Madrid rechaza la exigencia de Puigdemont de conversaciones en la crisis del referéndum catalán

por Alex Lantier y Alejandro López
19 octubre 2017

El lunes, el gobierno español del Partido Popular (PP) rechazó la exigencia del presidente regional catalán Carles Puigdemont de un período de dos meses de negociaciones con Madrid después del voto por el “sí” en el referéndum sobre la independencia catalana del primero de octubre pasado. Con las fuerzas armadas y miles de policías preparándose para la acción, España está al borde de la ley marcial y de una represión militar en Cataluña.

Después de que Puigdemont declarara el 10 de octubre que Cataluña se había ganado el derecho de declarar su independencia, el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy le puso como plazo el 16 de octubre a Puigdemont para que aclarara si de hecho había declarado la independencia catalana. Como Puigdemont no dio una respuesta sí o no, aparentemente intentando evitar la confrontación, el PP intensificó el conflicto el lunes. Reiterando su amenaza de suspender la autonomía catalana, encarceló a políticos nacionalistas catalanes y denunció el referéndum del primero de octubre como una provocación respaldada por Rusia.

En una carta, Puigdemont declaró: “Cuando el 10 de octubre propuse una oferta sincera de diálogo, debida a solicitudes de numerosas instituciones y personas extranjeras, españolas y catalanas, lo hice no como una muestra de debilidad, sino como una respuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Cataluña, que lleva muchos años rota”.

Exigiendo un período de negociaciones de dos meses, dijo, “La prioridad de mi gobierno es, con toda nuestra fuerza, encontrar un camino para el diálogo”. Criticando “la brutal violencia policial ejercida contra gente pacífica el primero de octubre”, le pidió a Madrid que “diera marcha atrás en la represión al pueblo y al gobierno catalán”.

El gobierno del PP, que le dio a Puigdemont un segundo plazo, el 19 de octubre, para decir cómo piensa acatar la Constitución española, reaccionó con un aluvión de amenazas. En un ataque sin precedentes a los derechos democráticos, los tribunales españoles encarcelaron preventivamente a Jordi Sánchez, dirigente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, que dirige Omnium Cultural. Se acusa a los dos políticos nacionalistas catalanes de sedición, supuestamente por alentar a resistir la represión de la policía española antes del referéndum del primero de octubre.

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se burló de Puigdemont en una rueda de prensa, declarando: “No era difícil decir sí o no a si había declarado la independencia”.

Rajoy personalmente repitió su amenaza de invocar el Artículo 155 de la Constitución española para suspender la autonomía catalana, declarando que Puigdemont “será el único responsable de la invocación de la Constitución”. Añadió Rajoy, “Prolongar una situación de incertidumbre solo favorece a los que persiguen liquidar la armonía cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña”.

Se podría invocar el Artículo 155 en conjunción con el Artículo 116 para declarar un estado de sitio, suspender los derechos democráticos básicos y marcar el inicio de un gobierno militar. La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal piensa visitar mañana las instalaciones del Regimiento Arapiles en Sant Climent de Sescebes, cerca de Gerona, y Bruch, cerca de Barcelona. La semana pasada, El País identificó estas como fuerzas armadas que Madrid movilizaría si lanzara operaciones militares contra la población catalana.

En otra provocación extraordinaria y peligrosa, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban Pons, denunció a Puigdemont como un instrumento de Rusia. Pidiéndoles a los compañeros parlamentarios europeos que “no creyeran en la propaganda nacional-populista”, prometió presentar la próxima semana “pruebas de que redes rusas apoyaron a Carles Puigdemont y al movimiento independentista”.

Los medios estadounidenses ya habían hecho acusaciones infundadas de injerencia rusa en la crisis catalana, incluyendo a Politico y al Washington Times, de las que se hizo eco El País. No obstante, Madrid hasta ahora ha desmentido explícitamente esas acusaciones en sus declaraciones oficiales.

Al pedirle Russia Today un comentario la semana pasada, el embajador español en Rusia, Ignacio Ibáñez Rubio, dijo: “Al contrario, España apoya la posición oficial de Rusia. Desde el principio, Rusia ha reconocido que este es un asunto interno de nuestro país”. Añadió que España y Rusia gozan de “excelentes relaciones... Así que estamos muy complacidos con la posición de Rusia respecto a la crisis en Cataluña”.

Ahora, sin embargo, sin ofrecer ninguna prueba contra Moscú, el PP está dando un giro de 180 grados a su posición. Las acusaciones provocativas que Pons está lanzando contra Rusia tienen implicaciones inciertas pero potencialmente explosivas. Si el PP realmente creyera que Moscú se estaba aliando a los independentistas catalanes para desmembrar su territorio, podría citar esto como una agresión rusa contra España e invocar las estipulaciones de la OTAN para la autodefensa común para exigir una acción militar conjunta de la OTAN contra Rusia.

Sobre todo, estos cargos intensifican la acusación de traición lanzada contra los nacionalistas catalanes por parte del Rey Felipe VI de España en su discurso del 3 de octubre, así como por Rajoy. Les da a las tropas españolas en Cataluña más razones pseudo-legales para un derramamiento de sangre—mientras el PP ha amenazado por comparar el destino de Puigdemont con el del líder catalán regional de los años 1930, Lluís Companys, que fue fusilado en 1940 por el régimen fascista español de Francisco Franco.

Hay que advertir a los trabajadores: hay un peligro real de represión militar como no se ha visto en España desde la Guerra Civil de 1936-1939 y la imposición de la dictadura franquista que ostentó el poder hasta 1978. Washington y la Unión Europea, que están trabajando coordinadamente con Rajoy, no intervendrían para impedir tal crimen político. De hecho, las alegaciones infundadas de Pons contra Rusia llevan el marchamo de una operación política para ofrecer a los medios estadounidenses un pretexto para respaldar la represión en Barcelona y el regreso a un régimen militar.

La única fuerza que puede impedir la represión masiva es la clase trabajadora—movilizada independientemente de todo el establishment gobernante y en oposición revolucionaria a este. Aunque el blanco inmediato de Madrid es Cataluña, el blanco más amplio es toda la clase trabajadora española y europea, bajo condiciones de una descomposición internacional del capitalismo sin precedentes desde los años 1930.

Las tensiones de clase están alcanzando niveles explosivos después de una década de profunda austeridad y crisis económica. Con decenas de millones de trabajadores desempleados, la gran mayoría de los jóvenes en diferentes países europeos han dicho a la encuesta de la Generación Qué de la UE este año que apoyarían un levantamiento de masas contra el orden existente. Medidas como el estado de emergencia en Francia y el giro en España hacia el gobierno militar son parte de un giro preventivo hacia un régimen autoritario que está llevando a cabo la burguesía europea contra el peligro de una movilización revolucionaria de los trabajadores y de los jóvenes en Europa.

Las respuestas del Partido Socialista español (PSOE) y podemos destacan que los planes de Rajoy y de la UE para reprimir y para un régimen militar no encuentran resistencia en la élite gobernante. El Secretario General del PSOE Pedro Sánchez le dijo a El Diario que entre el PSOE y el PP, “la relación es fluida y constante en nuestra respuesta conjunta contra el desafío independentista”.

El PSOE se está convirtiendo cada vez más en un apéndice del PP, haciendo declaraciones todavía más explícitas en respaldo de una acción militar contra Cataluña que el partido de Rajoy. El portavoz del PSOE Óscar Puente declaró, “La falta de respuesta del Sr. Puigdemont es completamente inaceptable... Con su actitud, nos preguntamos si el Sr. Puigdemont deja otra salida que no sea la implementación del [Artículo] 155”.

Puente añadió que se invocaría el Artículo 155 de manera “pactada y negociada”, aparentemente implicando que el PSOE y el PP se están coordinando estrechamente respecto a su invocación.

Aunque Podemos criticó la posición del PSOE-PP sobre la declaración de Puigdemont de hoy, sigue señalando que se adaptará a la represión. El secretario de organización de Podemos Pablo Echenique dijo que Puigdemont dejó “claro de nuevo” que no había habido ninguna declaración unilateral de independencia en Cataluña. Se quejó de que entre el PSOE y el PP “se decidió a priori” intensificar el conflicto con Barcelona.

Sin embargo, Echenique dejó abierta la posibilidad de que la aplicación del Artículo 155 y celebrar elecciones anticipadas en Cataluña a punta de pistola podría resolver la crisis. Llamando a este desenlace “ni bueno ni malo”, dijo que esperaba que nuevas elecciones pudieran producir “mejores compañeros de negociación que Rajoy y Puigdemont”.