El ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, fue condenado por cargos de corrupción el miércoles y sentenciado a nueve años y medio de prisión. No será encarcelado hasta que su apelación sea oída y, teóricamente, todavía podría postularse como presidente en las elecciones de 2018.

La acción judicial contra Lula se produce en medio de una crisis del gobierno burgués en Brasil que rápidamente se está saliendo de control.

Hace menos de un año que la sucesora elegida por Lula, Dilma Rousseff, fue destituida a través de un juicio político por cargos falsos de manipulaciones presupuestarias. Su ex vicepresidente y ahora jefe de estado, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), también enfrenta cargos criminales y una rebelión creciente de sus bases de derecha en el Congreso brasileño que podría terminar en su expulsión.

El índice de aprobación de Temer ha caído al 7 por ciento, mientras cada gran partido político e institución del estado brasileño ha sido totalmente desacreditado por las revelaciones interminables de corrupción que surgen de la investigación de tres años de la Operación Autolavado (Lava Jato). Esta crisis política se desarrolla mientras la clase dominante lleva a cabo un asalto a gran escala a los derechos básicos y condiciones sociales de la clase trabajadora, que ha tomado su forma inicial de “reformas” laborales y de pensiones a fondo.

La condena de Lula llegó en el primero de una serie de casos de corrupción pendientes contra el ex presidente. Implicó el escándalo llamado tríplex, en el que fiscales le acusaron de aceptar sobornos por 1,2 millones de dólares en forma de un apartamento de tres pisos, ubicado frente a la playa, y reformas a la estructura proporcionadas por la firma de ingeniería OAS. Se alegó que la empresa proporcionó los favores a cambio de ayuda para obtener contratos lucrativos con Petrobras, el gigante energético de Brasil.

El escándalo fue una pequeña parte de un estimado de 2.000 millones de dólares de activos drenados de la empresa estatal en un esquema de sobornos y coimas que involucran a todos los partidos y figuras políticas importantes del país.

El abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins, declaró que el juez que dirige la investigación Lava Jato, Sergio Moro, “desestimó evidencia de inocencia” y “usó el proceso con fines de persecución política”.

La realidad, sin embargo, es que todo el Partido de los Trabajadores está saturado de corrupción. El PT fue fundado en 1980 a raíz de una ola de huelgas y protestas masivas de estudiantes que socavaron fatalmente la dictadura militar de 20 años, apoyada por EE.UU. El partido, junto a la federación sindical con la que está afiliado, el CUT, sirvió desde sus orígenes como un instrumento político para desviar los esfuerzos revolucionarios de la clase trabajadora brasileña hacia la dominación del Estado burgués.

Durante sus doce años en el poder, el PT emergió como el principal partido del capitalismo brasileño, defendiendo los intereses de una oligarquía financiera y corporativa dominante tanto en el país como en el extranjero. Usó el poder del estado para promover el crecimiento y las ganancias de un estrato de corporaciones transnacionales brasileñas encabezadas por multimillonarios, como Odebrecht, OAS y JBS. Estas empresas, a su vez, canalizaron dinero a las arcas del PT y de otros partidos, así como a los bolsillos personales de los principales políticos.

El PT y Lula fueron capaces de sobrevivir a exposiciones anteriores de esta operación corrupta (que incluyó el llamado escándalo, mensalao de hace una década, en el que el PT pagaba estipendios mensuales a diputados del Congreso para asegurar su voto a favor de la legislación respaldada por el gobierno). Esto ocurrió cuando la economía estaba creciendo, impulsada por el auge de las materias primas y el aumento de la demanda de China en que se basan todos los proyectos políticos de los llamados gobiernos de izquierda de América Latina.

Hoy Brasil permanece en la peor crisis económica del país desde la Gran Depresión de la década de 1930. Las predicciones de principios de año sobre un crecimiento renovado han fallado, y el desempleo sigue creciendo, alcanzando el 13,3 por ciento en mayo. La verdadera tasa de desempleo, contando a los denominados “trabajadores desalentados”, que han dejado de buscar trabajos no existentes, está probablemente más cerca de un cuarto de la fuerza laboral.

Sin perspectivas de un crecimiento de la inversión extranjera o una renovación del aumento de las exportaciones que predominaron durante la presidencia de Lula, el giro de la burguesía brasileña y todos sus partidos, incluyendo el PT, es hacia un asalto redoblado contra la clase trabajadora.

El martes el Senado brasileño aprobó una “reforma” laboral que quita a los trabajadores prestaciones por desempleo, rebaja tiempos de descanso y reduce derechos de vacaciones, mientras facilita la completa transformación de la fuerza laboral en contratos eventuales y temporales a merced de los empleadores.

Mientras la legislación es muy impopular y ha provocado protestas y huelgas populares, las principales federaciones sindicales sabotearon deliberadamente una huelga general que se había planeado para el 30 de junio en oposición a la “reforma”.

En lugar de movilizar a la clase trabajadora contra el gobierno de derecha, los sindicatos buscaron llegar a un acuerdo para enmendar la legislación en el área que más les importaba —una propuesta para eliminar la deducción automática de cuotas sindicales en los salarios de los trabajadores. Se informa que Temer ha acordado proponer una enmienda al proyecto de ley aprobado por el Senado para asegurar la fuente de ingresos de los sindicatos. El trato subraya la naturaleza de estas organizaciones, que no representan los intereses de la clase trabajadora, sino los de las capas privilegiadas de clase media alta de funcionarios y burócratas del estado capitalista.

La presidencia de Temer, empero, pende de un hilo tras ser nombrado en un acuerdo de negociación de condena alcanzado con los ejecutivos del conglomerado JBS, que lo implicaron directamente en la toma de sobornos. Ha sido acusado formalmente en un cargo de corrupción y enfrenta acusaciones adicionales.

Para que los cargos lleguen a juicio, el Congreso debe votar para enviar el asunto a la Suprema Corte de Brasil. Si bien parecía inicialmente que Temer prevalecería en dicha votación, ahora hay informes de que el grupo de partidos de derecha que constituye la base del gobierno está dispuesto a abandonarlo a favor del presidente de la Cámara Baja del Congreso, Rodrigo Maia, del DEM. DEM es el partido de derecha que surgió como el sucesor político de Arena, el partido oficial de la dictadura militar de Brasil.

Maia asumiría el cargo de presidencia interina durante el período de 180 días dado a la Suprema Corte para juzgar a Temer. Si Temer es condenado, un voto indirecto del Congreso elegiría al próximo presidente, siendo Maia el candidato favorecido, quien también está implicado en la solicitud de donaciones de campaña a cambio de favores políticos para OAS, la misma empresa involucrada en el caso por el cual fue condenado Lula.

En medio de esta crisis política que crece rápidamente, Temer pronunció un discurso el miércoles en el que retrató el golpe militar de 1964, apoyado por la CIA, como una manifestación de la “visión” de un pueblo brasileño que es “incompatible” con el “sistema democrático”.

“1964 llegó y fue la inclinación centralizadora del pueblo brasileño”, dijo Temer. “A la gente le gusta tener un organismo que se encargue de todo, especialmente lo que se basa en una obediencia absoluta al orden judicial”.

Continuó lamentando las “corrientes tumultuosas” que envuelven a su gobierno, y agregó que “un desprecio absoluto por las instituciones vuelve a nacer de una fuerza estupenda y todos empiezan a decir que tenemos que cambiar. Esto es muy malo para nuestro país”.

Las declaraciones del presidente asediado suenan como una petición para la imposición de una dictadura bajo condiciones en las que la burguesía brasileña no puede imponer sus políticas requeridas por medios pacíficos.