Por dos meses, los profesores peruanos están em huelga, exigiendo mejoras salariales, la abolición de una contrarreforma educativa y el mejoramiento de la educación pública, salvajemente olvidado. Según se reporta, más de 200.000 profesores en 18 regiones del país están participando en la huelga, lo que lo hace una de las más grandes en la última década.

La evidente indiferencia con la que el gobierno de derecha del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tratado sus demandas y su obsesiva intención de presentar a los militantes profesores como “terroristas” ha dañado aún más su nivel de aprobación, el cual ya estaba en picada luego de los devastadores efectos de los deslizamientos de tierra del denominado “Niño costero” a comienzos de año.

La huelga de los trabajadores de educación viene después de una huelga de mineros nacional contra nuevas leyes anti-laborales en julio que fue cancelada por la burocracia luego de tan sólo dos días para una ronda de negociaciones; una huelga de un mes de doctores y enfermeras públicas por mejores salarios y el mejoramiento del estado de la salud pública –casi en bancarrota– y una huelga de dos días por trabajadores del poder judicial.

La huelga de los profesores fue desatada el 4 de julio después de que el gobierno de Kuczynski no cumpliera su promesa de aumentar el salario a los profesores durante su primer año en gobierno. Pero los problemas de la huelga son más profundos. Como ha ocurrido con toda la clase trabajadora, los profesores han sido testigos de un declive en salarios y estándares de vida a medida que gobierno tras gobierno se ha alineado a los principales objeticos de austeridad, desregulación y destrucción de derechos laborales contenidos en el denominado Consenso de Washington de contrarreformas neoliberales de libre mercado iniciadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori en los noventa.

Los profesores confrontan la continuación de estas medidas en la denominada Ley de Reforma Magisterial, una herramienta de la clase gobernante que, en nombre de la “meritocracia”, establece ocho niveles de salario basados en el resultado de “evaluaciones” nacionales, con las calificaciones más altas las que tienen mejores salarios. La mayoría de los profesores de Perú trabajan en áreas empobrecidas en dónde las calificaciones son las menores y la “reforma” es vista como un medio para despedir a profesores estatales que desaprueban las evaluaciones.

Incluso comentaristas de derecha han sido obligados a reconocer las terribles condiciones bajo las cuales los profesores luchan: actualmente 40 por ciento de los profesores de educación pública en Perú carecen de estabilidad laboral y no tienen beneficios; este número ha sido creciendo cada año. El salario mensual promedia oscila entre 1200 o 1500 soles peruanos (US$400 a US$500), sólo un tercio de lo que los profesores recibían en términos reales menos de cinco décadas atrás.

Los profesores comenzaron la huelga el 15 de junio. Bloquearon carreteras y el acceso a aeropuertos en las regiones de Cusco, Puno, Junín, Ayacucho y Arequipa –incluyendo en el santuario de Machu Picchu– con repetidas confrontaciones con la policía.

Después de una serie de negociaciones entre los gobernadores y representantes sindicales en las regiones en huelga, el 4 de julio el gobierno de Kuczynski declaró que levantaría el salario de los profesores a 2000 soles peruanos (aproximadamente US$650).

Sin embargo, el gobierno declaró que recortaría los salarios a cualquier profesor que no regresara a clases el 7 de julio. Esta amenaza falló. Solamente cuatro sindicatos regionales acordaron poner fin a la huelga –Lima, Cusco, Pasco, Lambayeque– mientras que otros 16 votaron por continuar la huelga. Según se reporta, algunos gobernadores regionales han apoyado la huelga por miedo de perder el apoyo a sus administraciones.

Molesta ante la prolongación de la huelga y la determinación de los profesores, el gobierno procedió a difamarlos, usando la ya gastada táctica peruana de acusarlos de ser simpatizantes de Sendero Luminoso (SL), la guerrilla maoísta que empleó actos de terrorismo en su “guerra popular” contra el estado en los ochenta.

La propaganda del gobierno fue apoyada –para la sorpresa de muchos trabajadores– por los principales miembros de Patria Roja (PR), el denominado partido de “izquierda radical” que hace cuatro décadas fundó el SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación en el Perú), la confederación de sindicatos que representa a la mayoría de los profesores del Perú.

PR, cuyos orígenes yacen en la división maoísta del Estalinista Partido Comunista Peruano en los setentas, ha proveído de personal a la burocracia de SUTEP. Sus representantes controlan el fondo de pensiones de los profesores –“Derrama Magisterial” – como un negocio, invirtiendo sus activos y lucrando de ellos.

Rolando Breña, el secretario general de PR, afirmó en una entrevista de que habían “intereses políticos” detrás de la movilización de la huelga de los profesores y que sus supuestos “excesos violentos” es el resultado de la infiltración del SUTEP por MOVADEF, un partido político visto como el descendiente de SL, cuyo principal objetivo es otorgar la amnistía para ambos miembros de SL y miembros del ejército que cometieron crímenes de derechos humanos durante el denominado “Conflicto Interno” de los ochentas y la “reconciliación nacional”.

Alfredo Velásquez, el secretario general de SUTEP, enfatizó el interés de la burocracia sindical en negociar con el gobierno y llamó a “distanciarse de grupos que incitan el odio y la violencia” y llegó al punto de nombrar personalmente a líderes sindicales regionales como miembros del MOVADEF por su insistencia en continuar la movilización de los trabajadores.

Estos comentarios demuestran que tan integrados en el establishment político la burocracia sindical se ha vuelto y demuestran el abandono de las más básicas demandas de los profesores.

Los profesores han respondido con denuncias públicas de que la burocracia del SUTEP –y Patria Roja– son “traidores” que no los representan. El gobierno de Kuczynski ha estado negociando acuerdos con operarios políticos que no ejercen control sobre sus supuestas bases.

Durante la última semana, los profesores han llegado hacia la capital de Lima desde todas las regiones para protestar contra el gobierno y ocupado la plaza San Martín, un sitio tradicional para manifestaciones de izquierda en Lima. Los intentos de llegar hacia el Congreso fueron reprimidos por la policía. A pesar de esto, las encuestas muestran que un número significativo de peruanos apoya las demandas de los profesores.

El gobierno de Kuczynski, que nunca tuvo un apoyo masivo, ha sido aún más desacreditado por la confrontación, con su tasa de aprobación hundiéndose a un pasmoso 29 por ciento. Otros gobiernos peruanos han alcanzado ese mismo punto bajo (e incluso peor), pero sólo al final de sus períodos. El gobierno de Kuczynski acaba de terminar su primer año.

En un intento populista de obtener apoyo entre los profesores, Fuerza Popular (FP), el rival de derecha de Kuczynski que domina el Congreso, comenzó negociaciones con los profesores para asumir el rol de ser un intermediario con el gobierno. El oportunismo cínico de FP fue demostrado cuando una congresista de FP declaró que “FP se identifica con los profesores sean o no terroristas”.

La oposición de derecha junto con la oposición de los frentes pseudo-izquierdista, el Frente Amplio y Nuevo Perú, han pedido la renuncia de la Ministra de Educación, Marilú Martes, en un intento de placar a los trabajadores y encontrar alguien más capaz de negociar un fin a la huelga.