entregadas al inspector Om Parkash esas listas, con los nombres de 89 obreros que no habían sido nombrados a la policía por Deepak Anand, el veterano gerente de la planta de Manesar.

Luego de detener a los 89, le dio nervios a la policía que su compromiso con la compañía había sido muy transparente; por lo tanto fabricó pruebas. Para esconder que había actuado bajo órdenes de la empresa, decidió encontrar a algún “testigo”, que implicara a los 89. Consiguió a cuatro contratistas como testigos, sin duda con la colaboración de Maruti Suzuki.

Todo esto salió a la luz durante el proceso legal. Los contratistas, Yad Ram, Virender, Ashok Rana, y Rakesh, nunca fueron capaces de identificar a ninguno de los 89. Hay más, los abogados defensores dieron pruebas de que la policía había tramado las declaraciones involucrando a los trabajadores en serios crímenes. Los nombres de los trabajadores habían sido distribuidos a los falsos testigos las listas organizadas en forma alfabética. Por lo tanto todos los obreros en la lista de Yad Ram, tenían nombres entre A y D. Los trabajadores amotinados de Virender tenían nombres entre K y P; R a S para Ashok Rana y las últimas letras del alfabeto para Rakesh.

Aunque parezca increíble, la fiscalía intentó explicar que los trabajadores se habían amotinado alfabéticamente.

Dada la prueba irrefutable de la confabulación entre la empresa y la policía, y de la fabricación de evidencias, el juez Goyal decidió exonerar a los 89, y a otros 28 que o no habían sido identificados por ningún testigo o que habían sido identificados incorrectamente.

Manifestación de obreros demandando la libertad para los presos de Maruti Suzuki

Los abogados defensores sostienen que la conspiración de la policía con la gerencia de Maruti Suzuki demuestra que su investigación fue un fraude tan grande que con mayor razón justifica cerrar todo ese proceso.

Entra al rescate el juez Goyal, fundamentándose en falsos reclamos que contradicen principios jurídicos básicos —reclamos que examinamos más abajo. Los actos ilegales de la policía, dijo, podrían ser separados del caso de la fiscalía.

La policía nunca investigó las pruebas

Durante el proceso, los testigos de la policía reconocieron repetidamente que nunca habían hecho ninguna de las pruebas forenses de las evidencias claves como lo exige la ley. Nunca obtuvo dactilografías de la caja de fósforos que supuestamente se había utilizado para causar el incendio. Las armas con que los obreros supuestamente habían atacado a los capataces no fueron examinadas por huellas dactilares; o para descubrir manchas de sangre.

Todos los policías testigos —incluyendo al inspector Parkash, encargado de la investigación— Braham Pal, Vinod Kumar, Ghanshyam Dass, Praham Parkash, Palam Vihar y Ram Phal—admitieron que no se habían examinado adecuadamente las vigas de metal y los amortiguadores que supuestamente habían sido utilizados en el ataque.

Todas estas supuestas armas fueron obtenidas de los hogares de los trabajadores después de sus detenciones. La policía sistemáticamente ignoró el requisito legal de que esas confiscaciones fueran verificadas por observadores independientes.

El juez Goyal resumió algunos de los elementos claves de la declaración del oficial Brahampal Singh: “la ropa que el recobró nunca fue objeto de exámenes forenses. No se notó ninguna mancha de sangre… no hubo ningún observador independiente en el proceso de confiscación. No se envió a examinar a ninguna de las armas de ofensiva…”.

Tampoco recolectó ni examinó elementos de la “escena del crimen”. El inspector Parkash de la policía reconoció no haber “preparado una lista de daños de los artículos [recobrados de las oficinas de la gerencia], obteniendo confirmación de los gerentes de Maruti”. La policía “no había confiscado materiales quemados, computadoras portátiles”, por ejemplo. Dado que la policía había conectado los nombres de más de la mitad de los obreros con falsos testigos, no sorprende que tampoco haya confirmado, como se debe, su identidad en ruedas de identificación. Tratando de explicar esa omisión, el inspector Parkash dijo que los obreros le generaban un “terrible terror” a los capataces y gerentes de Maruti Suzuki.

En su fallo, el juez global luego diría que esas fallas de la policía no eran más que “olvidos”. En verdad esos “olvidos” eran sistemáticos, parte de un patrón de evidencia fabricada.

¿Qué ocurrió en el Hotel Japonés?

El proceso alumbró que la policía había esperado ocho días antes de obtener declaraciones de casi todos los capataces de Suzuki, cinco días después de que estos salieran del hospital. Los abogados defensores señalaron que ese retraso inexplicado fue utilizado para crear una narrativa en común haciendo responsables a los obreros de la riña y del incendio.

También señalaron los abogados defensores que la confabulación entre la empresa y la policía estaba evidenciada por el hecho de que testigos claves del gobierno se reunieron en el Hotel Japonés, propiedad de Maruti Suzuki, donde la policía grabó sus declaraciones. Entre estos testigos claves están Vikram Sareen, Vikram Khajanchi, Pardeep Kumar Roy, Virenda Parshad y Vikram Sareen.

Cuando en el proceso se le pregunta al inspector Jaswant Singh como fue que todos estos testigos se reunieron con la policía en el Hotel Japonés, contestó: “Se trataba de un caso transcendente. Varios equipos policiales estuvieron envueltos en este caso. Por lo tanto, fue mejor dirigirlos a los altos gerentes de Maruti, enviar a sus testigos a un lugar común. Esa respuesta no apareció en el informe policial porque no era requerido” (nuestro énfasis).

Informes médicos falsificados

Los capataces heridos en la riña del 18 de julio fueron examinados en los hospitales particulares Medanta y Colombia Asia. Los dos están estrechamente ligados a Maruti Suzuki.

El gobierno insistió muchísimo en las supuestas graves heridas que sufrieron los gerentes —aunque, con la excepción de Avineesh Dev, el único muerto y el único gerente amigo de los obreros— ninguno sufrió heridas de consecuencia, o heridas que peligrasen sus vidas. Parte de la evidencia de la fiscalía eran los certificados médico legales (MLCs) que firmaron los doctores de los hospitales, detallando las heridas a los capataces y gerentes examinados. Las MLCs son respuestas formales a pedidos de la policía.

Tribunal donde ocurrió el proceso falso

Respondiendo a preguntas de la defensa, varios testigos —incluso dos de los más importantes testigos del gobierno— reconocieron nunca haber estado en el hospital y que los MLCs sobre ellos eran falsos. Entre estos están Deepak Anand, el gerente de Maruti Suzuki que produjo el primer informe acusando a los líderes del MSWU y a militantes sindicales del ataque asesino, y Om Parkash, principal investigador policial.

Fue Parkash quien, junto con otros agentes de la policía, había declarado haber sido heridos por los obreros de Maruti Suzuki cuando intentaron intervenir para rescatar a los gerentes del incendio el 18 de julio 2012. Esas declaraciones resultaron en nuevas acusaciones contra los obreros de Maruti Suzuki.

La evidencia que supuestamente confirma esta acusación —los MLCs de Prakash y de otros agentes heridos— son fraudulentos porque fueron falsificados por la misma policía.

Ante esta evidencia adicional de mala conducta policial, el juez Goyal se vio obligado a exonerar a los obreros de la acusación de haber herido a los agentes de policía. Pero, habiéndose comprometido a rescatar a la fiscalía e ignorar la evidencia de conspiración entre la policía y la empresa en el montaje de estos obreros, tuvo que añadir que “el que sus informes médicos hayan sido falsificados no quiere decir que las heridas de los testigos del gobierno hayan sido mentiras”.