Hablando el martes por la tarde ante el parlamento catalán en Barcelona, el presidente regional Carles Puigdemont anunció que Cataluña se separaría de España, en consonancia con los resultados del referéndum del primero de octubre sobre la independencia de Cataluña. Sin embargo, postergó de momento una declaración formal de independencia y exigió negociaciones con el gobierno central de Madrid. El gobierno del Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy declaró ilegal y traidor el referéndum y descartó conversaciones con Puigdemont.

El anuncio contradictorio, que llega después de que, según se dijo, Puigdemont recibiera llamadas de políticos de toda Europa, dejó la situación política europea en un estado altamente inestable y explosivo, con España tambaleándose al borde de un régimen militar y de la guerra civil.

Puigdemont pronunció su discurso en medio de una intervención militar y policial en curso por parte de España en Cataluña, y la amenaza que se avecina de una represión aún más sangrienta que la que se llevó a cabo el primero de octubre, el día del referéndum. En ese momento, 16.000 Guardias Civiles atacaron a votantes pacíficos y arrasaron centros de votación en un intento fallido de parar el referéndum, impactando al mundo por los vídeos de policías golpeando a funcionarios y votantes, incluso a señoras de edad. Desde entonces, sin embargo, la presencia militar y policial española ha sido reforzada considerablemente.

Jerarcas de la Unión Europea y jefes de gobierno siguen dejando claro su respaldo a la represión de Rajoy. El presidente francés Emmanuel Macron denunció ayer el “egoísmo económico” del movimiento independentista catalán, y el portavoz de la Canciller alemana Angela Merkel anunció el lunes que ella había contactado a Rajoy para darle su apoyo.

Unidades de logística del ejército español y por lo menos 6.000 policías nacionales más se desplegaron hacia la región desde el primero de octubre, y tomaron el control de los puertos catalanes y del Aeropuerto El Prat de Barcelona. En medio de noticias de que el Ministerio del Interior Español planeaba arrestar a Puigdemont, varias unidades de las Fuerzas Especiales, incluyendo al Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la policía y el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y la Unidad Especial de Intervención (UEI) se han estado preparando para intervenir.

El lunes, un portavoz del gobierno de Rajoy dijo que Puigdemont podría terminar como Lluís Companys, quien fuera arrestado en 1934 tras proclamar un Estado catalán dentro de España. En 1940, Companys fue capturado por la Gestapo en el París ocupado por los nazis y entregado al régimen fascista de Francisco Franco, que lo ejecutó ante el pelotón de fusilamiento.

El martes, la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, vallaron los espacios abiertos de las inmediaciones del parlament antes de que hablara Puigdemont. Ahora están brindando protección ininterrumpida a los miembros del gabinete catalán, incluyendo a Puigdemont. Estos cargos catalanes están desplazándose en coches sin marcar, informó El Confidencial, para impedir que la policía española los coja y los arreste.

Puigdemont habló a las siete de la tarde, argumentando que las relaciones entre Cataluña y el resto de España se habían roto de manera irrecuperable. Agradeció a los que organizaron el referéndum del primero de octubre, recordó el ataque policial de ese día, que dejó más de 800 personas heridas, y declaró que la cuestión catalana ya no era un asunto interno español, sino uno europeo. A continuación dijo que el orden político que surgió de la Transición de 1978 del régimen franquista a la democracia parlamentaria había fallado a la población catalana.

Citando el papel de Cataluña como el “motor económico” de España que, afirmó, ayudó a consolidar la democracia, indicó que los catalanes habían creído que la Constitución de 1978 les brindaría un marco para el progreso. Pasando revista a los intentos del gobierno catalán de reescribir sus estatutos de autonomía a lo largo de la última década, que fueron vetados repetidamente por los tribunales españoles, argumentó que Cataluña ahora está yendo más atrás de 1978.

Puigdemont citó el referéndum del primero de octubre ─que produjo un 89 por ciento de votos por la independencia, pero en base a una concurrencia de apenas el 42 por ciento─ como un voto vinculante, requiriendo que declarara una república catalana independiente. Sin embargo, dijo que suspendería la independencia catalana por “varias semanas” en respuesta a solicitudes internacionales de que acepte mediación con Madrid.

El Gobierno español le respondió a Puigdemont el martes mediante la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien rechazó de plano todas las exigencias de mediación. Reiteró la insistencia del PP en que el referéndum y la ley catalana en la que se basaba son ilegales, y que no podría haber negociaciones con los independentistas catalanes.

“Ni el Sr. Puigdemont ni ninguna otra persona puede sacar conclusiones de una ley que no existe, un referéndum que no tuvo lugar, y de una voluntad del pueblo catalán que, una vez más, están tratando de confiscar y hacer propia”, dijo. Añadiendo que no podría haber mediación, anunció, “Mañana el jefe del gobierno convocará el consejo de ministros para discutir nuestros próximos pasos”.

Rajoy tiene previsto hacer una declaración sobre la crisis catalana hoy después de la reunión del consejo de ministros, a las cuatro de la tarde.

La única fuerza que puede ofrecer una solución progresista a esta crisis es la clase trabajadora. La política brutal del Estado español y la burguesía nacional de usar la violencia y la represión para mantener a Cataluña por la fuerza en España es reaccionaria y los trabajadores de toda la Península Ibérica, españoles y catalanes por igual, tienen que oponerse a ella, junto a los trabajadores de Europa y del mundo. Hay que exigir la retirada inmediata de toda la policía nacional y las fuerzas militares de Cataluña.

Con el apoyo del Partido Socialista, el PSOE, el régimen de derechas de Rajoy persigue espolear el sentimiento nacionalista y animar a las fuerzas franquistas fascistas para preparar una represión militar no solo contra las masas catalanas, sino también contra la clase trabajadora del resto del país. Esta es su solución a la crisis desesperada y que va a peor del capitalismo español y europeo.

Pero la burguesía independentista catalana y sus aliados de clase media no ofrecen ninguna alternativa democrática ni progresista. Su objetivo es un Estado capitalista separado para establecer relaciones más lucrativas con las potencias imperialistas en base a una austeridad más intensa, usando a los trabajadores catalanes como mano de obra barata para atraer a inversores extranjeros. Estimulan el nacionalismo catalán para dividir mejor a la clase trabajadora y explotar a sus “propios” trabajadores.

Solo la movilización independiente de la clase trabajadora en España y en Europa, en lucha contra el capitalismo y contra el peligro de la dictadura, sobre una perspectiva socialista e internacionalista, ofrece una vía hacia adelante.

Los problemas básicos con los que se enfrentan las amplias masas de la población catalana y española están arraigados en la opresión no nacional, sino de clase. La mayoría de la población catalana que no participó en el referéndum del primero de octubre incluye a grandes sectores de la clase trabajadora que se opone a la secesión.

Lo que se está desarrollando no es simplemente una crisis de la Constitución española de 1978, sino del capitalismo europeo y mundial. Las batallas y peleas presupuestarias sobre la autonomía regional entre las élites gobernantes en Madrid y Barcelona se han venido desarrollando desde hace una década, mientras la UE reaccionaba al colapso financiero global con rescates masivos a los bancos financiados por devastadoras medidas austeras contra la clase trabajadora en toda Europa. La formación de una república capitalista catalana, conducida por políticos que llevan mucho tiempo respaldando la austeridad y la guerra imperialista, no harán nada por resolver esta crisis internacional.

Todo indica que Madrid, trabajando con Washington y las principales potencias de la UE, está preparando ahora su estrategia política para justificar una nueva represión. Hay una discusión generalizada en los medios españoles sobre aplicar ya sea el Artículo 155 o el 116 de la Constitución española para suspender la autonomía catalana y los derechos democráticos básicos. Esto allanaría el camino a una rápida extensión del gobierno militar no solo en Cataluña, sino en toda España.

Un elemento importante de esta represión sería cerrar cuentas de Internet y de redes sociales para censurar información y bloquear las protestas. Ayer, Madrid suspendió las cuentas de Twitter usadas por dos organizaciones nacionalistas catalanas, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium, para comunicarse con sus simpatizantes.

Madrid está preparando un choque duro con los nacionalistas catalanes y sus simpatizantes, muchos de los cuales criticaron ásperamente a Puigdemont por no declarar inmediatamente la independencia. Puigdemont postergó una hora su comparecencia ayer porque estaba negociando con las nacionalistas pequeño-burguesas Candidaturas de Unidad Popular (CUP), que han apoyado los presupuestos de austeridad de Puigdemont en el parlamento catalán. Sin embargo, al final la CUP boicoteó su discurso.

La diputada de la CUP Anna Gabriel tomó la palabra más tarde para criticar a Puigdemont, declarando, “Creemos que hoy era la oportunidad de proclamar solemnemente la república catalana y que quizás hemos perdido la oportunidad”. Lanzando llamamientos huecos a seguir con el programa secesionista catalán hasta que produzca la “liberación de clase y de género”, concluyó: “Vinimos a hacer una república”.

El partido español Podemos otra vez está jugando el papel central en bloquear la movilización independiente de la clase trabajadora contra el peligro de represión y de gobierno militar, adoptando en cambio una política impotente de lanzar llamamientos morales a Rajoy y al PP para que negocien con Barcelona.

El Secretario General de Podemos Pablo Iglesias aplaudió la decisión de Puigdemont de suspender la independencia. Le pidió a Rajoy que negocie en base al reconocimiento de que “España es plurinacional y el pueblo catalán merece que se le escuche”.