Todo el establishment político peruano envuelto en escándalo de soborno

por Cesar Uco
1 diciembre 2017

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien fue una de las representantes más destacadas de la que pasa por política de “izquierda” en Perú, se convirtió en la última figura política envuelta en un escándalo que involucra cientos de millones de dólares en coimas y sobornos en campañas financieras por parte de los principales contratistas de construcción brasileños.

Villarán, quien fue elegida en el 2010 como candidata de un Frente Amplio de Izquierda y basándose en vagas promesas de reforma, usó su posición para promover los intereses de grandes empresas en la capital peruana, incluyendo los de las transnacionales brasileras Odebrecht y Grupo OAS, que recibieron lucrativos contratos para construir autopistas de peaje que despertaron el rechazo de los usuarios.

A cambio, estas firmas le ofrecieron su apoyo político, incluso mediante el envío de “asesores” del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

Ahora, Villarán es acusada de recibir US$4 millones en donaciones de campaña ilícitas de parte de empresas brasileras, y se le ha prohibido salir del país. Villarán ha negado los cargos.

La aparentemente interminable serie de acusaciones de corrupción contra cada partido y político importante ha expuesto una inmensa crisis de gobierno burgués en Perú, al tiempo que desencadena una lucha encarnizada mientras todos intentan salvarse a costa de sus rivales.

Un expresidente, Ollanta Humala, quien asumió el cargo en el 2011 postulándose como nacionalista y populista, ya está en prisión. Él y su esposa están bajo detención preventiva, a la espera de ser juzgados por cargos de corrupción y lavado de dinero involucrando millones de dólares en contribuciones ilícitas de campaña del gigante de la construcción brasilera, Odebrecht.

En un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado, reconociendo su culpabilidad, la firma admitió haber pagado más de US$800 millones en sobornos a funcionarios públicos en una docena de países.

Otro expresidente, Alejandro Toledo, está en Estados Unidos luchando contra una extradición a Perú, donde es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht cuando era presidente, del 2001 al 2006. Los fiscales recientemente revelaron nuevas piezas de evidencia de que efectivamente recibió US$3,9 millones de pagos de otra firma de construcción brasilera, Camargo Correa.

De manera similar, están implicados el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, y la lideresa de oposición derechista, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), hija del exdictador peruano, Alberto Fujimori. Su partido comanda una firme mayoría en el Congreso peruano.

Fujimori ha sido implicado por una nota en la agenda de Marcelo Odebrecht, el CEO de la compañía brasilera que lleva su nombre, que dice: “Aumenta a Keiko 500 y hazle una visita”. Se cree que la nota hace referencia a un segundo pago de US$500 000 a Fujimori. La agenda también menciona a OH y AG (lo más probable es que se refiera a los expresidentes Ollanta Humala y Alan García).

Fiscales peruanos viajaron a Brasil a principios de este mes en donde interrogaron al multimillonario Marcelo Odebrecht que está encarcelado. Las respuestas a sus preguntas aún no se han hecho públicas.

Mientras tanto, Kuczynski (PPK) se ha visto cada vez más implicado. El 17 de noviembre, el periódico Expreso publicó un artículo que decía que, en 1996, cuando Kuczynski era miembro de la junta directiva del instituto nacional de desarrollo Cosapi, ayudó a formar el consorcio Bechtel-Cosapi-Odebrecht.

El congresista independiente Juan Pari Choquecota, quien proviene de las filas del Partido Nacionalista de Humala y encabezó la primera comisión del Congreso para investigar el escándalo de sobornos en Brasil, dijo al periódico que las cuentas bancarias pertenecientes a la firma First Capital de Kuczynski registraron pagos de Odebrecht después de que se había convertido en primer ministro en el Gobierno del ahora fugitivo Alejandro Toledo.

Expreso pregunta: “¿qué fue lo que le facilitó PPK a Odebrecht siendo ministro de Estado y qué fue lo que le facilitó o proporcionó durante el periodo que brindó servicios de asesoría financiera a Marcelo Odebrecht?”.

Los fujimoristas, que controlan el Congreso, no solo están empleando estas acusaciones para traerse abajo a PPK, sino que también han iniciado procedimientos para enjuiciar al fiscal general del país, Pablo Sánchez, y buscan despedir a miembros del Tribunal Constitucional (TC). Si bien FP ha lanzado sus acusaciones como una campaña contra la corrupción oficial, son ampliamente vistos como un intento de llevar a cabo un “golpe institucional” dirigido a proteger a Keiko Fujimori y a otros líderes del partido alejándolos del caso Odebrecht.

El fiscal general, que ha condenado la medida del Congreso como un ataque a la independencia de su oficina, ha recibido el respaldo de los colegios de abogados locales, las organizaciones sociales y las asociaciones de prensa.

La crisis política provocada por la penetración del escándalo de corrupción de Odebrecht en todas las capas del Gobierno peruano está afectando directamente el desarrollo económico de Perú. La investigación ha paralizado los megaproyectos en los que Odebrecht estaba desempeñando un papel de liderazgo, incluida la construcción de las secciones 1 y 2 de la Línea del Metro de Lima, y las secciones 2 y 3 de la Carretera Interoceánica del Sur.

Los principales socios nacionales de Odebrecht son Graña y Montero (GyM), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet. De los tres, el más grande e influyente es GyM. Se espera que el testimonio de Jorge Barata, el ex director ejecutivo de Odebrecht en Brasil, que se convirtió en colaborador estatal, corrobore los cargos de que estas compañías conocían bien los sobornos políticos que se pagaban por los contratos en los que estaban involucrados.

La Bolsa de Valores de Lima ha seguido experimentando un auge especulativo incluso ante un crecimiento económico deficiente durante el 2017, pero el sector de la construcción se ha visto muy afectado por el escándalo político. Si bien en el transcurso del año las compañías mineras han visto aumentar sus acciones en más del 50 por ciento y los bancos en 20 por ciento, las empresas de construcción están en caída libre. Las acciones de GyM han caído un 53,62 por ciento en el año, 29,68 por ciento solo en la última semana.

Mientras tanto, la pseudoizquierda peruana, liderada por la excandidata presidencial Veronika Mendoza, se ha limitado a defender el orden constitucional, mientras se alinea implícitamente con el Gobierno de derechas de PPK. “Está claro que el fujimorismo tiene como objetivo dar un golpe institucional como lo hizo en la década de 1990”, declaró Mendoza, refiriéndose al “autogolpe” o autogolpe de 1992, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso con la ayuda del ejército para establecer un Gobierno autoritario.