España anula la autonomía catalana, prepara un régimen militar de Madrid

por Alex Lantier
25 octubre 2017

El sábado, tres semanas después de la salvaje represión policial al referéndum por la independencia catalana del primero de octubre, el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy anunció formalmente la invocación del Artículo 155 de la Constitución española para quitarle sus poderes al gobierno regional catalán. En su lugar, Madrid va a instalar un gobierno no elegido en Barcelona, apoyado por el ejército español, la policía militarizada o Guardia Civil y otros cuerpos de policía.

La implementación del Artículo 155 implicará inevitablemente al régimen español en una confrontación violenta con amplias masas de la población catalana, donde hay una profunda oposición al giro de Madrid hacia la dictadura. Al tiempo que el Consejo de Ministros de Rajoy formulaba las medidas el sábado, medio millón de personas marcharon en Barcelona contra el arresto arbitrario por parte de Madrid de dos políticos nacionalistas catalanes, Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional catalana (ANC) y Jordi Cuixart de Omnium Cultural.

Las medidas establecidas por el Consejo de Ministros implican la suspensión de formas de gobierno democráticas en Cataluña y la instalación de lo que es un gobierno de ocupación militar en todo menos en el nombre. Estas incluyen:

* Destituir al presidente catalán Carles Puigdemont y a todos los ministros regionales y reemplazarlos con “órganos o autoridades creados a estos efectos o designados por el gobierno [español]”.

* Transferir al gobierno español la autoridad para convocar elecciones regionales.

* Conceder plenos poderes a Madrid para controlar a la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, desplegar unidades de la policía o de la Guardia Civil a la región, y tomar otras medidas de seguridad.

* Asignar al Tesoro español el control de los poderes “económicos, financieros, fiscales y presupuestarios” en Cataluña.

* Retirarle al parlamento catalán la potestad de nombrar un gobierno o ejercer la supervisión de las autoridades establecidas por Madrid en Cataluña.

* Transferir el control de los medios públicos a Madrid, que los controlará para garantizar “el respeto por los valores y los principios contenidos en la constitución española”.

Estas medidas tienen que ser aprobadas hacia finales de la semana por parte del Senado español, donde el partido de derechas de Rajoy, el Partido Popular (PP), tiene la mayoría absoluta.

El paso que da Madrid de suspender la autonomía catalana marca un colapso histórico de las formas democráticas de gobierno en Europa occidental. Hace hoy cuarenta años que el político nacionalista catalán Josep Tarradellas regresó a Barcelona desde su exilio en Francia para dirigir el gobierno catalán, cuando se derrumbaba el régimen fascista instalado por Francisco Franco durante la Guerra Civil española en medio de luchas de masas de la clase trabajadora. La concesión de derechos lingüísticos y de autogobierno a Cataluña era vista como clave para superar el legado fascista de Franco, que había prohibido el uso público del idioma catalán.

Ahora Madrid, con el apoyo de la Unión Europea, se dirige hacia repudiar las concesiones en términos de derechos sociales y democráticos del período postfranquista. En la cumbre de la UE en Bruselas la semana pasada, celebrada después de que Rajoy se comprometiera a invocar el Artículo 155, los líderes de la UE, incluyendo a la canciller alemana Angela Merkel, la primera ministra británica Theresa May y el presidente francés Emmanuel Macron, todos apoyan explícitamente la arremetida de Rajoy contra Cataluña.

Están siendo preparados para intervenir no solo la Guardia Civil, sino también unidades del ejército español, incluyendo al regimiento de infantería motorizada Arapiles en Cataluña.

Un conflicto explosivo con implicaciones revolucionarias se está poniendo en movimiento. La imposición por parte de Madrid de una dictadura no elegida, después de que el referéndum del primero de octubre diera un 90 por ciento de los votos de más de dos millones de electores a la independencia catalana, provocará la resistencia de las masas. El PP, que recibió apenas el 8 por ciento de los votos en las últimas elecciones regionales de Cataluña, casi no tiene apoyo o presencia electoral allí.

En Barcelona, La Vanguardia advirtió de la oposición arraigada que desencadenará la toma del poder por parte de Madrid. Entre los catalanes, escribía, “son muchos los que, sin ser independentistas, llorarán lágrimas amargas por el inminente colapso del autogobierno obtenido en 1977”. Continuaba: “En la Península Ibérica la política no admite matices. El mensaje escrito en la arena es este: hay que castigar a Cataluña”.

El sábado, autocares y trenes estaban repletos de la gente que llegaba de todas partes de Cataluña a Barceñona para la protesta de 450.000 personas contra el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart. Puigdemont se unió a las protestas, como lo hicieron también representantes de los principales partidos políticos catalanes, sindicatos y asociaciones. Los manifestantes pitaron y abuchearon a los helicópteros de la Guardia Civil que volaban por encima de sus cabezas y coreaban la consigna antifranquista de la Guerra Civil española de 1936-1939, “No pasarán”.

Los trabajadores de la radio y televisión pública catalana están dejando claro que no tienen intención de obedecer el dictado de Madrid. Los empleados de TV3 emitieron una declaración denunciando el Artículo 155 como un “ataque directo, indigno e impúdico a la libertad de expresión, de información y de prensa y al profesionalismo de los trabajadores”. Dijeron que permanecerían leales al parlamento catalán, “elegido democráticamente el 27 de septiembre de 2015”.

El comité de empresa de Catalunya Ràdio emitió una declaración con el título: “Sin medios públicos no hay democracia”. La declaración prometía desafiar al PP. Advertía de que si el gobierno central designaba un nuevo director para la estación de radio, “no tendremos más remedio que negarnos a reconocer su autoridad”.

Es vital que los trabajadores de toda España y de Europa se opongan a los planes de Madrid de más represión sangrienta en Cataluña. El objetivo político del ataque que Rajoy y la UE están preparando contra los trabajadores y las masas de Cataluña es cada vez más claro: es estabilizar a una UE sumergida en la crisis aterrorizando a los trabajadores con el ejemplo de una dictadura policial y militar en una región entera.

La agresión a Cataluña está exponiendo el contenido de clase de los vastos ataques a los derechos democráticos lanzados en todo el mundo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Intentos por parte de autoridades de los EUA y de la UE por justificar el incremento masivo de unidades policiales, de la capacidad de espionaje electrónico y despliegues militares domésticos como el estado de emergencia francés aludiendo a una supuesta “guerra contra el terrorismo” son un fraude político. El blanco principal no son los islamistas vinculados a Al Qaeda, muchos de los cuales están financiados por aliados de la UE y los Estados Unidos en guerras para cambiar regímenes en Siria y en otras partes. En Cataluña, todas las potencias de la UE apoyan el uso por parte de Madrid de esos poderes para poner en la mira a la oposición política pacífica porque se están preparando para hacer lo mismo.

La pretensión de Madrid, respaldada explícitamente por la UE, de que un régimen militar es la única respuesta posible al referéndum por la independencia catalana es una mentira absurda, empapada de hipocresía imperialista. Escocia celebró un referéndum sobre su independencia respecto del Reino Unido en 2014, y Quebec mantuvo referéndums sobre la independencia respecto de Canadá en 1980 y en 1995. Ni Londres ni Ottawa hicieron marchar decenas de miles de policías militarizados y unidades del ejército para agredir a votantes pacíficos e impedir por la fuerza que esas regiones den pasos hacia la secesión.

Por otro lado, las potencias imperialistas de la OTAN repetidamente invocaron su supuesto deber sagrado de defender movimientos secesionistas —en Kosovo en 1999 y en Benghazi, Libia en 2011— para justificar atacar a países como Yugoslavia y Libia que tenían como objetivo conquistar.

No hace falta mucha imaginación para ver cómo los defensores del imperialismo “humanitario” como el político verde Daniel Cohn-Bendit y Olivier Besancenot del Nuevo Partido Anticapitalista habrían reaccionado si se hubieran visto vídeos en 2011 de fuerzas de seguridad libias agrediendo a votantes pacíficos y golpeando a señoras mayores, como hizo la Guardia Civil el primero de octubre. Denunciando al líder libio, el coronel Muammar Gaddafi, por atacar a “su propio pueblo”, habrían exigido que la OTAN acelerara su agenda para bombardear a Libia y asesinar a Gaddafi.

Sin embargo, Cohn-Bendit no está exigiendo que se bombardee Madrid o que se mate a Rajoy. Está celebrando encuentros amistosos con Macron al mismo tiempo que París le da luz verde a Rajoy para lanzar un ataque neofranquista a Cataluña mientras se prepara para un mayor fortalecimiento del Estado policial con el pretexto de la ley antiterrorista francesa.