El 17 de setiembre, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski juramentó a nuevos ministros para el gabinete de su gobierno derechista pro-capitalista. El ex banquero de Wall Street y funcionario del Banco Mundial –con ambas ciudadanías peruana y estadounidense– dirige un gobierno asolado por crisis, aislado y obstruido por fuerzas políticas derechistas, entre ellas la más notable siento la fujimorista Fuerza Popular (FP), el partido derechista que controla el poder legislativo con 71 congresistas.

La decisión de retirar y reemplazar algunos ministerios vino tras el resultado de una poderosa huelga de 71 días. La huelga fue desatada por la promesa rota de Kuczynski de levantar los salarios de los profesores en su primer año de gobierno, pero pronto se volvió una movilización nacional contra el abismal estado de la educación pública y en oposición a una “reforma educativa” que en el nombre de la “meritocracia” conduciría al despido de los profesores por fallar pruebas de rendimiento.

El gobierno mostró total indiferencia hacia las demandas de los profesores huelguistas, los difamó como “terroristas” y “extremistas” y reprimiendo a sus protestas cuando los profesores fluyeron hacia la capital desde todo el país. La burocracia del sindicato de los profesores, SUTEP, exponiendo su completa integración hacia el establishment, se unió junto con el gobierno en la calumnia de sus propias bases, haciendo que los profesores se rebelen contra ellos y sean denunciados como traidores.

Al final, SUTEP, junto con sus organizaciones rivales dentro del movimiento de los profesores, suspendió a la huelga sin alcanzar nada. Sin embargo, la imagen del gobierno fue gravemente dañada por su incompetencia al lidiar con la huelga. La mayoría del gobierno de Kuczynski está compuesto de operadores del mundo corporativo sin experiencia en política.

FP, entonces, buscó obtener ganancias políticas del caótico resultado de la huelga. Durante la huelga, FP, de manera oportunista, se presentó a sí mismo como un mediador entre el gobierno y los huelguistas y cínicamente fingió apoyo por su lucha. Anunció que montaría una investigación en el congreso a la Ministra de Educación Marilú Martens por su papel incompetente durante la huelga. Eventualmente, anunció que presentaría una moción para censurar a Martens, quién era odiada por los profesores por su postura arrogante durante las negociaciones.

A los fujimoristas, por supuesto, no les importa el bienestar de los profesores o de cualquier otra sección de la clase trabajadora. El intento de censurar a Martens tenía como objetico ayudar y apuntalar al gobierno deshaciéndose de una figura insostenible y odiada en el gobierno sin realizar ningún cambio a sus políticas con respecto a la educación. Más aún, el fundador y ex presidente Alberto Fujimori –encarcelado durante los últimos nueve años por violaciones de derechos humanos y corrupción– impuso las medidas neoliberales que establecieron las privatizaciones y el empobrecimiento del sector educativo.

La coalición de pseudo-izquierda Frente Amplio (FA) y su reciente división Nuevo Perú (NP) también votó a favor de la censura de Martens. “La ministra Martens ha provocado una situación de reacción muy agresiva por parte de los profesores. Es evidente que este nivel de conflicto ha llegado a un tope que no se puede permitir”, declaró la portavoz de NP y congresista Marisa Glave.

La decisión de censurar a Martens envío al gobierno a una crisis. Durante su primer año, el gabinete de Kuczynski perdió dos de sus ministros debido a las maquinaciones y mociones de censura de FP. Perder un tercer ministro por otra moción de censura por los fujimorista llevaría a la total pérdida de credibilidad del gobierno. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, fuentes anónimos del estado advirtieron que si FP hace caer a otro ministro más, entonces “[la lideresa de FP] Keiko Fujimori se volvería líder de facto del país y la imagen del gobierno jamás se recuperaría”.

El 13 de setiembre Kuczynski ordenó al primer ministro Fernando Zavala enviar al congreso una cuestión de confianza en nombre del gobierno para “hacerle un pare a los fujimoristas”. Al día siguiente durante un caluroso debate de ocho horas en el que varios congresistas intercambiaron insultos y gritos, el Congreso Peruano no otorgó la confianza al gobierno. Las bancadas de los fujimoristas y el Frente Amplio votaron en contra junto con otros partidos. Nuevo Perú, demostrando su carácter conciliatorio y “no-obstruccionista”, se abstuvo del voto, aunque la lideresa del partido y la ex candidata presidencial Verónika Mendoza –quién ha desaparecido de la escena política sin ninguna explicación– tuiteó: “Sr. Kuczynski, la ‘confianza’ que se debe ganar proviene del pueblo y para eso urge que haga cambios en su gabinete que no da para más”.

En los subsiguientes días, el gobierno se encontró con las delegaciones de la oposición fujimorista y aprista para implementar cambios a su gabinete que se adecuen a sus gustos políticos. Si bien los fujimoristas controlan el Congreso con su número desproporcionado de congresistas, el partido APRA, a pesar de ser una fuerza minúscula en el Congreso, tiene un gran apoyo por parte de la clase corporativa y los inversionistas internacionales.

A pesar de las demandas de FP de que haya un completo cambio de gabinete, sólo cuatro cambios fueron hechos, junto con el retiro de Zavala de su puesto como primer ministro. El sucesor de Martens como ministro de educación es Idel Vexler, quién fue viceministro en el segundo gobierno del presidente aprista Alan García (2006-2011), el cual tuvo una relación aún más beligerante con los profesores y ayudó a elaborar una versión temprana de la ley los profesores están actualmente combatiendo. Él vociferó algo de oposición a las pruebas de rendimiento pero eventualmente se retractó y declaró que no habrá un alto a la “reforma de educación”.

La ministra de salud Patricia García, quien confronta una huelga en paralelo que duró un mes por los doctores y enfermeras, fue reemplazado por el ex almirante de la marina Fernando D’Alessio. El sindicato de doctores criticó la elección, ya que D’Alessio no es un profesional de la salud y nunca ha trabajado en el estado, añadiendo que sólo fue elegido por su cercanía al APRA. El ministerio de economía, un puesto que también había sido mantenido por el primer ministro Zavala –lo que conllevó a críticas de que tenía demasiado poder con ambas carteras– fue pasado a su viceministra Claudia Cooper, una veterana funcionara de la banca y finanzas peruanas.

El ministro de justicia fue reemplazado por Enrique Mendoza, ex presidente de la Corte Suprema, quién, según algunos reportes, ayudó a eliminar investigaciones judiciales sobre algunos de los crímenes de estado cometidos durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Mendoza también dio comentarios afirmativos con respecto a un posible indulto presidencial para Alberto Fujimori, pero estos fueron después repudiados por la nueva primera ministra Mercedez Araoz.

Araoz es otra política más cercana al APRA. Durante el segundo gobierno de Alan García, ella fue ministro de comercio y turismo, quién dirigiera las negociaciones finales para establecer el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Durante su administración, el gobierno ordenó a que las fuerzas de seguridad dispararan a manifestantes que estaban ocupando la carretera del pueblo de Bagua en Amazonas, en protesta por la concesión de sus tierras a corporaciones multinacionales.

Araoz luego afirmó que las acciones de los manifestantes ponían en peligro el TLC. La actitud de desprecio hacia los derechos de los grupos nativos e indígenas a sus tierras permanece intacto: la Ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín declaró que no habrá “consulta previa” con las asociaciones de nativos antes de que se entregue sus tierras a las multinacionales para la extracción mineral.

La clase trabajadora peruana está actualmente gobernada por representantes directos del gran capital y reaccionarios extremos cuya principal misión es continuar su explotación y el saqueo de los amplios recursos mineros del país. Cualquier confrontación y pelea interna que ocurra en los corredores del poder siempre conducirá a un acuerdo para que se sostenga el dominio burgués y la adopción de un programa derechista capitalista.