La recuperación de un cuerpo el martes en el río Chubut en la provincia sureña argentina del mismo nombre ha provocado protestas de masas a lo largo del país y demonstraciones internacionalmente.

Once semanas después de que una operación represiva de la Gendarmería contra la comunidad indígena Mapuche llevara a la desaparición de un joven protestante, restos fueron encontrados con su identificación por rastrillajes en la misma área. El país esperaba ansiosamente el viernes en espera de los resultados de los exámenes forenses y la confirmación de que era efectivamente Santiago Maldonado, de 28 años de edad.

El caso ha provocado una profunda desconfianza hacia el Gobierno conservador del presidente Mauricio Macri y todas las instituciones oficiales involucradas. Además de ser encontrado alrededor de trescientos metros río arriba del lugar donde fue visto por última vez, tres rastrillajes en los mismos alrededores no habían encontrado el cuerpo anteriormente, factores que sugieren que fue plantado en una fecha posterior.

En medio de una oposición social creciente y anticipación de que los recortes sociales, tarifazos y ataques contra puestos de trabajo y salarios escalen después de las elecciones legislativas del domingo, el caso ha planteado la posibilidad de que hayan vuelto los métodos de brutal represión estatales cuando decenas de miles de trabajadores y jóvenes fueron desaparecidos durante las juntas militares respaldadas por Estados Unidos en los años setenta y ochenta por toda América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición contra Macri, encabezada por los partidos peronistas y el pseudoizquierdista Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) han respondido convirtiendo la imagen de Maldonado en una pieza de publicidad electoral y en una pantalla para encubrir un giro hacia la derecha de todos los grupos de poder establecidos, una maniobra hecha más explícita por el contexto electoral.

En Cushamen, al noroeste de la provincia de Chubut, el Movimiento Autónomo Puel Mapu de los mapuches estableció una “Pu Lof (comunidad) en Resistencia” en mayo del 2015, reclamando tierras ancestrales en una parte de las 900 000 hectáreas propiedad de la multimillonaria familia Benetton italiana en Argentina. El pueblo mapuche construyó un pequeño acampamiento, el cual ha sido invadido varias veces y quemado por la Gendarmería nacional y la policía de Chubut.

Este año, los intentos para intimidar y expulsar a los mapuches fueron escalados, utilizando municiones reales contra sus refugios y realizando detenciones. El 31 de julio, Santiago Maldonado llegó al Lof para apoyar una demonstración por la liberación del líder mapuche encarcelado, Joanes Huala. Ese mismo día, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tuvo una reunión con autoridades locales para coordinar la operación para desalojar el Lof.

A tempranas horas del 1 de agosto, tuvo lugar la confrontación programada, comenzando con 137 gendarmes reprimiendo severamente un corte de ruta defendido por los mapuches, donde Maldonado estaba presente. La policía militar luego ingresó en el Pu Lof sin una orden judicial, disparó ilegalmente con balas reales, según testigos, cargó violentamente contra todos los presentes, incluyendo niños.

Según una abogada de los mapuches, Elizabeth Gómez Alcorta, temprano esa mañana Maldonado intentó escapar con otros manifestantes cuando escucharon los disparos y se escondieron cerca del río Chubut. Los testigos indican que un grupo de oficiales los alcanzó. Algunos de los mapuches y simpatizantes lograron escaparse cruzando el río, pero una persona, se reporta, fue arrestada y llevada a una camioneta, mientras varios oficiales bloqueaban sus puertas. Otros de los arrestados fueron llevados y detenidos temporalmente fuera de la comunidad, pero Maldonado se encontraba desaparecido.

Los testimonios de los gendarmes y sus superiores se contradecían, en términos de lo sucedido en el río y si se llegó a ver un cuerpo flotando o no, río abajo. Según Infobae, la familia de Maldonado ha denunciado interrupciones en las grabaciones de la operación.

La orden judicial para decomisar evidencia de los precintos policiales y vehículos utilizados por las fuerzas armadas —como parte de un allanamiento ilegal implicando a los niveles más altos del Estado— no fue emitida hasta una semana después de los acontecimientos, con la fiscal designada reconociendo que la evidencia pudo haberse visto afectada para entonces.

Sin embargo, se encontraron audios de la aplicación para mensajes Whatsapp en varios de los celulares requisados de los gendarmes que participaron en la operación del 1 de agosto que constituyen posiblemente la evidencia más escalofriante de un secuestro, pero también de un encubrimiento premeditado y de la actitud autoritaria de los oficiales. “Aparentemente dijo que el que tenía a [Santiago] Maldonado en la camioneta, la de sargento Sartirana”, indica una de las grabaciones enviadas por un gendarme a un superior. Otro audio menciona el ocultamiento de los vehículos oficiales.

Finalmente, otro audio de Whatsapp incluye una declaración incriminatoria que, además, demuestra la mentalidad de tendencia fascista y asesina de la policía militar que allanó el Pu Lof. “Les dimos corchazos para que tengan”, dice un oficial refiriéndose a disparos reales.

Durante las siguientes semanas, los funcionarios del Gobierno de Macri y la prensa convencional en Argentina buscaron promover noticias infundadas de “avistamientos” de Maldonado en áreas cercanas e incluso versiones en las que cruzó a Chile. Más recientemente, especialmente después de la recuperación de su cuerpo el 17 de octubre, los grandes medios han buscado echarles la culpa a los mapuches.

El primer juez asignado al caso había aprobado varias operaciones represivas contra el pueblo mapuche y hubo reportes de comportarse abusivamente en las interrogaciones, llevando a la familia de Maldonado a solicitar un cambio. Sin embargo, el nuevo juez, Gustavo Lleral ordenó rápidamente un nuevo rastrillaje la semana pasada en el territorio ocupado por el Pu Lof, lo que generó protestas de los miembros de la comunidad mapuche por estar en la mira de las autoridades como principales sospechosos.

El caso de Maldonado está siendo investigado como una “desaparición forzosa”, pero la fiscal indicó en un reporte parcialmente filtrado por el diario Clarín que era todavía inconclusa. Ante las manifestaciones cada vez más grandes exigiendo la aparición de Maldonado, líderes eclesiásticos y las cámaras empresariales pidieron una “pronta solución” sin “manipulación político partidaria”.

A mediados de setiembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentenció que la prioridad número uno del Gobierno era reafirmarles a las fuerzas estatales que continuaran contando con impunidad al realizar tales crímenes y represión. “Tenemos que defender a los que nos defienden”, manifestó en un programa televisivo de entrevistas. Esa misma semana, fuentes cercanas a Macri dijeron que se iba a limitar la culpa al “desempeño” de uno o un par de gendarmes.

Por su parte, la prensa del principal partido del FIT, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) reportó el hallazgo de los restos el día siguiente, afirmando, “que todo lo que le haya sucedido a Santiago Maldonado desde su desaparición… es pura y exclusiva responsabilidad de Patricia Bullrich, Pablo Noceti y la Gendarmería Nacional Argentina”. Más allá, Marcelo Ramal, candidato a diputado de otra importante agrupación del FIT, el Partido Obrero, dijo a la prensa en una manifestación el jueves por la tarde, “Es necesario que se vaya la ministra Bullrich para desmontar la trama de encubrimiento que sostuvo el Gobierno y la ministra en particular”.

Estas intervenciones alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado son intentos explícitos para canalizar la generalizada indignación y oposición contra la represión estatal —empleada para defender la propiedad y los intereses de la clase gobernante— detrás de la política burguesa, promoviendo la ilusión de que un simple cambio de ministros o la llegada al poder de un nuevo Gobierno capitalista será suficiente para detener la escalada de represión estatal en marcha, la cual fue reflejada en lo ocurrido a Maldonado y en la ofensiva contra los mapuches.

En realidad, la desaparición del joven es una confirmación a toda la clase obrera en Argentina e internacionalmente que, ante una economía estancada, niveles de desigualdad sociales incompatibles con los derechos democráticos y focos de conflicto geopolítico en Eurasia que amenazan con desencadenar una guerra mundial, las élites gobernantes están recurriendo con cada vez mayor frecuencia a formas autoritarias de gobierno.

La administración de Macri está preparando una agresiva intensificación de sus ataques sociales después de las elecciones, más allá de los 250 000 despidos y devastadores tarifazos que ya ha presidido desde diciembre del 2015. La defensa de los derechos democráticos y sociales contra el aumento de la reacción social exige la construcción de un movimiento internacional y revolucionario de la clase obrera contra el capital y sus representantes políticos en toda su gama y por el socialismo.