Una semana entera después de las elecciones generales en Honduras del domingo 26 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, ha quedado reelecto.

Un torpe fraude electoral, marcado por un prolongado atraso en el conteo de votos, un repentino cambio en los resultados y otras inconsistencias, ha alimentado la indignación sentida ampliamente. Este último fraude sigue el golpe militar respaldado por Estados Unidos del 2009 y el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2015, también apoyado por Washington, permitiéndole a Hernández buscar una reelección inconstitucional.

Después de los resultados iniciales mostraban al candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, con una ventaja de cinco por ciento—incluso cuando ya se habían computado el 71,4 por ciento de las actas electorales—, hubo una suspensión del conteo por 36 horas y se cayó el sistema del TSE. Fue entonces cuando los resultados se volcaron para eventualmente darle una victoria a Hernández de 42,98 por ciento a 41,39 porciento, supuestamente con el 99,96 por ciento de los centros electorales incorporados.

Incluso uno de los magistrados del TSE, Marco Ramiro Lobo, declaró el domingo, “Se debe revisar todo, el sistema se cayó 10 horas y se dañó uno de los servidores, reo que todo se debe investigar y preguntar a la empresa contratada”.

Más allá, en vísperas del sufragio, la revista Economist reportó que recibió una grabación de audio de dos horas de un entrenamiento del Partido Nacional para sus representantes en las mesas electorales. A los participantes se les da instrucciones sobre un “Plan B” de cinco formas para cometer fraude, incluyendo permitir los votos múltiples, arruinar las papeletas individuales y las actas de los centros de votación, y más significativamente, cómo inscribirse como representantes de los otros partidos.

Cuando los resultados comenzaron a abalanzarse a favor de Hernández el miércoles, la desconfianza y el enojo que bullían bajo la superficie comenzaron a rebasarse. Desde entonces, se han realizado marchas, bloqueos y otras protestas en todo el país contra el fraude electoral en marcha. El domingo decenas de miles marcharon pacíficamente en las mayores ciudades del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

El viernes, el Gobierno impuso un estado de emergencia y un toque de queda de 6 p.m. a 6 a.m. por diez días (cambiado el martes de 8 p.m. a 5 a.m.), concediéndole poderes especiales al ejército para arrestar a protestantes, incluso durante el día. Más de 600 personas ya han sido detenidas.

Mientras que el Gobierno planea escalar la represión después del anuncio de los resultados finales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU anunciaron el domingo que los reportes preliminares ya dan cuenta de 11 personas asesinadas en las demonstraciones. Según la prensa hondureña, el número de heridos ya sobrepasa los 40, muchos de ellos con disparos de las fuerzas estatales.

Uno de los asesinatos más notorios ha sido el de la joven Kimberly Dayana de 19 años de edad, cuya hermana describió su muerte ocurrida el sábado: “Salieron de un arbusto unos de la Policía Militar disparando a lo loco y la mataron a ella de un tiro en la cabeza”. En Pedregal, un suburbio de Tegucigalpa, un video muestra a personal militar disparándole a un grupo de manifestantes con municiones letales, dejando a cinco heridos, incluyendo a un menor.

En respuesta, Nasralla y Manuel Zelaya, el expresidente destituido en el 2009 y ahora líder de la Alianza, han divido su semana entre reasegurar al imperialismo estadounidense, a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la élite empresarial, mientras intentan mantener el enojo social contenido detrás de sus fines electorales.

La semana pasada, en una muestra de completo servilismo a Washington y Wall Street, Nasralla prometió profundizar los lazos militares y la cooperación judicial con el Gobierno de Trump. Como si el mensaje no estuviese claro, en una entrevista con el medio chileno La Tercera, Nasralla, quien estudió en Chile entre 1970 y 1976, fue preguntado si admiraba a cualquier líder regional. “Como yo tuve la oportunidad de ver en Chile justo cuando entró el señor Pinochet, vi la situación en la que estaba el país, que era muy mala y vi cómo los economistas de su gobierno lograron rescatar económicamente el país… a partir de las medidas económicas que toma se convierte en una potencia latinoamericana”.

Estas extraordinarias declaraciones, las cuales ponen en evidencia las bases antidemocráticas de gobierno neocolonial independientemente de la facción de la burguesía en el poder, van en paralelo con su manifiesto deleite ante las felicitaciones de las cámaras patronales por su aparente victoria y sus apelaciones al ejército a “defender al pueblo hondureño de la violencia del TSE”.

Al mismo tiempo, la Alianza ha convocado protestas y el partido LIBRE de Zelaya ha llamado a un “paro” para bloquear las principales vías del país por el resto de la semana. En relación con los comicios, exigen nuevas elecciones o un “escrutinio especial” de las 5174 actas computadas después de que los resultaros comenzaron a girar.

Por su parte, el TSE, la prensa corporativa y el Gobierno de Trump, el cual favorece la continuación del mandato de Hernández, han estado poniendo las piezas en su lugar para imponer los resultados oficiales y legitimar un aplastamiento masivo de las protestas.

Pese a los millones de dólares gastados en prepararse para tal operación, el régimen está enfrentando serios problemas. Esto incluye el hecho que la mayoría de las fuerzas militares y policiales provienen de las capas rurales y urbanas más empobrecidas. Un reflejo inicial de esto fue visto el lunes, cuando las fuerzas especiales llamadas “Los Cobras”, financiadas por EUA y entrenadas por sus equipos SWAT, se declararon en brazos caídos, rehusándose a acatar las órdenes de represión. “Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia”, declaró un portavoz de aquellos en rebelión.

Como parte de los esfuerzos para respaldar la reelección de Hernández, según un documento obtenido por Reuters el lunes, la Administración Trump ha certificado que Honduras cumple con los requisitos de derechos humanos y esfuerzos de anticorrupción para recibir su tajada de los $655 millones de fondos estadounidenses como parte del Plan Alianza para la Prosperidad del mandato de Obama. Este programa tiene como objeto militarizar la región y prevenir que los migrantes puedan escapar la violencia y la extrema pobreza que dominan en el Triángulo Norte, el cual también incluye a El Salvador y Guatemala.

John Kelly, quien fue promovido de secretario de Seguridad Nacional a jefe de personal de Trump, está ahora a cargo de presidir la implementación de lo que constituye un fortalecimiento del dominio de Washington, y particularmente el ejército estadounidense, sobre la política hondureña y regional.

En una entrevista del 2015, el general Kelly, entonces titular del Comando Sur de EUA, manifestó su visión. “Las únicas instituciones que funcionan hoy día son los ejércitos”, señaló y se jactó de que podía solicitarle a cualquier presidente a renunciar.

En Honduras, los últimos dos años han visto una fuerte caída en la inversión extranjera directa, en las exportaciones y la formación de capital, junto con un aumento en el desempleo, la desigualdad y la pobreza multidimensional, calculada en 74,3 por ciento por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Desde el 2014, el Gobierno de Hernández ha impuesto los dictados de austeridad del Fondo Monetario Internacional, los cuales han corroído gravemente las ya escazas provisiones sociales para los trabajadores hondureños. Sólo el 18 por ciento recibe beneficios de las pensiones o del seguro médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Al mismo tiempo, los bonos de deuda en dólares se han convertido en unos de los más lucrativos del mundo para Wall Street.

Debido al estado de guerras continuas y el legado de las dictaduras militares respaldadas por EUA y sus operaciones contrainsurgentes en Centroamérica durante los años setenta y ochenta, basadas principalmente en Honduras, hoy día, tanto la cúpula castrense estadounidense como la hondureña terminan en altos cargos políticos y corporativos. Esto se ha visto reflejado en el hecho de que los dos ejes de la Alianza para la Prosperidad son una acumulación de fuerzas de seguridad y medidas para “abrir sus economías a más inversiones”, como el mismo Kelly anunció más temprano este año.

Después de tres décadas de dictaduras militares y regímenes clientelares estadounidenses bajo el Partido Liberal y el Nacional y sus equivalentes, Honduras y los otros países que fueron asolados por guerras civiles atravesaron una transición “democrática” en los años noventa. Durante este periodo, los aparatos militares apadrinados por EUA y todavía dominantes fueron cubiertos con una fachada de gobiernos “civiles” y aumentos miserables en el gasto social.

Una expresión particularmente perniciosa de esta continuidad efectiva de los viejos regímenes ha tenido la forma de los escuadrones de la muerte compuestos en gran parte por las mismas fuerzas estatales, cuyos asesinatos de activistas y líderes locales se han disparado en años recientes.

Durante la segunda mitad de la Administración liberal de Manuel Zelaya, las prendas “civiles” asumieron características inaceptables para Washington y la oligarquía hondureña, particularmente los acuerdos con el Gobierno de Chávez en Venezuela para recibir petróleo barato. Consecuentemente, Zelaya fue derrocado en el 2009 a través de un golpe de Estado militar apoyado por el Gobierno de Obama, que instaló un régimen encabezado por militares inicialmente bajo el liberal Roberto Micheletti y luego bajo Porfirio Lobo del Partido Nacional.

Actualmente, la mayor parte del apoyo detrás de la Alianza de Oposición se basa en dos ilusiones: que la expulsión de Hernández llevará a un fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluyendo un deterioro de la corrupción, y que un mandato de Nasralla traerá de vuelta las menores iniciativas en términos de asistencia social y programas contributivos durante la segunda mitad de la Presidencia de Zelaya.

Sin embargo, para poder desacelerar la imposición de austeridad demandada por los tenedores de bonos en EUA e internacionalmente—ni hablar de expandir los programas sociales—sería necesario confrontar frontalmente los intereses fundamentales y el aparato represivo de la oligarquía hondureña y sus jefes imperialistas en Washington y Wall Street.

Ni Zelaya, ni Nasralla, ni cualquier sección de la burguesía neocolonial hondureña tiene la intención ni es capaz de tomar los pasos necesarios para levantar las desesperantes condiciones económicas y sociales de las masas.

La clase obrera de Honduras necesita organizarse independientemente de todos los partidos y sindicatos que no solo han servido a la élite gobernante y al imperialismo, sino que fueron establecidas por sus agencias, incluyendo la central sindical AFL-CIO y la CIA. Asimismo, no puede confrontar por sí sola a estas fuerzas, las cuales se han vuelto más beligerantes conforme aumentan las advertencias de burbujas financieras, crece la oposición social y se recrudecen las tensiones entre las principales potencias.

Los trabajadores hondureños, encabezando tras de ellos a todas las capas oprimidas, solo pueden avanzar sus intereses uniéndose a sus hermanos de clase que enfrentan a las mismas élites corporativas y financieras en EUA, el resto de América Latina e internacionalmente, en una lucha común contra la fuente de la desigualdad, la guerra, la corrupción y el autoritarismo: el sistema capitalista.