El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a los activos personas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a la elección un día antes de una asamblea constituyente.

La decisión marca una marcada, pero cautelosa escalada de la injerencia imperialista estadounidense en la crisis venezolana. Al limitar sus sanciones al patrimonio personal del mandatario y evitar una penalización contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el gobierno de Trump pretende enviarles un mensaje a potenciales detractores dentro de las fuerzas armadas venezolanas y el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezado por Maduro de que EE. UU. está dispuesto a un trato con sectores del oficialismo para provocar que colapse su gobierno.

La coincidencia de las continuas demonstraciones y el anuncio de las sanciones señala que hay un alto involucramiento de la CIA y agentes de inteligencia de otros servicios asociados con EE. UU. en función de los esfuerzos de la oposición para derrocar el gobierno.

El anuncio de las sanciones también busca exacerbar las tensiones dentro del país. El gobierno de Trump sabe bien que Maduro utilizará estas sanciones para intensificar la represión estatal, un paso que EE. UU. utilizará como pretexta para otra intervención.

La Casa Blanca anunció las sanciones pocas horas después de que Trump nombrara a John Kelly como su nuevo jefe de personal. Kelly, quien pasa de ser el encargado del aparato de deportación de Trump como secretario de Seguridad Nacional, había ejercido antes como titular del Comando Sur de EE.UU., el cual supervisa las operaciones militares del país en América Latina. La promoción de Kelly y la ofensiva contra Venezuela son señales de que EE.UU. busca tomar una postura más agresiva en la región con respecto a “giro hacia América Latina”, como una forma de desafiar la creciente influencia de China.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, anunció que las sanciones congelan los bienes de Maduro en EE. UU. y les prohíbe a los ciudadanos estadounidenses toda relación comercial con el mandatario venezolano. Este es sólo el siguiente paso en una serie de medidas deliberadas de cada vez mayor impacto contra el gobierno venezolano.

En febrero, EE. UU. implementó medidas similares contra el vicepresidente Tareck El Aissami. En mayo, Washington sancionó a ocho miembros de la Corte Suprema. La semana pasada, expandió sus sanciones a trece altos funcionarios del PSUV. Ahora, Mnuchin advirtió que todo aquel que participe en la nueva constituyente estará sujeto a tener sus bienes congelados por el Tesoro estadounidense.

Las amenazas de EE. UU. van más allá. Mnuchin anunció que están considerando “todas las opciones”, incluyendo sanciones a los recursos energéticos del país. Tales medidas limitarían la capacidad de Venezuela de pagar sus deudas con Wall Street, atentarían con secar el gasto social y detener el pago de salarios del sector público, incluyendo de la fuerza armada. Recrudecería las tensiones sociales dentro del país y conllevaría a la muerte de miles de trabajadores y jóvenes como resultado de una mayor violencia y escasez de comida y servicios básicos.

El asesor de seguridad nacional de Trump, H.R. McMaster, también hizo declaraciones durante el anuncio de las nuevas sanciones, proclamando que la decisión de formar una asamblea constituyente constituye una “toma escandalosa de poder absoluto” y convierte a Maduro en un “dictador”.

Maduro ha ingresado a una selecta lista negra de mandatarios que han recibido estas sanciones estadounidenses, incluyendo a Sadam Huseín de Irak, Muamar Gadafi de Libia, Bashar al Asad de Siria, Kim Jong-Un de Corea del Norte y Robert Mugabe de Zimbabwe. Maduro entenderá el mensaje: Huseín y Gadafi murieron a manos de EE. UU., mientras que Asad y Kim han sido amenazados abiertamente.

En su discurso de “victoria” tras la elección del domingo, Maduro insistió agresivamente en sus llamados a la Corte Suprema y la nueva asamblea constituyente de quitarle la inmunidad parlamentaria a los dirigentes de la oposición. “La derecha ya tiene su celda de prisión esperando. Todos los criminales irán a prisión por los crímenes que han cometido”, manifestó. Tales amenazas, que sólo se verán fortalecidas a raíz de nuevas provocaciones estadounidenses, no van dirigidas sólo a la oposición encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sino a toda oposición social.

Siguiendo en fila a EE. UU., varios países, incluyendo Reino Unido, España, Canadá, México, Argentina, Brasil y Chile, han declarado que la constituyente es ilegítima. La Cancillería española está planeando discutir con la Unión Europea “medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucional democrática…”.

Previo al anuncio de la Casa Blanca, la Cancillería rusa condenó las mayores presiones económicas encabezadas por EE. UU. y urgió a Washington y otros a “renunciar sus planes destructivos capaces de profundizar las divisiones en la sociedad”.

El congelamiento de bienes y las amenazas de la Casa Blanca aparecen en el contexto de una crisis económica cada vez más severa y una escalada en los intentos del gobierno del PSUV y la oposición para marginar al otro bando en una lucha por el control estatal. Esta disputa ha llevado a la creación de órganos gubernamentales paralelos como la misma asamblea constituyente y la Corte Suprema “en la sombra” juramentada hace dos semanas por la Asamblea Nacional controlada por la MUD.

El domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) presidió la jornada electoral mediante una represión violenta contra los esfuerzos de la oposición para frenar la votación alrededor del país con cortes de calle y ocupaciones de centros de votación. Las confrontaciones resultaron en diez muertes, que ahora suman más de 121 en lo que lleva la oleada de protestas desde abril, además de alrededor de 2000 heridos.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialista, 8 millones de personas o 41,5 por ciento del padrón electoral votaron para elegir los 545 miembros de la asamblea constituyente, que ocupará el jueves el Palacio Federal Legislativo, donde se reunía el unicameral congreso controlado por la MUD.

La oposición ha respondido llamando a sus partidarios a continuar protestando; sin embargo, la MUD tiene los ojos puestos en la Casa Blanca, preparada para formar un régimen completamente subordinado a los intereses de las corporaciones y la oligarquía financiera estadounidense.